Quienes siguen la política en Perú ya lo saben: que haya elecciones no significa tener los resultados oficiales al día siguiente. Ni siquiera la semana siguiente. Pero esta vez a un conteo particularmente lento se le sumó la diferencia de un puñado de votos entre los dos candidatos y la espera por la revisión de actas electorales previa a la proclamación oficial del resultado. El análisis del 98% del escrutinio indica que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ganó en una amplia mayoría de las regiones dentro de Perú mientras que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se impuso en todos los países del exterior. Extrañamente, las actas de Argentina llegaron más tarde que las de países más lejanos, dato que despertó la inquietud de Juntos por el Perú que además advirtió el cambio de la normativa electoral entre la primera y segunda vuelta que pasó la responsabilidad del recuento de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a la Cancillería.
Esta cortísima diferencia implicó un pedido de revisión de las actas electorales observadas por parte del candidato Roberto Sánchez. Desde su espacio, pidieron la revisión específica de los votos en Lima y el exterior aunque consideran que, ante los pocos votos que separan ambos partidos, lo mejor sería hacer un recuento de todo el proceso. Por su parte, Keiko Fujimori anunció que está dispuesta a dialogar con su contrincante, pero que el recuento de todo el proceso no está contemplado por la ley y sólo corresponde sobre actas observadas. Mientras tanto, Juntos por el Perú mantiene movilizaciones en diferentes regiones del país y lanzó una colecta para respaldar el financiamiento de la revisión electoral que en Perú tiene precio.
Los balotaje en Perú muestran una tendencia ajustada desde hace años, pero especialmente desde 2021, cuando Pedro Castillo le ganó a Keiko Fujimori en segunda vuelta y se desató un proceso de impugnaciones y denuncias de fraude que buscaba revertir los resultados. Finalmente, los cómputos fueron confirmados y Pedro Castillo, el candidato menos pensado, llegó a la presidencia con el respaldo del voto popular de sectores de la izquierda pero sobre todo, de los pueblos de la sierra, indígenas y campesinos.
Un escenario muy parecido tuvo lugar en abril de este año, con la primera vuelta, al confirmarse la tendencia que colocó a Sánchez en el balotaje y dejó fuera de juego al ultraderechista Rafael López Aliaga. “En el Perú hay una cooptación de las instituciones públicas que tiene también una expresión en la cooptación de las instituciones electorales. A partir de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, en 2021, se instaló una narrativa de fraude funcional a los intereses del grupo político de la dictadura, es decir, el grupo político de Fujimori. Rafael López Aliaga en la primera vuelta levantó esa narrativa de fraude sin ningún sustento concreto ni objetivo. Dilató de forma sistemática la entrega de los resultados en un tiempo normal para cualquier democracia y estado de derecho”, dijo a LATFEM Lucía Alvites, socióloga que formó parte del equipo de campaña de Juntos por el Perú.
”A partir del 12 de abril se dio una estrategia vinculada a desconocer la voluntad popular y a generar un golpe de Estado, como ha venido pasando en el Perú y en varias partes de América Latina”, aseguró la experta. Alvites enfatizó sobre la gravedad institucional que ponen de manifiesto la repetición de estos hechos y agregó. “No son como los antiguos golpes con tanquetas militares tomando el Palacio de Gobierno sino a través de argumentos legales truchos y, sobre todo, en la comunión de los poderes fácticos para desconocer la voluntad popular”.
En la noche del domingo 7 de abril, mientras iniciaba el conteo de los primeros votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la consultora IPSOS publicó el resultado de conteo rápido que daba por ganador a Sánchez. Esa misma noche, aunque advertidos por experiencia, desde Juntos por el Perú celebraron la noticia. Sánchez hizo un llamado por el “respeto democrático al sentido del voto del pueblo peruano”, prometió “terminar con la inestabilidad política que se ha apoderado de las instituciones” y “acabar con el pacto mafioso que se ha apoderado de la nación”.
Inesperadamente, y con la tendencia del triunfo de Sánchez sostenida, el titular de IPSOS desacreditó su propia proyección y abrió la posibilidad de que gane Fujimori. La declaración fue como leña al fuego y despertó todo tipo de sospechas en una metodología que, tal como afirmó Alvites, durante veinte años no arrojó resultados erróneos. Las especulaciones y sospechas fueron más rápido que el conteo y el malestar fue en ascenso cuando la variable que entró en juego para definir la elección fue el voto en el extranjero, que tardó tanto en computarse.
“Se ha dado un conjunto de situaciones inusuales a partir del voto en el extranjero, que es es un voto que no tiene mucho control y en el que ganaría Fujimori”, comentó Alvites e informó que los abogados de Juntos por el Perú ya están trabajando al respecto. “Tenemos la experiencia de haber visto como el fujimorismo quiso torcer la voluntad tratando de suplantar personeros de Juntos por el Perú por los de Fuerza Popular” y recordó también el fraude cometido por el dictador Alberto Fujimori en el año 2000.
Juntos por el Perú y sus fuerzas aliadas se mantiene en situación de alerta y movilización ciudadana y permanente “hemos estado movilizándonos desde el martes que hemos visto cómo se han dado estas irregularidades y defendiendo el voto, defendiendo la voluntad popular”, informó Alvites.
¿Qué dice este resultado?
Un escrutinio tan lento a la par de un sistema de conteo rápido que, después de veinte años podría haber arrojado el primer resultado erróneo, abre un contexto de especulaciones y desconfianza que solo abona a la crisis política e institucional que vive el país desde hace décadas. En tan solo diez años entre elecciones y destituciones Perú tuvo ocho presidentes, un récord más que singular, pero sin dudas, un rasgo particular de la inestabilidad política del país que se expresa también en esta elección y en la de 2021 al enfrentarse dos proyectos totalmente opuestos.
Aunque sin la proclamación oficial del ganador, podemos pensar que el resultado de este proceso es esta estrecha diferencia de votos que polariza al país. Quien gane tendrá del otro lado a su antagonista. Desde luego, el desafío no será el mismo para un proyecto que levanta el legado del dictador Alberto Fujimori que, para el otro vinculado a la identidad de los pueblos campesinos, indígenas, siempre negados y postergados por el neoliberalismo y el sesgo racista histórico.
Junto a Sánchez está la referenta indígena de Puno, Brígida Curo, candidata a vicepresidencia, quien fue objeto de todo tipo de desprecio racista durante la campaña. En este aspecto Lucí Alvites afirmó que “hay y ha habido una narrativa absolutamente racista. Ha habido un desprecio por el voto ciudadano indígena, popular que se fraguó desde 2021, cuando nadie esperaba que Pedro Castillo pasara a segunda vuelta, y que se mantiene al día de hoy”. Esta matriz racista negó a una gran parte de Perú su condición de sujeto político.
Por esto, la socióloga Lucía Alvites reflexiona sobre el contexto actual desde lo que dejó la destitución y condena del ex presidente Castillo. “Significó un golpe de Estado a Pedro Castillo en diciembre del 2022. El candidato a vicepresidente de Keiko Fujimori y senador electo, dijo abiertamente que no fue fácil sacar a Pedro Castillo y que ha habido toda una estrategia de contención donde estuvo el Ministerio Público, los medios de comunicación y el Congreso de la República. Lo que hubo en el Perú es la estrategia de un pacto mafioso, de corruptos que generó un golpe de Estado en 2022, que sostuvo la represión más cruenta que hemos tenido en las últimas décadas donde en tan solo un día 18 peruanos fueron asesinados en Juliaca, Puno, pero en su totalidad fueron más de 50 los asesinados, incluidos menores de edad, en el contexto de las protestas contra Dina Boluarte” cuya represión duró tres meses.
Recordemos que Boluarte fue vicepresidenta de Castillo y designada presidenta por el mismo Congreso que decidió la destitución del ex mandatario. Estos hechos provocaron el levantamiento de las regiones que apoyaron a Castillo y Boluarte fue la responsable política de la represión cuyos crímenes aún permanecen impunes. Ella también fue destituida el 10 de octubre de 2022 por “incapacidad moral” por no poder responder a la inseguridad y el crecimiento del crimen organizado. Dejó el poder con causas por delitos de lesa humanidad y su presuntas responsabilidad en hechos de corrupción. Se fue siendo parte de la trama que en Perú se identifica como el pacto mafioso del poder.
El peso del apellido Fujimori
Keiko Fujimori es la fundadora del partido Fuerza Popular. Desde esa plataforma logró articular no solo sus cuatro oportunidades de ser candidata a la presidencia, sino su estrategia de poder, especialmente desde el control del Parlamento. Fuerza Popular reivindica el legado del dictador y enarbola lo que para el fujimorismo fueron sus logros, la pacificación del país, la estabilidad económica y la inclusión social. Resulta difícil pensar en pacificación cuando sobre Alberto Fujimori pesan violaciones a los derechos humanos y causas como la de esterilización forzada a mujeres vulnerables. Este año la CIDH condenó al Estado peruano al considerar que el caso de Cecilia Ramos Durand en 1997 “no constituye un caso aislado, sino que fue parte de una política estatal masiva” cuyo responsable fue Fujimori.
“Vuelve Fujimori, vuelve el orden” fue el leitmotiv de una campaña acentuada en combatir la inseguridad. El plan de pacificación de Keiko no es otro más que la militarización de los territorios, la implementación de un sistema predictivo del delito con inteligencia artificial y la reconciliación o amnistía a los acusados por violaciones a los derechos humanos entre los años 1980 y 2000.
La estabilidad macroeconómica es celebrada por las derechas de Perú y de otros países de la región en base a un sistema predominantemente extractivo. “La estabilidad del modelo neoliberal peruano está sostenida en la crisis que pagan los pobres del Perú, en el trabajo precarizado que tiene millones de personas”, afirmó Alvites. “Está sostenido en un sueldo mínimo que no puede garantizar ni siquiera el 70% de la canasta básica alimentaria. Estas grandes cifras macroeconómicas que los neoliberales en Perú las alaban todo el tiempo que las he escuchado en Argentina del gobierno y los sectores más fascistas las admiran, están hechas con el trabajo absolutamente inestable, precarizado, con falta de vivienda, de salud y de educación en nuestro país. ¿Cómo puedes hablar de un modelo exitoso en el Perú si más del 40% de las infancias tienen anemia? ¿Cómo puedes hablar de un sistema y de cifras macroeconómicas exitosas en el Perú cuando más del 70% de la población económicamente activa está en trabajos informales? Este supuesto modelo ejemplar del Perú con sus cifras macroeconómicas está sustentado en las crisis económicas profundas que vive el pueblo peruano”. Dicho esto, quedan serias dudas de un plan de gobierno que garantice la inclusión social.
El apellido Fujimori es caudal de votos y en la misma medida antifujimorismo, especialmente para los pueblos que vivieron en carne propia al dictador y con fundamento, ven con preocupación y desconfianza que su hija llegue a la presidencia.
El sombrero Castillo vuelve al Palacio de Gobierno
Sánchez nació en Huaral, un territorio agrícola de la costa, se recibió de psicólogo en la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y cuenta con una sostenida trayectoria política. Fue uno de los fundadores de Juntos por el Perú, ex ministro de Castillo y legislador con mandato hasta 2026. Un mes antes de la primera vuelta el ex presidente desde la prisión donde cumple condena por conspiración y rebelión manifestó su apoyo y le hizo entrega de su emblemático sombrero.
Así el candidato de Juntos por el Perú llegó con ese respaldo a cada uno de los territorios que caminó durante la campaña con el mensaje de lograr la libertad de Castillo y ponerle fin al “pacto mafioso”, esa articulación de diferentes sectores del poder que gobierna Perú para encauzar un nuevo pacto social que permita ponerle fin a la Constitución neoliberal diseñada por Alberto Fujimori.
El plan de gobierno de Sánchez tiene como desafío revertir una economía dependiente del modelo extractivista; reducir la pobreza y desigualdad persistente; y disminuir la brecha territorial respecto al centralismo que concentra el 45% del PBI en Lima. Ante una crisis política sostenida Juntos por Perú le habla a las y los trabajadores, a los pueblos y a la juventud para proponer un Nuevo Pacto Social para una nueva Constitución.
La influencia del fujimorismo recae sobre diferentes sectores del establishment peruano y durante estos años su poder se expresó particularmente en el Congreso. “Este parlamento está dominado por el fujimorismo y por el pacto de corruptos”, sostuvo Lucía Alvites y añadió que entre otras cosas, “eliminó el derecho a referéndum del pueblo peruano y no tiene derecho a ejercer un voto para decidir, por ejemplo, una asamblea constituyente para decidir un cambio de Constitución, entre otras cosas. Mientras tanto, este mismo parlamento ha cambiado más de 50 artículos de la Constitución. Entonces, lo que hay es la conversión a un sistema de dictadura parlamentaria”.
En este aspecto, se abre otro interrogante ya que, ante la llegada de cada nuevo presidente la pregunta inmediata es ¿cuánto va a durar?, dada la frecuencia que en estos diez años de destituciones impulsadas desde el Parlamento el fujimorismo fue protagonista de la maniobra. Con estas elecciones el Congreso vuelve a ser bicameral, es decir, regresa la cámara de Senadores y, por otra parte, Fuerza Popular no tiene mayoría automática y quedó con la primera minoría seguido por Juntos por el Perú. Esto podría contraponer limitaciones a la concentración de poder y no hacer tan sencillo el mecanismo de vacancia presidencial, entre otras cosas vinculadas a la estabilidad política y democrática.
El escenario sigue abierto a la espera de la revisión de votos y la proclamación del resultado oficial en julio. Mientras tanto, la mitad de la población se mantendrá atenta a cuidar el voto popular.
