Según su normativa de creación, el Programa “Ciudadanía Porteña. Con todo derecho” -vigente desde 2005 en la Ciudad de Buenos Aires- consiste en una prestación monetaria mensual por hogar beneficiario que se otorga de acuerdo a determinadas condiciones y pautas. Tiene como objetivo sostener el acceso a la alimentación de los beneficiarios así como promover el acceso a la educación y protección de la salud de los niños, niñas, adolescentes y su grupo familiar.
El programa otorga un monto promedio de 15 mil pesos que alcanza una cobertura total de 41.669 familias e incluye un componente adicional por cada niño, niña y/o adolescente escolarizadx (en la actualidad incluye a poco más de 23 mil estudiantes). El subsidio se entrega a través de una tarjeta bancaria precargada, que puede ser utilizada únicamente para la adquisición de alimentos, productos de limpieza e higiene, útiles escolares y combustible para cocinar.
Se trata de una política de transferencia condicionada de ingresos. Es decir, transfiere dinero por parte del estado hacia los sectores de menores ingresos y establece una serie de requisitos “ex ante” (para su acceso) y “ex post” (de cuyo cumplimiento depende su continuidad). Esto último es lo que se conoce como condicionalidad o corresponsabilidad.
Esas corresponsabilidades están agrupadas en materia de salud y educación. En materia de educación la condicionalidad establece que debe acreditarse la escolaridad cumpliendo con la asistencia, la permanencia y procurando la promoción al año siguiente con la presentación del certificado de alumnx regular de cada hijx cada tres (3) meses.
La novedad es la redefinición del concepto de regularidad más allá de la matriculación. A partir de ahora, para el Ministerio de Educación porteño, la regularidad se ata al presentismo medido porcentualmente en períodos bimestrales. La polémica desatada surge a raíz de las declaraciones del Jefe de Gobierno y la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Sostenidos en la importancia de devolverle a la escuela su protagonismo y de la concurrencia diaria a clases se refirieron a la responsabilidad compartida entre estado y familias para lo que pareciera solamente alcanzar con el apoyo y el compromiso de las últimas como la mejor manera de revertir lo que caracterizan como “la actual crisis educativa”.
“Quienes no manden a sus hijos a la escuela van a dejar de percibir el adicional por hijo”. Mediante una suerte de abordaje interministerial (Educación junto a Desarrollo Humano y Hábitat) el GCBA anunció que buscará garantizar la continuidad escolar y evitar la deserción. Lo que no dijo es cómo ni con qué recursos. Afirmaron que si después de 3 meses de contactarlos “y todo” la situación no cambia se les dará de baja el adicional. ¿Qué es eso a lo que Larreta llama “y todo”? Nadie sabe. La única certeza es que pasados 6 meses se dará la baja total al beneficio. En el mismo anuncio invita al gobierno nacional a que imite la medida y pone el acento en conceptos tales como el esfuerzo y el mérito.
La ministra agregó que se trata de un esquema de incentivos y que la asistencia a clases no debe ser una opción, sino una obligación. “Los chicos tienen derecho a estudiar y nosotros estamos acá para garantizarlo. Mientras el falso progresismo sólo crea más dependencia del Estado, en la Ciudad formamos personas libres e independientes”, sostuvo Acuña delineando enemigos ideológicos pero evitando mencionar la subejecución presupuestaria en infraestructura, la falta de más de 50 mil vacantes y la desigualdad creciente en la jurisdicción a su cargo. La potencial vulneración de derechos hacia niñas, niños y adolescentes que se verá profundizada a partir de la decisión, se condimenta con estas declaraciones que la reproducen y la refuerzan.
Son discursos focalizados en la sanción sobre la población beneficiaria del programa social. Es una redefinición que castiga a las familias que ya se encuentran en situación de vulneración socioeducativa y sanitaria al quitarles la asignación de ese recurso. Con el pretexto de buscar revertir la deserción y el ausentismo escolar -problemática preocupante pero que excede a la población destinataria del subsidio- culpabiliza a las familias pobres de su propia situación sin atender las causas profundas.
Los programas de transferencia condicionada vienen sosteniéndose como estrategia para atender los problemas de pobreza en nuestra región desde que se inició el siglo XXI. En Argentina, una política universalizada de transferencia condicionada de ingresos es la Asignación Universal por Hijx (AUH). Enmarcada en una perspectiva de derechos integral y parte de un proceso de ampliación del sistema de seguridad social en articulación con otras preexistentes, la AUH es una política que implica el reconocimiento del derecho de niños, niñas y adolescentes a estar incluidos y a un estándar básico de vida, bienestar y seguridad económica.
La corresponsabilidad sostenida de manera equilibrada entre ambas partes no sería un problema, siempre que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar las condiciones para que la responsabilidad de lxs sujetxs del derecho se cumpla. El dilema ocurre cuando las condicionalidades relacionadas con la asistencia escolar y el control de salud se interpretan -y ejecutan- de forma punitiva y su incumplimiento tiene como consecuencia la pérdida de ese derecho. Hay una idea difundida que argumenta que estos programas pueden lograr mayor apoyo por parte de la población -los contribuyentes que consideran que con sus impuestos se financian estos programas ¿les suena?- si se imponen condicionalidades y se refuerza el control sancionatorio.
Las mujeres pobres bajo sospecha
En un informe titulado Ciudad desigual, el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas da cuenta de que -según RENABAP- en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires el 63,5% de las viviendas tiene como responsable de hogar a una mujer. Esta categoría, a diferencia de la jefatura de hogar, refiere a quien lleva adelante las tareas nodales para el sostenimiento cotidiano del hogar, donde el ingreso no es la única variable.
Al proceso de feminización de la pobreza, que define fundamentalmente a la menor capacidad de las mujeres y diversidades de generar ingresos propios debido a los crecientes mecanismos de exclusión genérica tenemos que sumar la infantilización de la pobreza. La reproducción de mecanismos punitivos de control de las condicionalidades de los programas sociales profundizan ambos procesos y anclan la desigualdad en esos sectores de la población. Por un lado, el objeto de castigo sobre el que se ejerce la reformulación de la condicionalidad -el complemento monetario del programa por cada hijx- impacta de manera directa sobre niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, la base de datos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA) sobre el promedio mensual de personas beneficiarias del Programa Ciudadanía Porteña entre los años 2014/2021 revela la creciente predominancia de mujeres como beneficiarias del programa. El sentido que el Gobierno de la Ciudad le otorga al concepto de corresponsabilidad, ubica al estado en el lugar de quien cumple todos los compromisos que asume sin mecanismos que permitan señalar lo contrario y a las familias en el lugar de quienes deben ser castigadas por aquello que no pueden cumplir. Sobre la gestión del estado, ninguna sospecha; sobre las responsabilidades personales y familiares, todas.
El estado que debiera asumir la garantía del acceso a derechos toma la elección punitiva para la aplicación de una política social de transferencia de recursos. Recoge y refuerza la sanción moral constituida en un sentido común reaccionario de repudio hacia los pobres y excluidos del sistema. Institucionaliza una acción sancionatoria directa sobre quienes ya tienen vulnerados sus derechos en lugar de repararlos o restituirlos. Un claro ejemplo del establecimiento de condicionalidades punitivas que convierte derechos en obligaciones solo para lxs beneficiarixs, al tiempo que se desentiende de las necesidades insatisfechas que son causa de ese incumplimiento que sanciona.
Una abordaje integral para una problemática estructural
Las escuelas tienen una mirada más amplia sobre las problemáticas de ausentismo y abandono escolar que por supuesto toma en cuenta las situaciones que pueden afectar la escolaridad: los déficits del sistema educativo, las dificultades socioeconómicas que atraviesan las familias, entre otras. Una política educativa apuntada a prevenir el ausentismo y el abandono escolar que se pretenda de abordaje integral requiere la implementación de propuestas de intervención desarrolladas conjuntamente por organismos del estado, escuelas y otras instituciones/organizaciones de la comunidad. Pero de ninguna manera el estado puede desconocer su rol fundamental como garante del derecho a la educación.
Berenice Belmudes, docente de nivel primario en la Ciudad de Buenos Aires y Comisión directiva de UTE CTERA, se refiere a los anuncios en cuestión: “estamos de acuerdo en que lxs pibes tienen que estar en la escuela pero los problemas de fondo no se están tocando. Y en algún punto el incremento del 85% como condición para la regularidad establecida en esta decisión estigmatiza y discrimina específicamente a nuestros estudiantes que perciben ayudas del Estado. Si el tema es la cantidad de días de clases y la importancia de no faltar, nada tiene que ver la discusión por los planes sociales. Si quiere más días de clases, que invierta más presupuesto para que las condiciones de enseñar y aprender sean dignas en cada escuela de la Ciudad.”
Un documento elaborado por el Ministerio Público de la Defensa para la elaboración de informes sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 ponía el foco en la dimensión presupuestaria de las políticas educativas en la Ciudad de Buenos Aires. Allí da cuenta de que si bien el porcentaje de presupuesto asignado para las medidas adoptadas en el contexto de pandemia se incrementó, el presupuesto total de Educación disminuyó de manera sostenida desde el año 2008.
Sumado a esto se presenta una dinámica de desigualdad geográfica profundizada en las comunas del sur. El informe destaca que alrededor de 36.528 alumnos de la Ciudad se encuentran en “situación de riesgo educativo” cifra que supera ampliamente al porcentaje de alumnos y alumnas que participaron -por ejemplo- del operativo “Decí Presente” implementado por el Gobierno de la CABA para la revinculación escolar destinado al nivel secundario.
Belmudes pone el foco en los problemas estructurales que el Gobierno de la Ciudad, a través de su ministerio de educación, aún no resuelve. “Horacio Rodríguez Larreta se subió a la discusión por los planes sociales que nada tiene que ver con esto. Sabemos que la condicionalidad existe pero las problemáticas que confluyen hoy en las escuelas de la ciudad son parte estructural del sistema. Estamos de acuerdo con que tengamos más pibes más tiempo en la escuela pero la pregunta clave es ¿de qué manera? Si no se incrementa el presupuesto para tener más trabajadores en las escuelas que lo necesitan, si no se incorporan más psicólogas, trabajadoras sociales en los Equipos de Orientación Escolar, mientras no se fortalezcan los dispositivos que acompañan las trayectorias y que garantizan que lxs pibes aprendan más y mejor dentro de la escuela, es eslogan vacío. Y eso es responsabilidad del Ministerio de Educación de la Ciudad que no lo está garantizando”.
Corina Rodríguez Enriquez analiza los programas de transferencia condicionada de ingresos en América Latina como estrategia política común para paliar las consecuencias del modelo neoliberal de fines de siglo XX que sumió a la mayoría de lxs ciudadanxs en la pobreza e indigencia, logrando niveles históricos de desigualdad social en toda la región.
Sostiene que “la situación de pobreza de las personas que son objeto de este tipo de intervenciones, no deriva principalmente de características personales y comportamientos individuales nocivos, sino de una dinámica sistémica, en la cual se entrecruzan mecanismos de exclusión social, con estructuras de género en las que persiste la subordinación de las mujeres. En la medida que no se expongan, expliciten y consideren las dinámicas sistémicas que explican la desigualdad de género, y en la medida que las intervenciones de política pública se implementen con una ceguera a esta dimensión, sus implicancias para las mujeres serán ambiguas y contradictorias.” No podemos admitir que la constancia de regularidad se convierta en la constatación de una responsabilidad individual o familiar que -junto al borramiento de las responsabilidades del estado- estigmatice y sancione a los hogares más pobres de la ciudad más rica de Argentina sostenidos mayormente por mujeres con niños, niñas y adolescentes a cargo.
