No hubo que esperar hasta la una de la mañana del lunes 29 de julio. No fue necesario que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano diera el triunfo de Nicolás Maduro por el 52% de los votos para que la oposición encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia declarara fraude. Pero sí se esperó el detalle de los resultados y las actas de votación para probar la victoria y reelección del presidente, que aún no llegaron.

Algunos días más tarde, González Urrutia y Machado presentaron una página web que reporta los resultados recolectados por ellos: esas actas exhibidas daban una victoria de González Urrutia con el 69% de los votos, contra un 30% de Maduro. 

Esta situación generó una alarma a nivel nacional y continental que se tradujo en una creciente desconfianza de la veracidad de los resultados. La población opositora, capitalizada por la coalición liderada por Machado, salió a las calles a denunciar el fraude. Por su parte, Maduro denunció un intento de golpe de Estado junto a sus Fuerzas Armadas y respondió a la movilización masiva con represión, algunos muertos y centenares de detenciones arbitrarias en varias ciudades venezolanas. La misión internacional independiente de derechos humanos en Venezuela de la ONU reportó seis muertos y decenas de heridos. Por su parte, la organización de derechos humanos Foro Penal reportó once asesinatos bajo revisión y mil diez arrestos arbitrarios en las protestas.

Demostrar la victoria

Con el mundo mirando a Venezuela, el miércoles pasado Maduro se presentó en el Tribunal Supremo de Justicia para presentar un recurso de amparo contra el hackeo masivo que denunció desde la noche del domingo. El hackeo habría retrasado la emision de los resultados electorales, que se esperaban para las diez de la noche pero que recién llegaron pasada la una de la mañana. Desde el Tribunal, Maduro dio un discurso en el que sostuvo que se someterá a la Justicia si lo solicitan y dijo que estaba en condiciones de presentar el 100% de las actas de la elección. Eso generó expectativas. Sin embargo, días más tarde, aún no hay acceso a las actas.

El viernes 2 de agosto, Maduro y los demás candidatos se reunieron frente al Tribunal Supremo Justicia para presentar las pruebas de las incongruencias. Pero González Urrutia no se presentó. Por tanto, como explica a LATFEM Jennifer Mujica, participante del Movimiento Futuro Venezuela que forma parte del Gran Polo Patriótico, la oposición de Machado no presentó su disconformidad de manera formal: “Hay dos formas de poder apelar las elecciones: uno, solicitar impugnar ante el CNE, y dos, presentar ya en el Tribunal Supremo de Justicia las actas con incongruencia. Ninguna de las dos cosas formalmente se hizo”. La ausencia de la oposición mayoritaria en el espacio buscaba dar un mensaje de desconfianza en la justicia venezolana que consideran que está cooptada por el Poder Ejecutivo. Pero para el oficialismo, la ausencia funciona como una confirmación de que no tienen las pruebas para denunciar el fraude. En este sentido, Jennifer destaca que la oposición tampoco firmó el Acuerdo de Reconocimiento de los Resultados Electorales, por ende se especulaba que “iba a haber un no reconocimiento del resultado electoral y por ende del Consejo Nacional Electoral”.

En este mismo sentido, la oposición denuncia que las irregularidades respecto al proceso como conjunto comenzaron antes. En abril de este año dirigentes y opositores de Venezuela denunciaron la inhabilitación de cinco políticos por quince años sin motivos claros, todos pertenecientes a partidos que forman parte de la Coalición Plataforma Unitaria, liderada por Machado. Se trataba de dos alcaldes en ejercicio —Elías Sayegh en El Hatillo y José Antonio Fernández López de Los Salias— y tres exdiputados —Juan Carlos Caldera, Tomás Guanipa y Carlos Ocariz—. Estos candidatos se suman a una lista  variada de inhabilitaciones políticas, entre las que se encuentra la de Machado, principal referenta de la oposición actual, así como la de su primera candidata para la presidencia, María Corina Yoris. 

Además, de cara a los comicios presidenciales, hace algunos meses el Partido Comunista Venezolano (PCV) también denunció con un comunicado datado de marzo, la violación al Estado de derecho en Venezuela, así como el cercamiento de los derechos políticos ejecutado por el Gobierno nacional. Según denunciaron, el Poder Ejecutivo no les permitió presentar a su candidato electoral Manuel Isidro. Es el mismo partido que el día después de los comicios denunció la falta de transparencia del proceso electoral llevado a cabo por el CNE. 

Aún con estos antecedentes, la previa de las elecciones del 28 parecía tener otro tono. “Me produce muchísima admiración ver que el pueblo venezolano salió a votar masivamente a las urnas el domingo a pesar de todos los años de atropellos, amedrentamientos y manipulaciones del Gobierno”, dice a LATFEM Fanny Gomez-Lugo, abogada, profesora universitaria y feminista queer venezolana residente en Estados Unidos.

Pero minutos antes del anuncio oficial sus expectativas empezaron a desmoronarse. Luego, llegaron las denuncias internas e internacionales de fraude y la movilización popular. 

De apoyos y silencios

Más rápido que inmediatamente, el Gobierno argentino encabezado por Javier Milei denunció el fraude abiertamente. Esa misma noche, Argentina sacó un comunicado conjunto con otros países de la región (Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) en el que expresan preocupación por el desarrollo de las elecciones y piden la revisión en presencia de veedores internacionales. Además, llaman a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a una reunión de emergencia para abordar el asunto. La emisión de este documento fue denunciada como injerencia extranjera por el gobierno de Venezuela. 

El lunes siguiente a los comicios, el gobierno de Maduro anunció el retiro del personal diplomático de varios países de la región: Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se trata de los países cuyos gobiernos fueron más determinantes en las denuncias de las irregularidades de los comicios.

Paralelamente, la cautela ante la situación de países clave, como Colombia, México y sobre todo Brasil, se volvió contundente. La cautela se debe a la espera de que Maduro presente las actas que comprueben su resultado electoral porque saben que no pueden aceptar el resultado de esta forma. 

La reunión de la OEA se realizó el miércoles pasado por la tarde en Washington, luego de la publicación de un comunicado firmado únicamente por su secretario general, Luis Almagro, en el que desconoció los resultados electorales y denunció la aplicación de un sistema represivo para distorsionar el resultado electoral. Almagro, exministro de Relaciones Exteriores de Uruguay durante la presidencia de José Mujica, incluso sostiene que el gobierno de Maduro se burló de los actores internacionales. Pero en Washington no hubo quórum para firmar una declaración conjunta de los Estados miembro que sostuviera lo mismo, como esperaba la canciller argentina, Diana Mondino. Ni tampoco se solicitó la imputación y orden de captura internacional contra Maduro en la Corte Penal Internacional, como quería Almagro, retrucando sus propias declaraciones. 

La abstención de Colombia y Brasil, así como la ausencia de México dieron de baja la resolución que pedía a Maduro que entregue las actas que debe. Los presidentes de México y Colombia, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, dudan sobre la legitimidad de la OEA como organismo imparcial. El cuestionamiento se remonta al apoyo del organismo al golpe de Estado en Bolivia en 2019. 

Por su parte, Lula da Silva sigue posicionándose con cautela, coordina reuniones con Estados Unidos, pide a Maduro que entregue las actas e intenta resolver problemas logísticos (como representar a la Argentina en Venezuela y ocuparse de los opositores asilados en nuestra embajada en Caracas después de la expulsión del personal diplomático). Lula propone siempre la salida institucional: “Estoy convencido de que es un proceso normal y tranquilo. Lo que se necesita es que la gente que no esté de acuerdo tenga derecho a expresarse, tenga derecho a probar por qué no concuerda y el Gobierno tiene derecho a probar que está bien lo que está haciendo”.

En su visita a México, con una agenda que incluye distintas actividades, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner habló sobre las elecciones venezolanas en el cierre de un seminario internacional, apoyó el comunicado conjunto de los presidentes de Brasil, Colombia y México, y pidió que el gobierno venezolano publique las actas “por el legado de Hugo Chávez”.

Mientras tanto, desde Estados Unidos no se pronunciaron sobre los resultados más que para exigir la transparencia del proceso electoral. Pero el jueves el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, respaldó los resultados difundidos por la oposición. En otro momento histórico, esta situación habría despertado un alarmismo profundo, articulado en el discurso con el fracaso del sistema socialista y materializado con inmediatas sanciones económicas. 

Sin embargo, durante los últimos años la relación entre Estados Unidos y Venezuela cambió, algo que se tradujo, entre otros temas, en un alivio de las sanciones económicas que permitieron al gobierno de Maduro buscar acuerdos transnacionales para la empresa nacional de petróleo, Petróleos de Venezuela (PDVSA). Una reconfiguración de la relación diplomática que se articula en la previa de una elección clave para el Partido Demócrata en noviembre y en el marco de las crisis energética y migratoria que son centrales en la política estadounidense. Un alivio que le permite al gobierno venezolano generar  una sensación de abundancia y de superación de la crisis local de cara a la visita de veedores internacionales, como describe Pablo Stefanoni en Nueva Sociedad. 

La deuda social

Para entender Venezuela, es necesario situarnos en que se trata de un país completa y profundamente dependiente de la producción de petróleo, que representa un 94% de sus exportaciones. Es por eso que podemos entender el declive económico a través de la reducción de la producción de crudo para exportación, que pasó de los tres millones de barriles por día que se producían antes del chavismo, a los 800 mil barriles diarios producidos en la actualidad, como explica José Natanson en Radio con vos. A los tiras y aflojes entre el Gobierno y la gerencia anterior por la nacionalización de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), se le sumaron los impactos de las sanciones económicas de Estados Unidos a partir de 2017. Sanciones que le impidieron a PDVSA refinanciar su deuda, seguir sosteniendo la producción y comprar repuestos. O sea que si bien el declive empieza antes, se profundiza por los alcances de las sanciones.

De hecho, los alcances de las sanciones se vuelven concretas cuando por el alivio de las mismas durante la gestión de Joe Biden en Estados Unidos, se duplicó la producción de 400 mil barriles por día. Este cambio, marcado por los acuerdos con la petrolera transnacional Chevron, tuvo un impacto positivo en la economía venezolana, que según el FMI reporta un crecimiento de 4% del PBI de este año. Un movimiento de Estados Unidos que se corresponde con la urgencia de gestionar la crisis migratoria que proviene de Venezuela hacia la diáspora, con 7.7 millones de venezolanos que abandonaron su país en los últimos diez años, como cuenta Lucía Cholakián Herrera en elDiarioAr. 

Pero el crecimiento registrado por el FMI no se distribuye de manera pareja en la sociedad venezolana, aun cuando impacta en el comercio y el consumo de la vida cotidiana: “Venezuela es un país altamente desigual y lamentablemente en la última década se ha hecho mucho más desigual, sobre todo en los últimos cinco años”, dice a LATFEM Masaya Llavaneras Blanco, venezolana residente en Canadá, profesora universitaria y activista feminista. La situación se complejiza aún más al abordar la deuda del gobierno venezolano en materia de salud y educación. Al respecto,  Masaya sostiene que “en la práctica, el acceso a la salud pública se ha privatizado. En Venezuela no se puede recibir servicios de salud pública si uno no compra todos los insumos necesarios”. En este sentido se cuestiona el carácter del gobierno de Maduro, que parece tener un accionar de derecha, alejado del proyecto político del chavismo. 

Masaya también explica que inevitablemente, estas condiciones son peores para las mujeres y diversidades, que además tienen enormes complicaciones para acceder al derecho a la salud sexual y reproductiva. Esto se suma a los alarmantes niveles de violencia obstétrica registrados en Venezuela. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, Venezuela tiene la segunda tasa de mortalidad materna más alta de toda América Latina y el Caribe, sólo superada por Haití. Paralelamente, la criminalización del aborto es una problemática creciente y la reproducción de lógicas misóginas es una de las lógicas que articula el discurso de Maduro, quien sostuvo en los últimos años varias veces que el rol de las mujeres es parir. 

Esta dimensión, se suma a otra problemática muy compleja, que es la destrucción del salario mínimo, fijado en 130 bolívares equivalentes a menos de cuatro dólares al mes. Por eso es cada vez más grande el sector de la población que depende de las ayudas estatales y de changas que puedan conseguir para poder subsistir. Así las clases populares, históricamente alineadas con el chavismo, se cruzan de vereda. Emerly Tapia, estudiante venezolana de relaciones internacionales en Buenos Aires, dice a LATFEM: “Yo veo a la sociedad venezolana en un punto de quiebre, muy agotada de tantos años de mantenerse en modo supervivencia a nivel económico, social y emocional. Y se notó en cómo salieron a las calles apenas se cantó el fraude, inclusive bajando a las calles esos sectores más humildes de Caracas que siempre fueron bastiones del chavismo”. La oposición de María Corina Machado supo capitalizar ese descontento. 

Símbolos de la bisagra

Estas elecciones y los días que vinieron después parecen ser el punto cúlmine que da cuenta del agotamiento y la frustración de una población que no encuentra una salida institucional y democrática a una crisis política, social y económica. La bisagra la marcan los gobiernos progresistas de la región, históricamente alineados con el chavismo y a los anteriores gobiernos de Maduro, que esta vez no están dispuestos a poner las manos en el fuego. Exigen una mayor prolijidad institucional al gobierno de Venezuela.

Además, aparecen otros símbolos clave, como el comunicado del Centro Carter, veedor en las elecciones y cuya labor fue legitimada por el Gobierno nacional. En esta ocasión, expresaron que los comicios de este año no pueden ser considerados como democráticos por no adecuarse a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral. La respuesta de Maduro fue la denuncia de que el informe lo tenían escrito de antes y que ellos habían accedido al mismo con un mes de anticipación. Algo que no sólo no denunciaron, sino que no se corresponde con la invitación del mismísimo CNE al Centro Carter a participar de los comicios.

La población movilizada en las distintas ciudades venezolanas, pero también los casi ocho millones de la diáspora, piden al mundo que ponga los ojos en Venezuela. Las calles del país se vuelven cada vez más tensas, con el choque entre las fuerzas de Maduro y movilizaciones masivas, a favor y en contra del Gobierno. La postergación de la demanda democrática ya no parece ser una opción para el pueblo venezolano.