“Lo que nos costó llegar hasta acá”, dijo desbordada de emoción Elena Reynaga, Secretaria Ejecutiva y fundadora de la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales (RedTraSex) al iniciar el diálogo con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 18 de marzo. Así el reclamo de quienes ejercen el trabajo sexual en Latinoamérica y el Caribe Hispano llegó a los comisionados del órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La audiencia había sido solicitada por un conjunto de organizaciones que trabaja esta temática en el continente. El eje de la demanda fueron las condiciones indignas y las situaciones de violencias en las que tienen que desarrollar su trabajo por la falta de una regularización clara y precisa del trabajo sexual. Además de la violencia institucional que sufren a diario por parte de la policía y del personal de salud. También se habló de la necesidad de despejar la confusión existente entre trata de personas con fines de explotación sexual, explotación laboral y trabajo sexual. Para las expositoras, no despejar estos términos trae como consecuencia la criminalización del trabajo sexual y el uso indebido de políticas de lucha contra la trata como excusa para detenciones arbitrarias y violaciones a sus derechos.
“El trabajo sexual no está penalizado pero hay códigos de convivencia y algunas cuestiones que le da autoridad a la policía a reprimir y violentar permanentemente nuestros derechos. El gran patrón que tenemos es la policía”, señaló Reynaga de RedTraSex, un articulado compuesto por 13 países de la región. “Trabajamos por una ley que reconozca nuestra actividad como una actividad lícita y que el Estado garantice condiciones de trabajo para nosotras”, dijo.
María Lucila Esquivel, presidenta de Unidas en la Esperanza, organización de Paraguay habló de los asesinatos de trabajadoras sexuales. Según el documento que compartió, entre 2013 y 2016 se han documentado 28 asesinadas en Honduras; en El Salvador fueron 27 los feminicidios en ese mismo período y en República Dominicana, 14. La mayoría de esos femicidios fueron porque las mujeres se negaron a trabajar para proxenetas, a abonar cuotas para las mafias, las maras y las fuerzas de seguridad o denunciaron a sectores de poder.
Cuando fue su turno para hablar Adela Ainez Cabrera, de El Salvador, describió las amenazas, las situaciones de encierro, la extorsión a cambio de favores sexuales, la violencia física y psicológica que sufren por parte de la policía. “Sentimos impotencia. Sentimos que los que deberían darnos seguridad no nos la dan”, expuso. Dejó en claro que en vez de perseguir a proxenetas y explotadores, las fuerzas de seguridad en América Latina las persiguen a ellas. Si bien 7 de cada 10 trabajadoras sexuales fueron víctimas de violencia en el último año; 8 de cada 10 no hacen denuncia por miedo a represalias y desconfianza a la Justicia.
“En todos los países la policía nos exige además de dinero favores sexuales a cambio de no molestar cuando trabajamos. Si no accedemos nos obligan a ofrecer servicios de una manera gratuita a los oficiales. Y esto es una violación porque nos bajo nuestra voluntad ni bajo nuestro consentimiento”, dijo Adriana Carillo, de Guatemala.
Todas las expositoras hablaron del estigma y discriminación por parte de agentes del Estado hacia las trabajadoras sexuales, abriendo espacios a medidas represivas y abuso de autoridad. Exigieron mecanismos de monitoreo y pidieron un informe específico a la relatora presente en la audiencia.
La audiencia estuvo encabezada por el comisionado Francisco José Eguiguren Prael. Además estuvo presente la primera vicepresidenta, Margarette May Macaulay, que también es relatora sobre los Derechos de las Mujeres, relatora sobre los derechos de las personas afro-descendientes y relatora sobre los Derechos de los Migrantes; y el comisionado James Cavallaro.
