Keyla Martínez tenía 26 años y era estudiante de enfermería. La noche del sábado 6 de febrero fue detenida por la policía en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá. Keyla viajaba en auto con su colega Edgar José Velásquez Orellana, médico ginecoobstetra quien también fue detenido por la policía bajo el cargo de violar el toque de queda que rige en el país y que restringe la libre circulación durante la noche. Keyla murió horas después de ser detenida por la Policía Nacional y bajo custodia de esta fuerza. A pesar de que la estrategia de encubrimiento policial apuntó a instalar la ficción de un posible suicidio, la causa se investiga como homicidio.
La Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras en un comunicado del día 7 de febrero afirmó que Keyla “fue detenida por Escándalo en la Vía Pública en estado de ebriedad e incumplimiento al Toque de Queda Vigente según decreto PCM 012-2021; horas después, durante la ronda de supervisión en las celdas, los agentes la descubrieron intentado quitarse la vida mediante asfixia por suspensión, por lo que de inmediato fue trasladada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde falleció”. Sin embargo, el dictamen médico de la sala de emergencias del Hospital Enrique Aguilar Cerrato en su reporte determinó que “fue realizada su valoración inicial por el equipo sanitario que cubría su turno en sala de emergencia y tras determinarse que a su llegada el cuerpo estaba sin vida, se notificó a medicina forense para su respectivo procedimiento de ley ante tales muertes”. En declaraciones a medios locales, Nancy Martínez, hermana menor de Keyla rechaza las versiones vertidas por la policía: “¿Por qué si el doctor estaba allí al lado, no lo sacaron para que le diera primeros auxilios, si la encontraron intentando quitarse la vida?”. En correspondencia con el dictamen médico el Ministerio Público confirmó que Keyla fue asesinada. La causa de la muerte: asfixia mecánica -obstrucción de las vías respiratorias.
En La Esperanza y otras ciudades del país se convocó a movilizaciones para exigir el esclarecimiento del crimen de Keyla Martínez. La policía respondió con represión y gases lacrimógenos.
“Acá se vive con miedo”, dijo a LatFem Bella Carrillo, una joven estudiante de la carrera de periodismo y militante feminista. “Hoy fue Keyla, pero cada vez que me entero de un feminicidio pienso que seguro esa mujer vivió y soportó mucha violencia. Yo estuve a punto de ser una estadística más pero tuve la suerte de poder salir de una historia de maltratos, pero no todas pueden hacerlo”, agregó.
Ningún femicida mata solo
Después de que se dieran a conocer los resultados de la autopsia que dictaminó que a Keyla la asesinaron estando en la celda policial, los medios corporativos de Honduras comenzaron a instalar otra narrativa sobre el caso. Esta versión de los hechos no sólo contradice las pruebas científicas sino que apoya la narrativa que dio la policía en su primer comunicado. Reprodujeron el testimonio de Edgar José Velásquez Orellana quien estuvo detenido junto a Keyla. Según él, ella empezó a cantar en la celda y de repente dijo que se quería matar. “Me quiero morir, me voy a colgar con mi sweater”.
Las declaraciones de Velásquez Orellana han generado repudio entre familiares de Keyla y según Olivia Zuñiga, diputada e hija de Berta Cáceres, él “pertenece a una élite del Partido Nacional, a la cual nadie va amenazar. Incluso su apoderado legal es uno de los vinculados al caso Pandora”, un caso de corrupción donde se desviaron más de 12 millones de dólares que estaban destinados a proyectos que beneficiarían a familias empobrecidas, mujeres solas y jefas de hogar.
En el canal más visto de la televisión hondureña un conductor preguntó a Edgar José Velásquez Orellana:
—Con todo respeto ¿Ella andaba bola (borracha)? ¿Keyla Martínez andaba bola?!
—¿Drogas?—pregunta otra panelista.
Un feminicida nunca mata solo, siempre es un acto grupal sostenido por una red de lealtades e impunidad.
Joaquín Mejía Rivera es abogado e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación y Coordinador Adjunto del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos en Honduras. En diálogo con LatFem, analizó las irregularidades en la investigación de la muerte de Keyla y las tramas historicas detrás de este crimen en particular.
“Honduras ha vivido varias etapas en las que los militares han jugado un papel fundamental y el primer proceso de militarización de la sociedad y el Estado inicia en los años sesenta con un golpe de estado. Durante los ochenta fueron los militares que aplican la doctrina de seguridad nacional en el marco de la llamada lucha contra el comunismo en toda la región. Es hasta mediados de los noventa que se inicia un proceso de desmilitarización de la sociedad y del Estado que tiene dos particularidades. Por un lado, se elimina el servicio militar obligatorio y se crea una Policía Nacional Civil, sin embargo ese proceso estuvo inconcluso. Los militares siguieron teniendo muchísimo poder y la policía nacional sólo cambió de uniforme y mantuvo intacta su lógica militar, jerárquica y patriarcal. Ya entrados los dos mil y con el gobierno de Ricardo Maduro comienza el fenómeno de maras y pandillas, la respuesta del Estado es volver a sacar a los militares de los cuarteles y ponerlos a la par de la policía en tareas de control y seguridad ciudadana. Esta vez es el poder político y civil el que pone a los militares en las calles y les otorga poder. Hay una continuidad de este fortalecimiento de las fuerzas armadas que atraviesa a los distintos gobiernos de las últimas décadas”, dice Mejía.
—En Honduras existe un relato de memoria respecto de la violencia política y la militarización de la sociedad que está encuadrado en una temporalidad corta y que iniciaría con el golpe de 2009. Sin embargo, en tu análisis se encuentran elementos para complejizar esta narrativa.
—Para comprender el proceso de militarización de la sociedad hondureña y la violencia política es menester trascender estos encuadres que mencionás. En los ochenta cuando los militares y la policía dentro de las fuerzas armadas torturaron y desaparecieron a población civil. Si bien existen registros probatorios y el informe llamado Los Derechos hablan por sí mismos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos hay una impunidad total. Luego, el golpe de estado de 2009 que de acuerdo con el Informe de la Verdad y la Reconciliación se cometieron crímenes de lesa humanidad a manos de militares y policías. En el contexto de la crisis post-electoral de 2017 hay un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas donde se establece que los patrones y actos cometidos son los mismos que en períodos anteriores; sin embargo están en total impunidad las decenas de asesinatos que cometieron policías y militares. Por otro lado, durante gobiernos democráticos y antes del golpe de 2009 también se apalearon los reclamos de organizaciones campesinas y garífunas en el país. Tomo las palabras de Berta Cáceres cuando decía que “en Honduras se trata de enfrentar a una dictadura, a una dictadura basada en diferentes formas de dominación. Hemos dicho que no solo es el capitalismo depredador, no solo el racismo que también se ha fortalecido en esta dictadura, sino también el patriarcado”.
—¿Entonces que viene a inaugurar o profundizar el golpe de Estado?
—Da lugar a que los militares se integren a todos los espacios y estructuras de la vida pública y esto representa un retroceso de décadas. A la vez, hay un fenómeno de mayor incidencia de los grupos religiosos conservadores en la vida política. ¿Qué diferencia a un régimen democrático de uno autoritario? La legitimidad que está dada en principio por el respeto a la soberanía popular, que en una democracia representativa se expresa en elecciones libres y justas. El gobierno de Juan Orlando Hernández doblemente ilegítimo ya que viola la constitución para reelegirse violentando el mandato del poder constituyente y en 2017 llega al poder por segunda vez a través de fraude electoral”
—¿Dónde busca legitimidad este régimen?
—Por un lado, en alianza con los militares quienes le garantizan controlar los territorios y las poblaciones a cambio de una inversión militar mayor a la de países en guerra como Afganistán y Sudán del Sur. La segunda alianza es con sectores religiosos conservadores quienes legitiman al régimen con un manto divino y a la par ganan espacios para imponen a la población su propia moral privada en lugar de una moral pública que deberían ser los derechos humanos tal como hicieron con la reciente reforma constitucional para prohibir el derecho al aborto y el matrimonio igualitario. Esto explica la militarización y su vínculo con las jerarquías de los grupos religiosos. Por otro lado esta situación se sostiene por la doble moral de la comunidad internacional. Si ves cuando se trata de la reelección de Evo Morales en Bolivia la OEA denuncia y tiene una posición dura y condenatoria. Cuando se trata de la reelección de Juan Orlando Hernández su posición ha sido muy tibia. El gobierno de Obama fue el único país en el mundo que en términos jurídicos no condenó el golpe de estado en Honduras. El gobierno de Trump no condenó el fraude electoral del 2017 y a través de Naciones Unidas promovió un diálogo para blanquear el fraude que perpetuara a Juan Orlando Hernández en el poder.
—Reformas y depuración de la policía nacional. Fuiste uno de los expertos que hizo una evaluación de la nueva currícula policial. ¿Qué balance hacés del proceso de depuración de la policía?
—Como parte de esas reformas, hubo cambios en la currícula policial y la creación del Instituto Técnico Policial para que se formara una policía comunitaria. Estas incorporaciones se ven truncadas porque ese policía que está siendo formado en el instituto entra a una institución jerarquizada, militarizada, patriarcal y vinculada con el crimen organizado. O se va o se acomoda o se vincula con los circuitos de criminalidad de los que la policía es parte. Antes de estas reformas el perfil de postulantes a la policía era de personas con sexto grado de escuela primaria, estas personas fueron depuradas. Luego, tenían que acreditar secundaria completa, incluso en la primera promoción de la “nueva policía” había perfiles con estudios universitarios y maestría. Sin embargo en un país con nulas oportunidades y altas tasas de desocupación incluso para aquellos que tienen carreras universitarias, el ingreso a la policía nacional sigue siendo una ventana para la supervivencia. El proceso de depuración no fue transparente y la comisión depuradora no declaraba las razones por las que los efectivos eran separados de la fuerza. Por ejemplo, bajo la denominación de “reestructuración institucional” se mantuvieron en la fuerza policial agentes que ahora están señalados de narcotraficantes en Estados Unidos y que salieron “por reestructuración” y no por ser narcotraficantes, o el caso de Leonel Sauceda quien fue promocionado por la propia comisión depuradora a Jefe de la Policía, está encarcelado en este momento por lavado de activos. El Tigre Bonilla, otro ex jefe policial acusado por narcotráfico también pasó por ese proceso de depuración de la institución. La comisión encargada de depurar recibía la información que le daba la misma institución policial y la secretaría de seguridad, cuando el propio ministro era señalado por vinculaciones con el narcotráfico ¿qué tan confiable podía ser esta fuente de información? Por otro lado, las violaciones a derechos humanos no estuvieron entre los criterios de depuración por eso esta práctica sigue siendo un patrón en la actuación de la fuerza”
—En relación a estos patrones de violencia e impunidad en el accionar de la policía nacional ¿cuáles podés identificar para el caso de Keyla Martínez?
—Cuando sucede una muerte bajo custodia de la fuerza de seguridad del Estado, la investigación tiene que tener estos elementos. El ministerio público de oficio debería iniciar una investigación de los hechos y la propia policía debería iniciar una investigación administrativa. ¿Qué hizo la policía? Sacó un comunicado diciendo que Keyla se había suicidado mientras limpiaban la escena del crimen y ocultaban a los policías que estaban de turno esa noche, desconociendo todos y cada uno de los principios de competencia, imparcialidad y exhaustividad aplicables a este tipo de situaciones. Claramente el proceso de depuración de la policía ha sido un fracaso y el caso de Keyla Martínez es un ejemplo claro de esto. Desde el momento de su detención la policía asume una posición de garante del derecho a la vida e integridad personal, por tanto cualquier cosa que pudiera pasarle bajo su custodia es responsabilidad de la Policía Nacional. Ya se habían conocido denuncias de dos mujeres jóvenes contra policías de La Esperanza, por maltratos y robos. ¿Qué pasó con estas denuncias? ¿Las autoridades de la fuerza policial tomaron alguna acción al respecto?”.
Ante la violencia estatal, resistencia feminista
Keyla fue asesinada bajo custodia de los agentes de seguridad en La Esperanza, la ciudad donde se perpetró el femicidio de Berta Cáceres. Al igual que con Berta, la policía ensucia la cancha con mentiras. El mismo círculo que las feministas conocemos de memoria. Que qué tenía puesto, a qué hora era que andaba, que si iba sola o por qué iba con un hombre. Porque no fue un solo policía, ni los cinco o seis que estaban de guardia esa noche en la posta de La Esperanza y no hay depuración probable para una institución que ya está podrida.
“Ellos quieren tapar su delito, su fechoría. Mi hija tenía muchos planes, ella estaba terminando su carrera de licenciatura en enfermería, ella trabajaba en el hospital cuidando enfermos (…) Ella es una niña muy querida por todo el pueblo. No tenía problemas emocionales, era una persona soltera, llena de metas y de ilusiones. Ellos quieren hacer creer otra cosa que no esm” dice Norma, mamá de Keyla.
Y ellos siguen queriendo borrar a Keyla pero seremos nosotras las que haremos memoria en la aguda curva de este hartazgo, justo ahí donde la rabia se vuelve cuidado y resistencia feminista.
