Por: Fotos: Mayra Llopis Montaña

Las acciones masivas callejeras del jueves 14 y el lunes 19 de diciembre, cuando se movilizaron alrededor de 200.000 personas, oscilaron entre el poder de veto del pueblo en la calle y la victoria momentánea del gobierno nacional. La Alianza Cambiemos no pudo aprobar el proyecto de Reforma Previsional el jueves debido a la enorme resistencia de las organizaciones ante la represión, que terminó condicionando el quórum en el recinto.

El gradualismo se terminó, decíamos. La profundización de la afrenta reformista- securitaria del gobierno de la Alianza Cambiemos logró instalar un nuevo umbral de normalidad- excepcional, en su cuádruple proyección: previsional, tributaria, laboral y de salud. Esto se suma a la ley de Presupuesto 2018, que por ejemplo contempla un recorte del 17% en términos reales para el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Desde el miércoles 13 de diciembre la violencia política de Estado es explícita, no clandestina, a plena luz del dìa, frente a las cámaras de televisión y los flashes de los reporteros gráficos y reforzada mediante la ocupación comunicacional del relato represivo. Esta forma de violencia política a la que asistimos radicaliza una fase de descontrol organizado, con la disposición de todas las fuerzas.  El jueves 14 de diciembre en las inmediaciones del Plaza de los Dos Congresos se desplegaron 330 agentes de la Policìa de la Ciudad , 280 de la Federal 78 de la Policía Aeroportuaria , 110 de la Prefectura y 900 de Gendarmería al servicio de la decisión política de producir un estado de sitio encubierto. Decimos, entonces, que se trata violencia política, a la hora de contemplar los hechos represivos, y no de meros excesos o desbordes securitarios, o represión a secas.

Las acciones masivas callejeras del jueves 14 y el lunes 19 de diciembre, cuando se movilizaron alrededor de 200.000 personas, oscilaron entre el poder de veto del pueblo en la calle y la victoria momentánea del gobierno nacional. La Alianza Cambiemos no pudo aprobar el proyecto de Reforma Previsional el jueves debido a la enorme resistencia de las organizaciones ante la represión, que terminó condicionando el quórum en el recinto.

Las acciones masivas callejeras del jueves 14 y el lunes 19 de diciembre, cuando se movilizaron alrededor de 200.000 personas, oscilaron entre el poder de veto del pueblo en la calle y la victoria momentánea del gobierno nacional. La Alianza Cambiemos no pudo aprobar el proyecto de Reforma Previsional el jueves debido a la enorme resistencia de las organizaciones ante la represión, que terminó condicionando el quórum en el recinto. Sin embargo el lunes siguiente hizo jugar con todo su peso el acuerdo con los gobernadores y una CGT que anunció un paro tardío y sin desplegar el pleno de su fuerza en la calle para enfrentar al gobierno. Esta situación favoreció la irrupción y la fácil caída en la provocación por parte de los llamados tirapiedras. Si bien en cualquier circunstancia se habrian hecho presentes, sumados a la clara determinación del gobierno de infiltrar la protesta y producir una escena de “autodefensa” del orden (victimización de efectivos policiales mediante), lo cierto es que la ausencia de la CGT en forma orgánica en la movilización sembró también un escenario de menor contención de las instituciones gremiales civiles, que podrían haber brindado mayor musculatura sindical a la protesta. Los movimientos sociales, las CTA y los partidos encuadraron a una porción importantísima de lxs manifestantes, pero la jugada quedó incompleta y sin dudas forma parte del cuadro de las llamadas “exposiciones” a que la movilización quedó expuesta.

Algunxs hablan por estas horas de la clásica definición del sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero sobre el llamado “empate hegemónico” para analizar la situación de Argentina y la región. Pero lo cierto es que en Argentina, al menos, la conflictividad social y política no se sitúa en condiciones en las que los sectores en pugna se veten mutuamente. Aquí de momento no hubo veto, aunque casi. La Reforma de momento sigue en marcha, y si bien el costo político que el gobierno dilapidó en el pasaje a una nueva fase de violencia política y económica es altísimo, también es cierto que las fuerzas todavía se encuentran demasiado dispersas, ni hablar de que aún no nos encontramos ante la posibilidad de discutir el problema de un programa o liderazgos comunes. La posibilidad o no de que una crisis real se vea profundizada, dependerá de dos elementos: 1) la posibilidad o no de un reagrupamiento y una alianza social antineoliberal que sin un realineamiento sindical con quienes verdaderamente estén dispuestos a formarla no es posible y 2) la capacidad o no del gobierno de la Alianza Cambiemos de recuperar el segmento de capital político que en estos días erosionó -sin “perderlo”, de ninguna manera- y de continuar con el rumbo de contagio reformista que las últimas elecciones parecían confirmar. De momento ninguno de estos dos factores está decidido.

El paro llamado por la CGT, lejos de funcionar como activación de fuerza opositora y marco orgánico de enfrentamiento, fue la demostración de un proceso de erosión de su capacidad de oponerse de forma tal que obligue un cambio de rumbo ante las medidas antipopulares. Una CGT que convoca al paro de manera tardía-y que además no hace jugar su capacidad de movilización en momentos cruciales en los cuales la unidad entre movimientos sociales, sindicatos y partidos podría haber torcido  el brazo de la Reforma Dura- deja más expuestxs a lxs trabajadorxs en el futuro. Su insistencia dialoguista, y desfasada respecto al momento unitario, le quita credibilidad. En este sentido, se puede rescatar la presencia propia de la Corriente Federal de los Trabajadores, que con independencia del triunvirato cegetista de machos se movilizó tanto el jueves 14 como el lunes 18, enfrentando la represión.

Urge discutir, entonces, un reordenamiento sindical próspero entre los sectores de diversas centrales obreras, tanto de la economía formal como informal, que pueda agrupar el mapa según las dinámicas de esta fase. En este sentido, será crucial también el agrupamiento que el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans, en tanto oposición cada vez más consolidada al gobierno, siga discutiendo al interior de las centrales de cara a lo que será un nuevo paro internacional de mujeres en un contexto de pauperización de la vida el próximo 8 de marzo.

Si bien para muchos sectores del sindicalismo y la política esto parece menor, un factor que “no juega” en la política tal como la entienden, lo cierto es que los paros de mujeres, el del 19 de octubre de 2016 tras el femicidio de Lucía Pérez y la represión en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario y el 2017-de carácter internacional- dinamizaron programáticamente a sindicatos, partidos y movimientos sociales. Y lograron poner en las calles a cientos de miles de personas, a tal punto que el gobierno tomó la determinación de desatar una represión brutal y “cacería” disciplinadora contra el 8M, que terminó con una veintena de detenidas y judicializadas.

En las nuevas estrategias e imágenes del realineamiento transversal, no tener en consideración la fuerza del feminismo para la discusión programática, organizativa y estratégica del momento, sería no solamente incompatible con el deseo de transformación de las estructuras machistas reinantes de forma transversal en muchísimas organizaciones, sino que sería un garrafal error de lectura política respecto de la capacidad que el feminismo ha demostrado en los últimos años para discutir punto con punto con la estrategia neoliberal en la región.

El miércoles 13, la primera movilización contra la reforma, convocada por la CCC, la CTEP y Barrios de Pìe, llevaba por sus consignas No al ajuste de las asignaciones, No al ajuste a jubiladxs y Fuera la OMC de Argentina. Esta movilización fue piqueteada y reprimida por la Gendarmería, que impidió el avance de la marcha que tenía por objetivo iniciar una vigilia hasta que se produjera el tratamiento de la Reforma. El jueves 14 se sumaron todos los sectores incluyendo a gremios de la Corriente Federal de los Trabajadores. La CGT no se movilizó de forma orgánica, como dijimos. El resultado de esta jornada fue que la organizaciones tomaran la determinación de combatir la represión con el fin de detener el avance de un estado de sitio encubierto, definido claramente en la vocación del gobierno por coartar el derecho a la protesta y la reunión en las calles, que desde el miércoles 13 están siendo “limpiadas” sistemáticamente. La sesión parlamentaria no pudo llevarse a cabo y el Gobierno amenazó con sacar la Reforma por un DNU. Finalmente el lunes todos los sectores volvieron a movilizarse y el plan represivo fue minucioso: la gendarmería que había sido exhibida con ganas el miércoles y el jueves, fue corrida inicialmente del operativo para luego aparecer una vez desatados los enfrentamientos. El clima social que se trastoca en estas jornadas tiene que ver no solo con la respuesta popular a la Reforma sino con el principio democrático del derecho a la protesta y a la reunión en el espacio público. Por otro lado, heridxs de suma gravedad y detenidxs fueron marcadxs en la jornada del jueves o el lunes antes de ser baleadxs y gaseadxs o atropelladxs, según testimonios que se desprenden de las primeras declaraciones realizadas por lxs heridxs y que de momento no serán publicadas. El hecho de que no se haya constatado muertxs durante las jornadas del jueves 14 y el lunes 18 no responde necesariamente a una decisión por parte del Estado de no asesinar manifestantes. Una operación sistémica de identificación y baleo a la ruleta rusa está en marcha contra quienes protestan, por decir poco. En este sentido, surge de nuevo la pregunta: ¿Qué deja más expuestxs a lxs luchadorxs ante la violencia política? ¿Los llamados tirapiedras o el acuerdismo de un sector del PJ y de la CGT?

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Las jornadas del 14 y del 18 de diciembre no pueden ser comprendidas por fuera del acumulado de movilizaciones populares a lo largo de dos años de gobierno cambiemista.

Los paros de mujeres de 2016 y 2017 solamente movilizaron a más de 1 millón de personas. Las movilizaciones por el 2×1, atendieron a la defensa de los procesos de memoria y justicia. Cada manifestación frente a la desaparición de Santiago Maldonado tuvo presencia multitudinaria cada vez que la familia convocaba y una espontánea protesta el día del hallazgo del cuerpo del joven en el río Chubut. Las movilizaciones sindicales del 6, 7 y 8 de marzo de 2017 comenzaron a discutir consensos inter-sectoriales que si bien fueron luego abortados, despertaron en el gobierno la inquietud de conflicto que también acabó por incidir en el acelere reformista.

Fragmentos desiguales y a destiempo de una crisis abierta en 2001 se extienden hasta hoy. El período 2003- 2015 significó un avance de los sectores populares al interior de una crisis mayor del neoliberalismos abierta en 2001. La recuperación por parte de los sectores más reaccionarios del Estado no habría sido posible si durante el período 2003- 2015 el proceso nacional no hubiera oscilado entre avances y retrocesos, sin remediar de forma estructural la matriz concentratoria de la riqueza que el bloque liberal determinó históricamente en 1976 y que se extendió durante toda la posdictadura. Este proceso mantuvo impávido un sustrato de desigualdad y exclusión que propició la emergencia de nuevos sujetos organizados, no determinados por el ordenamiento formal de la economía que hizo crecer índices de empleo. Esta historia es la de los 90 con los movimientos de desocupados y la reagrupación que sus movimientos plantearon ante la consolidación de una sociedad excluyente, y es la historia contemporánea.

La reapertura de la crisis social que es a la vez antesala de una crisis política e institucional, no puede tampoco ser pensaba por fuera del avance retroguardista que los sectores financieros ubican como contra-ofensiva y regreso del proyecto económicos y social puesto en cuestión por la rebelión popular de 2001.

En este sentido, la derecha gobernante parecía haber aprendido una serie de lecciones fundamentales del 2001, filosofía duranbarbista y que los sectores políticamente más liberales del gobierno sostenían como tesis práctica: 1) El no reconocimiento de la interrupción de derechos democráticos esenciales resulta más eficaz que el anuncio de un estado de sitio o que el intento de una reforma constitucional; 2) La construcción de la hipótesis de conflicto situada en sectores particularizados – los mapuches, por ejemplo, y nuevos estigmas de subversión contra la militancia urbana organizada-  y no transversalizada en el enfrentamiento con la clase media en su conjunto funciona como potenciador del núcleo conservador en que el Gobierno se recuesta; 3) La Reforma debe ser encarada como un proceso local y de integración- reformismo liberal regional, en sintonía con lo que ocurre en Brasil. En este sentido, no es la promesa de futuro y progreso lo que opera como núcleo discursivo fundante, sino la clausura del pasado kirchnerista -pesada herencia- y la necesidad de una reforma reorganizadora de la comunidad. Algo más parecido a la interrupción cultural, económica e institucional de los regímenes que delineaban la vida en común, que al lanzamiento de una “nueva derecha”. En este sentido, los despliegues inusitados de las fuerzas de seguridad ofician también como “autodefensas” de una suerte de contrarrevolución militante y estatal.

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Con respecto a la llamada “nueva derecha”, algo cambió cambia a partir del triunfo al interior del bloque de poder de los actores más reaccionarios (esta fase se remonta a la designación de Nicolás Dujovne al frente de la cartera de Hacienda, un cuadro que responde directamente al llamado “pagnismo”, es decir a los sectores más duros del gobierno, en cuanto a la interpretación de los ritmos de la reforma y de la intensidad represiva). El sujeto social sagrado de Durán Barba, la clase media urbana con aspiraciones de progreso a-político, empieza a ser desacralizado. En este sentido, ¿quién engañó a quién? ¿El duranbarbismo le vendió al poder concentrado de la Argentina un mito fundacional con el Cambio y la modernidad pos-peronista, o los sectores del poder concentrado le hicieron creer al duranbarbismo -ala más liberal- que creían eso, como en una novela de dobles o triples agentes, para una vez asentados en el poder recuperar la iniciativa interrumpida en 2003?, ¿fue cierto alguna vez el proyecto de la nueva derecha? El modelo y proyecto social actual se dirime hacia adentro entre la fugaz rebeldía liberal de quienes se presentaran como herederos de la posdictadura, en clave demócrata, y quienes entienden que la fase del reformismo permanente no puede ser viable sino es mediante el entierro tanto de la herencia del acumulado popular organizado en las últimas décadas como de las ilusiones de la  llamada “nueva derecha” que empieza a morir sin haber terminado de nacer. Hacia afuera, quedan todavía por caracterizar las tácticas de realineamiento propicias para el enfrentamiento mayor, que es la batalla contra la posdictadura.