Por:

Una movida similar hubo en 2013 para impulsar la derogación la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Para habilitar un plebiscito se requiere al menos el 25% del padrón, unas 650 mil adhesiones.

—¿Soy el único que votó?—preguntó Carlos Iafilgiola ante la prensa que lo esperaba afuera de la Escuela 127 de Montevideo. Eran las 12:30 y había emitido el voto 32 de los 800 habilitados en ese circuito de votación.  

Iafigliola impulsó y logró en marzo la recolección de 70 mil firmas para convocar al pre-referéndum que se realizó este domingo 4 de agosto, una votación no obligatoria donde solo participaron aquellas personas que querían habilitar a un plebiscito en las próximas elecciones presidenciales, para derogar la ley integral para personas trans, promulgada el 26 de octubre de 2018.

Una movida similar hubo en 2013 para impulsar la derogación la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Para habilitar un plebiscito se requiere al menos el 25% del padrón, unas 650 mil adhesiones.

Una movida similar hubo en 2013 para impulsar la derogación la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Para habilitar un plebiscito se requiere al menos el 25% del padrón, unas 650 mil adhesiones. Ni contra el aborto hace seis años, ni el domingo contra la ley integral trans lograron obtener más del 9% de los votos, según datos primarios brindados por la Corte Electoral.

“El pueblo uruguayo se manifestó y dijo ‘no’ a la derogación de los derechos; dijo ‘sí’ a la igualación”, dijo a LATFEM Collette Richard, integrante del Colectivo Trans del Uruguay y del sector frenteamplista Casa Grande.

Una ley para todxs

En Uruguay hay 853 personas transexuales, de las cuales 90% son mujeres, según el primer Censo Trans realizado en 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social.

La ley integral para personas trans (N.º 19.684) busca reparar económicamente a personas trans que sufrieron violencia institucional durante el terrorismo de Estado y la transición democrática (entre 1973 y 1989) y garantizar políticas públicas en educación, salud y trabajo, que disminuyan la discriminación estructural y permanente que atraviesa esta población a lo largo de su vida.

Para Collette cabe preguntar “por qué hay uruguayos que no respetan los derechos y por qué se instaló la lucha del pobre contra el pobre”, en referencia a uno de los argumentos de la campaña de desinformación contra la ley, que apuntó a criticar los recursos del Estado que se destinarán a cubrir las pensiones reparatorias. Cada prestación vitalicia equivale a tres Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC): unos 12.462 pesos uruguayos (350 dólares) mensuales.

El régimen de reparación es para las personas trans “nacidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1975, que acrediten en forma fehaciente que por causas relacionadas a su identidad de género, fueron víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad, habiendo sufrido daño moral o físico, así como impedidas del ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes sin serlo hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos”, dice el artículo 10 de la ley. No tienen derecho a percibir la prestación aquellas personas que ya cobren una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que optasen por la prestación reparatoria. El 15 de julio se informó que hay siete personas trans que han recibido esta reparación.

Para Collette los desafíos son claros: “Desde la comunidad trans tenemos que cuidar los derechos logrados y monitorear que la ley se cumpla”.

El texto declara de interés general “el diseño, promoción e implementación de políticas públicas y de acciones afirmativas en los ámbitos público y privado, dirigidas a las personas trans que residen en el territorio de la República” reconociendo que han sido “históricamente víctimas de discriminación y estigmatización por su condición”.

Para eso adopta distintas acciones: en salud, brindar atenciones sanitarias libres de discriminación y tratamientos de hormonización. A la vez reformula la ley de derecho a la identidad de género, cambio de nombre y sexo registral para que sea un trámite administrativo en vez de judicial (lo que requería testigos y consultas psicológicas que continuaban patologizando esta identidad de género y provocaba que muchas desistieran de realizar el cambio en su documentación). La ley también establece cupos del uno por ciento para puestos laborales y para programas de formación y capacitación, y dos por ciento de las becas de estudio, que incluyan acompañamiento personalizado, junto a las familias, para evitar la deserción educativa. Además indica que son un grupo prioritario para políticas de acceso a la cultura y a la vivienda.

Mejor solo que mal acompañado

La jornada soleada invitó a disfrutar de los cuerpos, las amistades y las familias diversas que le ganaron por pulseada en calles y plazas a un domingo de invierno en el que Carlos Iafigliola, diputado suplente por el Partido Nacional, representante del sector Adelante y del sector pentecostal en el laico Parlamento uruguayo, sintió que votaba solo.

Se tenía más fe por haber recolectado 70 mil firmas junto a su aliado, el pastor de la Iglesia Misión Vida y diputado nacionalista Álvaro Dastugue. Pero apenas contó con uno de los candidatos a la presidencia apoyando la votación, uno que ni siquiera corresponde a su fuerza política, el general Guido Manini Ríos, ex jefe del Ejército, candidato del partido de derecha Cabildo Abierto.

“Creí que se iban a sumar y no fue así, eso me provoca tristeza”, dijo Iafigliola.

Manini, el cuarto candidato más votado en las internas de julio, posteó en su cuenta de Twitter una foto junto a la urna naranja y el mensaje: “No estamos de acuerdo con la ideología de género que a toda costa se quiere imponer a nuestra sociedad… Hoy voté para que el pueblo pueda decidir sobre una ley que genera polémica… Creo que hay instancias en que el pueblo debe ser consultado, y ésta es una de ellas…”.

Luego de que el vocero de la Corte Electoral anunciara a las 20:09 que el pre-referéndum no superaba el 8% de los votos, desde la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans agradecieron a la sociedad haber comprendido la situación en la que se encuentran las personas trans y auguraron cambios profundos y sustantivos “hacia una verdadera inclusión en todos los ámbitos familiares, educativos y laborales”.

“La ciudadanía demostró que los derechos humanos no se someten a plebiscito. Son infinitas las demostraciones de adhesión a nuestra lucha”, expresaron en un comunicado.

Delfina Martínez, militante transfeminista negra, integrante de Mizangas y LA Cotracultural, dijo hace unos días a Latfem: “Lo que hace la ley es empezar a vernos como ciudadanas, recién ahora, en el siglo XXI. Plantea que quienes hemos estado históricamente relegadas del sistema podamos acceder a tener una vida digna”.

Sin embargo, Martínez advierte: “Es muy fácil decir no soy transfóbicx, pero cada une tendría que cuestionarse: ‘¿Qué hice para que una persona trans pueda acceder al mercado laboral formal, o no abandone ni interrumpa la trayectoria educativa, o para que esa no tenga que estar parada en una esquina prostituyendo su cuerpo porque es la única opción que en esta sociedad le dejamos?”.

Quizás ahora dejemos que las personas trans escriban su propia historia.