En Honduras, Guatemala y El Salvador, las mujeres rurales enfrentan sequías, pérdida de cosechas, desalojos, violencia y un acceso a la tierra que sigue marcado por la desigualdad. Mientras los Estados llegan tarde, de manera insuficiente o directamente ponen bajo sospecha a quienes defienden sus territorios, ellas producen alimentos, sostienen los cuidados y organizan a sus comunidades. En el Año Internacional de la Mujer Agricultora, tres organizaciones centroamericanas cuentan qué significa sostener la vida cuando las crisis se acumulan y por qué reconocer ese trabajo también obliga a discutir tierra, poder y políticas públicas.
En Morazán, al oriente de El Salvador, la falta de agua también se mide en horas: en cuánto tarda una mujer en conseguirla, qué deja de hacer para buscar agua, en cuánto puede cargar y y cómo la reparte cuando por fin llega a su casa. Cuando una cosecha se pierde, la cuenta vuelve a hacerse puertas adentro: cuánto queda para comer, qué se puede comprar con lo que hay, quién necesita más y qué gasto puede esperar. “La economía rural descansa sobre las triples jornadas que realizan las mujeres; jornadas que no se reconocen ni cuentan como trabajo”, dice Seydi Argueta de la Agencia de Desarrollo Económico Local de Morazán (ADEL Morazán).
A varios cientos de kilómetros de allí, en Honduras, Kenia Acosta integrante, de la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) cuenta que las mujeres viven la misma sobrecarga laboral mientras enfrentan la presión de empresas sobre sus territorios, la pérdida de alimentos y las dificultades para acceder a tierra y recursos. En Guatemala, desde la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), la mirada parte de la experiencia de las mujeres mayas rurales, atravesadas por una desigualdad que reúne género, pobreza, racismo y exclusión territorial.
Las tres organizaciones trabajan en países y contextos distintos, pero sus respuestas vuelven una y otra vez sobre las mismas preguntas: quién tiene la tierra, quién garantiza la comida , quién consigue el agua aún cuando escasea, quién cuida y quién decide sobre los bienes que sostienen una comunidad.
La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) declaró 2026 como el Año Internacional de la Mujer Agricultora para poner en primer plano la participación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios y las desigualdades que todavía enfrentan para acceder a tierra, financiamiento, tecnología, formación y espacios de decisión. La conmemoración llega en un momento en que las condiciones para producir y permanecer en los territorios se vuelven cada vez más difíciles en Centroamérica. La emergencia climática avanza sobre zonas que ya cargaban pobreza y desigualdad, mientras las comunidades rurales e indígenas enfrentan conflictos por la tierra, amenazas de desalojo y criminalización de quienes la defienden; al mismo tiempo, en países como El Salvador, los discursos oficiales contra la llamada “ideología de género” han ido acompañados por el retiro de contenidos sobre género y diversidad de ámbitos estatales, según afirman desde Human Rights Watch.
Ese contexto cambia la manera de leer lo que cuentan las organizaciones territoriales. Un huerto, una caja de ahorro o una red para guardar semillas pueden ayudar a resolver una urgencia, pero detrás hay una discusión mayor sobre quién termina absorbiendo las consecuencias cuando las políticas públicas faltan, cuando el agua escasea o cuando una comunidad pierde control sobre su tierra. La palabra “resiliencia” aparece mucho cuando se habla de mujeres rurales y crisis climática, aunque a veces termina ocultando algo más sencillo: una parte importante de las respuestas existe porque alguien tiene que hacerse cargo, y con demasiada frecuencia ese alguien es una mujer.
Cuando la crisis climática entra a la casa
En el corredor seco centroamericano, las variaciones en las lluvias, las sequías y los eventos extremos tienen consecuencias rápidas sobre economías familiares que dependen en gran medida de la agricultura a pequeña escala. Integrantes de ADEL Morazán describen pérdidas de cosechas que obligan a las mujeres a reorganizar lo disponible para la alimentación y cuentan que algunas terminan priorizando a sus hijos e hijas por encima de su propia salud. A eso se suma una crisis hídrica que exige más tiempo para buscar agua, más esfuerzo físico para trasladarla y, cuando no queda otra opción, más dinero para comprarla.
La crisis climática tiene esa dimensión poco visible: alguien administra la escasez. Alguien decide cuánto arroz queda, cuánta agua puede usarse para cocinar y cuánta tiene que reservarse, qué parte de la cosecha se guarda, qué se vende, qué se comparte y qué comida se reemplaza porque ya no alcanza. Es un trabajo que casi nunca figura en las políticas de adaptación climática, aunque determina todos los días cómo una familia atraviesa una sequía o una mala cosecha.
En Honduras esa presión se mezcla con otras. En los territorios donde trabaja FSAR, las comunidades enfrentan la presencia de empresas que disputan bienes comunes y, según la organización, “los ríos, las montañas, la tierra, el agua y todo su entorno está en alto riesgo”. Esos conflictos producen desplazamientos, afectan la producción de alimentos y rompen relaciones comunitarias, y FSAR pone especial atención en la carga emocional que esa incertidumbre deja sobre las mujeres, que además siguen teniendo a cargo buena parte del trabajo doméstico y de cuidados.
Ese escenario tiene hoy un correlato muy concreto en Honduras. En septiembre, la IM-Defensoras denunció la criminalización de cinco integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), detenidos en la comunidad garífuna de San Juan y acusados de usurpación agravada por defender un territorio ancestral; la organización señaló además que Honduras todavía no había cumplido plenamente cuatro sentencias de la Corte Interamericana vinculadas con los derechos territoriales del pueblo garífuna. Pocas semanas después, Amnistía alertó sobre una orden de desalojo contra defensores garífunas de Cayos Cochinos y sobre procesos penales contra once personas, pese a una sentencia interamericana de 2025 que responsabilizó al Estado hondureño por violaciones a los derechos de esa comunidad.
Hablar de agricultura familiar o de soberanía alimentaria sin mirar estos conflictos deja afuera una parte central del problema. Para producir alimentos hace falta permanecer en el territorio, y permanecer se vuelve más difícil cuando las comunidades enfrentan procesos judiciales, desalojos o presiones sobre las tierras que históricamente han ocupado. En Honduras, además, se ha señalado que las políticas de adaptación frente a la crisis climática siguen siendo insuficientes y documentó en Cedeño cómo la erosión costera y el aumento del nivel del mar están empujando a familias al desplazamiento en un contexto de desprotección estatal.
Trabajar la tierra y seguir sin tenerla
La tierra aparece en la reflexión de las tres organizaciones porque de ella dependen la producción, la posibilidad de acceder a crédito y una parte importante de la autonomía económica. En El Salvador, ADEL señala que pocas mujeres tienen escrituras a su nombre, que muchas dependen de su pareja o de otros integrantes de la familia para trabajar una parcela y que una separación, una viudez o una migración pueden hacer que pierdan ese acceso. Las formas de herencia siguen favoreciendo a los varones y, sin un título que presentar como garantía, conseguir financiamiento formal también se vuelve mucho más difícil. Esta situación no es nueva, sino que responde a un patrón que organiza la vida bajo lógicas de poder patriarcal donde históricamente los jefes de familia son quienes acceden a la tenencia de la tierra.
Desde Guatemala, CONAVIGUA lo resume con una frase que atraviesa toda esta discusión: “La tierra le pertenece a los hombres aunque lo trabajen las mujeres”. La organización enumera entre los principales obstáculos el pensamiento machista en las familias, el trato desigual, la falta de oportunidades para acceder a servicios y recursos, la violencia y la poca atención estatal a programas sostenidos de soberanía alimentaria. A eso se suma una barrera que en las comunidades mayas tiene un peso particular: muchas mujeres llegan a instituciones públicas donde no son atendidas en su idioma, lo que vuelve todavía más difícil ejercer derechos que en los papeles existen. En muchas comunidades, una mujer puede haber trabajado durante años una parcela, sostener la alimentación de su familia y aun así no tener ningún documento que garantice que podrá continuar allí.
Esa desigualdad en el acceso a la tierra ocurre además en una región donde organizaciones campesinas, indígenas y defensoras siguen denunciando criminalización y conflictos por los territorios. CONAVIGUA señala que las mujeres mayas organizadas que conocen y defienden sus derechos pueden ser “criminalizadas, estigmatizadas, violentadas, perseguidas” y también cooptadas por instituciones o partidos políticos. En Honduras, el caso reciente de integrantes de OFRANEH acusados mientras defendían territorio ancestral garífuna vuelve visible que la disputa por permanecer en la tierra sigue abierta, aunque ese conflicto tenga historias y características propias en cada país.
Los cuidados sostienen lo que las políticas dejan sin resolver
La discusión sobre el cuidado atraviesa sus reflexiones incluso cuando se empieza por otro tema. Cuando una cosecha falla, hay que reorganizar la comida; cuando falta agua, alguien va a buscarla; cuando una persona enferma, alguien deja otras tareas para acompañarla. En los tres países, ese trabajo sigue recayendo sobre las mujeres y se mezcla con la producción agrícola hasta el punto de que muchas veces resulta difícil decir dónde termina una jornada y empieza la otra.
El informe de CLACSO y ONU Mujeres sobre los cuidados en las ruralidades latinoamericanas muestra que la falta de servicios públicos tiene un peso especial fuera de las ciudades. Las distancias hasta un centro de salud, el transporte escaso, la poca oferta de espacios para cuidar niñas, niños, personas mayores o personas con discapacidad y las dificultades para acceder a otros servicios hacen que las familias tengan que resolver gran parte de esas necesidades por su cuenta. En ese reparto, señala la investigación, las mujeres siguen haciendo la mayor parte del trabajo no remunerado.
En Morazán, esa acumulación tiene consecuencias físicas muy concretas. Las mujeres de ADEL hablan de dolores musculares, problemas respiratorios asociados al humo de leña, exposición a agroquímicos, agotamiento y afectaciones a la salud mental; también menciona mujeres que terminan cuidando a personas enfermas por problemas ligados al trabajo agrícola, como la enfermedad renal crónica, y que llegan a la vejez sin pensión ni tierra propia. “Esta sobrecarga es lo que permite que los hogares, el mercado y el Estado funcionen sin pagarla”, sostiene.
La falta de servicios públicos puede aparecer en las estadísticas como un déficit presupuestario o territorial, pero en la vida cotidiana se transforma en horas de trabajo de alguien. Cuando un sistema de cuidado no existe, una mujer cuida; cuando el transporte sanitario no llega, una familia organiza el traslado; cuando el agua no entra por una red, alguien la carga. Ese trabajo permite que la vida continúe y, al mismo tiempo, deja menos tiempo para descansar, estudiar, participar políticamente o tener un ingreso propio.
Las mujeres de FSAR hablan también de esa sobrecarga en Honduras. Las mujeres que participan en grupos comunitarios y cooperativas siguen teniendo a cargo los cuidados, la producción y buena parte del trabajo doméstico, por lo que su participación política y económica se suma a una jornada que ya era larga. “Esta sobrecarga de roles, al asumir simultáneamente las labores de cuidado, la producción agrícola y el liderazgo comunitario, representa un alto costo en términos de salud física y salud mental, provocando exceso de trabajo y limitándolas del tiempo disponible para su autocuidado y desarrollo personal”,explican desde la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR).
Semillas, huertos y cooperativas frente a una crisis que no espera
Las respuestas que construyen las mujeres desde sus territorios aparecen en una escala mucho más pequeña que los grandes planes nacionales frente al cambio climático, pero están directamente ligadas a problemas que necesitan resolver cada día. En Honduras, FSAR acompaña grupos y cooperativas de mujeres, parcelas diversificadas, prácticas agroecológicas y recuperación de conocimientos tradicionales. La diversificación permite reducir el riesgo de perder toda la producción cuando un cultivo falla y también ampliar los alimentos disponibles dentro de las familias.
En Guatemala, CONAVIGUA trabaja desde hace décadas con mujeres mayas en procesos de formación política, organización comunitaria, huertos familiares, agroecología, resguardo de semillas nativas y criollas y medicina ancestral. Las mujeres producen para el consumo familiar y, cuando hay excedentes, también para generar ingresos, pero su participación en la economía de las comunidades va bastante más allá de la agricultura: tejen, hacen cestería y alfarería, venden productos en los mercados locales y sostienen intercambios y formas de trueque que siguen siendo importantes para muchas familias. “En los territorios, son las guardianas de la vida desde su papel de comadronas, hueseras, curanderas, conocimiento y sabiduría ancestral que aporta en la salud comunitaria”, señalan.
Guardar semillas tiene una función concreta en ese entramado: contar con qué volver a sembrar, conservar variedades adaptadas al lugar y depender menos de insumos que hay que comprar. También permite que ciertos conocimientos sigan circulando entre generaciones, algo que puede perderse cuando una comunidad es desplazada, cuando cambia la forma de producir o cuando el acceso a semillas queda cada vez más atado al mercado.
La investigación Recuperación con igualdad de género y justicia climática, de CLACSO y We Effect, recoge experiencias de distintos países de la región donde las respuestas comunitarias lideradas por mujeres relacionan el derecho a la alimentación con el territorio, los cuidados y la organización colectiva. El libro parte de un diagnóstico que se parece mucho al de las entrevistadas: las crisis recientes profundizaron desigualdades existentes y, al mismo tiempo, las comunidades siguieron construyendo mecanismos propios para sostener derechos básicos frente a situaciones de abandono o respuestas estatales insuficientes.
En El Salvador, ADEL impulsa huertos familiares, diversificación de cultivos y escuelas de campo agroecológicas, pero la experiencia va bastante más allá de la producción. También existen grupos comunitarios de autoahorro que permiten a las mujeres reunir dinero y acceder a pequeños créditos basados en acuerdos de confianza, una respuesta directa a un sistema financiero que suele pedir como garantía la tierra que ellas no tienen a su nombre. A esto se suman procesos de alfabetización digital, acompañamiento a emprendimientos y redes que buscan mejorar la comercialización de lo producido.
Desde ADEL señalan que muchas mujeres siguen considerando esos ingresos como un “complemento” de la economía familiar, incluso cuando terminan pagando comida, educación o salud. Esa palabra arrastra una vieja idea sobre el trabajo de las mujeres: que el ingreso principal es el de un hombre y que lo demás ayuda, acompaña, completa. En muchos hogares rurales, sin embargo, ese supuesto ingreso complementario es el que permite atravesar el mes o enfrentar una mala cosecha.
El agua: de cargarla a poder decidir
En Morazán, ADEL está trabajando para aumentar la participación de mujeres en las juntas comunitarias de agua. La propuesta nace de una situación bastante evidente: ellas conocen de primera mano lo que significa que el agua falte porque son quienes suelen administrarla dentro del hogar, pero esa experiencia no se traduce automáticamente en poder cuando llega el momento de decidir sobre su distribución y cuidado. Incorporarlas a esos espacios puede modificar parte de esa relación, aunque también implica sumar reuniones, traslados y responsabilidades a jornadas ya sobrecargadas. El problema es que muchas veces se espera que las mujeres rurales resuelvan la escasez, sostengan la casa, cuiden a otras personas y además participen de la gestión comunitaria, mientras las responsabilidades del Estado, de los gobiernos locales, de los varones y de otros actores quedan mucho menos señaladas.
La organización trabaja desde una idea del agua como bien común y derecho humano, algo especialmente importante en una región donde las sequías se combinan con disputas por el territorio y con actividades económicas que compiten por los mismos recursos. La discusión entonces no pasa solamente por cómo conseguir agua para una casa, sino también por quién controla una fuente, quién decide prioridades y quién carga con las consecuencias cuando el abastecimiento falla.
En Guatemala, CONAVIGUA reconoce que mujeres mayas han ido ocupando lugares en los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES) y los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), pero advierte que muchas veces “son las mujeres que sostienen los comités aun siendo espacio de trabajo y no de decisión”
Algo parecido aparece en Honduras y El Salvador: las mujeres participan cada vez más en juntas, cooperativas y espacios comunitarios, pero siguen encontrando obstáculos para decidir sobre la tierra, el crédito y los recursos. La participación, por sí sola, no resuelve una distribución desigual de responsabilidades que sigue recayendo sobre ellas ni reemplaza las obligaciones de las instituciones públicas.
Negar el género también tiene consecuencias en el campo
El contexto político de la región atraviesa estas experiencias de maneras distintas. En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha cuestionado públicamente la llamada “ideología de género” y retirado contenidos vinculados con género y diversidad de materiales educativos y sanitarios; en 2024, la Asamblea Legislativa también eliminó la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género. Human Rights Watch identifica ese proceso como parte de una corriente anti-género más amplia en las Américas, que desplaza discusiones concretas sobre desigualdad y violencia hacia una pelea cultural contra el feminismo y los derechos de las personas LGBT.
Ese giro ocurre mientras siguen pendientes problemas muy concretos. El Faro señaló que la Asamblea salvadoreña llevaba tres años sin aprobar nuevas leyes vinculadas con los derechos de las mujeres y que Ciudad Mujer había sufrido recortes y cambios en su funcionamiento. En ese contexto, la discusión sobre género deja de ser abstracta: menos políticas y menos presupuesto significan menos herramientas para enfrentar desigualdades que ya existen.
Para las mujeres rurales, estas discusiones pueden parecer lejanas hasta que se traducen en menos políticas, menos acompañamiento o menos herramientas para enfrentar violencias que ya existen. Las entrevistas muestran que las desigualdades de género atraviesan el acceso a la propiedad, al crédito, a la asistencia técnica, al tiempo y a las decisiones comunitarias. Negar esas diferencias o tratarlas como una cuestión ideológica no hace desaparecer ninguna de ellas.
Con la crisis climática ocurre algo parecido, aunque el escenario político no es idéntico en los tres países. Las organizaciones entrevistadas hablan de sequías, pérdida de cosechas, falta de agua, contaminación y desplazamientos como problemas que ya forman parte de la vida cotidiana, mientras distintos organismos vienen señalando que las respuestas públicas de adaptación son insuficientes. En Honduras, por ejemplo, Amnistía documentó comunidades afectadas por erosión costera y aumento del nivel del mar en un contexto de demoras y vacíos en las medidas de adaptación. La distancia entre lo que ya ocurre en los territorios y la respuesta estatal también funciona como una forma de abandono: las consecuencias llegan primero a las comunidades y después quedan allí para ser resueltas con los recursos que tengan a mano.
La organización ayuda, pero también cansa
Las tres organizaciones muestran que las mujeres construyen buena parte de las respuestas frente a la crisis desde espacios colectivos: cooperativas, grupos de ahorro, juntas de agua, redes comunitarias, huertos y procesos de formación. Esa organización abre posibilidades concretas, permite compartir recursos, acceder a información, defender derechos y sostener iniciativas que de otro modo serían difíciles de mantener. Pero también hay un límite que aparece una y otra vez en las entrevistas, cuando las políticas públicas no llegan o llegan de manera insuficiente, muchas de esas respuestas terminan descansando sobre el mismo trabajo de mujeres que ya sostienen la producción y los cuidados.
Participar de una cooperativa, una reunión comunitaria o una junta de agua requiere tiempo, traslados, organización y tareas que se agregan a jornadas ya cargadas. Si dentro de las familias no cambia la distribución de los cuidados y si el Estado sigue descargando responsabilidades sobre las comunidades, la organización puede terminar funcionando como una forma de compensar ausencias más que como una redistribución real del poder. Por eso las demandas de ADEL, FSAR y CONAVIGUA van más allá de fortalecer grupos de mujeres: hablan de crédito, asistencia técnica, políticas de cuidado, servicios públicos, acceso a tierra y protección para quienes defienden los territorios.
Ahí hay una diferencia importante, que las mujeres rurales tengan capacidad para organizar respuestas no significa que deban resolver solas la crisis climática, la falta de agua, el acceso al financiamiento o la ausencia de cuidados. Las experiencias comunitarias tienen valor porque crean autonomía y fortalecen redes, pero dejan de ser una salida cuando se vuelven la única opción disponible. En ese punto, la discusión deja de ser cuánto pueden hacer las mujeres y pasa a ser cuánto deberían asumir los Estados, los gobiernos locales, las familias y los actores económicos para que la vida rural no siga sosteniéndose sobre el trabajo invisible de las mismas.
El Año de la Mujer Agricultora: quién produce y quién decide
El Año Internacional de la Mujer Agricultora puede servir para poner una pregunta más incómoda sobre la mesa: qué cambia cuando se reconoce a las mujeres como productoras pero siguen teniendo menos tierra, menos financiamiento, menos tiempo propio y menos capacidad para decidir sobre los recursos con los que trabajan. El reconocimiento importa, pero en las tres experiencias aparece ligado a demandas muy concretas: escrituras a nombre de las mujeres, crédito, asistencia técnica, servicios públicos, políticas de cuidado y lugares reales de decisión. Mientras esas condiciones no cambien, una parte importante de la producción y de los cuidados seguirá descansando sobre mujeres que sostienen mucho más de lo que controlan.
En Honduras, FSAR habla de agroecología, parcelas diversificadas, organización y defensa del territorio porque son respuestas que las mujeres ya están construyendo.En Guatemala, CONAVIGUA pone sobre la mesa las semillas nativas, los huertos, la medicina ancestral, el comercio local y la presencia cada vez mayor de mujeres mayas en espacios comunitarios de decisión. En El Salvador, las mujeres de ADEL cuentan experiencias de autoahorro, producción agroecológica, alfabetización digital y participación en juntas de agua que intentan abrir caminos concretos frente a desigualdades que siguen ahí.
Ninguna de esas experiencias ocurre sin contexto: alrededor hay tierra concentrada, servicios públicos insuficientes, presión sobre bienes comunes y mujeres que siguen cargando con una parte desproporcionada de los cuidados y de la producción. Por eso, cuando las organizaciones hablan de agroecología, semillas, autoahorro o juntas de agua, también están hablando de poder: de quién tiene recursos, quién decide y quién queda otra vez sosteniendo lo que falta.
Quizás por eso vale la pena mirar el Año Internacional de la Mujer Agricultora desde los territorios y no solamente desde la efeméride. Allí aparecen mujeres sembrando, vendiendo, cuidando, organizando y defendiendo recursos que muchas veces no controlan. La pregunta que queda abierta en Honduras, Guatemala y El Salvador es cuánto puede cambiar la vida de las mujeres rurales si se reconoce todo lo que hacen, pero las decisiones sobre la tierra, el agua, el dinero y las políticas siguen tomándose lejos de ellas.
