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Durante la dictadura cívico-eclesiástica-militar, integrantes de la DIPPBA persiguieron, espiaron y confeccionaron miles de fichas de ciudadanxs a los que ponían en categorías: “delincuente social”, “delincuente político” o “delincuente subversivo”, “Conducta lesbiana”, “costumbres demasiados liberales”, “amanerado”, “temperamento afeminado”, “invertidos”, “amanerados”, “nunca se lo ve acompañado con personas del sexo opuesto”. Durante los `90 esta persecusión también alcanzó al movimiento feminista organizado de la época.

“VI encuentro nacional de mujeres. Mar del Plata” es el asunto del legajo 254 de la mesa “Factor Social” de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). El legajo se inició en noviembre de 1990, seis meses antes de que el Encuentro se realice. La información original fue producida por la comisaría 1ª de General Pueyrredón.

Hace 28 años se realizaba el VI Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. Era el primero que se hacía en Buenos Aires. Para ese entonces la Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA) relevó información sobre la cantidad de participantes, talleres, temas, que reunió en el legajo 254 de la mesa “Factor Social”. Es el único informe que se encuentra en el archivo sobre la vigilancia a los encuentros anuales que se realizan en Argentina desde 1986. Este organismo se disolvió en 1998, antes de que Buenos Aires vuelva a ser sede. Sin embargo, la inteligencia bonaerense registró también otras manifestaciones que pueden dar cuenta cómo vigilaban a los feminismos en los ’90. 

Una lectura a contrapelo de este archivo permite hacer un rescate y un ejercicio de memoria feminista. “El registro de la vigilancia policial es, en definitiva, el registro de las luchas y organizaciones feministas a lo largo de más de medio siglo. La DIPPBA encierra esta paradoja: un archivo construido para la persecución y la censura se convierte en un reservorio de la memoria de las luchas populares. De archivo de los perseguidores a archivo de las víctimas del espionaje”, dicen desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el organismo que dio a conocer este material, al que accedió LATFEM.

¿Qué fue la DIPPBA? La Central de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se creó el 3 de agosto de 1956. La autodenominada Revolución Libertadora había establecido por Decreto de Intervención Federal 3603 del 29 de diciembre de 1955. La tarea vinculada a la producción de información —como también a la acción de inteligencia— fue una constante desde su creación. En marzo de 2001 se aprobó por unanimidad la ley 12.642, que cedió a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y designó como su sede institucional el edificio donde había funcionado esta dependencia, en la calle 54 Nº 487 de La Plata. Desde entonces la CPM tiene la responsabilidad de custodiar y poner a disposición de la justicia uno de los archivos de la represión más importantes de la Argentina y América Latina, un extenso y pormenorizado registro del espionaje político y la persecución ideológica.

Durante la dictadura cívico-eclesiástica-militar, integrantes de la DIPPBA persiguieron, espiaron y confeccionaron miles de fichas de ciudadanxs a los que ponían en categorías: “delincuente social”, “delincuente político” o “delincuente subversivo”, “Conducta lesbiana”, “costumbres demasiados liberales”, “amanerado”, “temperamento afeminado”, “invertidos”, “amanerados”, “nunca se lo ve acompañado con personas del sexo opuesto”. Durante los `90 esta persecusión también alcanzó al movimiento feminista organizado de la época.

 

Durante la dictadura cívico-eclesiástica-militar, integrantes de la DIPPBA persiguieron, espiaron y confeccionaron miles de fichas de ciudadanxs a los que ponían en categorías: “delincuente social”, “delincuente político” o “delincuente subversivo”, “Conducta lesbiana”, “costumbres demasiados liberales”, “amanerado”, “temperamento afeminado”, “invertidos”, “amanerados”, “nunca se lo ve acompañado con personas del sexo opuesto”. Durante los `90 esta persecusión también alcanzó al movimiento feminista organizado de la época. 

Espiar los Encuentros

En esta oportunidad, y con motivo del 34 Encuentro Plurinacional que será en la ciudad de La Plata, en territorio querandí, la CPM dio a conocer parte de los archivos que son prueba inobjetable de ese espionaje.  

En 1991 fue el sexto Encuentro pero el primero en territorio bonaerense. Por ese motivo tuvo un seguimiento más atento de la inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

El legajo 254 tiene 30 fojas, las primeras son un relevamiento sobre las actividades organizativas previas a las jornadas en Mar del Plata. El encuentro se realizó el 6, 7 y 8 de junio. El informe de inteligencia que cierra el legajo es una conclusión, más bien descriptiva de lo que fue: aproximadamente 6 mil mujeres participaron de los 27 talleres desarrollaron en esos días. La DIPPBA destaca que los espacios de debate “más concurridos fueron mujer y familia, mujer y trabajo, y mujer y educación, siendo el más debatido el V centenario de la conquista de América”.

En ese sentido, el informe señala la participación de mujeres mapuches por su propuesta de realizar el siguiente ENM en Neuquén, con la intención de localizarlo, en el año del quinto centenario de la conquista, en regiones con fuerte presencia de pueblos indígenas.

Recién en 2001, Buenos Aires volvió a ser sede del Encuentro. Para ese entonces, la DIPPBA ya había sido disuelta. Sin embargo, en el archivo aparecen algunas menciones sobre otros encuentros. El legajo 527, de la mesa “Factor Social”, de 1994 menciona que la Policía Bonaerense detuvo el paso de varios micros con destino a Corrientes, donde se realizó el noveno encuentro.

Ese legajo contiene, entre otras fojas, un recorte periodístico que enumera la lista de temas que se tratarán en los talleres. Además relata la presión ejercida por parte del justicialismo antiabortista, encabezado por el entonces gobierno nacional. Vinculado a esto menciona que la policía bonaerense en Zarate detuvo, por orden del Ministerio del Interior, a varios micros con destino al Encuentro que pertenecían a un sector identificado con las consignas sobre la despenalización y legalización del aborto.

 

Los femicidios de los ’90

En el archivo hay menciones a una innumerable cantidad de femicidios de la época cuando la palabra femicidio todavía no era un término conocido de manera masiva ni tenía un reconocimiento jurídico. Los nombres de Carolina Aló, Gilda Mansilla, María Soledad Morales, Rosa Garay, Susana Canteros, Vanesa Cisterna, entre otros aparecen en las manifestaciones que se convocaban y en los recortes periodísticos.

El 29 de diciembre de 1996 un cuerpo fue hallado en zanjón en el barrio El Trébol de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Un día después, la DIPPBA elaboró un informe donde recogió datos sobre ese crimen. Las apreciaciones sobre la historia detrás del asesinato tienen las mismas tramas que hoy reproducen muchos medios de comunicación cuando no desarman las versiones policiales-patriarcales: la estigmatización, la culpabilización de las propias víctimas, el enfoque que naturaliza las muertes e invisibiliza las tramas estructurales que permiten que se produzcan. 

“De auscultaciones efectuadas en la zona en donde se produjo el hecho se pudo determinar que la víctima poseía varios novios por lo cual no se descarta la posibilidad que la causa de su muerte habría sido producto de cuestiones sentimentales”, escribieron en uno de los informes. En otro agregaron datos sobre su vida privada: “Pertenecía a la clase baja […] sería consumidora habitual de cocaína”.

A María Soledad Morales la mataron tres días antes de que llegara a los 18 años. Su crimen fue emblemático para la historia Argentina y marco la década del ´90. El 8 de septiembre de 1990 la joven catamarqueña de 17 años fue drogada, violada, asesinada y arrojada en un descampado a la vera de la ruta, en una zona conocida como Parque Daza, a dos kilómetros de su casa. Los perpetradores de su femicidio fueron “hijos del poder”. La lucha de la familia de la joven, acompañada por toda la sociedad, logró hacer un tajo en el poder despótico que gobernaba la provincia, bajo el mando de la familia Saadi. Fue una lucha por cercar la impunidad judicial. 

El legajo 30.480 sobre “Panorama policial” de la DIPPBA recoge lo sucedido en Catamarca: “La oficilialidad superior e intermedia, así como una gran parte de la suboficiliadad policial de esta Provincia, se hallan visiblemente influencias por el poder político gobernante en esa región desde hace varias décadas”. Y agrega: “Los tres últimos amotinamientos policiales fueron estrechamente relacionados con los vaivenes políticos derivados del affaire Morales y actualmente estas fuerzas solo responden al clan Saadi”.

El legajo 256 de la mesa A, “Factor Estudiantil”, señala sobre las “incidencias” del caso en la provincia de Buenos Aires que la Comisión juvenil pro-justicia para María Soledad, compuesta en su gran mayoría por ex compañeras de estudio de la joven, “se encuentra abocada a la extensión del caso a todo el país”.

Durante esos años, las distintas delegaciones de la DIPPBA remitieron informes a la dirección central sobre las marchas de silencio realizadas en distintas ciudades de la provincia: notas periodísticas, volantes, cánticos, datos sobre las marchas como la cantidad de asistentes o las consignas.

“Es menester recalcar toda ocasión de protesta masiva para que organizaciones de izquierda y entidades de derechos humanos utilicen estos actos para usufructuar y propiciar su influencia de descontento social hacia las autoridades gubernamentales”, dice en la foja 24 de ese mismo legajo 256.

“Aborto. Tomo I y II”

La década de 1990 fue clave para el proceso de despenalización social que se llegó a vivir en 2018 en relación al aborto: todas y todos hablando de aborto en los medios, en las redes sociales, en las calles, en los espacios de trabajo, en los sindicatos, en los secundarios, en las universidades. Además de la Comisión por el Derecho al Aborto y la instalación de Católicas por el Derecho a Decidir en Argentina, en 1991 se armó el Foro por los Derechos Reproductivos. Un año después, la Comisión elaboró el primer proyecto de ley sobre anticoncepción y aborto, que fue presentado en un acto público frente al Congreso. En 1993 la Comisión propuso lanzar una Coordinadora Nacional de Lucha por una Ley de Anticoncepción y Aborto Legal. Y dos años después nació Mujeres al Oeste, en el conurbano, una organización que tenía como antecedente la experiencia radial que reunió a Zulema Palma y a otras feministas en Aquelarre al Oeste, en la histórica FM En Tránsito, de Castelar.

Este tema de la agenda feminista fue otro de los ejes en los que la vigilancia de la DIPPBA tenía la mirada puesta. Desde 1990 hay informes de inteligencia sobre los debates legislativos por el aborto hasta las atenciones de abortos incompletos en hospitales públicos o el allanamiento a clínicas clandestinas.

El legajo 725 de la mesa “Factor Social” está titulado “Aborto. Tomo I y II”. El primer tomo se originó en agosto de 1990 y es un relevamiento de las notas periodísticas sobre el tratamiento del proyecto de despenalización del aborto en la Cámara de Senadores. También se reúne información sobre actividades de difusión y debate que el movimiento de mujeres venía realizando en la sociedad. Allí aparecen algunos nombres que son referentes en la histórica lucha por el aborto legal como Dora Coledesky, fundadora de la Comisión por el Derecho al Aborto.

En 1992 se incorporó a ese tomo un informe de inteligencia con el asunto “Atención de abortos en hospital Gandulfo” y tiene el sello de confidencial. El informe toma conocimiento  de las atenciones a abortos “incompletos o afectados”; según los profesionales médicos, se atenderían ocho casos por día, en un promedio que llegaría a los 240 casos mensuales.

La mayoría de las mujeres se presentarían en el hospital con abortos provocados e ingresarían con “cuadros de infección con maderas, tallos de perejil, agujas de tejer u otros elementos, que se colocarían ellas mismas, o con zondas que serían puestas por alguna ‘comadrona’ de su barrio para provocar la interrupción del embarazo”.

El informe que recoge comentarios del cuerpo médico del hospital, aclara que “algunos casos son recuperables, pero que la muerte en la mayoría de las pacientes es inevitable”. Y agrega: “la mayoría de las mujeres en esa situación oscilarían en las edades de 14 a 30 años […] Y los abortos serían practicados en zonas periféricas, correspondiendo la mayoría de los casos a mujeres de escasos recursos”.

Vigilancia retroactiva

La vigilancia a los feminismos ha sido histórica: en el archivo de la DIPPBA existen documentos de 1947 sobre el seguimiento a la Unión de Mujeres de la Argentina. Este es uno de los legajos más antiguos que son previos a la creación del servicio de inteligencia de la policía bonaerense en 1956.

El legajo 269, “Mujeres contra la violencia familiar”, de 1997 es uno de los últimos informes presentes en el archivo. Este tramo recoge como lo hacía año a año la inteligencia realizada a los actos por el Día internacional de la no violencia contra las mujeres.

El archivo de la ex DIPPBA contiene miles de documentos que datan del año 1930 hasta 1998, año en que el organismo fue disuelto. La CPM calcula 4.000.000 fojas en su acervo, entre las que también puede encontrarse información de inteligencia nacional e internacional.

Las denuncias, las demandas y los deseos del movimientos feministas dejan huellas en la historia. Este recorte de archivo muestra una parte de esas luchas. Construir una memoria feminista implica también buscar en estos registros persecutorios y apropiarse de ellos como parte de una genealogía posible.