Por: Fotos: Alexandra Sánchez Hernández

En los últimos años hemos estado viviendo políticas de ajuste, de vaciamiento del Estado, alto endeudamiento, tarifazos; todas consecuencias de la política neoliberal del gobierno de Mauricio Macri que deja en su legado millones de nuevos pobres, en su mayoría mujeres y niñxs. Pero también, y no es casual, hemos asistido a una verdadera revitalización y masificación del movimiento feminista. Las crisis son también oportunidades para la imaginación política y para materializar esos mundos imaginados, esos que son más igualitarios.

Esta coyuntura parece haber propiciado el actual debate respecto de los feminismos y el punitivismo; debate que, apenas unos años atrás, no parecía estar en agenda. En estos años, las feministas comenzamos a discutir y repensar los escraches a abusadores en las redes sociales, el reclamo del cese de los femicidios se hizo indivisible de la demanda por el derecho al aborto y otras demandas redistributivas, y tímidamente fue asomando la crítica a la capilarización de racionalidades punitivas.

Si las críticas en torno a las derivas punitivistas de los feminismos orbitan en muchos eventos, debates y conversaciones en el último tiempo, no está del todo claro aún cuál será la agenda de este emergente feminismo no punitivo. Pero desde el movimiento feminista y amplio de mujeres venimos elaborando interrogantes y discutiendo propuestas.

 

Las consecuencias de las políticas anti-trata

El problema de la apelación al sistema penal es un tema que nosotras intentábamos visibilizar ya en el año 2013, a partir de nuestro trabajo sobre las políticas anti-trata y sus efectos de vulneración de derechos de las trabajadoras sexuales. 

Señalábamos entonces, tal como lo hicieran otrxs investigadorxs, el origen colonial de la campaña anti-trata argentina. Pues la campaña comenzó en Estados Unidos otorgándole a Bush una causa humanitaria, en el contexto de las guerras de Irán y Afganistán, para reactualizar las bases de sus apoyos y promover sanciones económicas a los países que no cumplen con los criterios de los Tip Reports del Departamento de Estado estadounidense. Este último también otorga los premios a quienes se comprometen con “la lucha contra la trata” y financia o apoya distintas actividades, programas y proyectos, también aquí en la Argentina.

En Europa, esta campaña ha servido como campaña anti-migración, cuestión magistralmente expuesta hace unos meses por el sociólogo francés Lilian Mathieu en la FLACSO. Aquí, principalmente, ha tenido un contenido anti prostitución, sea ésta voluntaria o no. La campaña comenzó a desplegarse en nuestro país en el año 2008 identificando a todas las trabajadoras sexuales como víctimas, clausurando sus lugares de trabajo y criminalizando distintas inserciones en el comercio sexual. Más allá del debate respecto del estatuto de la prostitución y las confusiones y solapamientos entre trata, explotación y trabajo sexual, la idea que se instaló por entonces fue que el sistema penal era el instrumento adecuado para conceptualizar y abordar los problemas de desigualdad social y de género que existen en el mercado del sexo. Una heterogénea coalición compuesta inicialmente por partidos de la izquierda trotskista, organizaciones ligadas a la Iglesia Católica y grupos feministas abolicionistas –a la que pronto se incorporaron algunas organizaciones del campo popular– privilegió la demanda por la intervención punitiva (la ampliación de los tipos penales y el aumento de penas) por sobre otras políticas sociales y de redistribución. 

A contramano de estas políticas, en el año 2015 Amnistía Internacional apoyó una posición de descriminalización total, de forma tal de poder proteger los derechos de las trabajadoras sexuales e incluso luchar así contra con la trata, que no confunden con trabajo sexual. Fue una intervención valiente que le valió el repudio de buena parte del feminismo alineado en la Campaña anti-trata a través de ONGs, y de los feminismos abolicionistas en general. Fue también una intervención necesaria, de gran apoyo para las organizaciones de trabajadorxs sexuales de todo el globo. La posición de Amnistía es, en buena medida, la que prima entre quienes hacemos investigación feminista de base empírica en estas temáticas. 

En cuanto a los efectos de estas políticas anti-trata en la Argentina, las personas que hacen sexo comercial fueron identificadas como víctimas más allá de cómo vieran ellas mismas su inserción en el mercado sexual. Tan es así que la titular de la Oficina de Rescate planteó en una entrevista que solo el 2% de las rescatadas se percibían como víctimas. Si algunas mujeres viven la prostitución como una forma de violencia y otras como un trabajo ¿qué significa consagrar una u otra perspectiva como un derecho e imponer una única grilla de legibilidad en las políticas públicas? 

El lenguaje de la trata permitió que las mujeres en el comercio sexual —cuya reputación siempre ha sido cuestionada— pudieran ser pensadas como víctimas de delitos sin que ninguna censura moral se interpusiera en su acceso a la justicia. Esto fue muy importante para aquellas personas que efectivamente estaban siendo víctimas de hechos delictivos (secuestro o retención en contra de su voluntad, violaciones, agresiones físicas, entre otros) pero se hizo al costo de imponer la victimización como perspectiva para todas.

Otra de las consecuencias, terrible y paradójica, de la institucionalización de las políticas anti-trata fue un inusitado índice de encarcelamiento de mujeres en comparación con el resto de los delitos (pueden consultarse los datos de la misma Procuraduría especializada en la lucha contra la trata, la Protex). En contraste con la visión dicotómica entre explotadores varones e inocentes mujeres propia de las retóricas anti-trata, las mujeres se encuentran muchas veces involucradas en el comercio sexual como terceras partes. Tal es el caso de las recepcionistas y encargadas, quienes frecuentemente son ex trabajadoras sexuales de mayor edad que buscan otras inserciones en el mercado. En estos casos, los factores que determinan la participación en la organización del sexo comercial son las mismas condiciones de pobreza y ausencia de sistemas de protección social que llevan a una persona a ofrecer servicios sexuales. 

 

Hacia un feminismo no punitivo

Un feminismo no punitivo no quiere decir que el sistema judicial no intervenga frente a hechos concretos de violencia. Lo que hace es cuestionar el privilegio del lenguaje penal para la definición de problemas sociales y señalar las consecuencias que ello acarrea. Un feminismo no punitivo distingue, como nos ha enseñado la jurista italiana Tamar Pitch, entre violencia, discriminación y subordinación. Entre violencia y opresión. Un feminismo no punitivo atiende a los derechos sociales, económicos y culturales en su totalidad como la única manera de abordar verdaderamente los problemas de la violencia y la opresión.

El esquema de lo penal, al simplificar los problemas sociales y privatizar responsabilidades, ha resultado siempre funcional a las medidas securitarias de la racionalidad neoliberal. Para un feminismo no punitivo, la discusión urgente refiere a las poblaciones que han sido históricamente clientela del sistema penal.  La comercialización de drogas a pequeña escala, o quienes la transportan (las llamadas “mulas”) y el trabajo sexual representan formas, según los casos, más o menos desesperadas pero siempre feminizadas de supervivencia dentro de la economía de ilegalismos de los sectores populares. ¿No vamos a repensar la política criminal que regula estas formas precarias de sobrevivir?

 

Las autoras son Antropólogas Feministas. Investigadoras CONICET- FILO, UBA.

Foto: Alexandra Sánchez Hernández