Laura Montero, actual vicegobernadora de Mendoza, tomó la agenda de género cuando representó a la provincia como diputada nacional y se trató la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. En 2012, después del fallo FAL, coincidió en el Senado con Miguel Pichetto en la necesidad de que FAL dejara de ser una referencia jurídica y fuera ley. Presentaron proyectos desde sus bloques para modificar el artículo 86 del Código Penal y dar fin a los obstáculos interminables y las judicializaciones innecesarias para acceder a un derecho vigente desde 1921. Hoy el proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara Baja, vuelve a ubicarlos en la misma vereda, junto a un abanico amplio de representantes de distintos sectores partidarios.

−¿Cómo lee la transversalidad que se está dando en el Congreso por el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo?

−Creo que es muy bueno porque, incluso cuando se escuchan posiciones extremas en el debate, el hecho de haber puesto el problema a la luz, haberlo sacado, haberlo discutido, a mí me parece que ha llevado a hacer avances muy interesantes. Mirá, cuando he salido a las calles acá, me encontraba con resistencias a tratar el tema o se quejaban de la implementación de la Educación Sexual Integral, y estos temas se han ido permeando. El hecho de que se hayan podido escuchar distintas posiciones, distintos argumentos, me parece que ha llevado a que haya una mayor comprensión de la situación y una mayor toma de conciencia.

−Mendoza, según los datos de la Defensoría General de la Nación, está segunda en criminalización de abortos propios. ¿Cree que hay una despenalización social que puede tener impacto en la política penal?

−Entiendo que sí y sobre todo espero que también en la adopción del protocolo de atención de abortos no punibles. Estoy insistiendo en la provincia para su implementación. De hecho, la ministra de Salud [Elisabeth Crescitelli] expresó el otro dia que en la provincia se está haciendo la práctica, pero no está el protocolo implementado. Para mí habría que lograr el protocolo.

−¿De qué depende que en este momento en Mendoza se pueda acceder a un aborto legal?

−En realidad hay algo, pero no está totalmente regulado como protocolo, no está resuelto el tema de las objeciones de conciencia. No lo está porque hay un gremio como el de los médicos que han salido explícitamente en contra, hay muchos casos de objeciones de conciencia. Entonces, si bien hay una implementación desde el punto de vista de la salud pública, qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, no tiene una norma jurídica que interprete correctamente todos los procedimientos, como un protocolo sacado por decreto o una norma legal. De hecho, nosotros aquí tuvimos el caso de una chica con alguna incapacidad mental que llegó a la Corte y Aída Kemelmajer de Carlucci tuvo que fallar. Lo hizo a favor de practicarlo ante la insistencia de la madre, pero cuando se puso en objeción el procedimiento hubo que llegar a la Corte. Es decir, no está limpio el camino de la judicialización al no existir una norma legal que lo respalde.

−¿Le parece que puede llegar ahora la implementación del protocolo?

Sí, creo que puede avanzar, lo estoy impulsando bastante. Yo siempre digo que lo que no se da por carácter se da por procedimiento, y vos con una norma clara… Lo que pasa es que frenó bastante la sanción de un decreto en Mendoza lo que pasó en Córdoba [la suspensión judicial del protocolo cordobés por un amparo de la ONG Portal de Belén], entonces en lugar de un decreto se pretendía sacar por ley, pero por ley no han dado los números hasta ahora.

−Se pueden reeditar en Mendoza las alianzas transversales.

−Sí, exactamente. Creo que esta apertura que hay en Nación y sobre todo la información que se ha dado, que se ha manejado, la del ministro de Salud y las exposiciones técnicas. Como la de la médica que estuvo 20 años en Inglaterra y presentó casos muy concretos no solo de cómo había bajado la cantidad de muertes en mujeres, sino también la cantidad de abortos. O la elocuencia de Aída Kemelmajer en la interpretación jurídica de la progresividad de los derechos y que esto no se puede mirar desde la vara de los derechos absolutos. Entonces me parece que se ha abierto tanto ese debate desde lo jurídico, desde lo médico, desde lo económico, desde lo social, que ha permitido mirarlo desde varias aristas. Yo lo miro fundamentalmente desde la arista de la responsabilidad del Estado.

−Claro, hay una tensión entre creencia individual y responsabilidad como funcionarix públicx.

−Sí, más allá de las creencias de cada una, hay una responsabilidad del Estado. Lo que ocurre actualmente frente a la clandestinidad es primero un Estado negacionista, que no mira la realidad de lo que está pasando en la Argentina con respecto a la cantidad de muertes y secuelas derivadas del aborto inseguro y en qué sector social se producen. Un Estado que no reconoce el problema es un Estado que niega el problema, es un Estado que no atiende el problema, y por lo tanto las muertes se van a seguir produciendo en la clandestinidad y además en los sectores de mayor vulnerabilidad social. Si hay un Estado que tiene que estar presente, es allí donde hay mayor vulnerabilidad social.

Después me parece que el rol del Estado tiene que ser claro en la atención de la salud y para esto no podemos permitir que no haya un procedimiento de actuación en los hospitales públicos. Yo soy una defensora del acceso igualitario y gratuito al sistema de salud y de una cobertura universal y creo que todo el sistema público tiene que responder justamente para que las mujeres no se mueran. Y las mujeres se mueren y se siguen muriendo las más vulnerables. Después creo que también el Estado, una vez blanqueada y haciéndose cargo de la situación, debe poder ir relevando estadísticamente los casos y puede ir teniendo un gran sistema de información al respecto para actuar desde la prevención. Porque la salud no es solo la atención del enfermo, la salud compone distintos frentes, uno es la prevención y el otro es la atención específica de la salud.

−En Mendoza las dos senadoras mujeres ya se pronunciaron a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, ¿cómo querrías que se ubique en el debate Julio Cobos?

−Y, por supuesto, a mí me gustaría que se ubicara a favor. Sé que él se ha expresado en contra. De hecho, el caso que conté que llegó a la Corte ocurrió durante su gestión. La verdad que hubo muchísima presión social, él tiene su formación religiosa, pero realmente creo que hay que mirarlo desde otra óptica. La óptica de la responsabilidad del Estado cuando uno es funcionario público y lo tiene que evaluar frente al hecho de cuál es la disminución de riesgos integrales. La disminución de riesgos integrales es que se mueran menos mujeres, que vayamos disminuyendo la tasa de abortos y eso se logra con un Estado presente. Yo al menos espero que si él no puede llegar a votar a favor, que al menos se abstenga, que puede ser también una salida para ir mejorando la votación en general en el recinto. Creo que es una ley que tiene que salir.