Otra vez. A las 7:50 am de este lunes 11 de enero, la defensa de Roberto David Castillo logró suspender la audiencia en la Sala I del Tribunal de Sentencia Penal de Tegucigalpa, Honduras. Los abogados del ex agente de inteligencia acusado del asesinato de Berta Cáceres recusaron al tribunal. Es la novena vez que logran posponer una audiencia preliminar, en este caso la de proposición de pruebas –que se espera desde noviembre pasado-, etapa previa a la elevación del segundo juicio oral y público por el femicidio de la defensora hondureña.
“Es parte de una estrategia maliciosa que evita llevar este proceso a la siguiente etapa”, dice Bertha Zúniga Cáceres, una de las hijas de la líder asesinada en 2016. En diálogo con LatFem, la joven que sigue los pasos de su madre como coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) confiesa que un proceso judicial con estas demoras “es agotador”, pero no le sorprende. “Interponer esta cantidad de recursos para evitar la realización de la audiencia de proposición de pruebas para enjuiciar a David Castillo es una estrategia recurrente de la defensa”, continúa Zúniga.
La estructura criminal del femicidio
David Castillo es “una pieza clave en la estructura criminal” detrás del crimen de la defensora, dice Bertha. Es “el enlace” entre quienes decidieron asesinarla con quienes la ejecutaron hace casi cinco años. En la punta de la estructura criminal está la familia Atala Zablah; en la base, los contratados para asesinar a Cáceres. En el medio, Castillo que, según numerosas pruebas testimoniales y de chats telefónicos ya presentados en el primer juicio contra los autores materiales y nuevas evidencias que la familia de la víctima quiere presentar, habría tramado el asesinato con los ejecutivos y se habría encargado de contactar a militares (en función o retirados) como Douglas Bustillo para que consiguieran sicarios. “Los ejecutivos de DESA procedieron a tramar la muerte de la señora Cáceres”, aseguró el tribunal en el juicio a los autores materiales, sin especificar nombres. Los Atala tienen fuertes conexiones políticas y parecen intocables.
Al menos cuatro Atala integraban la Junta Directiva de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Uno de ellos, Daniel Atala (director financiero de DESA), se comunicaba frecuentemente con David Castillo (presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA) para transmitirle las molestias que le causaba la lucha de Cáceres y el COPINH por impedir el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Castillo, a su vez, mantenía una red de informantes para seguir los movimientos de Berta, además de estar en contacto él mismo con la defensora en representación de la empresa.
Zúniga dice a LatFem que, entre las pruebas que no les han permitido aportar todavía contra Castillo, debido a las maniobras dilatorias de la defensa de este ex teniente segundo de Inteligencia Militar del Ejército hondureño, hay “comunicaciones fundamentales entre él y mi mami, que desvirtúan la supuesta amistad que algunos dicen que tenían”.
Un par de años antes de ser asesinada, Cáceres ya denunciaba públicamente que era amenazada y hostigada por personal de DESA y por militares vinculados a la empresa, características que conjugaba Castillo: militar graduado de West Point en 2004, como parte del Ejército hondureño intervino en 2007 la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE) y tomó un puesto de gestión. Ese mismo año, Castillo integró la comisión que negoció con la Constructora Odebrecht para autorizar la construcción y operación de hidroeléctricas por un período de 20 años, y en 2010 participó en una reunión donde se aprobó el contrato de la ENEE con DESA para el Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca”. En 2011 fue nombrado Presidente de DESA.
Considerando la formación en inteligencia militar, Zúniga dice que hay pruebas de que Castillo montó una red de informantes en el territorio lenca y “la información que él obtenía de allí sobre mi mami era reportada al chat con la empresa para saber dónde estaba ella” y definir cuándo ejecutarla.
“Queremos ofrecer una prueba contextual, en la que se perfila a Berta Cáceres como lideresa social indígena, defensora de derechos humanos y de género, y demostrar que no fue un crimen al antojo, sino un crimen planificado por una decisión a nivel de la empresa”, agregó.
Justicia para Berta
Desde que Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, departamento de Intibucá, el tiempo nunca estuvo a favor de alcanzar algo cercano a la justicia: el proceso para juzgar a ocho hombres como autores materiales del crimen iba a comenzar el 17 de septiembre de 2018, pero empezó un mes después excluyendo la representación legal de la familia y al COPINH como querellante. El 29 de noviembre fueron sentenciados tres sicarios junto a militares del Ejército hondureño y a empleados de DESA, pero las condenas se conocieron recién el 2 de diciembre de 2019, a 45 meses del femicidio.
Los imputados fueron: Sergio Rodríguez (gerente de comunicaciones de DESA), Mariano Díaz (mayor en activo del Ejército de Honduras), Douglas Bustillo (teniente retirado y exjefe de seguridad de DESA), Henry Hernández (ex militar), Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte, Oscar Haroldo Torres, condenados a penas de entre 30 y 50 años de prisión; y Emerson Duarte, absuelto por el asesinato de la defensora. Rápalo, Torres, Duarte y Hernández fueron condenados a su vez por la tentativa de homicidio contra Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos Chiapas-Amigos de la Tierra México, que estaba en la casa de Cáceres el día del crimen porque asistía a un foro del COPINH y recibió una herida de bala en su oreja izquierda.
Desde antes de que comenzara el juicio, la familia Cáceres señaló públicamente que faltaba juzgar a los autores intelectuales del crimen. La defensa de lxs hijxs de Berta había propuesto citar, al menos como testigos, a Daniel Atala, Jose Atala Zablah, Jacobo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah, pero no lo lograron. Castillo mantenía comunicaciones constantes con ellos para informarles qué hacía Berta y trazar estrategias para criminalizarla o, finalmente, asesinarla.
“Durante el juicio fuimos testigos, así como los observadores internacionales, los miembros del cuerpo diplomático y la prensa, de las comunicaciones telefónicas que evidencian la participación de la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres –expresaron familiares de la defensora en un comunicado de diciembre de 2018-. Esto también dejó claro que los hechos criminales cometidos por la empresa DESA bajo la dirección de esta familia van más allá del asesinato y comprenden una serie de crímenes realizados en contra de Berta Cáceres, del COPINH, del pueblo Lenca e incluso de la administración pública y del Estado de Honduras”.
Aunque Castillo estaba detenido desde marzo de 2018, no fue incluido en la imputación del Ministerio Público durante el primer juicio por el femicidio de Berta. Sin embargo, en los alegatos de esa instancia judicial, para la Fiscalía ya estaba probada la implicancia de militares y empleados de DESA en la planificación del crimen: a través de una serie de chats corporativos y otros mensajes telefónicos periciados entre Bustillo y Rodríguez con los sicarios, con Castillo y con los Atala, todos nombraban a Cáceres y a otrxs dos líderes del COPINH como un obstáculo que les impedía desarrollar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque.
Una lucha de alto riesgo
El golpe de Estado de 2009 a Manuel Zelaya habilitó un funcionamiento corrupto en el que empresarios, funcionarios estatales e integrantes de las Fuerzas Armadas coordinaban la entrega de bienes naturales a transnacionales, a cambio de enriquecimientos millonarios (investigados en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”).
Para 2013 el Congreso Nacional había otorgado unas 15 concesiones extractivistas sobre el río Gualcarque, en territorio lenca, sin cumplir con el Convenio 169 de la OIT que establece el derecho realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre proyectos que se quieran establecer en sus tierras ancestrales. Uno de estos proyectos era Agua Zarca, cuya concesión había sido asignada a DESA en septiembre de 2010 e implicaba a la transnacional china SINOHYDRO, luego a la constructora COPRECA, al Banco FICOHSA, al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y al Banco Mundial.
Desde el territorio, las comunidades lencas encabezadas por COPINH, organizaban cabildos abiertos, asambleas indígenas y manifestaciones en las que expresaban su rechazo al proyecto. En movilizaciones que se recrudecieron desde abril de 2013 denunciaron los daños ambientales, el despojo y desplazamiento de las comunidades, la militarización de la zona y otros impactos que Agua Zarca implicaba, así como las amenazas, hostigamientos y persecución que sufrían lxs miembrxs del COPINH. El 23 de abril murió Paula Gonzáles, herida en un accidente vehicular mientras cortaba la ruta, como parte de las manifestaciones contra el avance de DESA y SINOHYDRO. En mayo, Berta sufrió la primera judicialización, acusada de “portación ilegal de armas” tras ser detenida por 20 integrantes del Batallón de Ingenieros del Ejército y de la Policía, cuando se dirigía a una reunión de su organización. Le dieron medidas sustitutivas a la prisión y le prohibieron salir del país. Berta no era solo una defensora ambiental: promovía la “refundación” de Honduras construida desde abajo, junto a las comunidades garífunas, al movimiento feminista y otras organizaciones.
La criminalización del COPINH se profundizó con la persecución y los crímenes contra sus integrantes. El 15 de julio de 2013 fue asesinado Tomas García cuando, al movilizarse y llegar a la planta de DESA para exigir que la empresa se retire del territorio, guardias de la empresa junto a militares comenzaron a disparar. Por la tarde, ejecutivos y empleados de SINOHYDRO decidieron retirarse del lugar.
En chats de Whatsapp registrados en el teléfono celular de Sergio Rodríguez el 19 de julio de 2013 –expuestos durante el juicio por el asesinato de Berta en noviembre de 2018– figuran comunicaciones de Daniel Atala, gerente financiero de DESA, en las que el empresario pregunta “si ya se había presentado orden de captura contra Aureliano Domínguez” (sic) –es probable que se refiriera al dirigente de COPINH Aureliano Molina-, según recoge la organización Abogados Sin Fronteras (ASF) en su cobertura de las audiencias. En esas comunicaciones, Atala afirma que Berta (Cáceres), Tomás (Gómez) y Aureliano (Molina) son los líderes (de COPINH) y dice “que gastó mucho dinero para que se emitieran estas tres órdenes de arresto”. De hecho, el 2 de agosto de 2013, DESA presentó cargos contra Cáceres, Gómez y Molina por coacción, usurpación y daños estimados en más de 3 millones de dólares. En septiembre, un juzgado dictó prisión preventiva para la defensora. Esta criminalización contra lxs defensorxs fue denunciada a nivel regional e internacional por organizaciones como la Red de Defensoras y Frontline Defenders. En enero de 2014, Berta y sus compañeros fueron sobreseídxs de manera provisoria.
En otro tramo de los chats telefónicos expuestos en el juicio de 2018, la fiscalía mostró una conversación del 20 de agosto de 2013 entre el imputado Douglas Bustillo y Daniel Atala: el ex militar jefe de Seguridad de DESA le pide al gerente financiero de la empresa un pago de 1.000 lempiras por dos semanas de trabajo para un informante. Por esos días, como recoge el libro Las revoluciones de Berta, Cáceres ya denunciaba en medios de comunicación que “en todos los proyectos transnacionales hidroeléctricos o mineros hay una relación con los militares” y, sin decir sus nombres, se refería a que el “jefe de Seguridad de DESA es un ex militar” o “el que se presenta como dueño de DESA es especialista en inteligencia militar, asesor de inteligencia del Estado Mayor, egresado de West Point”, aludiendo a Castillo.
Cáceres celebraba que SINOHYDRO se había retirado del proyecto tras la lucha sostenida por el pueblo lenca, pero advertía: “Eso no nos van a perdonar nunca”. “Hay una verdadera persecución política (…) a pesar de que no somos responsables de lo que se nos acusa, hay mucha presión de las transnacionales y de la empresa DESA, junto con toda la institucionalidad del gobierno de Honduras, que está totalmente del lado de estos sectores del poder económico, político y militar, ya que incluso hasta el Ejército aquí está jugando un papel de presión política, de ataques al COPINH”. La planta de DESA que SINOHYDRO abandona quedó bajo control militar. Una Misión de Observación Internacional comprobó en agosto de 2013 que la usaron como base de la “Operación Libertad”, un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ejército hondureño que, con la excusa de combatir la inseguridad, militarizó las principales ciudades del país.
Berta describía la militarización de la zona como “una verdadera cacería”, con “vigilancia permanente en mi casa y de mis movimientos” y “levantamiento de perfiles con fotos y videos, amenazas de nuevas capturas y desalojos, control de vehículos”. “Vivo con el sentimiento de que en cualquier momento pueden asesinarme”, decía. Faltaban tres años para que ese temor se hiciera realidad. Berta fue asesinada el 2 de marzo de 2016. En febrero de ese mismo año había sufrido un un intento de asesinato, como se pudo probar en otro intercambio de mensajes.
En la reconstrucción de los hechos leída previo al veredicto de 2018, quedó establecido que Sergio Rodríguez coordinó con Mariano Díaz para que éste se encargase de planificar el asesinato. Díaz contactó a Bustillo que se reunió con Hernández en La Esperanza “para conocer la zona de la vivienda de Berta Cáceres”, ubicar a la coordinadora del COPINH y darle seguimiento a través de informantes pagos.
En una serie de mensajes, Hernández le confirmó a Díaz que estaba dispuesto a “hacer el trabajo”, en referencia a matar a Cáceres. El 6 de febrero de 2016, le informaron a un ejecutivo de DESA que la acción no había sido realizada por falta de un vehículo. El 21 de febrero, Bustillo retomó comunicaciones con Hernández (y éste con Díaz) para reactivar el plan de asesinar a Berta y “buscar la manera de que no se vieran directamente involucrados en el hecho”, por lo que contactaron a sicarios para ejecutar a la defensora. Finalmente, el 2 de marzo de 2016, entre las tres y las cuatro de la tarde, llegaron a la ciudad de La Esperanza. Ese mismo día Berta Cáceres asistía al centro Utopía para un foro junto a Gustavo Castro y fue ejecutada en su casa por la noche, cuando ya se había ido a dormir, mientras que Castro fue herido y los ejecutores huyeron creyendo que lo habían matado también.
En el fallo, el Tribunal de Sentencia afirmó que el asesinato de la lideresa indígena y defensora de derechos humanos fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa DESA”, con el fin de acabar con la oposición de Berta Cáceres y el COPINH al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. La sentencia no identifica a los ejecutivos por su nombre. Hasta ahora ningún miembro de la familia Atala fue imputado como autor intelectual.
La causa pendiente
Volviendo al juicio pendiente contra David Castillo como responsable del asesinato de Berta Cáceres, por haber “coordinado y proporcionado fondos a los autores materiales para llevar a cabo el asesinato”, Zúniga advirtió que, si la defensa del empresario sigue dilatando las audiencias preliminares, se llegará al vencimiento de la prisión preventiva del acusado en mayo de este año. La posible excarcelación “es un escenario de riesgo”, dijo. “Recordemos que fue detenido en un aeropuerto (el 2 de marzo de 2018) y no descartamos que, si espera el juicio en libertad, pueda estar pensando en una fuga que le evite culminar el proceso de enjuiciamiento”, concluyó.
La familia Cáceres espera que la Corte de Apelaciones resuelva a la brevedad la recusación de la defensa de Castillo contra el tribunal y puedan desarrollar la audiencia de proposición de pruebas y una serie más de instancias preliminares antes de comenzar el esperado juicio. Pero no descartan que desde el otro lado de la balanza usen nuevos recursos para mantener esta deuda con la justicia.
