Vengo a este recinto como mujer, madre de tres maravillosos hijxs, trabajadora social y neuquina por adopción, pero fundamentalmente estoy aquí como MILITANTE POLITICA Y PERONISTA.
Señalo los diferentes roles que tengo como sujeta, no por exceso autorreferencial, sino para mostrar que las personas nos desenvolvemos en una simultaneidad de roles que nos obligan a cumplir con determinadas responsabilidades y preceptos establecidos. Claramente no podemos escindirnos pero sí es necesario reconocer las diferencias entre cada uno de ellos.
Si bien todas y cada una de las personas tienen prácticas políticas, aunque no puedan reconocerlas, algunxs elegimos la participación activa y consciente en ese universo y muchxs sabemos además que es la política la única herramienta que tenemos los pueblos para defender nuestros derechos, a diferencia de los poderosos, que utilizan el poder económico como herramienta para someternos.
Quizás algunx se pregunte porque esta introducción que no menciona el tema del presente debate, y es porque la sensación que algunxs estamos teniendo es que el debate sobre la despenalización del aborto se ha enmarañado lo suficiente como para permitir que quienes tienen responsabilidad política sobre esta decisión, utilicen argumentos que nada tienen que ver con ella.
Lxs peronistas, llevamos la Justicia Social como bandera, porque en ella está el reconocimiento de los derechos de los sujetxs vulnerados, silenciados y negados. Nos reconocemos a las mujeres e identidades diversas como parte de ese universo que el poder patriarcal ha vulnerado sistemáticamente, por eso resulta inverosímil que tengamos legisladorxs que duden del voto que deberían emitir en esta oportunidad. Nuestros legisladorxs no deben ser librepensadores que se escuden en supuestos morales, sino que deben comprender que en esta Argentina muchas mujeres pobres mueren por día por practicarse abortos clandestinos, o son encarceladas por intentar hacerlo. Que en esta Argentina hipócrita, las mujeres de clase media concurren a clínicas privadas donde se les practican “legrados” y a las pobres se las acusa de asesinas cuando entran a un hospital público con una infección porque utilizaron el tallo de perejil que en algún lugar escucharon que servía para liberarse de ese embarazo no deseado.
No nos interesan las posiciones individuales frente a esta intervención. Seguramente muchas de las mujeres que están en este recinto han pasado por esa decisión, y por las edades predominantes en esta cámara, lo han hecho antes de la divulgación del misoprostol como método seguro por excelencia, con lo cual saben que ninguna mujer utiliza la práctica del aborto como si fuera una sesión de depilación. ¿Porqué entonces creer que la protección del estado hacia las mujeres que deciden hacerlo, por las innumerables razones por las cuales llegamos a esa decisión, podría desencadenar en un aborterismo sin dimensiones?
Decía que no nos interesan las posiciones individuales, porque lo que discutimos en este momento en la Argentina no es moral, sino político. Es política de Salud Pública, es el reconocimiento de que las personas que tenemos capacidad de gestar tenemos derecho a decidir sobre si queremos o no hacerlo, y el momento para ello.
Es necesario aclarar en este punto que la práctica de la interrupción del embarazo es y deberá seguir siendo el último eslabón de la cadena, nosotras creemos firmemente en que la educación sexual integral sigue siendo la mejor herramienta para que las mujeres, los varones y aquellas personas con capacidad de gestar, vivamos la sexualidad en plenitud y la planificación reproductiva responsable entre en las agendas de las personas.
Es necesario aclarar en este punto que la práctica de la interrupción del embarazo es y deberá seguir siendo el último eslabón de la cadena, nosotras creemos firmemente en que la educación sexual integral sigue siendo la mejor herramienta para que las mujeres, los varones y aquellas personas con capacidad de gestar, vivamos la sexualidad en plenitud y la planificación reproductiva responsable entre en las agendas de las personas.
Quizás sea necesario aclarar también, algunas contradicciones entre lo declamado y lo efectivizado. Mientras los representantes del actual gobierno se oponen a la legalización de esta práctica, el estado distribuyó en el año 2016 un 90 % menos de los preservativos previstos en el periodo anterior; vacía el programa de Educación Sexual Integral que pasó de capacitar 55.000 docentes en el año 2015, a apenas poco más de 1.000 el año pasado. Eso sin contar otras trabas que hubo en varios puntos de nuestro país, por ejemplo en nuestra provincia de Neuquén, en diversos establecimientos educativos privados religiosos se opusieron a que se aplique la misma. Incluso tuvimos la oposición en establecimientos públicos por padres y madres provenientes de iglesias evangélicas a que sus hijxs asistan a clases que adhieran al programa de educación sexual integral.
Los legisladorxs de este recinto, deben saber que en el trasfondo de este debate lo que se está discutiendo no es si permitimos o no la interrupción voluntaria del embarazo, sino si en la Argentina se deja de condenar la vida sexual activa de las mujeres. ¿Porqué sino los “defensores de la vida” aceptan la interrupción del embarazo en caso de violación? Porque lo que se condena es como llegamos las mujeres a quedar embarazadas. Quien de los presentes no ha escuchado, o dicho, “si abrió las piernas que se banque las consecuencias”, señoras y señores, nosotras hoy venimos a decir que no aceptamos más la condena, ni la culpa por vivir libres nuestra sexualidad, venimos a decir que queremos decidir cuándo y cómo ser madres, venimos a decir que el estado no vacíe las políticas públicas que garantizan la educación sexual integral, venimos a decir que queremos que quienes tienen responsabilidad política asuman esa responsabilidad sobre la protección de los derechos de las que mueren por abandono del estado.
Queremos expresar finalmente que no buscamos una norma declarativa o la sola despenalización de un procedimiento médico. En caso de que se apruebe la IVE, no podemos quedar a merced de una ley inaplicable que reclame otra norma programática a futuro, queremos una ley que garantice en su totalidad el derecho, con lo recursos necesarios para hacerlo efectivo.
