Todo comenzó a las 14 del lunes 2, cuando Mariana conversaba con Rocío en el Centro de Transbordo de la estación Constitución (subte C), como lo haría cualquier pareja. Estuvieron un buen rato y Mariana alcanzó a fumar más de un cigarrillo. Lxs pasajerxs iban y venían, sin la premura de la hora pico, y más de unx con un cigarrillo en la mano. Un efectivo de la Policía de la Ciudad (identificado como Jonatan Rojo) se acercó a Mariana y le exigió que apagara el cigarrillo. Mariana se negó. “No hay ningún cartel que prohíba fumar”. La quiso detener. Mariana se negó a dejarse apresar por un policía varón. El agente convocó a una mujer policía. A fuerza de golpes y forcejones tiraron a Mariana al piso y la esposaron. La tuvieron sometida en el piso hasta que decidieron llevarla a la dependencia de la estación Boedo. Varixs pasajerxs registraron lo ocurrido en videos que se viralizaron en las redes sociales. A Mariana finalmente la arrojaron en un calabozo común, donde permaneció durante siete largas horas. Rocío defendió a su compañera en todo momento. El policía Rojo le exigió que comprobara el vínculo con Mariana presentando el certificado de matrimonio. Rocío llevaba ese documento consigo y lo exhibió. Así y todo, el policía que le tomó los datos consignó “estado civil soltera”.
La resistencia feminista, a través de las redes sociales, la movilización y la comunicación alternativa, dio amplia difusión al caso, que llegó a los medios masivos. Esta rápida intervención impidió mayor ensañamiento policial contra Mariana y permitió visibilizar el acto de lesboodio. Decenas de personas circulan por el Centro de Trasbordo de Constitución con un cigarrillo en la mano y ningún policía las obliga a apagar el cigarrillo. La mirada de resentimiento hacia la pareja lesbiana movió al policía a poner la lupa sobre Mariana.
“No puedo creer que haya estado detenida por ser lesbiana. A un heterosexual no lo detienen por ser hétero”, dice Mariana, que acusa no solo al policía Rojo sino a toda la institución por el trato recibido.
Mientras tanto, la solidaridad feminista crece en las redes sociales. Piensa, esboza sus propias estadísticas, comunica, interpela. La periodista Amanda Alma publica en su cuenta de Twitter: “En 2017 las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 40 lesbianas. Si no es una clara persecución lesbofóbica, qué es”.
“Esta cuenta la hice después que me enteré de la detención de Mariana. Fue una expresión de bronca”, dice Amanda Alma. La suma de casos incluye las detenciones del 7 de marzo (cuando difundían las actividades del Paro Internacional de Mujeres), las detenciones de lesbianas y bisexuales en la desconcentración de la marcha del 8 de Marzo (incluidas las aprehensiones en una pizzería), las que se produjeron en julio en los Tribunales de Comodoro Py en la marcha para exigir la libertad de Facundo Jones Huala y las echadas por besarse en una plaza de Morón. No son datos duros. Son cuentas realizadas rápidamente de los casos que derivaron en movilizaciones feministas. Y corresponden solamente a la región Metropolitana (CABA y un municipio del conurbano). La mayor parte de los casos concretos están fuera de registro y las víctimas son lesbianas que no pertenecen a organizaciones feministas. Un claro ejemplo de estos casos fuera de registro fue durante meses el de Higui De Jesús, procesada por defenderse de varones que intentaron violarla y asesinarla. De no haber llegado a oídos de las organizaciones de lesbianas feministas, sería un caso anónimo, perdido en la estadística policial.
Ahora Mariana Solange Gómez quedó procesada por “desacato a la autoridad” y denunciada por “lesiones” por los policías que le dejaron un tobillo visiblemente hinchado, marcas en el cuello y le infligieron golpes en las costillas. Esos policías también le dejaron una causa judicial en la que tiene que defenderse.
A través de las redes sociales las feministas convocan a acompañar a Mariana, mañana a las 9, a los Tribunales ubicados en Lavalle 1171, CABA.
Casos de discriminación contra lesbianas ocurren a diario. En los centros urbanos, la población lgbtiq está al tanto de que cuenta con herramientas para detener y denunciar los ataques y los hechos discriminatorios. Pero en espacios de circulación de población doble o triplemente controlada y vigilada por situación de pobreza o por pertenecer a sectores sometidos a discriminación racista, el horizonte se enturbia. En esos espacios rige la discrecionalidad de la patrulla, que perfila rostros y situaciones que considera inconvenientes para el “ciudadano medio”, blanco y heterosexual.
Son pocos los casos de discriminación que arriban a los estrados judiciales. Y cuando llegan depende de la capacidad de la víctima para llevar adelante una denuncia contra los responsables. La víctima de estos casos lleva casi todas las de perder a la hora de enrostrarle al engranaje policial-judicial su carácter de garante del odio y la discriminación homolesbotransfóbica. Depende de las organizaciones feministas y lgbtiq aportar la energía y la constancia que se precisan para dar vuelta esa ecuación.
