El gradualismo llegó a su fin. La cuádruple reforma (Laboral, Previsional, Tributaria y de Salud) no puede esperar más según los cálculos de las cúpulas políticas y empresariales que en estas horas hacen tronar el escarmiento. El juez federal Claudio Bonadío, alfil político de esos actores y de funcionarios sospechados de encubrimiento por el atentado a la AMIA en 1994, un juicio que en este momento no tiene difusión pero del cual se espera la sentencia, da vuelta las cartas y carga tintas empapado de la furia del fuero federal, los servicios de inteligencia y el poder económico financiero, en un fallo fechado el 6 de diciembre de 2017. La ocupación de los medios de comunicación y del Estado es total: un gobierno elegido por el voto democrático se vuelve contra los principios elementales que lo llevaron a constituirse y tuerce los contornos de la institucionalidad, sin escatimar en show mediático de alto voltaje: traslados de personas esposadas en vivo y en directo; la búsqueda errante de un submarino hundido en la desidia y las conspiraciones entre la Armada y el Ministro de Defensa, a costa de 44 vidas; la difusión sistemática del discurso del beneficio de la duda a favor de las fuerzas de seguridad desatadas.
La ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, hasta ahora única presidenta mujer electa de la historia argentina, fue procesada en las últimas horas con un pedido de desafuero y prisión preventiva ordenado por Bonadío. La actuación se da en el marco de la causa por un presunto y nunca claro encubrimiento del atentado a la AMIA, en la que se investiga el memorándum de entendimiento con Irán. El fantasma de la operación Nisman recorre Comodoro Py.Al mismo tiempo Carlos Zannini y Luis D’Elia fueron detenidos en la madrugada mientras dormían en sus casas. Sobre Héctor Timmerman cayó un pedido de detención domiciliaria.
En el fallo que se hizo público esta mañana, Bonadío insiste en que “NADIE, NUNCA, NINGUNA de las plumas jurídicas de la República Argentina, aceptaron haber participado en la redacción de borradores, ‘paper de trabajo’, o memos internos que hayan llevado a la elaboración de un proyecto de memorándum para ser presentado durante las negociaciones técnicas o políticas con las delegaciones iraníes”. De esta forma alimenta el relato conspirativo por el cual la negociación para intercambiar información sobre la AMIA con Irán se dio a espaldas de la sociedad argentina. Una vez más, se desconoce que el memorándum fue votado democráticamente por el Congreso nacional en 2013, y que por lo tanto no es una medida judiciable. Queda claro, entonces, que la medida adoptada por Bonadío es del orden de lo político y en esos términos, con el contexto correspondiente, debe ser leída. La ficción paranoide a la luz del día, sin clandestinidad, en una nueva forma de violencia política, aflora y se apodera del pulso del país mientras el disciplinamiento social que en dos años de gobierno instauró el miedo, mediante despidos, asesinatos, detenciones arbitrarias y causas judiciales contra militantes, impide que una respuesta popular a la puesta en riesgo del Estado de derecho se haga presente de forma masiva y organizada en las calles.
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Hace doce años, la Cámara Federal apartó al juez Bonadio de la causa por el encubrimiento en el atentado a la AMIA, por entender que el mismo carecía de imparcialidad. Bonadío fue acusado públicamente de entorpecer la investigación del atentado que se llevó la vida de 86 personas y dejó más de 300 heridxs, y que al día de hoy sigue impune. Algunxs interpretaron que de ese modo quedaban saldadas las cuentas pendientes en la investigación del atentado, construyendo falsas hipótesis criminales para garantizar la impunidad judicial del caso y así archivar la causa. Entonces, Gustavo Bruzzone, Carlos González y Jorge Rimondil, actuando como conjueces en la Sala I de la Cámara Federal, resolvieron enviar los antecedentes de Bonadío a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Los magistrados le reprocharon no haberse apartado voluntariamente del caso cuando el Gobierno de entonces imputó en la causa al ex ministro del interior Carlos Corach, pues Bonadío había sido su segundo, su empleado directo, cuando Corach se desempeñaba al frente de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia durante la gestión de Carlos Menem.
En la causa estaban imputados el ex juez federal Juan José Galeano, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, varios agentes de inteligencia y el único preso en la causa, Carlos Telleldín.
Mientras los familiares de las víctimas esperan hace años justicia por el encubrimiento al atentadode AMIA, Bonadio, entre el chantaje, la extorsión y el encubrimiento, dicta procesamientos y prisiones preventivas a funcionarios del gobierno anterior sin la más mínima garantía de imparcialidad judicial.
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La avanzada es en distintos frentes: el tándem judicial también se apoya con decisiones ministeriales. En la mañana de ayer en el Boletín Oficial el gobierno nacional anunció una resolución por la cual se da de baja a 552 sindicatos, por una orden política del presidente Mauricio Macri a través del Ministerio de Trabajo a cargo de Jorge Triaca. La resolución dice: “Actualícese el Registro Especial de Asociaciones Sindicales que registra las inscripciones gremiales en el ámbito de esta Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, excluyéndose del mismo a aquellas entidades sindicales que no hayan acreditado en el plazo de 3 años a la fecha de publicación de la presente, su actividad operativa y el cumplimiento de sus obligaciones legales periódicas establecidas en la ley 23.551”. El nuevo mojón abierto con esta resolución amenaza de forma concreta y directa la legalidad sindical en la Argentina. La reforma laboral es instrumental, como en 1955 y en 1976. Se propone disciplinar al trabajo frente al capital: la participación en las ganancias fue sólo un anhelo discursivo de batallas que quieren ser dadas por perdidas. Entre las reformas y las prisiones preventivas yace el hundimiento nacional de seguir así. Es un abismo a la ilegalidad al que pretenden sumergirnos. Para que así reine en el pueblo el odio y la desigualdad. Desde los sindicatos que aparecen ilegalizados hoy en el Boletín Oficial, hasta la profusión de imágenes de detenciones de presos por si acaso en causas sin justicia
El desempleo en el país trepa hoy al 9,1% según la última Encuesta Permanente de Hogares. En el caso de la provincia de Buenos Aires llega al 11,8% según las las cifras oficiales del INDEC. Se trata de 1 millón 700 mil personas sin trabajo. En Catamarca, Rosario, Mar del Plata y Córdoba las cifras oscilan entre el 9 y el 10%. Con la amenaza de los nuevos despidos masivos que el gobierno prepara para este verano, las cifras -se presume-aumentarán.
Entre 2016 y 2017, son una veintenta las causas abiertas contra activistas que participaron de protestas sociales, más de 100 los y las heridxs por las fuerzas de seguridad, y a esto se suman las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en medio de los conflictos territoriales en el Sur de nuestro país. En términos electorales nada de esto ha tocado los perímetros de votaciones ni encuestas que alimentan la usina oficial de ideas con el mandato de sostener el rumbo.
La reforma laboral, la previsional y la tributaria proponen recortar derechos y asumen el desfinanciamiento de la seguridad social. Esto, sumado a la deuda pública que en estos años subió a u$s 342.000 millones, más del 56% del PBI argentino, producirá un nuevo período de enorme concentración de la riqueza y transferencia de recursos al sector privado. Las vidas de la ciudadanía argentina se encuentran comprometidas en el endeudamiento contraído por los próximos cien años.
En cuanto a la reforma previsional, se trata en este caso de 17 millones de personas que se verán afectadas con la nueva fórmula de movilidad que generará una pérdida inmediata del poder salarial. En este caso el atentado a los derechos constitucionales es brutal: la movilidad jubilatoria es un derecho a la sustentabilidad de la vida que el Estado debe garantizar sobre todo en momentos de achique económico. La regulación salarial a la baja ( las jubilaciones y pensiones son elementos sustitutivos del salario consagradas por la Constitución Nacional) no sólo impacta en la economía cotidiana de la ciudadanía, sino que redefine los contornos comunitarios de la solidaridad y el aporte distribuido entre quienes menos tienen. Del mismo modo, la reforma laboral propone un cambio en la relación entre trabajadorxs y patronxs que redefine el concepto de empleo y de derecho al resarcimiento. La cuádruple reforma trae consigo un proyecto social que no puede ser sostenido sin persecuciones y cazas de brujas como las que en estas horas están desatadas.
Mientras escribimos estas líneas, recordamos cuando juntas escuchábamos a Luis D’ Elia en un congreso de la CTA de Mar del Plata, allá por el convulso 2002. Tan lejos en el tiempo, y tan cerca en el sentir, Luis, en su discurso “de los desdentados…” provocaba siempre a ese “sentidito antinegro” tan propio de las, cada tanto, silenciosas clases medias, hoy obnubiladas por el dólar barato y las obras públicas en los conglomerados urbanos.
La grieta entre lxs condenadxs de la tierra se abre cada vez más. Y no por obra de relatos otrora setentistas y batallas culturales palaciegas sino por la acción directa de intereses corporativos y sus jugadores locales que hoy ocupan cargos en el Poder Ejecutivo, sumado al descontrol total del Estado de Derecho de los otros dos Poderes republicanos. Hay una apuesta por el caos. Mientras más caos, más fácil será rifar la Argentina al mejor comprador. Hoy está en juego la soberanía. Desde Villa Mascardi hasta Comodoro Py.
La grieta entre lxs condenadxs de la tierra se abre cada vez más. Y no por obra de relatos otrora setentistas y batallas culturales palaciegas sino por la acción directa de intereses corporativos y sus jugadores locales que hoy ocupan cargos en el Poder Ejecutivo, sumado al descontrol total del Estado de Derecho de los otros dos Poderes republicanos. Hay una apuesta por el caos. Mientras más caos, más fácil será rifar la Argentina al mejor comprador. Hoy está en juego la soberanía. Desde Villa Mascardi hasta Comodoro Py.
El precio del quilombo y el sentimiento de que todo puede pudrirse por vía de la economía o la política o el estallido social irredento ubican a la Argentina en estado de excepción. Sobre ese flanco se recuestan no sólo el mercado y las transnacionales ávidas de explotaciones recursivas en materia natural, impositiva, sanitaria,- cada una necesita su correlativa reforma económica-, sino también el arco de las resistencias a esos designios. La guerra de trincheras en la que se juega la excepción suele priorizar más las tácticas de superviviencia que las estrategias de cómo queremos vivir.
El reto de cómo construir comunidad frente a la lógica neoliberal que reza “demostra tu propia inocencia” “pagate tu propia indemnizacion de despido”, “ hacete tu propio plan de salud”, o mejor dicho “cavate tu propia fosa”, es la disputa ética y carnal entre la individualización del destino vs la comunidad organizada del buen vivir.
* Gabriela Carpineti, Abogada en Causas de Violencia Institucional y DDHH
* Florencia Minici, ensayista, periodista y escritora.
