La necesidad de producir acciones y generar políticas en torno a la inclusión laboral de personas trans y travestis es una cuestión indiscutible. La realidad nos muestra constantemente que el colectivo trans es uno de los más afectados por la desigualdad en nuestra sociedad, expuesto a una compleja trama de violencias y vulneraciones. Sin embargo, si la realidad no parece lo suficientemente evidente, los activismos y organizaciones de disidencias sexuales han trabajado fuertemente en la construcción de una sólida demanda política constituida sobre relevamientos, investigaciones y sistematizaciones de las experiencias de centenares de compañeres. A partir de estos datos es que podemos conocer que casi el 95% de las personas trans/travestis no tienen un trabajo formalmente registrado, el 73% no terminó sus estudios debido a las prácticas discriminatorias de las que son objeto en las instituciones educativas y el 85% ha sido víctima de abuso policial.
Este grave estado de vulneración de la población trans ha obligado a pensar en acciones afirmativas, que generen condiciones de posibilidad para la inclusión y la mejora sustancial en la calidad de vida. El cupo laboral aparece desde hace algunos años como la vía más aceptada para generar un cambio radical en estas vidas puestas al margen. Si bien se han instrumentado algunas acciones como la implementación de planes sociales que subsidian con montos bastante reducidos a personas trans y travestis, se trata de acciones insuficientes para contener la situación que se ha visto particularmente agravada desde el inicio de la pandemia. Pero además la apuesta de las organizaciones va más allá de una racionalidad económica. La ley de cupo laboral no se trata solamente de garantizar una renta, sino de generar una transformación radical en la forma en que son pensadas las identidades trans. Incluir a las travestis y personas trans y no binaries dentro de las estructuras gubernamentales, se presenta como un acto reivindicativo que apunta a mostrar que existen otras lógicas con las cuales administrar, registrar, accionar y habitar el Estado. La incorporación de las narrativas, experiencias y discursos sexodisidentes es una apuesta política para sacudir las lógicas patriarcales que dominan las prácticas de las distintas capas estatales.
En Argentina existen actualmente varias ciudades y entidades que han asumido el compromiso político de aplicar el cupo laboral trans en sus instituciones, sin embargo han mostrado ser insuficientes cuando no están acompañadas de voluntad real de implementación. Muchas de las legislaciones de cupo laboral trans han quedado ancladas como simples actos enunciativos, como expresiones de buena voluntad sin una apoyatura real en las prácticas, o bien se han acotado de modo tal que sólo garantizan la incorporación de un reducido número de personas. Esto sin contar que el estado actual de buena parte del empleo público está afectado por las consecuencias del endeudamiento y la crisis socio-económica producto de la pandemia. Es por esto que es importante revisar y analizar cuales son las propuestas condensadas en los doce proyectos de inclusión laboral trans que actualmente se discuten en la Cámara de Diputados, a fin de que esta legislación de carácter nacional sea de efectivo cumplimiento y produzca una incidencia real.
Si bien los doce proyectos que actualmente cuentan con estado parlamentario tocan de alguna manera la cuestión de la inclusión laboral trans, no todos se limitan a este único aspecto y difieren en el alcance, las estrategias y los ámbitos en los que sería aplicada la ley. Una cuestión de gran relevancia y en la que la mayoría de los proyectos tiene coincidencia es la urgente necesidad de generar espacios de capacitación y terminalidad educativa para las personas trans y travestis. Casi todos los proyectos señalan que deberán implementarse programas de capacitación laboral rentada para que les postulantes a cubrir el cupo accedan a los conocimientos requeridos por los puestos vacantes. En algunos casos se propone además un plan de becas para completar los estudios secundarios. Este es un punto central en los proyectos, ya que muchas de las experiencias previas de cupo laboral trans quedaron estancadas debido a que las condiciones de idoneidad que se requerían para los cargos eran difícilmente alcanzables para un colectivo con tan alta vulneración.
Otro punto de coincidencia entre los proyectos es el de establecer un cupo laboral dentro del sector público, debido a que las legislaciones en materia laboral vigentes no permitirían obligar al sistema privado. Sin embargo, algunos de los proyectos avanzan sobre esta cuestión generando un sistema de estímulo a través de exenciones impositivas a aquellas empresas privadas que contraten personas trans o bien beneficiándolas al momento de presentarse como oferentes de servicios y recursos para el Estado. Sólo uno de los proyectos reglamenta exclusivamente el empleo en el sector privado, y deposita la tarea de formación de les aspirantes en las pymes y sindicatos. Los porcentajes de cupo varían también en todos los proyectos entre el 0,5% al 5%, aunque en su mayoría contemplan un cupo del 1%, lo que equivaldría aproximadamente a la incorporación de 40.000 personas trans y travestis. Es importante notar también que mientras algunos proyectos señalan la obligatoriedad de cumplir con el cupo como piso mínimo de contratación aunque no máximo, otros no hacen mención al respecto.
En cuanto a los ámbitos de aplicación la mayoría de los proyectos establecen la obligatoriedad dentro del ámbito público, en dependencias de los tres poderes del Estado, órganos descentralizados, entes públicos no estatales y empresas en las que el Estado tenga participación mayoritaria. En algunos casos se instruye también cupos en los cargos no docentes de las universidades públicas nacionales. Algunos proyectos aspiran también a la exigibilidad del cumplimiento del cupo a empresas vinculadas contractualmente con el Estado. Solo uno de los proyectos establece unicamente cupo dentro del sector del transporte público, ya que se trata de un proyecto que aspira a regular el cupo femenino dentro del sector y diferencia un porcentaje que sería destinado a personas trans.
Un punto en donde existe variedad de propuestas entre los proyectos tiene que ver con la autoridad de aplicación de la ley. Si bien en algunos casos este punto se encuentra poco desarrollado, limitándose a señalar que sería competencia del Ministerio de Trabajo dar cumplimiento a la legislación, en otros se establecen distintas acciones desde la creación de (1) un registro de postulantes; (2) la conformación de un ente específico para llevar adelante el registro, además de las tareas de capacitación, sensibilización y control de la aplicación de la ley; (3) la constitución de un consejo consultivo ad-honorem, integrado por diversos ministerios y organizaciones de la sociedad civil e incluso (4) un cupo del 40% de personas trans dentro del órgano de aplicación. Una cuestión central en la que coinciden casi todos los proyectos es la de respetar la identidad autopercibida, por lo cual no exigiría el cambio registral del DNI, dando cumplimiento y continuidad al espíritu de la Ley de Identidad de Género. Sólo un proyecto, presentado por la diputada Brenda Austin de la UCR y el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, plantean la exigibilidad del cambio registral.
Un único proyecto tiene pretensiones de más largo alcance que los referidos a la inclusión laboral. Se trata del proyecto presentado por la diputada Ayelén Spósito, junto a un significativo número de diputades firmantes del Frente de Todos, y que ha sido levantado como bandera por la Federación Argentina LGBT (FALGBT). Este proyecto tiene por objetivo reglamentar acciones en diversos ámbitos: vivienda, salud, cambio registral, modificaciones corporales, educación, etc. lo cual excede el punto central de demanda y discusión que el colectivo trans ha puesto en la escena pública y avanza sobre cuestiones que ya han sido legisladas y aprobadas con la Ley de Identidad de Género, una de las luchas más emblemáticas que les trans y travestis han dado en Argentina y que constituye una legislación ejemplar en la materia. Dicho proyecto tiene un grado tal de complejidad que requiere la derogación y modificación de otras legislaciones vigentes, la creación de entes en diversas órbitas del Estado para garantizar su aplicación y una partida presupuestaria que sería imposible garantizar en las condiciones actuales. Es conveniente prestar atención a estas cuestiones, porque no se trata únicamente de alcanzar una ley sino de hacerlo con una estrategia que garantice su real implementación.
Alcanzar una ley de inclusión laboral trans es una demanda que no puede esperar. Lograr la promulgación de la ley habilitará discusiones posteriores por mejor y más acceso a derechos y la creación de normativas complementarias que refuercen la ciudadanía trans/travesti.
La pandemia ha puesto en evidencia la fragilidad de todo el sistema económico y político. Hemos visto el rostro más descarnado de una crisis de alcance global, pero para las travestis, las mujeres y varones trans y las personas no binarias, esta crisis ha sido una expresión más de una vida atravesada por múltiples violencias que han impedido la reproducción material de sus vidas. Alcanzar la ley será un triunfo de los activismos y las organizaciones, que han venido dando una enorme disputa, aún con sus altibajos y desacuerdos. Pero ante todo será el triunfo para un colectivo lleno de múltiples expresiones, identidades y deseos que no se reduce a unas pocas voces: es precisamente en su capacidad de romper con lo binario, de quebrar con lo establecido y fisurar el sentido común donde radica la potencialidad de su lucha. Impregnar al Estado de las experiencias trans y travestis, de sus dolores ahora convertidos en saberes a través de la alquimia de las luchas, es -cómo diría Veena Das- inocular en las entrañas del sistema un conocimiento envenenado que ponga fin a la trama de violencias, desigualdades y olvidos que lamentablemente son constitutivos del poder patriarcal y capitalista encarnado en los actos del Estado.
