Todas las personas hemos requerido cuidados en algún punto de nuestras vidas, pero no todas participamos en esta actividad de igual manera. La asimetría en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados es una de las mayores fuentes de la desigualdad entre varones y mujeres. Las mujeres ganan, en promedio, menos que los varones, cuentan con empleos más precarios, tienen mayores niveles de desempleo y les cuesta más ascender en sus trabajos: todo esto está explicado porque tienen que cuidar. Se trata de tareas que son fundamentales para que nuestra sociedad funcione como la conocemos, son el motor de la economía y un trabajo invisibilizado que representa el 16 por ciento del PBI nacional.
Desde el regreso de la democracia hasta ahora se han presentado un centenar de propuestas vinculadas a esta agenda. Hoy en el Congreso tramitan, al menos, 30 proyectos sobre cuidados y 10 relacionados a licencias para abordar desde distintos frentes la situación de inequidad. Además del proyecto del gobierno Cuidar en Igualdad, presentado hace ya un año, hay distintas iniciativas presentadas tanto por el oficialismo como por la oposición.
Este martes 16 de mayo las comisiones de Trabajo-presidida por Vanesa Siley- y Mujeres y Diversidad- a cargo de Mónica Macha- empezarán el tratamiento de estas propuestas para arribar a un dictamen unificado que pueda bajar al recinto. El desafío es superar las diferencias y avanzar para que las distintas fuerzas políticas puedan construir transversalidad como lo hicieron con la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
El inicio del tratamiento en plenaria de comisiones es histórico: hace 50 años que no se discuten cambios en las licencias en Argentina, en 5 décadas las formas de construir familias cambiaron y las modalidades de trabajo también.
No se trata únicamente de actualizar los dos días de licencia por paternidad que responden a un paradigma familiar sexista y antiguo, hoy las madres y padres que adoptan, por ejemplo, no tienen ni un solo día de licencia. En un mercado laboral cada vez más informal, las licencias por maternidad y paternidad les corresponden a los y las empleados formales, pero no a las que trabajan por su cuenta y pagan el monotributo.
En este sentido, el proyecto del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad junto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad propone, a grandes rasgos:
-Ampliación de la licencia para personas gestantes de 90 a 126 días.
-Aumento de la licencia por paternidad de 2 a 90 días.
-Creación de una asignación para personas gestantes que sean monotributistas.
-Incorporación de la licencia por adopción para todos los regímenes laborales.
“Nos interesa poder discutir en el marco del Congreso y avanzar en una ley que nos represente. Nos parece central que se discuta en nuestro país porque es un tema de organización social, de trabajo y de economía. Es importante que todas las personas que son parte de esta construcción social de este trabajo silencioso, cotidiano y sin descanso entren en la discusión económica y tengan una remuneración por eso”, dijo Mónica Macha a LatFem
“Sabemos que las mujeres hoy dedican el doble de la tarea, en promedio, a estas tareas que no son remuneradas. Eso conlleva a otras desigualdades sociales y económicas, menores ingresos, menor acceso al empleo, menor calidad en el empleo y menos autonomía. Hoy en Argentina tenemos una crisis de los cuidados. Necesitamos un Sistema Integral de Cuidados, es decir un conjunto articulado de políticas, prestaciones y servicios que permitan que todas las personas en igualdad de condiciones podamos acceder al derecho a cuidar y recibir cuidados”, dijo a LatFem, Delfina Schenone Sienra del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
El presupuesto: el elefante en la habitación
En los fundamentos del proyecto “Cuidar en Igualdad”, el gobierno asegura que la iniciativa será beneficiosa para más de 8 millones de personas, ya que hay 5.000.000 personas que están regidas por la Ley de Contrato de Trabajo a lo que se suman las 450.000 personas bajo el régimen de trabajadoras de casas particulares; 350.000 personas bajo el régimen de trabajo agrario; 380.000 personas con trabajo autónomo; 1.500.000 de monotributistas; la mayoría de mujeres que conforman el universo de 400.000 monotributistas sociales y las y los 190.000 trabajadoras/es de la Administración Pública Nacional.
El puntapié inicial de la discusión legislativa son las licencias pero se hablará de cuidados comunitarios hasta llegar al proyecto más ambicioso que es el sistema integral de cuidados. El presupuesto es el elefante en la habitación de esta agenda en la que intervienen el Estado, el mercado, la comunidad y las familias. Los sujetos y sujetas del cuidado son diversos: la primera infancia, personas mayores, personas con discapacidad y quienes hacen el trabajo propio de cuidar.
Desde ELA revisaron informes e hicieron cálculos y llegaron a esta conclusión: si se invierte el 2% del PIB en industrias del cuidado el impacto en el empleo es de entre un 2,4% y un 6,1%, y el incremento en la tasa de empleo de las mujeres es entre 3,3% y un 8,2% , según datos deel Ministerio de Obra Pública. Estas industrias comprenden a aquellas actividades orientadas a garantizar el bienestar y el ejercicio efectivo de los derechos a cuidar y ser cuidado/a, como por ejemplo los servicios y espacios educativos, de recreación, de cuidado de las personas mayores y que brindan apoyos a las personas con discapacidad, entre otros.
Se estima que la implementación de un Sistema Nacional Integral de Cuidados generaría 2 millones de puestos de trabajo para 2030: 600 mil en el sector educación, 450 mil en el sector salud y más de 780 mil en el sector de cuidados de larga duración, de acuerdo a los últimos datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT).
“¿Cuánto le cuesta al Estado financiar la ampliación de las licencias de cuidado?”, se preguntaron desde la organización ELA y arribaron a estos números:
- Costo actual de licencias: 0.04% del PIB
- Primer año de implementación: 0.08% del PIB
- A 6 años de la implementación: 0.12% del PIB
- A 8 años de la implementación: 0.14% del PIB
El costo fiscal tiene cierta envergadura pero representa un esfuerzo alcanzable para el sector público nacional. Detrás de los cálculos también hay propuestas para establecer prioridades: el Estado deja de percibir 0.16% del PIB por la exención de ganancias al Poder Judicial. ¿Qué pasaría si la familia judicial empieza a pagar ganancias?
“La agenda de los cuidados en una agenda que este gobierno viene impulsando desde el principio: la jubilación por cuidados que reconoce a cada hijo e hija por un año de aportes, el programa Registradas que busca formalizar a las empleadas de casas particulares, un 8,5% que se comprometió el Ministerio de Obras Públicas para la infraestructura de cuidados y mediciones como la Encuesta del Uso del Tiempo”, explicó a LatFem la economista feminista Mercedes D’Alessandro.
¿Y las informales?
En Argentina el 45% de los y las trabajadores son informales, lo que significa que más de ocho millones de personas están ocupadas, pero en condiciones de vulnerabilidad. Para D’Alessandro en la discusión legislativa deberá incorporarse a este sector a la conversación: “Por como está planteado el debate hoy que tiene un foco muy puesto en las licencias está dejando afuera a varios sectores que no están dentro de los regímenes laborales formales. En la Argentina tenemos unos niveles de informalidad muy grande que han crecido en el último tiempo. Para mi el feminismo debería impulsar hoy una licencia de maternidad universal, que todas las mujeres que pasan por un embarazo puedan tomarse una licencia”.
“Nos interesa poder sancionar una ley que garantice derechos en la realidad efectiva y que para eso requiere financiamiento. Es una discusión para la economía del país, sin dudas, por eso es compleja pero absolutamente necesaria. Si no es ahora cuando, si no somos nosotras, entonces quiénes”, reflexionó la diputada Mónica Macha esperanzada con que sea ley.
