Muchas gracias por la oportunidad de poder presentar el estudio que hemos hecho. Nos hemos abocado a estudiar el costo de la legalización del aborto, porque hemos escuchado en el debate, tanto en Diputados como en Senadores, que muchas veces se ha mostrado la preocupación por cuánto le costará al sistema la instrumentación de la interrupción voluntaria del embarazo.
En nombre de la Asociación de Economía de la Salud, como economista, como investigadora, hemos hecho el mayor de los esfuerzos por conservar total objetividad en la presentación de la información que vamos a presentar, porque es un estudio con base científica. Siempre que uno tiene que cuantificar el cambio de una situación a otra situación, lo que necesariamente uno tiene que hacer es poder comparar la situación actual con la situación futura. La situación actual nos dice que hoy sí existen costos de la presencia de abortos inseguros. Probablemente, no los conocemos, y la idea fue justamente avanzar en ese punto, porque están asociados a una práctica ilegal. Y como ilegal, entonces, se ocultan muchas veces, se desconocen otras veces y no hemos hecho el esfuerzo de hacer algunas cuentas. Siempre en los costos consideramos tres posibilidades o tres componentes.
Los costos privados, que son los costos en los que incurren quienes deciden realizarse un aborto, que lo pagan de su bolsillo, y que, salvo por informantes, no tenemos registro formal de cuánto es lo que se paga por acceder a la práctica. Los costos de atención en el sistema de salud para el tratamiento de las consecuencias de los abortos. Y todos aquellos costos asociados a las consecuencias psíquicas, emocionales, laborales, económicas por las que atraviesan las personas que pasan por la experiencia de un aborto y las secuelas que eso deja en términos de años de vida perdidos, en caso de las muertes prematuras o años de vida con discapacidades asociadas a las lesiones permanentes que pueden surgir de un aborto inseguro. En el caso de la prohibición de abortos seguros, también incurrimos en otros costos. Los costos privados que están asociados también a quienes decidan, aun siendo una práctica legal, hacerlo dentro del marco de la clandestinidad. Los costos de prácticas, estudios complementarios y medicamentos asociados a la práctica para la interrupción del embarazo. Los costos de atención de todas aquellas fallas del método elegido. Y también los costos asociados que mencionamos antes en términos de años de vida perdidos en el caso de lesiones o muerte. Por tanto, el objetivo de nuestro estudio fue estimar el costo diferencial de la situación actual y cuál sería la situación con acceso al aborto seguro para el sistema de salud. Para eso hemos estimado estrictamente los costos de atención en el caso de lo que hoy tenemos en nuestro sistema y los costos de acceso al aborto seguro para el caso en que se presente la interrupción legal del embarazo.
Por tanto, el objetivo de nuestro estudio fue estimar el costo diferencial de la situación actual y cuál sería la situación con acceso al aborto seguro para el sistema de salud. Para eso hemos estimado estrictamente los costos de atención en el caso de lo que hoy tenemos en nuestro sistema y los costos de acceso al aborto seguro para el caso en que se presente la interrupción legal del embarazo.
No hemos estimado los costos privados por ser desconocidos; y cuando me refiero a costos privados no me refiero a los costos de las clínicas o sanatorios privados, me refiero a las erogaciones de bolsillo que quienes acceden a los abortos clandestinos hacen para conseguir esas prácticas. En el caso de los costos, hemos también hecho un ejercicio de simulaciones en términos de precios mínimos, medios y máximos, porque a la hora de valorizar estas consecuencias en la Argentina no tenemos un único precio, tenemos precios asociados al sector público, a la seguridad social y al sector privado, y estos precios son diferentes. Por tanto, no podemos desconocer su existencia. Y en términos del costo al aborto seguro, de los costos asociados a estas prácticas también hemos supuesto cuatro escenarios, porque tampoco sabemos cuál va a ser la composición de los métodos elegidos por profesionales y quienes accedan al aborto por esos métodos seleccionados. Lamentablemente para la Argentina –y lo hemos visto durante todas estas discusiones y también en el debate en Diputados–, no tenemos información cierta de cuántos son los casos complicados. Solo tenemos informaciones parciales, informaciones de algunos servicios, de algunos estudios. Como les decía, en base a honrar la ciencia económica, hemos hecho un estudio bibliográfico de investigaciones serias publicadas.
El estudio que hemos utilizado para componer la estructura del aborto al ingreso es un estudio hecho para cuatro países de Latinoamérica, como Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, donde se presenta esta composición de las complicaciones. En términos generales, quisiera decir que, según este estudio, se estima que el 75,6 por ciento del total de abortos tiene algún contacto con el sistema de salud, no necesariamente para atender una complicación, pero sí abortos que no son complicados, simplemente porque, a lo mejor, aparece una pérdida o una preocupación, y las mujeres que acceden al aborto luego acceden a atenderse en una consulta ginecológica simplemente para evaluar su situación posterior. El 24,4 por ciento no tiene ningún contacto con el sistema de salud, sea porque se realiza en su totalidad dentro de la clandestinidad o porque los abortos salen bien y, en consecuencia, no necesitan ir al médico o creen no necesitarlo. El resto sería la composición de las complicaciones por los abortos realizados en condiciones de inseguridad –como decía– en el único paper que encontramos donde se hace este estudio con una base científica sólida, con significancia estadística respetable. Estos números coinciden con algunos estudios de la Organización Mundial de la Salud que se han publicado en el año 2008, que casi la mayoría de los que estudiamos el tema hemos visto. En base a esto, hemos estimado los costos de estas prácticas.
Cuánto le cuesta al sistema un aborto incompleto, una hemorragia, un foco séptico, una perforación, una sepsis o un shock séptico. Lo que ustedes ven en la pantalla es el mínimo y el máximo que hemos encontrado. Los precios que usamos son los precios provistos, en el caso de los mínimos, por las obras sociales provinciales, y en el caso de los máximos, por las empresas de medicina prepaga, que son las que pagan los mayores precios por las prácticas. Esos son los diferenciales que hemos encontrado. Otra de las preocupaciones que teníamos era poder estimar en términos absolutos el costo total para el sistema, y en virtud de que no hay acuerdo de cuánta es la totalidad de abortos que existen en la Argentina y hemos gastado muchísimo tiempo en discutir esto, hemos optado por plantear dos posibles escenarios dentro de los parámetros medianamente razonables que se han manejado en los debates: entre 300.000 y 500.000 abortos.
Y hemos calculado los costos para una y otra situación con los escenarios que hemos mencionado. Los resultados a los que arribamos son los que les voy a mostrar ahora. El gráfico que ustedes ven –la barra verde– es el mínimo costo que tiene el sistema de salud para atender los abortos que hoy existen en la Argentina para un escenario de 300.000 abortos. Ahora les muestro de cuánto fue para 500.000. En las barras rosas están los costos asociados en promedio a la práctica de los distintos métodos para interrumpir el embarazo. El primero es el tratamiento con medicamentos. El segundo, con aspiración manual endouterina. El tercero es una composición si se proveyera mitad con medicamentos y mitad con aspiración. Y el cuarto es un escenario poco convencional, pero también es cierto que en la Argentina no existe la práctica usualmente para hacer estas cosas de la aspiración. En general, en la Argentina se usa el legrado y, por tanto, aun cuando no es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, hemos también supuesto un escenario donde aun cuando no sea la práctica recomendada el 25 por ciento de las interrupciones se hiciera con esta técnica. Claramente, esto es lo que hoy está gastando el sistema de salud en atender las complicaciones, aun en este escenario de absoluta austeridad, porque elegimos –otra vez– para mostrar esto los costos mínimos. De aquí para arriba es lo que gasta el sistema de salud para atender esto. Esto es –otra vez– el escenario de precios mínimos. En el caso de las prácticas para el aborto seguro, hemos elegido un escenario de precios máximos. Hemos estimado allí –después les puedo dejar el documento para que lo conozcan– no solamente el costo del tratamiento con medicamentos, sino todas aquellas otras cosas que se hacen y que acompañan, aun cuando no sean de práctica habitual. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no recomienda hacer una consulta antes, una después, una ecografía antes, una después, un laboratorio antes y uno después, y, sin embargo, hay tendencia en nuestro sistema a hacerlo de todas maneras. Hemos incluido esos costos para que no pareciera que estamos queriendo bajarlos mucho, simplemente mostrar lo que es la práctica habitual. En el caso de los 500.000 abortos, si este fuera el escenario –por supuesto que las diferencias son muy superiores–, estaríamos, como mínimo, con un costo de 10.428 millones de pesos por año. Y el resto son los que ustedes ven allí. Entre 3.100 y 4.300 millones de pesos es lo que se gastaría si legalizáramos el aborto. Como conclusión y queriendo otra vez resaltar que el objetivo de nuestro estudio es determinar costos, no es razonable poder mostrar solamente los costos de lo que le costaría al sistema el aborto legalizado, sino también lo que hoy estamos pagando. No existe ninguna posibilidad de pensar que hoy las mujeres que acceden a un aborto inseguro no se contactan con el sistema de salud. Siempre, antes o después, mintiendo o no mintiendo, revelando el origen de su problema o no haciéndolo, se contactan con el sistema. Como conclusión, está claro que el beneficio de la legalización, estrictamente desde la perspectiva de los costos, es que el sistema ahorraría si nosotros hiciéramos legal la interrupción de embarazo. Los números son los que ustedes ven ahí, en base a las estimaciones que les contamos.
En el documento que tengo para dejarles hay muchos más detalles de estas cosas. Pero lo que sí importa -quizás no- es en términos absolutos el costo; porque, otra vez, al no saber cuántos abortos son los que tenemos -no sabemos si es ese número, si es más o si es menos-, lo que sí sabemos es que aún en el peor de los escenarios, aún cuando usáramos solamente el escenario de precios mínimos para el costo de las complicaciones actuales y el de precios máximos para el aborto legal, las diferencias son al menos de dos veces y media lo que hoy estamos gastando por encima de lo que gastaríamos. Si a eso le sumamos los costos privados -que no los estamos incluyendo-, los años de vida perdidos por muerte prematura, las consecuencias de todo tipo que tienen los abortos que no están contempladas acá, probablemente las diferencias sean muy superiores. Un ejercicio adicional que hicimos, y que no es menor, es que en la Argentina nosotros tenemos -y ya lo han escuchado muchas veces- un único oferente para el misoprostol porque no existe competencia en este mercado. El precio de venta al público del medicamento, que es el que hemos usado para esta estimación, es de 3.343 pesos las dieciséis pastillas.
No hay registro de mifepristona, que es la otra droga que recomienda la Organización Mundial de la Salud para la interrupción del embarazo. Por lo tanto, en el escenario de ir hacia la legalización del aborto también hace falta tomar algunas medidas regulatorias para permitir el ingreso y la competencia en el mercado de estas dos drogas. En un estudio que les recomiendo -que seguramente lo conocen- del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro se hizo un estudio muy profundo de cuáles es la disponibilidad de los fármacos en todos los países de Latinoamérica y el costo de esos medicamentos.
Hemos hecho el ejercicio, entonces, de suponer que podríamos obtener esos medicamentos a un costo menor, y esto podría ocurrir por la presencia de nuevos oferentes en el mercado o por la producción pública de este medicamento. Hay un proyecto -que también seguramente conocen- en el que se está trabajando en el Laboratorio LIF de Santa Fe para la producción pública del misoprostol con el objeto de ser utilizado en el sistema público de salud de esa provincia. Como ustedes saben, si los medicamentos no tienen registro en la agencia regulatoria solamente son de utilización en la provincia en donde se producen; pero, hecho este ejercicio, y suponiendo que esto fuera posible, esto permitiría aún ahorrar entre 500 y 800 millones de pesos adicionales, solamente por conseguir un medicamento a un precio menor. Nuevamente quiero agradecerles la posibilidad de presentar estos números. Hemos hecho el ejercicio con nuestra mayor honestidad intelectual, porque básicamente somos investigadores y no quisiéramos mezclar esta discusión con la discusión que todos estamos manteniendo y, que todos tenemos además, en términos de posiciones personales. Muchas gracias.
