Pasaron 8 años y todavía no hay justicia para Berta ni para su familia. La lideresa hondureña fue asesinada en 2016 por un grupo de sicarios que —se comprobó en la investigación judicial— fueron enviados por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), responsable del proyecto hidroeléctrico que pretendía instalarse en las tierras ancestrales de la comunidad Lenca. Berta fue reconocida por impedir que DESA junto a la mayor empresa constructora a escala mundial, Sinohydro Group, realizaran la represa “Agua Zarca” en el río Gualcarque.
El femicidio político de Berta Cáceres Flores marca un punto de inflexión en el reconocimiento de la lucha de las defensoras. A través de su participación en el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), Berta luchó sin parar contra proyectos extractivos y megaproyectos que amenazaban la biodiversidad y los derechos de las comunidades locales de Honduras. Esta resistencia había logrado una importante visibilización a nivel mundial, convirtiéndola en una referencia de la lucha socio-ambiental, lo que le valió un Premio Goldman, máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente, en 2015.
Berta, la de la sonrisa cómplice y rebelde, siguió luchando aún sabiendo que sus días estaban contados. Se opuso a la instalación de bases militares estadounidenses en territorio hondureño y protagonizó la resistencia contra el golpe de Estado de 2009 en Honduras. Previo a su asesinato, cuatro de sus compañeros del COPINH habían sido asesinados, Cáceres —junto a otros líderes indígenas y defensores ambientales— fue perseguida y criminalizada, y el hostigamiento y las amenazas se habían convertido en un cotidiano. Por todo esto, su madre y sus hijas se vieron obligadas a dejar el país. Pero Berta se quedó en su casa, en La Esperanza, donde vivió toda su vida. Por la que dio toda su vida.
Entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2016, un grupo de sicarios ingresó a su hogar y la asesinó. Junto a ella, se encontraba Gustavo Castro Soto, integrante de la organización Otros Mundos Chiapas, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, quien sobrevivió y se convirtió en el principal testigo de la causa. Aunque ese día buscaron silenciarla con su cobarde asesinato, Berta se multiplicó en todas las defensoras de la vida que hoy celebran su vida.
“Todavía estamos esperando que la justicia confirme las sentencias de los acusados“
El crimen de Berta Cáceres evidencia la complicidad político-corporativa del poder. Gracias a la lucha de la familia y el COPINH, en 2018 se demostró la responsabilidad de siete personas que fueron condenadas como autores materiales del crimen por haber integrado el grupo armado que persiguió, intimidó, acosó y asesinó a la lideresa.
En 2021, se demostró la responsabilidad de David Castillo, el expresidente de DESA, como co-autor de su asesinato. Castillo fue sentenciado a 22 años de prisión como el autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres. Si bien se trató de la primera condena hacia un responsable de alto cargo empresarial relacionada con el asesinato de una defensora territorial, desde el COPINH denuncian la responsabilidad de Castillo como responsable material de su crimen y exigen que se amplíe su pena.
Para Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres Flores e integrante del COPINH, en estos ocho años que pasaron desde el femicidio político de su madre, se lograron “unas pequeñas victorias —que, a la vez, son grandes por lo que significan en un país de tanta impunidad— que son las sentencias a los ocho hombres que participaron de su crimen, la autoridad intelectual y también la responsabilidad de la empresa hasta llegar a las estructuras militares”.
A pesar del lento y hostil proceso judicial atravesado por la familia y su organización, en la actualidad las sentencias contra las ocho personas condenadas por el femicidio político de Berta Cáceres continúan sin efecto. “Han pasado más de cuatro años desde el primer juicio y dos años del segundo, pero todavía estamos esperando que la justicia confirme las sentencias de los acusados”, denunció Zúniga Cáceres en representación de la familia. Durante dos años, la defensa de Castillo, agotó las diversas instancias del Poder Judicial en búsqueda de una amnistía que, en noviembre de 2023, fue negada por unanimidad por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Pasaron tres meses desde entonces y la Corte continúa demorando la condena efectiva de los responsables.
“Para nosotras es muy importante esta condena. Sus hijas, su hijo, su familia, el COPINH y toda la comunidad también somos víctimas de esta injusticia”, aseguró a LATFEM. Para Bertha, es necesario que el juicio quede cerrado: “Necesitamos que no esté expuesto a más maniobras de intervención dentro del sistema de justicia ya que sabemos cómo han operado los grupos de poder en Honduras la primera vez”, agregó.
Además de los ocho responsables ya sentenciados —insiste la hija de la defensora del pueblo lenca— “todavía faltan los Alala”. Se trata de la familia Atala Zablah, propietaria de DESA, perteneciente a la élite económica hondureña y cercana al ex presidente Juan Orlando Hernández, quienes estuvieron implicados como autores intelectuales en el crimen de Berta Cáceres. Entre ellos se encuentra, Jacobo Atala Zablah, presidente del Banco BAC Credomatic y vicepresidente de la Junta Directiva de DESA, Pedro Atala Zablah, miembro de la Junta Directiva de DESA y del grupo de comunicaciones llamado “Seguridad PHAZ” y José Eduardo Atala, presidente de la Cámara de Comercio Hondureño Americana y vicepresidente de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en Latinoamérica.
A su vez, aún falta que se realice la orden de captura contra Daniel Atala Midence, gerente financiero de DESA, por autorizar la contratación de Douglas Geovanny Bustillo, que ya se encuentra sentenciado, así como el financiamiento al grupo de personas que amenazaron y violentaron a Berta y su comunidad. No obstante, la orden no fue comunicada y Atala Midence se encuentra desaparecido. En ese marco, explica Bertha, que se ha librado un requerimiento fiscal: “Es uno de los autores intelectuales que se puede declarar prófugo porque está evadiendo la justicia y, en ese sentido, esta sentencia también serviría para fortalecer esta etapa en la que pedimos la captura de los autores intelectuales”.
“Para nosotras es muy importante esta condena. Sus hijas, su hijo, su familia, el COPINH y toda la comunidad también somos víctimas de esta injusticia”
Al cumplirse ocho años de la siembra en tierra de su madre, Bertita —como le dicen cariñosamente sus familiares y compañeros—sostiene la importancia de llevar su causa a instancias internacionales: “Aunque el caso ha evolucionado, sabemos que la investigación de la autoría intelectual sigue siendo un desafío en nuestro país. Estamos demandando la conformación de un grupo internacional de personas expertas para que siga esta demanda”. Para Bertha, esa decisión implica voluntad política y, por ese motivo, desde el COPINH trasladaron el pedido al gobierno de la actual presidenta, Xiomara Castro, “porque representa una ruptura con los gobiernos anteriores”.
Las irregularidades en la causa que investiga el crimen de Berta Cáceres sólo demuestran la impunidad que existe en torno a las luchas ambientales así como los privilegios que aún sostienen las corporaciones y sus proyectos extractivistas en los territorios. La justicia para Berta podría sentar un precedente para todas las defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza en Honduras y la región.
“Las personas de las comunidades indígenas, campesinas y rurales hemos sido históricamente invisibilizadas”
Si bien el contexto político de Honduras cambió con la llegada de la presidenta Xiomara Castro en 2022, todavía existe una gran deuda con las defensoras de los territorios. Pasando por el pedido de justicia por Berta hasta las amenazas cotidianas contra organizaciones indígenas que aún persisten, se expone una realidad que atraviesa a toda la región: la lucha socioambiental y la defensa territorial incomoda. Y mucho.
Tras la partida de Berta Cáceres, su hija Bertita asegura que se encuentran enfrentando “los mismos desafíos estructurales, como el desconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas en general y, especialmente, el derecho sobre el territorio que es lo que vulnerabiliza las comunidades ya que las expone frente a las empresas que tienen intereses específicos sobre bienes comunes”. En lo que respecta al territorio ancestral del pueblo lenca, explicó “tenemos específicamente en nuestro territorio los ríos que son una de nuestras mayores riquezas y que siguen siendo un tema altamente conflictivo en Honduras”.
Según el informe de Global Witness realizado en el año 2022, casi el 90% de los asesinatos a líderes y lideresas en el mundo ocurrieron en América Latina y el Caribe. Esta violencia se agudiza en Centroamérica, especialmente en Honduras, donde las organizaciones continúan denunciando amenazas, persecuciones y crímenes políticos en manos de corporaciones privadas que actúan en complicidad con los estados, como sucedió en el crimen de Berta Cáceres. Tras su asunción, Xiomara Castro se había comprometido a apoyar y proteger a las lideresas y líderes socioambientales; sin embargo las violencias contra quienes defienden los territorios no han disminuído de manera significativa.
“Esperamos que el caso de mi madre, sea un granito de arena para poder construir relaciones distintas, donde se deje de violentar y de silenciar la palabra y las decisiones de las comunidades”
Para Bertita, la actual situación se puede explicar a través de la continuidad del mismo modelo extractivista que prioriza los territorios sobre las vidas: “No se ha logrado revertir ese modelo de funcionamiento ilegal, ilegítimo y violatorio de los derechos humanos que continúan pues aplicándose como la judicialización, la criminalización y el hostigamiento por parte de estructuras criminales vinculadas empresas, intereses económicos o políticos”. Desde su mirada, “las personas de las comunidades indígenas, campesinas, rurales hemos sido históricamente invisibilizadas” de forma que resaltó la importancia de “lograr un mejor trato por parte de la institucionalidad y un equilibrio con el gran poder que hoy siguen teniendo las empresas extractivas”.
En una nueva siembra de Berta y desde los ríos sagrados de Intibucá, Bertita remarca la importancia de “multiplicar su lucha para construir un país distinto” pero, también, “para proteger —como bien lo decía mi madre— la vida de toda la humanidad y de la biodiversidad, no solamente la vida de nuestros propios pueblos”. Ella sabe que todavía falta mucho para que la justicia de los pueblos sea real, sin embargo, reafirma con esperanzas: “Esperamos que el caso de mi madre, sea un granito de arena para poder construir relaciones distintas, donde se deje de violentar y de silenciar la palabra y las decisiones de las comunidades”.
