«Con cuarentena no hay trabajo. Sin trabajo no hay vivienda. Sin vivienda no hay cuarentena» dice una campaña que circula hace pocos días en Internet con la firma de varias organizaciones. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires hay 35 mil familias (calculan cerca de 100 mil personas), que alquilan habitación en hoteles-pensiones y están ligadas al mercado informal de trabajo. Por la merma en la actividad probablemente estas personas no puedan pagar a fin de mes el alquiler, deban endeudarse o sean desalojadas.
Las presiones para que el Gobierno nacional tome medidas para congelar el precio de alquileres o suspenda los desalojos comenzaron junto con el pedido de medidas especiales para personas en situación de calle. La crisis sanitaria develó una crisis habitacional y laboral preexistente y la agravó. El presidente de la Argentina Alberto Fernández comunicó en una entrevista televisiva en un programa de la tarde que enviará al Congreso un proyecto de ley para congelar por 180 días el precio de los alquileres y prohibir los desalojos.
El abanico de posibilidades es amplio: desde la supresión del pago de alquileres (como en el modelo venezolano de Nicolás Maduro), el congelamiento de precios de alquileres, prórrogas de vencimiento y suspensión de medidas de desahucio o desalojo (como en España) hasta la proyección de subsidios habitacionales.
El horizonte a largo plazo, según plantea el Observatorio del Derecho a la Ciudad —entre otras organizaciones—, es planificar una política de viviendas sociales. Es decir, de viviendas de propiedad de la Ciudad y que, bajo su administración, sean entregadas a estos grupos vulneralizados, a través de alquileres con precios sociales o en forma gratuita con comodatos.
Los ejemplos de trabajadores y trabajadoras informales que están con un pie afuera de las piezas y departamentos que alquilan abundan. En el barrio de Balvanera 8 trabajadoras sexuales trans que conviven en una habitación de un hotel, decidieron no salir a trabajar como forma de prevenir el contagio y cumplir con las medidas dictadas por el Ejecutivo, pero al no poder trabajar, no cobran y no tienen ingresos para pagar la renta. El gerente del hotel decidió echarlas hasta que no reúnan los 800 pesos por día por persona.
Una mujer feriante de la Ciudad de Buenos Aires hace días no trabaja. “Tiene que pagar $10.500 por la pieza de hotel. No tiene la plata. El dueño le dió 48hs para que se vaya”, cuenta en un Tweet la organización Inquilinos Agrupados, y pregunta “¿Qué hacemos?” a Horacio Rodríguez Larreta y a María Migliore, Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA.
Sin trabajo no hay vivienda, y sin vivienda sólo queda la calle, en una ciudad que de por sí no está preparada para resguardar a las 7251 personas en situación de calle.
