Ana no recuerda con precisión qué estaba haciendo la noche previa al golpe del 24 de marzo de 1976. Tenía 14 años y vivía con su madre y sus hermanos en una pensión de Almagro, en la Ciudad de Buenos Aires, adonde habían llegado poco tiempo antes desde Tucumán. Posiblemente —dice— su madre la resguardó ante la angustia que implicaba la noticia para una familia militante como la suya. Pero el miedo ya estaba instalado. Su tío, dirigente guerrillero de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), había sido asesinado por la Triple A un año antes. Desde entonces, la familia de Ana se desmoronó.
La suya es una genealogía de lucha. Su bobe llegó a Argentina desde Rusia con una historia de persecución a cuestas: su abuelo se había enfrentado al zarismo y fue asesinado por el régimen, mientras que las mujeres de la familia fueron embarcadas sin destino cierto para salvar sus vidas. Creció en una familia judía de tradición migrante y obrera, donde la identidad israelita no estaba asociada al sionismo sino al internacionalismo comunista. Entre clubes culturales, discusiones políticas y una educación atravesada por el socialismo y el yiddishismo progresista, aprendió que esa pertenencia era, ante todo, una toma de posición política.
En su casa, el nombre de “Fidel” se escuchaba tanto que Ana pensaba que era un tío que vivía afuera y al que cada tanto alguien iba a visitar. Como parte de la tradición familiar, pero también desde una convicción profunda, comenzó a participar en la “Fede”, como se conocía a la Federación Juvenil Comunista (FJC) del Partido Comunista que integraban sus padres: “Toda la familia era del partido. Entonces, una creía que el mundo era más parecido a eso. El mandato era la revolución”.
La memoria, ante todo, es caprichosa. Ana Radusky sí recuerda con nitidez las movilizaciones populares del año en que llegaron a Buenos Aires, antes de la dictadura. “En esa época había mucha ebullición. Fuimos a las marchas, de eso sí me acuerdo. Era chica, pero fueron las primeras marchas a las que fui. Por ejemplo, cuando cayó Salvador Allende, fuimos todos, cuadras y cuadras al Congreso. Recuerdo que la columna de Montoneros tenía como diez cuadras. Estábamos en el 73, había vuelto Perón”, relata.
— Y es esa la generación que nos falta. Esa generación es a la que después desaparecen. Y no solo desaparece la gente, creo yo que también cambia la forma, la idea y el sentido de por qué hacemos política.
“Es esa la generación que nos falta. Esa generación es a la que después desaparecen. Y no solo desaparece la gente, también cambia la forma, la idea y el sentido de por qué hacemos política”.
A los 15 años, Ana comenzó a estudiar teatro y a participar de peñas culturales. Pero nunca se sintió en libertad. Su madre vivía con un miedo constante. En menos de tres años, la familia se desmoronó: perdió a su padre, atravesado por una depresión que lo llevó al suicidio, y también a su tío y a sus dos primos, víctimas de la represión militar de la época.
El tío de Ana, Marcos Osatinsky, había fundado las FAR junto a su compañera Sara Solarz y protagonizado acciones emblemáticas de la lucha armada, como el operativo de recuperación en el Banco Provincia de Córdoba y la Fuga de Trelew en 1972, tras la cual se exilió en Cuba. Al regresar a la Argentina fue asesinado por la Triple A en Córdoba, el 21 de agosto de 1975. Tenía 41 años.
Su hijo, Mario Andrés Osatinsky Solarz, de 19 años, fue secuestrado el mismo 24 de marzo de 1976 y posteriormente asesinado, aunque la familia lo sabría recién años después. Su compañera, Rosa Ocampo también fue detenida; tenía 24 años y estaba embarazada de dos meses. Sara fue secuestrada y permaneció detenida-desaparecida en la ESMA durante dos años. Al recuperar la libertad supo que su hijo menor, José, había sido desaparecido en 1977. Tenía 15 años y aún continúa desaparecido. Hasta su muerte, en 2020, Sara continuó luchando por Memoria, Verdad y Justicia.
Sujetar por la herida
“La política fue una amalgama: algo que nos identificó mucho; que destruyó, que lastimó, pero que a la vez sostuvo”, dice Ana. En su casa, la política no era un tema: era la estructura misma de la vida familiar. Se discutía en la mesa, en los cumpleaños, se cantaba, se militaba. La política era una forma de estar en el mundo. “Eso después de los 90 no se vio más”, agrega como quien señala una ruptura histórica y también afectiva.
La vuelta de la democracia fue una explosión. Había euforia, necesidad de calle, de palabra pública. Pero también había una nueva cautela.
— ¿Con la recuperación hubo más corrección política?
— Puede ser. Pero veníamos de una herida.
Más que una celebración, era el cuidado de un cuerpo social devastado que todavía no podía nombrar lo que había pasado. Y, en muchos sentidos, todavía no puede. Recuperar la voz pública implicaba empezar a ver los huecos, las ausencias, las sillas vacías. El entusiasmo democrático convivía con una conciencia dolorosa: ya no era tiempo de revolución, sino de reconstrucción.
Sin embargo, la mística no había desaparecido del todo. Nicaragua, El Salvador, las luchas centroamericanas seguían encendiendo imaginarios. Desde la izquierda, algo volvía a brotar. “Nosotros creíamos realmente: pasó la dictadura, ahora viene la revolución”. Todavía no había caído la Unión Soviética y Cuba era un faro, un horizonte posible, para toda una generación.
“La política fue una amalgama: algo que nos identificó mucho; que destruyó, que lastimó, pero que a la vez sostuvo”.
Su primera ruptura vino a los 25 años, cuando Ana decidió irse del partido. No fue un abandono de la política, sino una redefinición. La pregunta dejó de ser únicamente por la toma del poder y empezó a desplazarse hacia las formas de construir comunidad. En los 80 y 90, se volcó de lleno al teatro popular, que luego devendría teatro comunitario, y en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), un espacio que articulaba educación popular, abogacía y trabajo territorial. Allí confluyeron arte, pedagogía y derechos humanos. En esos años estudiaban a Paulo Freire, tomaban talleres del Teatro del Oprimido con Augusto Boal, trabajaban en villas y barrios populares. La democracia no era solo una organización institucional: había que construirla en los territorios.
En 1993, Ana ingresó a trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Cuando Alicia Pierini asumió como secretaria de Derechos Humanos, durante el menemismo, convocó a un equipo plural para trabajar. El indulto de Carlos Menem había dejado en libertad a los máximos responsables de la última dictadura cívico-militar y los juicios estaban paralizados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Pero en la reforma constitucional de 1994, Argentina incorporó instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y allí encontraron una grieta desde dónde seguir aportando al proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
Ana se sumó al área de denuncias, recién creada, de la Secretaría. Eran muy pocas. Recibían a las víctimas, escuchaban sus historias y testimonios, acompañaban trámites. En paralelo, comenzaron a ordenar el archivo de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). Cuando asumieron, las cajas estaban apiladas en dos habitaciones. Carpetas, testimonios, nombres. Había que sistematizar todo. Trabajaban en computadoras de pantalla negra con letras fluorescentes verdes. Cargaban datos en planillas. Iban construyendo una red de información que sería fundamental años después para los juicios de lesa humanidad, que se reabrieron a partir del 2005.
Con la aprobación de las leyes reparatorias, en 1994, se armaron equipos específicos. También se logró incorporar la figura jurídica de “desaparición forzada”, reemplazando la categoría humillante de “ausencia con presunción de fallecimiento” que obligaba a las familias a cerrar administrativamente lo que el Estado había abierto como herida.
Recibir a las personas que venían a denunciar no era solo un trabajo técnico: era acompañar duelos postergados, trámites atravesados por la violencia, historias fragmentadas por el terror. Al mismo tiempo, empezaban a llegar denuncias del presente: violencia policial, abusos, prácticas represivas que mostraban que la democracia no había desmantelado del todo las lógicas autoritarias.
La vuelta de la democracia fue una explosión. Pero el entusiasmo democrático convivía con una conciencia dolorosa: ya no era tiempo de revolución, sino de reconstrucción.
En paralelo se abrieron los Juicios por la Verdad. Había que buscar en el archivo, ordenar, reconstruir circuitos. “Fue muy tenso tomar contacto con toda esa historia”, dice. No era solo memoria institucional: era también su historia familiar, la de su tío, la de sus primos.
De la institución a la comunidad
“Antes no había relato: había construcción. Había formación política. Se leía, se militaba, se discutía. En la familia, en el kinder… escuchábamos un disco y sabíamos de qué se hablaba. Yo en la Fede tenía formación nivel uno, nivel dos de marxismo”. La comparación no es nostálgica sino estructural. Para Ana, la política de su generación estaba atravesada por procesos de formación colectiva sistemática. La discusión ideológica era parte de la vida cotidiana.
Con el tiempo —dice— algo de eso se fue perdiendo, el discurso permeó la práctica: “Aunque parezca que con el kirchnerismo hay una recuperación del Estado, yo siempre digo que se trabajó desde una superestructura con verticalismo fuerte, ya no fuimos protagonistas en los debates ni en la construcción política”.
En 1996, Ana fue mamá y decidió mudarse a Chaquiago, en el departamento de Andalgalá, junto a su pareja y su hija de un año. Ese mismo año comenzó a instalarse el Proyecto Bajo de la Alumbrera, la primera minera metalífera a gran escala del país, operada por Minera Alumbrera Ltd. Mientras el movimiento piquetero emergía en distintos puntos del país y dialogaba con procesos autonomistas latinoamericanos como el zapatismo, la organización comunitaria empezó a ocupar el centro de su experiencia.
“Después del 2000 dijimos: el teatro tiene que ser comunitario”. La decisión fue dejar de hacer obras para espectadores y empezar a hacerlas colectivamente. “Ahí empieza una decadencia del Estado tan grande que ya no queremos tomar el poder: queremos autonomía”. La política ya no pasaba por disputar cargos sino por sostener territorios. La política, para ella, era ahora el gesto, los cuidados y porqué no también el disfrute.
En 2001 debió volver a Buenos Aires para renovar su cargo. Vivió el estallido social en la calle: participó de las marchas del 19 y 20 de diciembre y en las manifestaciones luego del asesinato a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Puente Pueyrredón. Esa experiencia reafirmó su convicción de que la política real se construía desde abajo.
Cuando Néstor Kirchner asume la presidencia en 2003, designa a Eduardo Luis Duhalde como secretario de Derechos Humanos. Para entonces, su hija ya tenía seis años y Ana necesitaba regresar a Catamarca. La historia los conectaba: Duhalde había sido abogado de su tío Marcos y había defendido a militantes del ERP (brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT) vinculados a los hechos de Capilla del Rosario en 1974. Por esas defensas fue perseguido y obligado al exilio durante la dictadura.
Reconociendo el silenciamiento histórico de la dictadura en la provincia, Duhalde la incorpora al Archivo Nacional de la Memoria como delegada en Catamarca. Allí aparece una de las tensiones que ella misma señala: mientras cuestiona la centralidad del relato en la política kirchnerista, reconoce que fue en ese contexto donde se consolidaron políticas públicas clave en materia de memoria, verdad y justicia.
Durante los años noventa distintos organismos habían intentado visibilizar la violencia estatal en la provincia, pero el discurso dominante repetía que Catamarca “había sido una isla”: un territorio donde no hubo persecución ni desapariciones. Un slogan eficaz, casi un laboratorio social del olvido. Pero Catamarca no fue una isla. Fue, en muchos sentidos, un punto de inflexión.
Capilla del Rosario marcó el pasaje entre un Estado que perseguía y uno que comenzaba a aniquilar. Las fuerzas militares ejecutaron a 16 miembros del ERP tras un intento fallido de copamiento del Regimiento 17, aun cuando se habían rendido. “Había un imaginario de que el Operativo Independencia en Tucumán era el origen del aniquilamiento militar; sí, es el origen más estructurado, pero la primera orden de aniquilar la encontramos acá”.
El trabajo del Archivo Nacional de la Memoria en articulación con defensoras de derechos humanos, como Mirta Clerici, permitió impulsar el juicio y desmontar ese mito provincial. El cambio simbólico —explica Ana— fue pasar de “enfrentamiento” a “masacre”: “Cuando el titular del diario cambia y socialmente se empieza a nombrar como masacre, se da vuelta un relato y se empiezan a señalar a los responsables”.
No todos los responsables, sin embargo, fueron juzgados. Entre ellos, María Estela Martínez de Perón, presidenta al momento de la masacre.
—Nosotros deberíamos haber tenido sentada a Isabel Perón en un juicio. ¿La viste en algún juicio? No se la toca. Mucha gente ni sabe que está viva.
A partir de ese proceso, Catamarca comenzó a reconstruir su propia memoria. Hubo presos políticos en Belén y Santa María. Las primeras presas fueron jóvenes que visitaban a los detenidos de Capilla del Rosario en la cárcel; luego, con apenas 19 años, fueron encarceladas durante la dictadura y trasladadas a Devoto. No hubo territorio aislado: Catamarca formó parte del circuito represivo del Tercer Cuerpo del Ejército: “Desaparecían acá y eran llevados a Tucumán”, explica Ana.
Ya sea por siglos de sometimiento colonial o por la geografía que aíslan sus montañas, en Catamarca persiste una cultura del silencio. Las “Marchas del Silencio” tras el femicidio de María Soledad Morales en 1990 marcaron esa forma de acción. Desde entonces, por estrategia o por resguardo, la constancia se volvió identidad política: caminatas que se repiten cada sábado en Andalgalá —más de 800 por el agua—, los cortes de rutas para visibilizar reclamos en Capayán, Tinogasta, Fiambalá y Antofagasta, marchas de jubilados y jubilados autoconvocados que se sostienen semana tras semana con la misma reverencia de cualquier procesión religiosa. Entre el relato y la construcción, entre el Estado y la autonomía, entre la memoria institucional y la organización territorial, Ana habita esa tensión sin resolverla del todo. Reconoce lo conquistado, pero no deja de señalar los límites. Y desde ese lugar sigue pensando la política.
La dictadura minera, una continuidad singular
Para Ana no existe ruptura entre su lucha por la defensa de los Derechos Humanos y el activismo ambiental. Todo lo contrario, ve una continuidad entre la dictadura militar y lo que entiende como dictadura minera. En ella ve la repetición de las prácticas de represión y detención, pero también ven la centralidad del accionar empresarial, clave para la ejecución y la prolongación del golpe.
— ¿Por qué dictadura minera?
— Porque toman la lógica del enemigo interno y la aplican a quienes resisten al extractivismo. Además, así como la pata empresarial sostuvo la dictadura, lo vimos en los ingenios, en democracia sostiene el modelo que quiere imponer. De otra forma, pero siempre necesita, en última instancia, fuerza represiva. Se va reconfigurando cómo el poder toma distintas formas y estrategias, pero hay continuidad. Así como hubo Plan Cóndor, después vino el plan IIRSA, el Plan Belgrano, cambia de nombre, pero es el mismo proyecto: el corredor extractivo y la represión de quienes defienden.
Para Ana, la categoría de “dictadura minera” no aplica para todos los territorios de igual manera, es una denominación singular que aplica en el caso de Andalgalá, y posiblemente funcione en gran parte de la provincia autodenominada por el mismo gobierno local como “Catamarca Minera”. La llaman de ese modo porque es capaz de cambiar las instituciones e incluso los marcos democráticos en función de los acuerdos entre las empresas y Estado: “La militarización para que entren las máquinas y los camiones, el mineraloducto cruzando territorios con carteles de “alta presión”, las fuerzas armadas en los centros de control minero. El extractivismo necesita control territorial”.
“Así como la pata empresarial sostuvo la dictadura, en democracia sostiene el modelo que quiere imponer. De otra forma, pero siempre necesita fuerza represiva”.
Desde 1996, cuando comenzó a instalarse el Proyecto Bajo de la Alumbrera, Andalgalá se convirtió en uno de los territorios emblemáticos del avance de la megaminería en Argentina. A la explotación de Alumbrera le siguió el proyecto Agua Rica —hoy integrado en el proyecto MARA—, ubicado en la cuenca alta del río Andalgalá, principal fuente de agua para la población. Frente a ese modelo extractivo, vecinos y vecinas comenzaron a organizarse hasta conformar la Asamblea El Algarrobo, que desde hace más de una década sostiene caminatas semanales en defensa del agua.
El conflicto tuvo dos momentos represivos clave: el 15 de febrero de 2010, cuando Gendarmería Nacional reprimió con violencia una pueblada contra Agua Rica, dejando personas heridas y detenidas, lo que dió origen a las primeras caminatas por el agua de los días sábados; y en abril de 2021, cuando tras protestas contra el proyecto MARA se realizaron allanamientos y once detenciones, denunciadas por la comunidad como persecución y armado de causas contra referentes socioambientales. A pesar de la ordenanza municipal 029/2016 que prohibió la minería metalífera a cielo abierto en Andalgalá, la tensión entre la voluntad popular y las decisiones provinciales favorables al extractivismo sigue marcando la vida política del territorio.
“Antes era el “guerrillero”, ahora somos nosotros”, insiste Ana. Los mecanismos de control de la población en Andalgalá, y gran parte de Catamarca, tienen semejanzas con la dictadura militar. Generalización del miedo en espacios laborales, persecución de quienes se oponen, fractura de vínculos y sensibilidades: “quieren quebrar voluntades, generar miedo e indiferencia. La fragmentación sigue siendo el gran triunfo y no me refiero sólo a fragmentar no partidos, sino a nosotros mismos, hasta nuestros cuerpos, nuestro territorio, nuestra agua, nuestro sentir”.
Sin embargo, explica Ana, en Andalgalá el plan fracasó. Durante los primeros años de las caminatas el intento del gobierno provincial fue aleccionar a la población que comenzó a manifestarse en contra de la megaminería de manera masiva: “Hubo miedo, sí, bajó la participación por un tiempo”, pero las caminatas continuaron y la empresa no pasó. En abril de 2021, la violencia estatal se repitió: “Eligieron a los referentes más visibles para judicializar. Ya estaba definido de antemano: construir el relato de que somos violentos”.
Fueron doce los activistas detenidos. Por las noches los interrogaban solos, con los mismos métodos de tortura psicológica la dictadura: “Entrar a una comisaría es como abrir una puerta en el tiempo: afuera son los 2000, adentro siguen siendo los 70. Esa lógica persiste”, señala. Sin embargo, no lograron generalizar el relato, el pueblo encontró la manera de construir su verdad: “los vecinos nos preguntaban por los detenidos, se reunía dinero y alimentos, hasta se acercaban a tocar música a la ventana de la celda”, recuerda.
– Y las caminatas continúan…
– En los territorios hay algo que no se logró romper del todo: la apropiación de la calle, del derecho a resistir. Si no hubiera habido caminatas, Agua Rica habría empezado hace diez años. Ganamos tiempo.
Y lo siguen ganando. Todos los sábados caminan alrededor de la plaza con sus carteles pintados a mano, bailando al ritmo de la cuerda de candombe, abrazando a cada vecino y vecina que se incorpora en esa batalla del tiempo. Ana no tiene vergüenza y su presencia no pasa desapercibida, su recorrido en el teatro comunitario posiblemente tenga mucho que ver con su forma de disputar el espacio público. Levanta el megáfono y le habla a todas las personas que se encuentran en la plaza. Su voz es imponente, imposible ignorarla. Ella se ríe, deja el megáfono para que otro compañero asuma el rol. Elije un cartel y se pone a bailar mientras la caminata comienza a andar. Cada tanto pega un grito, un llamado de atención para aquellos desprevenidos a los que el olvido les ganó, para quienes el futuro no parece ser una preocupación.
Porque la presión no se detiene. A pesar de que Andalgalá se declaró hace años pueblo libre de megaminería, la multinacional Glencore busca avanzar con el proyecto MARA, reutilizando la infraestructura de Bajo La Alumbrera, cuya actividad también comenzó a reactivarse en el último año. En el valle, cada movimiento de máquinas vuelve a encender las alarmas.
El avance minero se inscribe además en un contexto político más amplio. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) promete garantías extraordinarias para capitales extranjeros en nombre de la crisis económica. Al mismo tiempo, reaparecen intentos de modificar la Ley de Glaciares, que protege ecosistemas como el cordón del Aconquija —la montaña que cuida Andalgalá y de cuyos sistemas glaciares depende el agua que abastece a la ciudad—. En el territorio, la disputa vuelve a ser la misma: inversiones extractivas o defensa del agua y la vida.
Frente a esta avanzada, insiste Ana, el pueblo tiene muchas formas de expresarse. Ciertamente las heridas siguen abiertas, los daños se acumulan, pero la rabia colectiva también impulsa. Porque, para la Asamblea El Algarrobo, la resistencia no se mide solo por cuánta gente va a un corte de ruta o por la cantidad de personas judicializadas: “Hay relatos que se construyen en el andar, mientras se sigue marcando al “enemigo interno” —esa es una forma que usó la dictadura y que sigue vigente—en Andalgalá seguimos caminando, abrazando el encuentro, defendiendo la vida. Mientras haya gente caminando, habrá esperanza”.
