El protocolo es una herramienta para los equipos y centros de salud que busca facilitar el trabajo y favorecer el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo –vigente desde 1921–, a la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 y la atención posaborto. Organiza y da claridad a los servicios de salud sobre sus obligaciones y responsabilidades para que se cumpla la Ley 27.610, promulgada en diciembre de 2020.
“El protocolo es una guía con pautas que contempla precisiones legales y estandariza prácticas basadas en recomendaciones, construidas sobre las mejores evidencias científicas disponibles para abordar situaciones singulares, únicas”, y agregó que “permite respaldar, legitimar, apoyar y acompañar el trabajo de los equipos de salud que ya realizan las prácticas en el territorio, indicar intervenciones basadas en la mejor evidencia científica actualizada, en las experiencias previas de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales y en las buenas prácticas llevadas adelante por los servicios de ILE”, explicó Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.
La guía contiene dos partes, una dedicada al marco legal que incluye los principios rectores del derecho a interrumpir el embarazo; las condiciones para el acceso a la IVE y a la interrupción legal del embarazo (ILE); el consentimiento informado necesario en cada caso; la objeción de conciencia; y la responsabilidad profesional e institucional. Mientras que la segunda se ocupa del proceso de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.
La realización de una interrupción del embarazo, de acuerdo con la ley, debe guiarse por los principios trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y calidad para garantizar el tratamiento del aborto conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el marco de los derechos humanos.
Leé en este enlace el Protocolo para la atención integral de las personas con el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
