Inecip, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Mujeres en Igualdad, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia impulsan una iniciativa para que sea una feminista quien esté al frente del Ministerio Público Fiscal.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, propuso para el cargo a Juan Bautista Mahiques, quien no tiene ninguna formación ni antecedentes profesionales en materia de género. Se trata de un hombre de la “familia judicial”. Hijo del camarista federal Carlos Mahiques, que se convirtió en ministro de Justicia de la gobernadora María Eugenia Vidal apenas asumió en la Provincia y, luego, fue nombrado como juez de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, por recomendación del Ejecutivo. Carlos Mahiques como subrogante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires votó en contra de la realización de un aborto en una de las historias más paradigmáticas sobre interrupciones legales del embarazo: L.M.R.. El Estado tuvo que pedir perdón por la negación de este derecho a la joven víctima de violación y con retraso madurativo.
Desde la creación del organismo hace más de 20 años, todos sus titulares han sido varones. “En ese marco, llamamos a la Legislatura a exigir una mayor perspectiva de género en el proceso de designación, permitiendo que la próxima titular sea una mujer feminista”, dijeron en un comunicado. Y recordaron que la Constitución de la Ciudad ha sido innovadora en materia de género, incluyendo un capítulo entero en esa materia, en el cual se establece que “la Ciudad garantiza en el ámbito público y promueve en el privado la igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres” (art. 36).
“En ese contexto, y atento a la tendencia histórica de excluir a las mujeres de los puestos de conducción de la política criminal por parte del Poder Ejecutivo Local, ya no puede seguir aplazándose la consideración de criterios de género en la formulación de propuestas para candidaturas de Fiscal General y en el proceso de designación en su conjunto”, dijeron las organizaciones en un comunicado sobre el cargo vacante que está en disputa.
“Asimismo, la obligación estatal de remover obstáculos en el acceso de mujeres a cargos jerárquicos se deriva de instrumentos y recomendaciones internacionales. Específicamente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha señalado que los Estados deben eliminar los “obstáculos a la participación de las mujeres como profesionales en todos los órganos y a todos los niveles de los sistemas de justicia” y tomar medidas “para garantizar que las mujeres estén igualmente representadas en la judicatura y otros mecanismos de aplicación de la ley, como los (…) fiscales”. Del mismo modo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha exhortado a los Estados a que “se comprometan a establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y varones en (…) la judicatura” y a adoptar “medidas positivas en favor de la mujer, en todos los puestos gubernamentales y de la administración pública”.
Para las organizaciones que impulsan esta campaña, la perspectiva de género tiene una importancia central para el cargo en cuestión. No es menor que la persona designada tendrá a su cargo la dirección y organización de todas las fiscalías de la Ciudad.
Para las organizaciones que impulsan esta campaña, la perspectiva de género tiene una importancia central para el cargo en cuestión. No es menor que la persona designada tendrá a su cargo la dirección y organización de todas las fiscalías de la Ciudad. Entre otras tareas, deberá diseñar la política criminal y el plan de persecución penal que el Estado local ejecutará en los próximos años. Sus decisiones determinarán el efectivo acceso a la justicia y la gestión de los intereses de las víctimas en los procesos judiciales. Estas funciones se ampliarán considerablemente con los traspasos de competencias (de la Justicia Nacional a la porteña) que se seguirán realizando en los próximos años. La persecución de los femicidios, lesiones y amenazas producidos en contextos de violencia de género –entre otros delitos– quedarán a cargo de estas fiscalías, cuya orientación dependerá de las políticas que implemente la persona designada.
“Llamamos a las/os legisladoras/es a robustecer el debate sobre la designación propuesta y a exigirle al Jefe de Gobierno que presente una candidata acorde a las obligaciones internacionales y al momento histórico que nos toca vivir”, expresaron.
