Foto de portada e interiores: archivo La Libre (@lalibrearteylibros)
Cuando a fines de 2023, el Gobierno nacional presentó su Ley Bases (oficialmente Ley N° 27.742, “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”), entre los centenares de cosas que querían desarmar estaba la Ley del Libro. Se salió a la calle, se marchó y protestó. Lograron algunas de sus desregulaciones, pero la mayoría no. Dos años y monedas después, el loop. La Libertad Avanza prepara una Ley Bases II. Otra vez sopa. Hasta los nombres de todo parecen una distopía paródica. Encabeza la lista el de “Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado”, que lleva adelante estos embates. Sin embargo, describe perfecto lo que hace. Bueno, la realidad hace rato que excede a la antiutopía más absurda.
Federico Sturzegger, ministro de desregulación, planea nuevas idem. Todo lo que quiere desarmar está en un extenso anteproyecto de 144 páginas que se dio a conocer recientemente y que pronto va a entrar formalmente al Congreso de la Nación. La “Libertad” “avanza” para desarticular sectores muy diversos de la actividad productiva y comercial del país. Entre otros, el del petróleo, el de los medicamentos y, de nuevo, el del mundo del libro.
Trabajadores del sector, entonces, están explicando de nuevo, con los mismos argumentos, a los funcionarios del Gobierno y aliados la importancia que tiene esta ley. Esta vez, el problema al que se enfrentan es que el oficialismo tiene mayor peso en ambas Cámaras que en 2023. No hay nada inocente en los canales por los que fue ramificando la discusión.
La intención del Gobierno de derogar la Ley 25.542 de Protección de la Actividad Librera y la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura reabrió un debate que excede lo económico. Es la batalla cultural que vienen pregonando, sí. Y se basa, además, en desinformar y usar una porción de verdad para manipular al ejército orgánico que se genera y sale, con mala o buena intención ignorante, a defender lo que en realidad les perjudica. Por ejemplo, la entrada del concepto “consumidores”, como si “lectores” fuera algo malo. O como si comprar libros fuera lo mismo que comprar heladeras.
Los libros son caros. Sí. Pero no van a bajar de precio por la derogación de la Ley. Lo que sí va a pasar, explican editoriales y librerías, es que habrá menos oferta de títulos
La normativa que quieren tirar abajo establece un precio único y uniforme de los libros en todo el territorio nacional. Contra eso van, y armaron una batalla campal en redes sociales. Cecilia Fanti, escritora y dueña de la librería porteña Céspedes, en Colegiales y Recoleta, reflexiona en su cuenta de X sobre el tema. Entre otras cosas, apunta: “El formato no es desconocido. No hay un sólo dato en ninguno de los tuits de quienes se pronunciaron. Bueno, en realidad hay uno, que fácilmente se ha probado falso, en el del ministro de Desregulación. (…). Les basta la retórica de construir un enemigo. No es la primera vez que lo hacen, y posiblemente no es la más grave: lo hicieron con los jubilados, con los docentes, con los discapacitados”.
El amplio arco que va desde las grandes cadenas de librerías hasta las más pequeñas de barrios remotos del país, las grandes, medianas y pequeñas editoriales, están en contra de este avance desregulador. O sea: no le conviene a nadie. Sin embargo, la discusión está en las redes sociales, las radios, la televisión.
Unas 1500 librerías y cerca de dos mil editoriales de todo el país se pusieron en contacto con diputados y senadores de diferentes espacios para evitar que la normativa prospere, en caso de presentarse en el Congreso. Y salieron a las redes sociales a explicar de qué se tratan las leyes en cuestión y las consecuencias que tendrían su derogación. La fuerte respuesta del sector de la industria del libro abrió un debate delirante, porque del otro lado se batalla con armas desinformantes y simplificadoras.
Los libros son caros. Sí. Pero no van a bajar de precio por la derogación de la Ley. Lo que sí va a pasar, explican editoriales y librerías, es que habrá menos oferta de títulos. Desde la Unión de Escritoras y Escritores (UEE), dicen que “en su política desreguladora en beneficio exclusivo de los capitales concentrados”, derogar la Ley 25.542 apunta a “la destrucción del libro argentino”. La ya caduca parábola que reza que “dato mata relato” ya no alcanza. Porque desde hace más de una semana que librerías y editoriales comparten información precisa. Pero la cantinela vuelve a acusar de “kukas” a todos los que estén en contra.
En medio del LAM cultural, se pelearon en X el para nada kirchnerista ni progresista Luis Novaresio y Sturzenegger. El periodista le posteó información de la Cámara Argentina del Libro y el ministro respondió con un mensaje largo en el que dice, entre otras cosas, que la normativa vigente es “un cártel legal” que restringe la competencia y limita la libertad de elección de los consumidores. Y miente, o falsea, o un mix, cuando asegura: “La ley que proponemos derogar solo prohíbe que se ofrezcan descuentos sobre los libros”. Cinismo, idiotez o ambos, también se pregunta si Novaresio había leído el anteproyecto, cuando claramente, el desregulador, no leyó, no entendió o prefiere malentender, la Ley que propone derogar.
“El más poderoso mercado de libros en lengua hispana es el Español. Tiene ley de precio único. Exporta, produce muchísimas novedades. El segundo es la Argentina. Tiene ley de precio único. Después viene el resto”, dicen en X desde la editorial Blatt&Ríos. Entre las respuestas, se leen personas, no bots, ¿indignadas? Los comentarios sin insultos que se pueden encontrar, que son pocos, van por este lado: “Vos sos parte beneficiada. Dejá que opinen los consumidores”. Esta falacia comienza muy atrás. ¿Saben realmente los consumidores contra lo que se avanza? ¿A qué se está definiendo como “consumidores”?
Damián Cabeza, librero que este año ganó el premio Elvio Vitali al librero del año en las Jornadas Profesionales de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, socio y referente de La Libre, una cooperativa y librería independiente que ofrece nuevos y usados, en su casona-local de San Telmo, en Buenos Aires, le explica a LatFem: “Desconocen que el libro es un bien cultural, no es solamente un bien comercial. Y ahí es cuando la pifian. Porque tratando al libro como si fuese una lata de arvejas, terminan con algo que es muy importante, que es justamente el ecosistema del libro argentino, que no sólo es importante: es muy conocido a nivel mundial”.
“Lo que se pierde son lectores, porque no cualquiera va a leer no sé, una novela danesa, yo quiero leer una novela argentina, y ya no se van a publicar casi. Los españoles sólo van a publicar a algunos autores argentinos. Y el resto de la oferta no va a existir”, sostiene Damián Ríos.
Otras respuestas en redes dicen cosas como que “los libros se compran muy baratos en la web y por apps que se pagan por mensualidad, así que ahora quien compra libros físicos lo va a seguir haciendo, incluso a menor precio”. Eso no es verdad. Cabeza lo cuenta sencillo y fácil de entender: “Beneficia sobre sobre todo a grandes cadenas, grandes jugadores o plataformas de ecommerce como Mercado Libre. Estas grandes plataformas o grandes supermercados o cadenas pueden vender con descuentos impresionantes, a pérdida, para eliminar la competencia y luego poder manejar directamente el precio de venta al público como quieran. Con la excusa del descuento destruyen todo un ecosistema. Y después, cuando ya no queda nadie en la cadena, suben los precios y se manejan como quieren, se transforman en creadores de precios”.
La ley 25.542 de defensa de la actividad librera se sancionó en noviembre de 2001 y se promulgó en enero de 2002, en medio de la crisis económica que comenzó en los 90, en donde el sector librero quedó asfixiado por supermercados y grandes cadenas de librerías que podían ofrecer descuentos muy agresivos, a diferencia de las librerías, sin posibilidad de venta por debajo de sus costos. ¿Qué quiere decir?Lo que se conseguía con el libro era un anzuelo para que los clientes permanezcan en los locales. También perdían por la venta de libros, que se ofrecían por debajo de sus costos, pero lo recuperaban con otros productos.
Es lo que se llama dumping, una práctica comercial desleal donde una empresa vende un producto a un precio más bajo que en su mercado de origen o por debajo de su costo de producción, con el fin de eliminar a la competencia. Como Temu. En aquel entonces, todos los sectores de la industria del libro, salvo supermercados, redactaron un proyecto para establecer el precio único. Lo impulsó en la cámara Leopoldo Moreau, por entonces senador radical.
La Ley, entre otras cosas, establece que las editoriales fijan un precio uniforme de venta al público (conocido como PVP), que debe regir tanto en librerías (cadenas o pequeñas) como plataformas digitales, además de supermercados o cualquier lado en donde se vendan libros en todo el país. Lo que la ley actual prohíbe no es subir o bajar el precio. Regula y pone normativa para que un mismo libro no cueste distinto según quién lo venda.
La norma vigente, además, contempla descuentos de hasta el 20 por ciento a docentes y estudiantes en ferias del libro, y el excepcional del 50 en programas como el de la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y la Feria de Editores (FED). En los últimos 24 años, no sólo se triplicó el número de librerías, también se crearon muchísimas editoriales autogestivas, que publican a autores nacionales, esos mismos que en principio no tenían salida al mercado y luego sí, como las multipremiadas Samanta Schweblin o Ariana Harwicz, por poner dos ejemplos caprichosos. O sea: crean espacios de salida comercial al mundo que antes no existían.
“Desconocen que el libro es un bien cultural, no es solamente un bien comercial. Y ahí es cuando la pifian.”, dice Damián Cabeza de La Libre.
El Gobierno propone, actualmente, no sólo eliminar el precio uniforme, si no también los subsidios a bibliotecas. Y favorece, así, la competencia desleal. Los grandes mercados del libro, hoy, están en Francia, Alemania, España, Italia, Japón, Corea del Sur, México y, aún, en la Argentina. Estos países, diferentes en todo sentido, tienen en común que las librerías son consideradas espacios culturales y que regulan el precio de venta de los libros por algún sistema, que puede ser precio fijo, topes al descuento y/o leyes antimonopolio. Estas regulaciones existen desde el siglo XIX en algunos casos, inicios del XXI, como acá y/o se reforzaron desde 2020. La norma mundial es regular. Si no, los precios se disparan.
“Entendemos que la iniciativa es puramente ideológica y que sale del ministro Sturzenegger. Ya pasó en la Ley Bases y entiendo que por la gran organización que hubo dentro de todo el ecosistema del libro no se pudo derogar. En ese momento, cuando recién estaban comenzando el Gobierno, desarmar la Ley del Libro no era tan importante para él, porque quería sacar otras leyes, así que se detuvieron. Para ellos, cualquier tipo de regulación de precios es algo inaceptable, por lo que esto es algo totalmente ideológico”, dice Cabeza.
“No hace falta reinventar la pólvora para bajar el costo de los libros. Hay medidas a corto plazo como la eliminación del IVA en el papel que se usa para imprimir los libros”, explica Victor Malumian a Latfem. El escritor, distribuidor, editor de Godot —que se especializa en de ensayo, no ficción y ficción— y cofundador de la FED, dice que no tiene conjeturas sobre quién está impulsando esta desregulación, si lo pidió alguien o la intención del gobierno es fundir a librerías y editoriales independientes.
Los libros son caros porque actualmente comprar papel en la Argentina cuesta una fortuna. A la industria del papel la manejan dos oligopolios que fijan precio: Ledesma —empresa de la familia Blaquier— y Celulosa Argentina. El papel llegó a representar más del 50 por ciento del costo industrial total de un libro. O sea: supera la suma del trabajo de autores, editores y talleres gráficos.
“La eliminación del IVA sobre el papel reduce el PVP porque actúa en el primer eslabón de la cadena de costos: como cada actor —imprenta, editor, distribuidor, librería— calcula su margen sobre el costo que recibe del anterior, un papel más barato reduce la base de cálculo de todos los márgenes siguientes. El efecto se multiplica en cascada a lo largo de la cadena, en vez de aplicarse una única vez al final como ocurriría si se bajara el IVA sólo sobre la venta del libro terminado”, explica Malumian, que propone: “Si estamos con ganas de derogar, acá tenemos una buena derogación”.
“No hace falta reinventar la pólvora para bajar el costo de los libros. Hay medidas a corto plazo como la eliminación del IVA en el papel que se usa para imprimir los libros”, explica Victor Malumian.
Pero la intención del gobierno nacional de desregular lo que restrinja, por el “libre mercado”, y porque “los precios se regulan solos”, es sólo declamativa. Sergio Criscolo, director y fundador de Híbrida Editora —sello enfocado en literatura, no ficción y periodismo cultural— dice: “No diría que quieren fundir a las librerías y editoriales independientes. Lo que buscan, como en otras cuestiones, es beneficiar a los amigos de este poder. Sin interesarles las consecuencias. En este caso es ayudar a Mercado Libre, que podría poner precios bajísimos con los que otros actores no podrán competir”.
¿Y qué tendría de malo?, preguntan indignados los trolls orgánicos. Bueno. Desde las cámaras del sector editorial, informan que la venta de libros en librerías representa el 80 por ciento del total. Criscolo lo resume así: “Con el relato de la libre competencia lo que sucedería si se cambia la actual ley, es que paradójicamente se caiga en un monopolio u oligopolio en donde sólo gana uno, en este caso Galperín, a costa de centenares de empleos y de la desaparición de centenares de voces. Sería un golpe durísimo a la industria editorial y a la bibliodiversidad”.
¿Qué es la bibliodiversidad? Damián Ríos, poeta y editor —comenzó en Interzona a principios de siglo y desde 2010 codirige Blatt & Ríos— dice: “Va a haber menos libros y la demanda va a seguir existiendo, así que le puede interesar a algún importador, pero los libros importados no son lo mismo que los nacionales. Lo que se pierde son lectores, porque no cualquiera va a leer no sé, una novela danesa, yo quiero leer una novela argentina, y ya no se van a publicar casi. Los españoles sólo van a publicar a algunos autores argentinos. Y el resto de la oferta no va a existir”.
Más empíricamente, con pruebas en el mundo, se puede ver en Gran Bretaña. En 1995 se eliminó el acuerdo voluntario conocido como Net Book Agreement (NBA), que regulaba los precios uniformes de los libros desde 1900. El argumento fue el mismo que ahora, acá: la libre competencia iba a bajar los precios. ¿Qué pasó? Los valores subieron por encima de la inflación general, a pesar de descuentos puntuales que surgieron inicialmente. Por lo que hubo un cierre masivo de librerías de barrio, ya que las ventas se trasladaron hacia grandes cadenas comerciales, canales de venta online y supermercados.
La Ley del Libro establece que las editoriales fijan un precio uniforme de venta al público. Lo que la ley actual prohíbe no es subir o bajar el precio. Regula y pone normativa para que un mismo libro no cueste distinto según quién lo venda.
“Depende como se y cuando se implemente la desregulación, si se llega a aprobar, van a beneficiarse en el mediano o corto plazo las grandes superficies. Eventualmente mercado libre, además de en un futuro una plataforma como amazon o una similar que es Instale, que pueden utilizar el libro porque es barato para ganar clientes. El tema es que una vez que ganen los clientes van a vender cualquier cosa con ese usuario y los libros les dejan de interesar. No se van a beneficiar las cadenas de librerías tampoco, pero sí los supermercados, como pasó con Carrefour a fines de los 90”, razona Ríos.
Dice, también: “Nadie en todos los sectores de la industria del libro pidió esto. Si hay algún editor libertario o con ideología afín, tampoco les conviene. No se quien puede pedir esto. Librerías, editoriales, autores, lectores. No le conviene a nadie. No tengo idea por qué el gobierno quiere fundir librerías y editoriales independientes. Tengo solamente conjeturas. Lo adjudico a una cuestión de ideología. Es una cuestión completamente sobreideologizada. Del gobierno y de Sturzeneger, que están en contra de cualquier mando regulatorio en todas las áreas. Y que no conocen ninguna a fondo, pero que intervienen en todas”.
¿Qué va a pasar?, ¿Qué se puede hacer? Tener más datos, entenderlos, expandirlos. “Si una librería depende de que nadie pueda hacer descuentos para sobrevivir, el problema no es la competencia: es que no está ofreciendo suficiente valor agregado”, escribe en X el usuario verificado -que solo tiene 110 seguidores- Edgardo Andres Paso. ¿Realmente no entiende que quienes fijan los precios son las editoriales y no el Estado? ¿O llegó al comentario para confundir?
“Si hay mayor poder adquisitivo, venderíamos más libros y podríamos hacer tiradas más grandes, lo que abarataría el costo del libro y redundaría en una baja del PVP, porque queremos competir mejor con otras editoriales. No sé qué parte no entienden”, postean desde Blatt & Ríos. Pero las pequeñas miserias personales siguen apareciendo, sin cesar, para confundir. El periodista y escritor Osvaldo Bazán, especialista en el arte de parcializar verdades para orientar discursos, escribe en X: “Muchas gracias a todos los libreros que escondieron mi libro Seamos libres, que no lo pusieron en ninguna vidriera y que verdugueaban a quienes lo pedían”.
El periodista de rock y escritor Sergio Marchi, va al punto en cuestión: “Mientras discutan la derogación o no de la Ley del Libro de modo ideológico, no hay solución posible. Vean lo que pasó en Inglaterra con lo mismo. Pregúntense por qué en Estados Unidos los libros vienen con el precio impreso. Por qué Francia y Alemania tienen precio único”. Hay que aniquilar el relato.
