Fotos: MARTÍN CÁLIX (CONTRA CORRIENTE)
Cornetas, bocinas, bailes, humo y flores para levantar un altar. Hacer acuerpamiento y mística frente al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. Celebrar un poco de justicia a cinco años y cuatro meses del asesinato de la defensora Berta Cáceres, luego de escuchar que Roberto David Castillo era declarado “coautor” del crimen cometido el 2 de marzo de 2016. La pena de cárcel se dará a conocer el 3 de agosto.
“Es una victoria popular”, dicen las hijas de Berta junto a las mujeres de la organización que su madre coordinó tantos años: el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Una victoria que tuvo como motor la osadía de Río Blanco, al decir del abogado Víctor Fernández, de “resistir en colectivo y triunfar”, junto al acompañamiento feminista durante los 90 días de juicio con el campamento Viva Berta, con la tenacidad y constancia de ir “derribando” las hipótesis del crimen que convenían al poder —que fueron desde crimen pasional al enfrentamiento interno de la organización— “hasta construir la nuestra poco a poco”, agregará Fernández, para fortalecer ante la opinión pública nacional e internacional la evidente responsabilidad de los dueños poderosos y millonarios de DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) en ordenar que Berta fuera asesinada.
A esos dueños poderosos, empresarios de la élite hondureña, miembros de la familia Atala, ayudó David Castillo. Aunque los Atala no fueron mencionados en la sentencia, se los nombra indirectamente como parte de los “directivos de DESA” que participaban del grupo de WhatsApp desde el que se hicieron coordinaciones “para neutralizar acciones de Berta y de COPINH”, como dice el fallo. Esas acciones del Consejo Cívico impidieron en 2015 la instalación del millonario proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, en la comunidad indígena lenca de Río Blanco.
“Faltan los Atala”, insiste Bertha Zúniga, hija de Cáceres y actual coordinadora del COPINH. “La causa Berta Cáceres no termina con esta resolución sino que se encamina firmemente a llevar ante la justicia a los autores intelectuales de este crimen, Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala y demás personas e instituciones involucradas”.
Daniel Atala era el gerente financiero de DESA. Con frecuencia le transmitía a Castillo las molestias que causaban las movilizaciones de Cáceres con la comunidad lenca contra Agua Zarca, que estaban logrando que inversores extranjeros —como la transnacional china SINOHYDRO— “retiraran el apoyo al proyecto y que la construcción cambiara de sitio, lo que generó un retraso de más de un año en la obra y una pérdida de 54 millones de lempiras”, recoge el fallo.
Laura Zúniga, que presenció las 40 audiencias, sintetizaba en esta entrevista publicada en LatFem hace pocas semanas: “La información de los chats (es una prueba) sobre cómo los accionistas de la empresa DESA despreciaban a la población lenca y cómo marcaron a mi mami y a otros liderazgos. Cómo personas claves que decían que, si mi mami no estaba, si Berta Cáceres no estaba, entonces la lucha de Río Blanco iba a desaparecer y, por lo tanto, contra ella había que encaminar acciones”.
Dos días antes del crimen, Daniel Atala le hizo una transacción financiera a Castillo que probaría el pago que el ahora condenado como coautor del femicidio le hizo a Douglas Bustillo para ejecutar a Cáceres. Finalmente, la acción se realizó el 2 de marzo “siguiendo el plan”, dice el fallo judicial, y “en el transcurso del día 3 de marzo Bustillo se comunica vía telefónica con Castillo”.
Atala fue llamado a declarar como testigo por la acusación privada de la familia Cáceres, pero logró no hacerlo alegando que está siendo investigado por el Ministerio Público Fiscal y que se ampara en el derecho de no declarar contra sí mismo. “Si no se lo ha procesado a Atala en cinco años de investigación es porque no hay voluntad política y porque se está protegiendo a una de las familias más poderosas de Centroamérica”, opinó Laura.
Bustillo es un teniente retirado y estuvo encargado de seguridad en DESA. Fue juzgado y condenado en 2018 por el femicidio de Cáceres junto a otros seis hombres acusados como autores materiales, entre los cuales había un policía militar, Mariano Díaz, con quien Bustillo coordinó el contacto y pago de sicarios, y Sergio Rodríguez, gerente ambiental de DESA, que contactó a Díaz y que, entre otras acciones, le propuso a Castillo boicotear las radios del COPINH.
Castillo mantenía una red de informantes en el territorio para seguir los movimientos de Berta, además de estar en contacto él mismo con la defensora en representación de la empresa. Haciendo uso de la última palabra antes de conocerse el veredicto, durante el día en que se presentaron las conclusiones del juicio, el coautor intelectual del femicidio quiso defenderse diciendo que él tenía “una amistad” con Berta.
En la sala de audiencias, el empresario dijo a los familiares de Cáceres que no había participado en el asesinato. “Yo no tuve ninguna participación, ni directa ni indirectamente, ofreciendo ningún tipo de recompensa, sea pago o sea cualquier tipo de recompensa; ninguna participación ofreciendo logística, ofreciendo vehículo o armas, ni siquiera información. Tampoco me enteré sobre los hechos. Tampoco me enteré acerca de ninguna planificación”. De todo eso se lo acusa y de todo eso hay pruebas.
Las hijas de Berta recuerdan que, varios meses antes de ser asesinada, su madre mencionaba a Castillo y a Bustillo como parte del personal de DESA que la amenazaba y hostigaba. Ellos dos y otros empleados eran militares retirados o en actividad. Castillo es un militar graduado de West Point en 2004, integró el Ejército hondureño y en 2007 intervino la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE) donde tomó un puesto de gestión. Ese mismo año, Castillo integró la comisión que negoció con la Constructora Odebrecht para autorizar la construcción y operación de hidroeléctricas por un período de 20 años; y en 2010 participó en una reunión donde se aprobó el contrato de la ENEE con DESA para el Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca”. En 2011 fue nombrado Presidente de DESA. Por estas participaciones también es investigado por actos de corrupción.
Como ya se había mencionado en el primer juicio de la causa, las comunicaciones entre Castillo y Bustillo, que coordinaba el sicariato, prueban que hubo al menos un intento de asesinato antes de consumar el femicidio la noche del 2 de marzo de 2016 en la residencia de Berta ubicada en La Esperanza, Intibucá. El 2 de febrero de 2016 las comunicaciones prueban que Díaz estaba vigilando y fotografiando a Berta y le iba comunicando a Bustillo los movimientos de la líder lenca. El 5 de febrero, Castillo habló con Bustillo sobre una “misión” y le pidió que cuide “los accidentes de la escena”, pero el día 6 Bustillo le informó que la misión había sido “abortada”: “Ayer no se pudo. Esperaré lo que usted diga porque ya no tengo logística”. Castillo le respondió: “Yo no necesito la información, necesito lo que usted va a presupuestar para el trabajo”.
Para el Tribunal “no queda espacio para dudas que David Castillo coordina con Douglas Bustillo frente al crimen de Berta Cáceres” y los jueces quedaron “plenamente convencidos” de que David Castillo “ha tenido participación material e intelectual como coautor del asesinato de Beta Cáceres”. Aunque la defensa de Castillo ha anunciado que interpondrá un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia por supuestas irregularidades en el juicio, los apoyos al empresario y al proyecto se empiezan a alejar. Este martes, el banco de desarrollo holandés FMO aceptó que financiaron “una empresa cuyo director ejecutivo ha sido declarado culpable de estar involucrado en un asesinato” y expresaron que estaban “devastados” por esto.
Fallo emblemático
Después de numerosas dilaciones para llegar al juicio, incluso temiendo la fuga de David Castillo si quedaba en libertad al vencer su prisión preventiva, llegar a esta condena contra uno de los autores intelectuales del crimen de Berta es emblemático, en un país que encabeza tristes ranking de asesinatos contra defensorxs ambientales. Son ellxs quienes ponen el cuerpo y la estrategia política colectiva para resistir el avance extractivista que está presente en el 36% del territorio de Honduras, a través de concesiones a empresas de propiedad transnacional o incluso de políticos locales.
Pero, como dijo el abogado Fernández a la salida de la audiencia, esta condena “no es el final, es la continuidad del compromiso para hacer justicia integral en esta causa y una esperanza para los centenares de crímenes que han ocurrido en Honduras, que siguen el mismo patrón de asesinato”. Y a ese patrón de muerte se responde con uno de vida: “Con Bertita se fundó esta forma de desarrollar la vida entre el territorio, entre asambleas populares, y la disputa que hacemos en la institucionalidad”, agregó.
La defensora Rosalina Domínguez declaró en el juicio y también celebró el resultado en las afueras de la Corte. “Mataron a Bertita porque no la podían encerrar. Pensaron que quitando a Berta Cáceres Río Blanco iba a callar, pero se jodieron. ¡Se joden los Atala! ¡Se jode DESA! ¡Nunca van a llegar a Río Blanco! Como mujeres de COPINH tenemos que resistir, ella es nuestra guardiana del río Gualcarque. Yo también sigo amenazada, pero ando sola y sin armas. No tengo miedo de hablar. No nos vamos a rendir. ¡Agarren ánimo de luchar, acá tenemos el calor!”.
Hay que seguir “hasta que acampe la justicia”, como escribieron desde el Campamento Feminista Viva Berta, que dejó su marca de “recuperación territorial”, dijo Yessica Trinidad, de la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras. Pocas horas después de la sentencia a Castillo, decenas de mujeres levantaron las carpas del campamento, las ollas comunitarias y las banderas. Una de esas banderas coloridas decía: “Berta, palabra y semilla, nosotras de haremos justicia”.
