Qué mejor que dejar como ley un plan de gobierno. El matrimonio poliamoroso por conveniencia, que resulta ser la coalición “multicolor” conservadora gobernante en Uruguay desde el 1º de marzo, ha logrado que el plan de gobierno que, se suponía, iban a imponer (ajuste, represión, precarización, privatización) fuera aprobado en el Parlamento el 8 de julio, después de once semanas, en un debate a contrarreloj.
Se trata de la Ley de Urgente Consideración (LUC), un proyecto que ingresó al Senado en plena pandemia. Este tipo de propuestas deben ser tratadas dentro de un breve plazo y, si no son expresamente rechazados, se dan por aprobados, convirtiéndose automáticamente en ley.
La versión original de esta LUC tenía 502 artículos, apenas modificados en la Cámara Alta y en Diputados, aunque pasaron ante la Comisión Especial que estudiaba el texto decenas de organizaciones argumentando contra el contenido de la ley.
El carácter de “urgente consideración” implica que se debate en un máximo de 90 días entre ambas Cámaras. Sobre el total, 52 artículos sufrieron algún tipo de modificación y sólo se quitaron -para debatir aparte más adelante- los referidos a la modificación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Si bien el gobierno está encabezado por el Partido Nacional, al que pertenece el presidente Luis Lacalle Pou, que marcó la cancha en el texto del proyecto de ley, la aprobación dependió de la mayoría parlamentaria que da la coalición multicolor (que reúne al mencionado partido y a los partidos Colorado, Independiente, de la Gente y Cabildo Abierto -de corte nacionalista militarista-) sumado al apoyo del Partido Ecologista Radical Intransigente en la Cámara Baja.
Lo que quedó legalizado fueron fuertes cambios en áreas de seguridad, vivienda, educación, acceso a tierras productivas, criminalización del derecho a la huelga y a la protesta. Parte de la crítica más fuerte desde la oposición -protagonizada por el Frente Amplio (FA), partido que gobernó el país en los últimos 15 años- fue justamente meter todo en la misma bolsa y debatir temas dispares en tan corto plazo: desde grandes cambios estructurales, como la creación del Ministerio de Medio Ambiente, hasta aumentos de penas y habilitar la discrecionalidad en el accionar policial.
Por parte de los movimientos sociales, sindicales, cooperativistas, feministas, cátedras universitarias, Poder Judicial, entre otros, se opusieron como pudieron: desde las calles, animándose de a poco a nuevas formas de manifestación con tapabocas y distancia física, la campaña más fuerte fue decir que las urgencias de la gente eran otras.
Algo muy cierto, considerando las 200.000 solicitudes de seguro de desempleo que se pidieron al Banco de Previsión Social, para paliar posibles despidos en diversas áreas de trabajo, durante el primer mes y medio tras declararse la emergencia sanitaria el 13 de marzo (con cuarentena voluntaria). Otras urgencias son: el aumento de personas en situación de calle, las investigaciones por redes de explotación sexual adolescente que implican a empresarios cercanos al gobierno, el cúmulo de niños y niñas que esperan un lugar en centros de protección, la crisis carcelaria, y un largo etcétera.
Algunos juristas manifestaron que la LUC tenía “vicios de inconstitucionalidad” al ir contra el “espíritu” de la norma: las declaratorias de urgente consideración están pensadas para temas realmente urgentes. Desde la cooperativa COMUNA opinaron que el apremio del tiempo jugó a favor del gobierno: “A todas luces lo urgente no son los contenidos, sino más bien aprovechar que la coalición aún es tal y cuentan con los apoyos políticos suficientes (votos) para llevarla adelante. La declaratoria de urgencia impone unos tiempos que dificultan enormemente el análisis y procesamiento crítico de este articulado, no sólo para todo el conjunto parlamentario, sino, sobre todo, para las organizaciones de base y sociales, algo que parece ser parte de las intenciones. De otra manera, no se haría bajo este mecanismo. (…) Esta dispersión debilita el debate parlamentario y la capacidad de las organizaciones sociales de atender a los múltiples tratamientos que estos temas requieren”.
El FA optó por no apoyar en general el texto de la ley, pero votó a favor de algunos artículos que habían logrado modificar para que fueran menos peores. Tras ser aprobada la versión final en el Senado, solo con los votos de la coalición, el sector frenteamplista Casa Grande tuiteaba: “Retrocedimos en derechos y libertades, legislando a favor de los más privilegiados. ¡La historia los juzgará! Desde el FA seguiremos luchando para no retroceder en los derechos conquistados”.
Además, algunos jerarcas han anunciado el cambio de perspectiva que habrá sobre el consumo de drogas, pasando de una perspectiva de reducción de riesgos y daños a tratarlos como adicciones y dar una guerra contra las drogas. Cambio que tendrá sustendo en la LUC, con cambios que establecen el aumento de las penas mínimas para todos los delitos comprendidos por la normativa de estupefacientes.
Desde las organizaciones sociales intentan recuperar músculo y capacidad de movilización para enfrentar no solo la LUC sino otras medidas de ajuste e incluso reformas constitucionales referidas a la seguridad pública que el gobierno planifica.
Hubo algunas movilizaciones de gremios de la educación y otras ramas sindicales frente al Parlamento durante la discusión de la LUC; también otros actos donde la Intersocial, que agrupa a organizaciones históricas estudiantiles, feministas, ambientalistas y de la central sindical, presentó su plataforma de exigencias que incluye: una renta básica universal, defender la negociación colectiva entre Estado, trabajadores y empresas, medidas extraordinarias para atender la violencia basada en género, acceso a la vivienda, control de precios de la canasta sanitaria y de alimentos básicos, medidas de protección a las pymes y garantizar el acceso a la salud.
Todavía no es una decisión tomada, pero varios sectores sociales y políticos evalúan por estos días si vale la pena realizar una juntada de firmas para convocar a un plebiscito que permita derogar la LUC. Mientras tanto, desde la Intersocial planean hacer una movilización a fines de julio y expresaron que esta “es una ley que retrocede en derechos, garantías y libertades del pueblo” y que la consigna sigue siendo: “Organizar la lucha es mantener la esperanza”.
¿Qué era tan urgente?
Entre los principales cambios que supone la LUC en materia de seguridad se pueden destacar: la ampliación de la “legítima defensa” para la ciudadanía y la policía; permitir que la policía pueda tener a una persona detenida hasta 4 horas sin avisar a la Fiscalía; aumentan las penas en situaciones por demás interpretables como: resistencia al arresto, agravio a policías y obstrucciones al arresto (que podrían ser, por ejemplo, filmaciones de los arrestos para registrar irregularidades del accionar policial); se penaliza la “obstrucción indebida” de los espacios públicos, algo que actualmente pasa por una falta civil. A esto se suma: el aumento de las penas máximas para adolescentes infractores, de 5 a 10 años de prisión; hace obligatorio el trabajo dentro de las cárceles para lxs presxs, pero a la vez suprime la redención de la pena por trabajo o estudio durante la privación de libertad.
Tanto la Institución Nacional de derechos Humanos, como organizaciones fueron críticas de la LUC. Integrantes del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) Uruguay expresaron en el Senado que 2la LUC aceita las principales palancas de encierro del sistema”. En este sentido puntualizaron: “el aseguramiento del cumplimiento efectivo de las penas negociadas bajo la estructura del proceso abreviado; la preceptivización de la prisión preventiva; la infrautilización y desvalorización de las vías alternativas de resolución del conflicto; la limitación de la libertad anticipada; y la restricción de la libertad vigilada como dispositivo alternativo a la pena privativa de libertad”.
También hay artículos que criminalizan el derecho a huelga, al limitar las ocupaciones de lugares de trabajo, bajo el argumento de garantizar que empresarixs y trabajadorxs que no adhieran a la huelga puedan ingresar al trabajo; y el derecho a la protesta, al declarar ilegítimos los piquetes “que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”, habilitando el uso la fuerza pública para disolverlos. A la vez, aumenta el control de identidad en las marchas y habilita el uso de la fuerza policial ante “conductas violentas” de manifestantes o “tendientes al ocultamiento de su identidad” (por ejemplo, cubriéndose el rostro).
En lo que refiere al derecho a la vivienda, la ley establece facilidades para desalojos forzosos y flexibiliza el mercado de alquileres, en lo que refiere a garantías y en dar beneficios fiscales para favorecer al sector privado.
La LUC regula, abarca y normativiza muchísimos aspectos dispares y de diversas áreas. En el caso de la educación, propone cambios que van desde quienes diseñan la política educativa a nivel global hasta cambios en el estatuto docente. Modifica la gobernanza de la educación, integrando representantes de la educación privada a ámbitos de coordinación de la educación; quita potestades a la Universidad de la República (Udelar) y le da más poder a las universidades privadas; promueve cambios en el sistema de becas para estudiantes de formación docente, que estarán dirigidos a quienes cursen carreras universitarias que actualmente son privadas. El Estado se retira de varios ámbitos como garante del acceso a la educacion como un derecho y se incorporan lógicas empresariales como la gestión por resultados, por ejemplo, pagando incentivos salariales en función de resultados educativos, sintetizaron integrantes de la Red de Laicidad de la Udelar.
La semana pasada la LUC llegó a la Prosecretaría del Poder Ejecutivo para comenzar la promulgación de la extensa norma. Este domingo, Lacalle Pou volvió a decir que esta ley es “popular, justa y necesaria” y defendió varios de los principales artículos, a través de un hilo publicado en su cuenta personal de Twitter.
Habrá que estar alertas para defender los derechos conquistados durante los gobiernos progresistas, conocidos como la “agenda de derechos” que tuvo lugar durante el gobierno de José Mujica, con la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la regulación estatal del mercado de cannabis. En estos cuatro meses el presidente ha declarado que su gobierno es “provida” y que “desestimulará” la realización de abortos, que son legales hasta las 12 semanas de embarazo desde 2012.
