El 23 de junio de 2018 Luz Aimé Díaz, una joven trans salteña, ofrecía servicios sexuales en una esquina del barrio porteño de Palermo cuando dos hombres la contrataron y la llevaron a un departamento cercano en la calle Güemes. Una vez terminado el servicio, ella se fue. Dos meses después, unos polícias que se hicieron pasar por clientes, la detuvieron en la calle. La acusaban por un delito que había ocurrido en aquel departamento de Palermo y que ella desconocía. En una habitación del lugar habían violentado a un hombre en un ataque homo-odiante maniatandolo y amordazándolo. Las cámaras de seguridad habían registrado la entrada de Luz al edificio. Más allá de haber estado allí, no hay pruebas en su contra. En abril será juzgada y enfrenta la posibilidad de una condena perpetua. Fue procesada con una carátula desproporcionada: “homicidio triplemente agravado en grado de tentativa”.
La fiscalía no investigó ni identificó a los hombres que contrataron a Luz. Cuando el fiscal de instrucción Andrés Madrea pidió a la jueza de instrucción Paula López la detención de la joven, la categorizó como autora del crimen y cambió la calificación del hecho. La carátula pasó de privación de la libertad con robo a tentativa de homicidio triplemente agravado. El juicio estaba pactado para febrero pero fue postergado en dos ocasiones. Finalmente, este viernes 11 de septiembre, a las 11.30 hs., comenzará el juicio contra Luz en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Capital Federal.
Luz tiene 23 años y está casi ciega. Llegó a Buenos Aires hace casi tres años desde Salta. Se instaló en el hotel Gondolín y comenzó a estudiar en el Bachillerato Mocha Celis. Desde adolescente vivió ataques transodiantes; uno de esos la dejó ciega de un ojo y con la pérdida parcial de la visión en el otro.
Luz tiene 23 años y está casi ciega. Llegó a Buenos Aires hace casi tres años desde Salta. Se instaló en el hotel Gondolín y comenzó a estudiar en el Bachillerato Mocha Celis. Desde adolescente vivió ataques transodiantes; uno de esos la dejó ciega de un ojo y con la pérdida parcial de la visión en el otro.
La fiscalía construyó sobre ella una hipótesis ficcional si se tiene en cuenta su discapacidad e hiper vulnerabilidad: dicen que lideró una banda criminal. Una cadena de significación común asociada a las trabajadoras sexuales es pensarlas como criminales, este contenido estigmantizante se refuerza cuando se trata de personas trans. La historia de Luz refleja cómo actúa la justicia patriarcal.
Al comienzo de la causa Luz estuvo detenida durante ocho meses en Ezeiza, hasta que su abogada defensora Luciana Sánchez, con la asesoría jurídica de Lara Bertolini, consiguió que espere el debate oral en prisión domiciliaria.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) participó como perito de parte para proveer un dictamen técnico sobre la situación de la joven. “Desde julio de 2018 está sometida a un proceso revictimizante y discriminatorio en el marco de un sistema judicial sin perspectiva de género ni de derechos de las personas con discapacidad”, dijeron desde el organismo de derechos humanos en un comunicado.
“La construcción judicial de la imputación asocia la vida pública de las personas travestis y trans, y particularmente aquellas que ejercen el trabajo sexual, con un comportamiento delictivo. Las consecuencias del accionar deficiente de la justicia concluyen, al menos, en tres direcciones, personas inocentes terminan encarceladas, las víctimas de delitos no obtienen justicia y los responsables terminan impunes”, dijeron desde el CELS..
Alrededor de Luz se armó un colectivo que intenta revertir la situación injusta que ella atraviesa: la Campaña por la Absolución de Luz Aimé. La primera conquista fue sacarla de la cárcel en la que estaba esperando el juicio. Ella ahora está en el Hotel Gondolín y su historia logró una repercusión nacional. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Capital Federal decidirá si absuelve a esta joven criminalizada por pobre, trabajadora sexual y trans.
