Arte de portada: Seelvana

Para el Gobierno de Javier Milei, ordenar algunos índices de la macroeconomía es la condición necesaria para que la Argentina vuelva a crecer. La estrategia tiene un orden de prioridades claro: bajar la inflación y sostener el equilibrio fiscal y, a partir de ahí, esperar que la mejora llegue al resto de la economía. Pero ¿qué pasa cuando esos números no se traducen en una economía más sólida y sostenible?

La macroeconomía no está ordenada si para sostener la baja de la inflación crece la morosidad, se deteriora el empleo, aumenta la informalidad y las provincias pierden recursos en un contexto de recesión. En junio de 2026, casi 5 millones de personas estaban en mora, el nivel más alto de los últimos veinte años. Hay algo que ocurre cuando un problema que atraviesa a grandes mayorías se presenta como una dificultad individual. Si no alcanza el salario, habrá que trabajar más. Si no se puede pagar una deuda, el problema será haber gastado de más. Si no se consigue trabajo, habrá que esforzarse más. Si la jubilación no alcanza, habrá que volver a trabajar.

¿Qué nos sucede como sociedad cuando individualizamos problemas que son colectivos?

Endeudarse para llegar a fin de mes

En Argentina, según el Mapa de la deuda de Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), a junio de 2026, más de 19 millones y medio de personas tenían algún tipo de deuda y casi 5 millones se encontraban en mora. Es decir, una de cada cuatro personas endeudadas no estaba pudiendo cumplir con sus obligaciones. La morosidad se cuadruplicó en apenas un año y alcanzó el nivel más alto de los últimos veinte, superando incluso el pico registrado después de la pandemia.

La comparación resulta inevitable: ¿la situación actual de los ingresos y del poder adquisitivo de los hogares se está acercando a un escenario que, hasta hace poco asociábamos con una crisis extraordinaria como la pandemia? Los datos permiten además observar para qué se están endeudando los argentinos y quiénes tienen mayores dificultades para pagar.

Según el Banco Central, la tasa de morosidad alcanza el 13,8% en los préstamos personales y el 11,6% en las tarjetas de crédito, instrumentos que en muchos casos son utilizados para financiar gastos cotidianos. No se trata necesariamente de endeudamiento destinado a una inversión o a la compra de un activo que genere ingresos: muchas veces es crédito utilizado para sostener el consumo corriente cuando los ingresos ya no alcanzan.

En los créditos prendarios, utilizados principalmente para comprar automóviles y motos, la morosidad llega al 6,8%. Tampoco parece casual que sea uno de los segmentos donde más aumentó el endeudamiento. En un mercado laboral donde crecen las formas de trabajo por cuenta propia y las plataformas de reparto y transporte, un vehículo puede dejar de ser solamente un bien de consumo para convertirse en una herramienta necesaria para generar ingresos.

En cambio, la morosidad de los créditos hipotecarios es de apenas 1,4%. La diferencia es significativa. Quienes tomaron un crédito para comprar una vivienda, en términos generales, están pudiendo afrontar sus obligaciones. El problema aparece con mayor intensidad en otro tipo de endeudamiento: el que se utiliza para llegar a fin de mes o para sostener la capacidad de generar ingresos.

Por eso, presentar el aumento del crédito como una señal inequívoca de recuperación puede resultar engañoso. No todo crédito es inversión, capitalización o acceso a mejores condiciones económicas. También puede ser el mecanismo mediante el cual un hogar compensa la pérdida de ingresos y posterga un problema que todavía no puede resolver.

La profundidad del fenómeno aparece todavía con mayor claridad cuando se observa quiénes están quedando atrapados en la deuda: según el Mapa de la deuda de FES Argentina, del total de personas morosas, el 64,1% tiene la totalidad de sus deudas en mora. Y la situación es particularmente grave entre los jóvenes: la tasa de morosidad alcanza el 36,8% entre los menores de 25 años.

No es un dato menor. Es justamente el segmento de la población que enfrenta mayores dificultades para acceder a empleos formales, estables y bien remunerados. La morosidad, entonces, no es solamente un problema financiero: también puede estar reflejando las dificultades de inserción laboral y de generación de ingresos de una parte importante de la población.

La inflación puede bajar. El déficit fiscal puede ordenarse. Algunas variables financieras pueden estabilizarse. Pero si al mismo tiempo cada vez más personas necesitan endeudarse para consumir, trabajar y sostener sus gastos cotidianos, y una proporción creciente no logra pagar esas deudas, la pregunta sobre el verdadero estado de la economía sigue abierta. Y para responder hay que mirar qué está ocurriendo detrás de esos ingresos: qué está pasando con el trabajo.

Trabajar más para vivir peor

La evolución del mercado de trabajo permite completar esa fotografía. Porque la deuda puede mostrar que los ingresos de los hogares no alcanzan; el mercado laboral permite observar una de las razones por las que eso ocurre.

Según datos del INDEC, la tasa de desocupación pasó del 6,9% en el primer trimestre de 2023 al 7,8% en el primer trimestre de 2026: casi un punto porcentual más. Traducido a personas, implica aproximadamente 200 mil desocupados más respecto de aquel momento. Pero el problema no termina en cuántas personas tienen o no tienen trabajo. También importa qué tipo de empleo hay.

Según los datos disponibles, apenas el 53,3% de las personas ocupadas tiene una ocupación plena, mientras que el 26,6% está sobreocupado, es decir, trabaja más horas de las consideradas como jornada laboral habitual. Ese fenómeno tiene su expresión más conocida en el pluriempleo: personas que necesitan acumular más de un trabajo o extender su jornada para sostener sus ingresos. En el otro extremo, el 12,1% está subocupado, trabajando menos horas de las que quisiera y necesitando, por lo tanto, trabajar más.

A esto se suma uno de los datos más preocupantes: la informalidad laboral pasó del 40,8% en el primer trimestre de 2023 al 44,2% en el primer trimestre de 2026. Es decir, mientras se deterioraba el empleo registrado, una proporción cada vez mayor de quienes trabajan lo hace por fuera de las condiciones que ofrece un empleo formal.

El propio Gobierno terminó reconociendo esta dinámica. En una reciente edición de Experiencia IDEA Rosario, el viceministro de Economía, José Luis Daza, sostuvo que el sector informal “ha sido una salvación” y que, sin su dinamismo, el desempleo habría superado el 20% durante el proceso de ajuste.

La descripción del fenómeno puede ser correcta. Lo inquietante es que se presente como un éxito aquello que, en realidad, evidencia la magnitud del ajuste. Si el empleo informal funciona como amortiguador frente a la destrucción del empleo formal, entonces el mercado laboral no está absorbiendo el shock mediante la creación de puestos de trabajo de calidad, sino mediante mayor precarización.

Es una forma particular de “ordenamiento” de la macroeconomía: el ajuste se produce mediante trabajadores que pierden derechos, aportes jubilatorios, cobertura de salud, vacaciones, licencias y protección frente a accidentes laborales. ¿La economía se ordena trasladando el costo del ajuste hacia quienes trabajan?

Entre los jóvenes, el INDEC señala que la desocupación alcanza al 15,5% de las mujeres de hasta 29 años y al 14,6% de los varones de la misma edad. Es decir, aproximadamente 1 de cada 7 jóvenes que participan en el mercado laboral no consigue trabajo. Al mismo tiempo, aparece otro fenómeno que dice mucho sobre la situación de los ingresos: cada vez más adultos mayores permanecen o regresan al mercado laboral. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026, la cantidad de personas ocupadas de más de 65 años aumentó 4,5%, unos 27 mil adultos mayores adicionales. ¿Y cómo se están complementando esos ingresos que ya no alcanzan? Con más trabajo precarizado y mayor nivel de endeudamiento.

Y, nuevamente, el problema no es solamente conseguir un trabajo, sino qué trabajo se consigue. La informalidad entre los adultos mayores es considerablemente superior a la del resto de los trabajadores. Entre las mujeres de más de 65 años llegó a superar el 60% en distintos períodos, alcanzando 62% en el tercer trimestre de 2024 y 63% en el tercer trimestre de 2025. En el cuarto trimestre de 2025 se ubicó en 61,6%, frente al 39,2% entre las mujeres de 30 a 64 años. Entre los varones mayores de 65 años, el deterioro también fue marcado: la informalidad pasó del 43,5% en el cuarto trimestre de 2023 al 55,6% en el mismo período de 2025, un aumento de 12,1 puntos porcentuales.

El resultado es una paradoja: personas que deberían estar retirándose del mercado laboral vuelven o permanecen en él para complementar sus ingresos, pero encuentran un mercado donde la protección es todavía menor. Y ahí aparece el vínculo entre ambos fenómenos: cuando el trabajo pierde estabilidad y calidad, el endeudamiento deja de ser solamente una herramienta financiera y empieza a funcionar como un mecanismo de supervivencia.

Cuando el endeudamiento crece, aumenta la informalidad, se destruye empleo, más personas necesitan trabajar más horas y los adultos mayores vuelven al mercado laboral, ya no estamos frente a una suma de problemas individuales. Estamos frente a un fenómeno económico y social, un desafío colectivo.
La macroeconomía tiene sus propios números: inflación, déficit fiscal, reservas, riesgo país, resultado financiero. Son importantes. Pero una economía no existe solamente en las planillas del Ministerio de Economía o en los informes del Banco Central. Existe también en la capacidad de una familia de llegar a fin de mes, en las horas que necesita trabajar para sostener sus ingresos, en la posibilidad de pagar una tarjeta de crédito o en la necesidad de que un jubilado vuelva a trabajar, eso también es la macroeconomía. Entonces la pregunta no es solamente si la macroeconomía está ordenada. La pregunta es para quién está ordenada y a qué costo.