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A seis años del fallo FAL, el acceso al aborto legal (vigente desde 1921) no es implementado en todo el territorio nacional. Tan sólo ocho jurisdicciones cuentan con protocolos que se ajustan casi en su totalidad a lo dictado por el Tribunal Supremo (Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego). No garantizar que el sistema de salud se adapte a los estándares de legalidad forma parte de las múltiples violencias que el Estado Argentino perpetua sobre los cuerpos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Estableciendo asi la maternidad como una obligación moral y hasta como una condena, forzando muchas veces por omisión de derechos, a que las mujeres nos transformemos en continentes de ese bien social moralizado.

Hola, Soy Ana Paula Fagioli, Medica Generalista, integrante fundadora de la Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir, constituida por mas de 800 profesionales de todo el país. Profesionales que, acorde a los acuerdos internacionales y el marco legal vigente, garantizamos el derecho al acceso al aborto seguro.

Me recibí de médica en el año 2010, en la Universidad de Buenos Aires, vine de Rio Negro a estudiar a esta alta casa de estudios, por considerarla una de las mejores y más prestigiosas del país. Durante mi carrera, solo me hablaron de la problemática del aborto en medicina Legal, pero con contenidos vetustos y tendenciosos. Fue el activismo feminista, con el cual me encontré en 3 año de la carrera, el que me acerco a entender tamaña problemática en la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Gracias al feminismo, el mismo que hoy presenta nuevamente un proyecto de ley para evitar muertes evitables, empecé a ver y transitar el hospital con otros ojos, estaba en tercer año de la carrera y ya sabía que las mujeres morían por abortos clandestinos. Termine de consolidarme como una profesional abocada a garantizar derechos, cuando vi morir una mujer por un síndrome de mondor en el Hospital Eva Peron de San Martin, donde realice mis prácticas de especialista. Ella llego con su madre, le habían colocado una sonda, ahí cerquita del hospital. Terror, desesperación, mal trato, humillación, actitudes moralizantes, estigma y soledad, sobre todo soledad. Así mueren las mujeres en los hospitales, solas, para disciplinarlas. Hasta ese entonces mi reacción hacia el abandono por parte del sistema, era estar, acompañarlas amorosamente.

A seis años del fallo FAL, el acceso al aborto legal (vigente desde 1921) no es implementado en todo el territorio nacional. Tan sólo ocho jurisdicciones cuentan con protocolos que se ajustan casi en su totalidad a lo dictado por el Tribunal Supremo (Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego). No garantizar que el sistema de salud se adapte a los estándares de legalidad forma parte de las múltiples violencias que el Estado Argentino perpetua sobre los cuerpos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Estableciendo asi la maternidad como una obligación moral y hasta como una condena, forzando muchas veces por omisión de derechos, a que las mujeres nos transformemos en continentes de ese bien social moralizado.

A seis años del fallo FAL, el acceso al aborto legal (vigente desde 1921) no es implementado en todo el territorio nacional. Tan sólo ocho jurisdicciones cuentan con protocolos que se ajustan casi en su totalidad a lo dictado por el Tribunal Supremo (Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego). No garantizar que el sistema de salud se adapte a los estándares de legalidad forma parte de las múltiples violencias que el Estado Argentino perpetua sobre los cuerpos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Estableciendo asi la maternidad como una obligación moral y hasta como una condena, forzando muchas veces por omisión de derechos, a que las mujeres nos transformemos en continentes de ese bien social moralizado.

El uso discriminatorio de la legislación penal, las sanciones punitivas y las restricciones jurídicas para regular el control de las mujeres sobre su propio cuerpo es una forma grave e injustificada de control por parte del Estado. La aplicación de esas disposiciones genera estigma y discriminación y vulnera los derechos humanos de las mujeres. Atenta contra la dignidad y la integridad física de la mujer al restringir su autonomía para adoptar decisiones sobre su propia vida y su propia salud. Y las mujeres seguimos ABORTANDO

Hoy, las mujeres enfrentan muchas barreras para acceder a derechos: el uso abusivo de la objeción de conciencia de los efectores de salud, el uso de la justicia para demorar y obstaculizar abortos, la violación del secreto profesional, el hostigamiento y persecución, la influencia de la iglesia y la corporación medica sobre los gobiernos nacional y local, entre otros. Todas ellas estrategias dilatorias que operan en contra el derecho al aborto legal y someten a las mujeres a situaciones de violencia institucional. Lo decimos porque lo vemos. A diario, las y los profesionales de la salud que garantizamos acceso a abortos según el marco legal vigente somos testigas y victimas, muchas veces, de los tratos inhumanos y denigrantes que sufren las mujeres cuando solicitan ayuda ante un embarazo no deseado. Me tomo el atrevimiento de mostrarles el panorama real de lo que sucede en el sistema de salud mientras debatimos.

Pero no lo decimos solo nosotras, las profesionales que a diario acompañamos a mujeres a abortar de forma segura, lo dice el Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, de la Naciones Unidas (2016):

“El cuerpo de la mujer es instrumentalizado con fines culturales, políticos y económicos arraigados en tradiciones patriarcales. La instrumentalización se produce dentro y fuera del sector de la salud y está profundamente enraizada en múltiples formas de control social y político sobre las mujeres. Su propósito es perpetuar los tabúes y los estigmas relacionados con el cuerpo de la mujer y las funciones tradicionales de la mujer en la sociedad, especialmente en lo que respecta a su sexualidad y a la reproducción. Como resultado de ello, las mujeres se enfrentan a constantes dificultades en el acceso a la atención sanitaria, así como cuando pretenden mantener un control autónomo respecto de la adopción de decisiones sobre su propio cuerpo….”

La difusión y el uso de misoprostol , la mifepristona y el AMEU como técnicas de calidad para realizar abortos seguros, han disminuido la mortalidad por abortos inseguros. Sin embargo nuestro país sigue sin reglamentar su uso. Estas contradicciones y los grises en su legalización, imprimen en el sistema de salud una lógica de “libre interpretación”, dejando a la interpretación personal de cada efector de salud, algo que debería ser una política de Estado. Esto promueve prácticas abusivas y obstaculizadoras que dañan a las mujeres. El déficit en la formación profesional para trabajar con situaciones de aborto, contribuye a la invisibilización de la demanda de atención y a una asistencia inadecuada. Es imperioso que el Estado Argentino intervenga en la formación de las y los profesionales de la salud, acorde a los estándares asumidos internacionalmente. Sino, seguirán ejerciendo violencia sobre nuestros cuerpos. Y a pesar de los grises en la legislación, las mujeres seguimos ABORTANDO.

La denegación de acceso a los servicios de salud esenciales con respecto a la interrupción del embarazo, los anticonceptivos, el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual tiene consecuencias particularmente graves para la salud y la vida de las mujeres. Esos servicios se deniegan a las mujeres por medios como la penalización, la reducción de la disponibilidad, la estigmatización, la disuasión o actitudes despectivas de los profesionales sanitarios. En realidad, la denegación del acceso hace que la prestación de servicios se vuelva clandestina y pase a manos de profesionales sin las debidas calificaciones.

Acá estamos profesionales capacitadas y capacitados para trasformar las practicas vigentes del sistema de salud, ya que hace años que venimos garantizando el acceso al aborto legal, desde estándares de calidad y humanidad, les llamamos a convocarnos en esta tarea de “humanizar” los servicios de salud, para convertirlos en lugares accesibles y no en lugares de tortura y vejación de los derechos humanos. Ya vemos, legalizar el aborto claramente salva vidas, pero debemos también empezar el camino de la transformación de las practicas que se llevan adelante en los hospitales, centros de salud y clínicas privadas, sino el aborto legal solo quedara plasmado en un papel y no representara ningún beneficio en la vida de las mujeres.

La red de profesionales de la salud seguimos gritando:

Educación sexual para decidir

Anticonceptivos ara no abortar

Aborto legal para no morir