A cinco meses de la represión policial con la que terminó el XXXI Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad argentina de Rosario, la Justicia no investiga el accionar de la Policía Santafesina. El vocero del Ministerio Público de la Acusación, Sebastián Carranza, confirmó a LatFem que no hay ninguna investigación contra los efectivos que hirieron a más de treinta personas, entre manifestantes y trabajadores de prensa. Solo hay una causa abierta y no tiene a las mujeres como víctimas sino como sospechosas por los ataques contra la propiedad privada durante la marcha.
La potencia del Encuentro, un espacio de formación y reunión inédito que se da en Argentina, tuvo su punto cúlmine en una marcha de más de 45 cuadras que atravesó todo el centro rosarino protagonizada por 90 mil mujeres, lesbianas, travestis y trans. La movilización, ignorada por los principales medios de comunicación, se convirtió en noticia nacional cuando la Policía respondió con balas de goma a las manifestantes que pintaron con aerosol los fenólicos que protegían la Catedral. A la cantidad de agentes destinados a rodear el edificio religioso, se sumaban otros tantos que custodiaban desde adentro y salieron ante los primeros balazos. En pocos segundos, la columna principal, que había bordeado la Plaza 25 de Mayo para evitar pasar frente a la Catedral, se desarmó por el accionar policial. Durante dos horas la lluvia de balas de goma y gases lacrimógenos fue intermitente. Los efectivos, protegidos con cascos y escudos y armados con itakas, apuntaban a las manifestantes, a periodistas y hasta dispararon a un grupo de vecinos que filmaba la represión desde un balcón.
El fotógrafo de la agencia estatal Télam, José Granata, apuntó su cámara a un grupo de agentes. No alcanzó a sacar ni una foto. Recibió siete perdigones de bala de goma y un chorro de sangre le cubrió parte de la cara. Terminó con heridas en la cabeza, cerca del ojo, y en el pecho. “Uno me pegó en el lente de la cámara, que me salvó el ojo”, contó. Granata presentó una denuncia en la Fiscalía de Estado acompañado de un abogado. Cinco meses después, no fue citado para ratificarla.
La abogada del Comité Latinoamericano y del Caribe por los Derechos de las Mujeres (Cladem), Analía Aucía, acompañó a dos jóvenes cordobesas que también sufrieron heridas a la comisaría 1a, donde presentaron una denuncia por violencia y lesiones. “Personal policial, sin que los hayamos provocado, empezaron a disparar contra los manifestantes, tirando con sus escopetas balas de goma que me lesionaron en la frente del lado izquierdo y costilla del lado izquierdo, y del lado derecho, así como la pierna derecha”, declaró una de ellas. Su amiga recibió perdigonazos en la ceja derecha y en la parte superior del labio. Esta causa tampoco prosperó. La represión fue televisada y circuló en redes sociales. Pero ningún funcionario judicial impulsó una investigación de oficio para saber quién hirió a los otros reporteros gráficos y periodistas, ni a las manifestantes.
La única causa abierta en la Justicia provincial relacionada a la marcha no tiene a las mujeres como víctimas sino como sospechosas. “Hay una investigación por los destrozos contra la propiedad pública que ocurrieron en el transcurso del Encuentro. Pintadas y daños a monumentos de la ciudad y frente de casas a lo largo de más de 50 cuadras”, detalló el vocero del Ministerio Público de la Acusación. El expediente está en manos del fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio Fernando Rodrigo. El Ministerio de Seguridad aportó filmaciones de cámaras de seguridad pero “no se logró la identificación de las mujeres que causaron los daños”, explicó Carranza.
Tras la represión, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, justificó el accionar de la fuerza y cargó la responsabilidad en las mujeres que participaron de la marcha. Según el funcionario, los uniformados reaccionaron cuando un grupo de manifestantes intentó incendiar la Catedral. “La policía actuó de acuerdo a los protocolos. En este caso, la veo como víctima, no podemos centrarnos siempre en cómo actuó la policía, porque actuó correctamente protegiendo un edificio histórico de Rosario”, explicó.
Tanto las organizadoras del Encuentro como las agrupaciones y organizaciones que participaron, repudiaron la represión. “Santa Fe sumó un eslabón más a su trayectoria represiva: no sólo es la provincia con mayor cantidad de muertxs por homicidios, también la más militarizada y la que ataca con balas de goma y gases lacrimógenos una marcha de 100 mil mujeres. Para proteger de pintadas un edificio, sin ninguna advertencia previa, la policía disparó balas de goma contra las manifestantes y contra periodistas”, denunció en un documento el Colectivo Ni Una Menos. “¿La policía no quería que la prensa registrara el operativo? ¿Desde cuándo se prohibió el derecho a la protesta?”, se preguntaron.
Las explicaciones del ministro tampoco conformaron a los diputados opositores. El radical disidente Fabián Palo Oliver, el peronista Leandro Busatto y los legisladores del Frente Social y Popular, Carlos del Frade y Mercedes Meier, presentaron tres pedidos de informes en la Legislatura provincial: un total de 27 preguntas para saber si hubo una orden judicial que avalara el accionar policial y el uso de armas de fuego, quién fue el responsable político de la represión y cuáles fueron los elementos que le permitieron al ministro afirmar que hubo “inflitrados” entre los manifestantes. Al igual que las denuncias contra la policía, los pedidos de informe no tuvieron respuesta. La represión al Encuentro Nacional de Mujeres, antesala al primer paro de mujeres en Argentina el último 19 de octubre, hoy continúa impune.
