En la conferencia de prensa que cerró la Campaña por el NO a derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC), el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou dijo: “La LUC está entre nosotros”. A días del referéndum del 27 de marzo que ratificó la vigencia de esta “ley ómnibus” aprobada en julio de 2020 en la que, a través de 476 artículos, se modifican cuestiones de fondo en seguridad, servicios de inteligencia, educación, vivienda y derecho a la protesta, entre otras, la LUC sigue entre nosotres y cabe proyectar qué le espera a Uruguay con la aplicación plena de una ley tan regresiva en materia de derechos.
El referéndum fue convocado por la Intersocial —una articulación de organizaciones sociales, sindicales, barriales, feministas y ambientalistas— junto al Frente Amplio luego de recolectar a contrarreloj y en plena pandemia unas 800 mil firmas que habilitaran esta instancia de democracia directa en Uruguay. La decisión de esta campaña pro-referéndum fue derogar 135 de los 476 artículos de la ley, tras analizar las principales críticas que las organizaciones sociales habían presentado a la Comisión Especial del Parlamento que trataba el proyecto de la LUC, en los escasos 15 minutos que habían tenido para argumentar contra esta ley que, por sus características, debía aprobarse en un plazo máximo de 90 días.
Lograr la recolección de las firmas fue definido por sus protagonistas como una “hazaña”. Pero, tras esta palmada en la espalda, la Campaña Nacional por el Sí actuó de manera dispersa, con consignas variadas, algunas bastante alejadas de una propuesta colectiva —como el eslogan de llamar a votar por el SÍ “en defensa propia”—, pero también con mucha creatividad y presencia de jóvenes buscando formas de alcanzar a distintos públicos mediante páginas web como Resistencia.uy o diversas cuentas en redes sociales que intentaron graficar la pérdida de derechos que está en juego con la LUC.
Si bien la hazaña no le alcanzó a los movimientos sociales y al Frente Amplio para ganar el referéndum, el gobierno de Lacalle Pou, integrado por una coalición de partidos de centroderecha, no podrá mantenerse ajeno en los tres años de gestión que le quedan a que casi la mitad de la población rechaza esta propuesta de plan de gobierno que modifica varios cimientos constitucionales, ni más ni menos.
Porcentajes parejos
La proyección del escrutinio una hora después de cerrar las urnas dio “empate técnico” entre las boletas rosadas del SÍ para derogar 135 artículos de la LUC (49,2%) y las papeletas celestes por el NO a cambiar esta ley que representa el plan de gobierno de Lacalle Pou (49,4%), como él mismo la definió. Aunque el escrutinio final conocido días después bajó apenas el porcentaje por el SÍ (48,67%) y el NO obtuvo algo más del 50%, el escenario político queda dividido. Lo que a simple vista puede leerse como una derrota para los movimientos sociales y de izquierdas que promovieron el Sí “parece ser el afianzamiento de un escenario que va hacia un Uruguay de dos bloques”, dijo a LatFem la politóloga Marcela Schenck.
Los porcentajes barajados entre el SÍ y el NO se corresponden bastante con los que obtuvo el Frente Amplio (FA) y la Coalición de centroderecha —con el Partido Nacional a la cabeza— en el ballotage de las elecciones presidenciales en 2019. “El escenario en torno a las opciones del Sí y del NO se asemeja al de las elecciones de noviembre de 2019, lo cual es más positivo para la oposición (FA) porque se acerca al techo de su votación. El gobierno en este caso tiene su piso y hay que tener en cuenta que la participación de votantes fue menor en esta instancia que en las elecciones nacionales de 2019”, opinó Schenck, que integra la Usina de Percepción Ciudadana.
— ¿Esta lectura podría “partidizar” el voto del referéndum, como que el SI fuera igual a la intención de voto del FA y el NO para el Partido Nacional (ni siquiera la Coalición)?
El escenario que veíamos en las mediciones de la Usina de Percepción Ciudadana previo al 27 de marzo era muy competitivo, lo cual se terminó de confirmar los resultados oficiales, donde el No sumado al voto en blanco supera al Sí por un margen muy estrecho. Esto nos da indicios para confirmar que existen en el país dos grandes bloques, con sensibilidades políticas que, en grandes rasgos, se vuelcan por un lado desde el centro hacia la izquierda del espectro ideológico y por otro, desde el centro hacia la derecha. En cuanto a la relación con el sistema de partidos, hubo un alineamiento muy claro de los actores del gobierno en la defensa de todos los artículos de la LUC que fueron impugnados, y por otra parte, un alineamiento claro desde el Frente Amplio y diversos movimientos sociales (el PIT CNT era el más visible, pero había más, por ejemplo vinculados al movimiento estudiantil y al feminismo) para impugnar los 135 artículos. Pero además del resultado hay que mirar el proceso. Esta campaña sirvió para agrupar a los partidos de la Coalición frente a un adversario común. Y también fortaleció a la oposición al gobierno, porque le dio un objetivo de organización concreto y de movilización en un contexto de desmovilización, no solo por la derrota electoral de 2019, sino también por el escenario de la pandemia.
— ¿Qué nos dice la cifra de indecisos/as que, previo al referéndum rondaba entre el 14 y 20% del porcentaje en las encuestas?
Las mediciones de la Usina de Percepción Ciudadana nos mostraban que estos alineamientos del sistema de partidos también se reflejaban en sus votantes: mayoritariamente quienes habían votado a la fórmula Martínez-Villar (FA) en 2019 decían que iban a votar al Sí y quienes habían votado a Lacalle Pou-Argimón (PN), que iban a votar al NO. No obstante, quedaba un porcentaje importante de indecisos/as que no permitía proyectar un escenario final claro. De todas formas, los alineamientos de votantes de los diferentes partidos en 2019 con lo que estos partidos defendieron en el referéndum, muestra que nuestro sistema de partidos sigue gozando de buena salud y que logra convencer a sus electorados. Aunque nos da una señal de alerta si comparamos al referéndum con las elecciones nacionales porque bajó la participación en relación a las elecciones de 2019, así como el crecimiento del voto anulado en comparación con ese escenario. También empezamos a visualizar a un electorado que aparenta elegir en cada elección o consulta. Y, si bien veíamos que no había volatilidad significativa en la intención de voto para este referéndum, sí hubo una indecisión persistente, que afectaba particularmente a las personas que tenían poca información, se mantenían menos interesadas en la política y se definían más moderadas en su ideología y en sus valoraciones sobre el desempeño del gobierno. Y en lo que parece ser el afianzamiento de un escenario que va hacia un Uruguay de dos bloques, a este sector del electorado le cuesta más identificarse con cada uno, aunque a la hora de depositar su voto por uno de ellos, lo termina haciendo. Todo esto en un clima en que muchas personas expresaron que les faltaba información sobre el contenido de la consulta y sobre sus características formales.
— ¿Cómo podría capitalizar el caudal de votos cada sector (SI y NO)? Considerando que desde el SI han dicho que el gobierno tiene que escuchar a la mitad de la población que votó por derogar los artículos de la LUC, mientras que el Presidente dice que es una “etapa superada”.
Como primeras impresiones hay que destacar que este es el primer referéndum que tenemos en 19 años, es decir, el primero que tenemos luego de los gobiernos del Frente Amplio (que transcurrieron entre 2005 y 2020). Y no porque no haya habido intentos previos de realizar este tipo de consultas en los gobiernos del FA, sino porque es el primero que logra los apoyos requeridos para realizarse. Miles de personas apoyaron con su firma que se realizara el referéndum y esto ya es un punto a destacar.
También es el primero que es favorable al gobierno en más de tres décadas, lo cual es otro hecho que debe ser destacado. Esto tiene un efecto muy concreto en que la ley se mantiene tal como estaba y, al ser una norma tan amplia al punto que refleja la propuesta programática del gobierno, es muy significativo. El gobierno tiene como capital político que este programa no solo fue respaldado en 2019, sino también en 2022. Pero la forma en la que se alcanzó la victoria del NO, con un margen tan estrecho, marca un escenario muy distinto que el que habría existido si los artículos se mantenían con un mayor apoyo ciudadano.
Al hacer la comparación con el escenario de noviembre de 2019, vemos que se acerca mucho a la foto que se plasmó entonces, lo que nos habla de un país muy dividido en las preferencias de la ciudadanía. Y en ese sentido, tenemos que pensar que la democracia se expresa en los mecanismos de representación, en las instancias de decisión directa como este referéndum, pero también en los mecanismos de diálogo que se establecen entre los diversos actores para la toma de decisiones. Gobernar sin considerar el diálogo con la oposición puede tener un costo más alto para el gobierno que para la oposición en el mediano plazo, dado que se anuncian reformas en áreas sensibles (como la seguridad social) que pueden llegar a ser impopulares, y en ese caso quedaría el costo de realizarlas enteramente asociado al gobierno. Un gobierno que por otra parte es de una coalición, donde pueden existir incentivos de los partidos que la integran para distanciarse de su socio mayor, el Partido Nacional, en determinados temas, como lo hemos visto en algunos casos en estos dos años de gobierno.
Otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta para el análisis es en qué ámbito se puede llegar a dar un diálogo, que la oposición política reclama no solo desde el sistema de partidos, sino del sistema político en general: ¿únicamente (o privilegiadamente) en el ámbito parlamentario, o en un sentido más amplio, con mecanismos de diálogo social para discutir políticas públicas? Esto va a pautar la inclusión de diversas voces en el proceso y la aceptación, las resistencias o el conflicto que puedan estar asociados a los cambios que busque impulsar el gobierno.
La LUC no es el fin, pero ¿cómo seguir?
Apenas 48 horas después del referéndum, el gobierno autorizó el aumento de los combustibles, amparado en el artículo 235 de la LUC que establece la actualización del precio de los combustibles cada 60 días, acompañado a la suba del precio internacional del petróleo.
Una semana después subieron entre 3 y 4 pesos los boletos de ómnibus en la capital y en la zona metropolitana, mientras se barajan propuestas de ajustes de precios y contención de aumento de la inflación hasta ahora insuficientes. Las ollas populares en cada plaza están desabastecidas de donaciones que enviaba el gobierno y sobra mes al final del sueldo, lo que dificulta las donaciones entre vecinas.
Más allá de estos cambios que impactan en el bolsillo de cualquiera, los planes del Presidente a mediano plazo apuntan a reformar la seguridad social y los del ministro del Interior a habilitar allanamientos nocturnos -algo que ya fue rechazado por la ciudadanía en el plebiscito Vivir Sin Miedo, durante la última elección presidencial en 2019- y comenzar una “guerra al narcotráfico”, haciendo oídos sordos a un diagnóstico regional que ya demostró que esa estrategia resulta en más inseguridad para los barrios.
El fin de la emergencia sanitaria en el país, decretado este martes 5 de abril, abre nuevos escenarios de movilización social y el desafío de proyectar una articulación de organizaciones que sea amplia, que defienda la agenda de derechos que puso al país en la vanguardia y que procure también otras formas de hacer política, con renovación generacional y fuera de personalismos que ya le costaron caro a la izquierda local.
