“Hoy puedo decir que no solo han ganado las mujeres, ha ganado la democracia en Chile”, dijo Michelle Bachelet después de promulgar una de las leyes más emblemáticas de su gobierno. Fue en un masivo e histórico acto en La Moneda. Las chilenas tuvieron que esperar casi 30 años para poder decidir si interrumpen sus embarazos en caso de que sus vidas estén en peligro, por inviabilidad fetal y violación.
“Con esta ley estamos saldando una deuda enorme con las mujeres de Chile, y además nos estamos poniendo a tono con las legislaciones del mundo, que nos han hecho ver que la penalización a todo evento de la interrupción del embarazo representaba un incumplimiento en materia de respeto a los Derechos Humanos, porque ponía a riesgo el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las mujeres”, agregó la única presidenta mujer en Latinoamérica y el Caribe.
Pasaron dos años y ocho meses desde la presentación del proyecto y su promulgación. Bachelet y la campaña del movimiento de mujeres chilenas fueron la llave para revertir la injusta situación que se vive desde 1989.
Chile estaba en la lista de los países de Latinoamérica y el Caribe que prohíben el aborto en todas sus formas, aún en casos de violación, junto con República Dominicana, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
El 31 de enero de 2015, durante su segundo mandato, la mandataria envió al Congreso Nacional el proyecto de ley cuya sanción todavía está pendiente. Este año, después de haber pasado por el Senado, en la Cámara de Diputados y Diputadas el resultado de la votación fue 66 votos a favor, 40 en contra, una abstención y se registraron cinco “pareos”. Estos dos últimos mecanismos fueron la traba para que se avanzara en la sanción. La abstención fue del representante legislativo de la Democracia Cristiana, Marcelo Chávez. Y además hubo un “acuerdo entre caballeros” para no lograr quórum. Cristián Campos del Partido por la Democracia; los radicales Fernando Meza y José Pérez; y Patricio Vallespín, de Democracia Cristiana utilizaron la herramienta del “pareo”. Se trata de “un acuerdo entre dos parlamentarios, de distintas bancadas o comités, a través del cual durante un plazo determinado, se comprometen a no participar en ninguna votación si uno de ellos está ausente”. Esta situación obligó a constituir una comisión mixta compuesta por 5 diputados o diputadas y 5 senadores/as.
La Comisión Mixta aprobó por 6 votos contra 4 un inciso que autoriza a las menores de 14 años a acudir a un tribunal cuando sus representantes le impiden abortar por la causal de violación. Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta por 70 votos a favor, 45 en contra y una abstención. Lo mismo ocurrió en el Senado con 22 votos a favor y 13 contra. Finalmente, el 21 de agosto, el Tribunal Constitucional rechazó los requerimientos por 6 votos a 4.
