El 16 de julio, con 49 votos afirmativos, 7 negativos (todos de Vamos Juntos) y 3 abstenciones la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires votó la Ley de Adhesión al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación.
La Ciudad tenía la obligación de tener un protocolo de atención desde 2012, porque era una de las indicaciones del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero el que diseñó Jorge Lemus, el ministro de Salud de la ciudad en aquel entonces -cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno- en lugar de garantizar el acceso a los abortos legales, ponía obstáculos. Lo hacía con el establecimiento de equipos interdisciplinarios, la máxima autoridad del hospital tenía que estar de acuerdo, no garantizaba que las personas con discapacidad iban a contar con un sistema de apoyos para poder acceder a sus derechos en condiciones de igualdad. De hecho, estaba judicializado y era inaplicable.
El 4 d e agosto el Ejecutivo porteño promulgó la Ley 6312, pero una vez más una serie de medidas conectadas a esa promulgación pueden ser un obstáculo para acceder al aborto legal, un derecho que tiene cien años. Cuáles son:
-Una vez más, aparecen los equipos interdisciplinarios. Son equipos que no intervienen en cualquier otra práctica terapéutica sino cuando una mujer, una lesbiana, una persona trans o no binarie pide acceder a una interrupción legal del embarazo.
-El Ejecutivo puso un límite a la edad gestacional que no existe en la ley, para acceder a la práctica. Solo será posible si existe un peligro para la salud. De esta manera, deja afuera el causal violación para acceder a la práctica. La Corte en el fallo FAL dijo que los supuestos de ILE no pueden ser interpretados restrictivamente.
El Programa A la par y la resolución 1722 apuntan a disuadir de la interrupción del embarazo, aunque es su derecho, a quienes ya optaron por la práctica. Los equipos de salud deben ofrecer alternativas a la ILE, a pesar de que esas mujeres ya pasaron por una consejería y se decidieron. La voz de las usuarias parece no contar.
-El Programa A la par está enfocado en las personas que tienen derecho a una ILE, no a todas las personas que transitan un embarazo en condiciones precarias y necesitan de la presencia estatal.
-La confidencialidad médica está puesta en duda, ya que el Programa A la par requiere que sus equipos técnicos generen “estrategias en pos de ir al encuentro de las personas embarazadas y sus familias”. ¿Cómo se van a enterar?
-Objeción de conciencia institucional. El Ejecutivo creó a través de otra resolución el Programa Derivación Garantizada a la persona embarazada para instituciones con ideario confesional y/o ético. Esto quitaría a varias instituciones de su obligación de dar cobertura en salud. Le reconoce a un hospital una conciencia que como tal, no tiene. Conciencia tienen las personas y pueden negarse a dar servicios de salud con parámetros muy rigurosos y si su acción no pone en peligro la vida de quien necesita ese servicio.
Varias organizaciones objetaron estas restricciones. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito reclamó que el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta respete el voto de leslegisladores. También Amnistía Internacional Argentina, el CELS, ELA, la Fundación Huésped, FUSA y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad pidieron a Larreta que revisen estas “medidas regresivas, que pueden suponer una limitación en el acceso a la salud para las personas gestantes, y consolidar una política pública que ponga el acento en proteger los derechos humanos”.
