Si se busca la palabra “violencia” en las más de 300 páginas del presupuesto nacional 2018 que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó en el Congreso, solo aparece en dos oportunidades: en relación al programa Ellas Hacen y en la violencia en el fútbol. Un repaso sobre el documento evidencia la falta de una perspectiva de género al momento de la construcción del plan económico y la dificultad para saber cuánto otorga el Estado a políticas destinadas a mujeres, lesbianas, travestis y trans. No se hace mención monto que el Estado destinaría al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) así como tampoco figura el Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que se anunció en 2016. Además de la falta de perspectiva de género, organizaciones de derechos humanos y feministas basandose en documentos presentados por el Poder Ejecutivo identificaron un recorte signficativo en la partida presupuestaria respecto al año anterior.
Mientras que en 2017 se asignó al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM, actualmente INAM) $163.500.000, para el 2018 el monto presentado es de $161.548.292. Esta suma no sólo representa una quita de dos millones de pesos sino que no tiene en cuenta la inflación estimada para el 2018, que según el gobierno nacional será del15,7%.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina para los Migrantes y Refugiados (CAREF), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21 presentaron una carta ante las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de la Cámara de Diputados, manifestando su preocupación por la formulación del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2018, que se debatirá en las próximas semanas. La nota también fue enviada al jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y la directora del instituto Nacional de las Mujeres (INAM), Fabiana Tuñez.
Por otro lado, también alertan sobre la ausencia de una partida específica para el presupuesto asignado al Plan Nacional de Acción (PNA) para la Prevención, Asistencia y Erradicación de las Violencias contra las mujeres. De acuerdo con aquel presentado en el 2016, el monto que correspondería para el 2018 debería ser de $50.489.000. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto para 2018 no se encontró que sea mencionado explícitamente. Esto contradice el compromiso del gobierno relativo a la transparencia presupuestaria del PNA en el marco del III Plan de Gobierno Abierto.
Considerando la relevancia de las asignaciones presupuestarias claras y transparentes para garantizar el efectivo cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Nacional de acuerdo con las obligaciones internacionales y nacionales, las ONG solicitaron que las Comisiones puedan revisar con detenimiento las partidas presupuestarias previstas en forma previa a la aprobación de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2018, aclarando los montos y destinos asignados para cada caso.
El 6 de septiembre, antes de que se conociera el plan económico enviado al Congreso, el gobierno anunció la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) a través del decreto 698/2017. La propuesta transformó el Consejo Nacional de las Mujeres en este nuevo organismo. “Ahora tenemos más autonomía. Ahora tenemos más capacidad de acción”, fueron las frases que acompañaron el anuncio. Sin embargo, el INAM no aparece nombrado en el desglose del presupuesto 2018.
Presupuesto asignado para la igualdad de género en otras áreas del Estado
Hay una clara omisión de la palabra “mujer” en las 310 páginas del documento presentado por Dujovne. Solo aparece cuatro veces: dos notas al pie y dos en relación a cobertura para embarazadas y cuando se menciona el programa Ellas hacen.
“Para alcanzar la igualdad de género y prevenir, sancionar y erradicar las violencias machistas es necesario transversalizar la perspectiva de género en el accionar de todos los Ministerios Nacionales”, señala el grupo de ONGs. “A nivel presupuestario, esto debe reflejarse en las partidas necesarias para que dentro del ámbito de sus competencias, las diversas áreas del Estado puedan contribuir con su trabajo para promover la igualdad de género, en cumplimiento de los compromisos asumidos. Hacer un seguimiento de tales compromisos requiere de un grado de desagregación que permita mejorar la transparencia en la asignación de recursos y en el posterior monitoreo y evaluación de su ejecución”, agregan.
En el proyecto de presupuesto presentado no es posible identificar los recursos destinados a la construcción los Hogares de Protección Integral (que según la estimación del gobierno ascendía a $600.000.000). Por otra parte, no resulta clara la identificación del presupuesto destinado a la compra y administración del sistema de tobilleras electrónicas para realizar el seguimiento de agresores, que debería estar incluido dentro del presupuesto del Ministerio de Justicia.
