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Entre 2000 y 2014 fueron 149 las acusadas de aborto u homicidio tras complicaciones con sus embarazos: 27 de ellas fueron declaradas culpables.

El Salvador es uno de los siete países de Latinoamérica que prohíbe el aborto en todas sus formas: aún en casos de violación, cuando peligra la vida o salud de la mujer o malformación mortal del feto. Eso se traduce en criminalizaciónEntre 2000 y 2014 fueron 149 las acusadas de aborto u homicidio tras complicaciones con sus embarazos: 27 de ellas fueron declaradas culpables.

Entre 2000 y 2014 fueron 149 las acusadas de aborto u homicidio tras complicaciones con sus embarazos: 27 de ellas fueron declaradas culpables.

Tras su visita al país centroamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó este lunes a El Salvador a revisar las condenas de 27 mujeres encarceladas por haber abortado. La organización internacional llamó al gobierno salvadoreño a emprender “un moratorio a la aplicación del artículo 133 del Código Penal; a revisar detenidamente las condenas en cada uno de estos 27 casos mencionados en miras a asegurar el juicio justo y libre de estereotipos a cada una de las mujeres y, de probarse lo contrario, a poner en libertad a estas mujeres”.
“El Salvador debe garantizar a mujeres, niñas y adolescentes el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. La denegación de la interrupción voluntaria del embarazo en determinadas circunstancias es una vulneración a sus derechos fundamentales”, dijeron desde la CIDH en un comunicado de prensa.
La relatora de la CIDH para los Derechos de las Mujeres, Margarette May Macaulay, señaló en sus conclusiones que es necesario “revisar detenidamente las condenas” de cada una de las 27 mujeres encarceladas por aborto, algunas con penas de hasta 30 años.Para la relatora de la CIDH, muchas mujeres que sufren complicaciones obstétricas o abortos espontáneos “son condenadas por homicidio agravado”, todo con base en la sospecha “de haberse inducido un aborto y en posible violación de su derecho al debido proceso”.

Según el artículo 133 del Código Penal en El Salvador se castiga el aborto con penas que van entre los 2 y 8 años de cárcel. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto o incluso la pérdida del bebé como “homicidio agravado”, un delito penado con 30 a 50 años de prisión.

En diciembre pasado, un tribunal confirmó la condena de 30 años de prisión a la salvadoreña Teodora Vásquez por el delito de homicidio agravado, pese a que ella sufrió un parto intempestivo. En 2017 Evelyn Beatriz Hernandez Cruz fue condenada a 30 años de cárcel. A su vez, El Salvador tiene el único caso en el mundo de una mujer que tuvo que asilarse en Suecia después de ser injustamente condenada y posteriormente absuelta: María Teresa Rivera.

Desde octubre de 2016, el Congreso salvadoreño estudia una propuesta para despenalizar el aborto en casos de violación, cuando se ponga en riesgo la vida de la madre o por inviabilidad de sobrevivencia del feto. La iniciativa se encuentra estancada por la inmediata reacción de los partidos conservadores y de organizaciones civiles anti derechos.