Sabemos que muchas veces las disposiciones de las leyes pueden crear una serie de problemas que, lejos de resolver algo de lo que se proponía abordar, termina agravándolo. Más cuando están pensadas sin tener en cuenta la voz ni la participación de quienes serán afectades por ellas. Es el caso del Código de Convivencia Urbana que el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, reenvió por tercera vez para su tratamiento en el Consejo Deliberante. Un debate al que no fueron invitadas las organizaciones sociales, sectoriales y de derechos humanos que habían participado en las presentaciones anteriores.
Una vez más el intendente de Cambiemos se propone criminalizar la pobreza al leer como problemáticas las estrategias de supervivencia que distintos grupos de sectores populares componen para hacer frente a sus necesidades materiales concretas. Las economías informales, muchas de ellas desarrolladas en el espacio público, son la vía de obtención de recursos para sostener la vida propia y familiar. También en esos grupos encontramos a estudiantes universitarios que costean con distintos recursos sus estudios. La criminalización de esos eventos es una vía para bloquear el acceso a la ciudad a determinadas personas o para invisibilizarlas.
Algunos de los actores que se identifican como problemáticos son les trapites, cuidacoches y lava-autos (cuando prohíbe la venta de servicios de estacionamiento en la vía pública); les artistas callejeros (cuando prohíbe la venta de servicios y bienes en los semáforos); les vendedores de flores en los semáforos (cuando prohíbe la venta de servicios y bienes en los semáforos); les cartoneres (cuando prohíbe la circulación de transportes a tracción de animales para circular y recolección ilegal de basura); a les vendedores ambulantes (cuando prohíbe las ferias en las plazas y en las veredas del centro); las trabajadoras sexuales (cuando prohíbe la oferta de sexo en la vía pública); les vendedores de comida callejera (cuando prohíbe la elaboración de comida callejera: choripanes, chipá, comida vegana, pan caliente); a la venta de alcohol en la vía pública; al transporte público irregular; etc.
No se trata de una legislación novedosa. Por un lado, abreva en la legislación de Falta que hace décadas no se aplica, y por el otro, en la novedosa legislación que las grandes ciudades gentrificadas del mundo han ido produciendo. Una legislación “menor” que tiene las siguientes características:
En primer lugar, se trata de una legislación mercantilista que se propone la valorización del metro cuadrado en el casco de la ciudad. De allí que los códigos de convivencia haya que leerlos al lado de las otras ordenanzas (código de Planeamiento Urbano) que se vienen sancionando. En efecto, la cara oculta de la securitización es la valorización financiera que les permita a los desarrolladores inmobiliarios y emprendedores de franquicias desarrollar negocios millonarios, al tiempo que transparentan activos de dudosa procedencia. Quiero decir, detrás del prudencialismo se esconden también los procesos de gentrificación que segregan espacialmente a las personas “incivilizadas”, sin capacidad de consumos suntuosos.
En segundo lugar, se trata de una legislación higienista: un código que se propone una limpieza de la ciudad en términos racistas y transodiantes para que la “gente como uno”, los “vecinos alertas” de clase media puedan usar la ciudad de acuerdo a sus propias formas y costumbres. En otras palabras: si hay pobreza que no se vea, si hay diversidad de género, tampoco. La ciudad se clausura y se transforma en una postal para turistas o para gente con capacidad de consumo.
Y finalmente se trata de una legislación punitivista: propone como único modo de resolución para los supuestos conflictos las respuestas punitivas (multas, secuestro de material decomisado, arrestos e inhabilitaciones). No se prevén otras formas para tramitar las situaciones o eventos que cualquier vecine pueda identificar como un problema, es decir, no se prevén espacios de encuentro para desplegar el diálogo donde los problemas puedan encararse teniendo en cuenta el punto de vista de todes les actores involucrades, donde pueda pensar su problema junto al problema del otrx.
Con todo se trata de una legislación que establece una suerte de micropenalidad dedicada a administrar los flujos de bienes y grupos de personas en la ciudad en general y el espacio público en particular. Porque el objetivo de esta legislación no son las individualidades sino los colectivos de personas y las estrategias que desarrollan para encarar sus problemas materiales y para componer identidades (juntas en las plazas, grafitis, etc.) o expresar sus problemas o peticionar a las autoridades (manifestaciones públicas, acampes, volanteadas, etc.). No se persiguen acciones individuales sino conductas identificadas como productoras de inseguridad o temor, que se corren de los estilos de vida y pautas de consumo que tienen otros vecinos de la ciudad.
