Las feministas argentinas nos encontramos con un Gobierno que profundiza la desigualdad. Mientras en la Cumbre del G20 de Río de Janeiro se discute la cooperación internacional en materia fiscal y la creación de una norma para gravar a los superricos y combatir así el hambre y la pobreza en el mundo, el Gobierno de Javier Milei lleva adelante políticas que incrementaron la pobreza a casi el 53% de la población.
La política fiscal llevada adelante en sus primeros 11 meses de gobierno produjo un incremento acelerado de la injusticia fiscal: aumentó los incentivos tributarios, a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, generó un régimen de blanqueo de capitales, que en muchos casos implicó condonar maniobras altamente evasivas, y redujo la progresividad e impacto del impuesto sobre los
bienes personales.
Al mismo tiempo, con el lema “no hay plata” realizó una reducción del gasto público fenomenal. El presupuesto para las políticas de género en 2024 es un 33,2% más bajo que el año pasado, y el presupuesto 2025 tiene un recorte del 59% más para los programas de asistencia social.
La retirada del Estado de la prestación de servicios se traduce en más trabajo no remunerado de mujeres y niñas en los hogares y comunidades, en forma de trabajos de cuidados comunitarios esenciales para la reproducción de la vida. Más trabajo no pago para las que menos cobran, que también son las que más
impuestos pagan en relación con sus ingresos. Quienes más aportan a “la nuestra” en realidad son las personas más pobres y dentro de ellas, las mujeres.
Mientras el IVA representaba en abril de 2024 el 38% de la recaudación total, el impuesto a los bienes personales aportó sólo el 1%. Esta situación no ocurre solo en este país, en América Latina y el Caribe las personas más pobres dedican hasta un 45% de sus ingresos a pagar impuestos sobre el consumo de bienes y servicios. Mientras el 1% más rico sólo paga un 20% de su renta en impuestos. Otra vez: paradójicamente las personas más pobres son quienes proporcionalmente dedican una mayor parte de sus ingresos al pago de impuestos. Y las más pobres dentro de los pobres, son mujeres.
Sabemos que sí hay plata. El problema es que la tienen unos pocos. América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo: tan solo 2 personas concentran tanta riqueza como los 334 millones de personas más pobres. Hay incluso países enteros que tienen menos dinero que una sola persona. Reclamar una cooperación internacional sobre justicia fiscal no es toda la solución, pero sin dudas que los 3000 superricos paguen como mínimo un 2% anual por su exorbitante e inútil riqueza es absolutamente necesario. ¿Para qué queremos esto las feministas? En Argentina, el Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas de 2020 se utilizó, entre otras cosas, para obras de integración sociourbana que alcanzaron a más de 1 millón de personas.
Invitamos a las organizaciones hermanas de la Cumbre de los Pueblos, de la Cumbre Social y a todas las organizaciones feministas del Sur a presionar a los gobiernos para acompañar la propuesta de Brasil, avanzar en la justicia fiscal y en la implementación de políticas de género, en especial focalizadas en los cuidados.
Necesitamos que se tienda a sistemas tributarios progresivos, que graven a los más ricos del mundo y los más ricos de cada país, con políticas que alivien el peso que recae en los sectores más empobrecidos. Necesitamos que quienes más tienen, más aporten, para que con lo recaudado se realicen medidas concretas contra el hambre, la pobreza y el cambio climático. Necesitamos una política fiscal que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro de las prioridades.
Firmas:
Asociación Lola Mora ANDHES – Barrios de Pie – Católicas por el Derecho a
Decidir – CELS – CISCSA Ciudades Feministas – Colectivo Ni Una Menos – Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación – Fundación para el Desarrollo Humano Integral – Grupo de Investigación Intervención Feminista – LatFem – Proyecto Generar
