Parlamento por el aborto en Puebla: “No ha sido el proceso que desde los acuerdos esperábamos”

A Puebla la siguen separando de la Ciudad de México no sólo 200 kilómetros de autopista por donde viajan quienes quieren abortar de manera segura, sino 14 años en legislación de derechos (no) reproductivos. El 27 de abril terminó el Parlamento Abierto sobre Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Aborto Legal del Congreso de Puebla. Sin embargo, las organizaciones feministas dicen que no hay voluntad política real para avanzar en una legislación que amplíe derechos.

Después de diez mesas de trabajo y 150 ponencias, ayer concluyó el Parlamento Abierto sobre Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Aborto Legal del Congreso de Puebla, México. Durante casi un mes diferentes actores políticos y sociales debatieron sobre la posibilidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en el Estado, donde sólo es posible bajo las causales de violación, malformación congénita grave, espontaneidad o peligro de muerte de la persona gestante. 

La propuesta del Parlamento Abierto surgió luego de que, en noviembre pasado, organizaciones y activistas feministas llevaran adelante una histórica toma pacífica del edificio del Congreso estatal, exigiendo a lxs legisladorxs que traten el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en los plenos. Para desanudar el conflicto, en diciembre y luego de casi un mes de toma, la junta de Gobierno y Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso firmó una batería de acuerdos-compromisos con diferentes organizaciones y coordinadoras feministas, que incluyó la realización de un parlamento abierto que sirviera de antesala a la discusión plenaria de las iniciativas para despenalizar el aborto que el legislativo mantiene encajonadas. Una vez concluido eso, comenzaría el trabajo legislativo de lxs diputadxs para la definición de una ley que pudiera ser posteriormente votada. Pero el Parlamento concluyó y las activistas reclaman que no hay voluntad política para que eso suceda.

“El Parlamento no se da por voluntad política, sino por la presión social de mujeres organizadas, disidencias y personas afines a la exigencia”, explicó a LatFem Flor Cipriano, activista e integrante de la red La Morada. Y sumó: “En Puebla hay mujeres hablantes de lenguas originarias pero no hay intérpretes, y no se contempló ninguna estrategia para que la información llegase. Lo mismo con las personas con discapacidad visual o auditiva”.

En La Morada hacen acompañamientos en violencias de género, derechos de las infancias y aborto. Trabajan tanto en el centro de Puebla como en las periferias, junto a mujeres hablantes de lenguas originarias como totonaco y nahuátl. “Las periferias difícilmente se contemplan, la información no llega y es muy difícil que quienes decidan abortar ahí no sean criminalizadas”, dijo. Y agregó: “Si ya tenemos estigma en el acceso a la justicia social por ser mujeres indígenas, esto profundiza el hecho de que el Estado las vea como criminales”. 

Se estima que al menos un 25% de las personas que recurren a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el sistema público de salud de la Ciudad de México proviene de otros Estados. Según estadísticas de la Secretaría de Salud de la Ciudad, donde el aborto es legal desde hace 14 años, Puebla es la segunda entidad de donde más personas acuden a solicitar ILEs. Desde 2007 al menos 1.458 poblanas recurrieron a esos servicios en la Capital. Pero, por las medidas derivadas del COVID19, en 2020 sólo 69 pudieron viajar para recibir este servicio.  

Sin respuestas a la criminalización y el castigo

Actualmente, según el artículo 342 del Código penal de Puebla, el aborto autoinducido se castiga con un año de cárcel y con hasta 3 años para el personal de salud que lo practique. En 2019, las carpetas de investigación abiertas por aborto en el Estado aumentaron en un 300% en el primer semestre (estadísticas del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). Además, de 2009 a 2019 once mujeres fueron sentenciadas por abortar, y recién en agosto de ese año se aprobó la amnistía para mujeres presas por esta práctica. También existen mujeres juzgadas por homicidio en razón de parentesco, lo que implica penas de 20 a 50 años de prisión.

“El parlamento no ha sido el proceso que desde los acuerdos se esperaba, tuvo deficiencias metodológicas pero además no se llevó a pleno la discusión como se había previsto para la primera quincena de abril”, dijo a LatFem Natali Hernández, activista e integrante de Cafis (Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social), una organización para la incidencia y consultoría en temas de géneros, violencias a las mujeres y derechos. En esa misma línea explicó: “los acuerdos de diciembre fueron firmados por muchos diputados que ahora están de licencia porque se vienen las elecciones y están buscando otros cargos. Y así se deslindan de los acuerdos. Hubo 14 días de diálogo y al cierre no hay una respuesta”. Según el acuerdo el Parlamento sería vinculante, pero las feministas en Puebla coinciden en que esto no se cumplió ni se cumplirá.

“En 2019 cuando se presentó la primera iniciativa no quisieron discutirlo y dijeron que iban a hacer un foro con expertos”, contó Hernández. Eso nunca pasó, luego vino la pandemia y la toma y recién ahí la JUCOPO presionó para que se hiciera el parlamento, con la esperanza de que funcionara como un alimento previo a la discusión legislativa. Pero a Puebla la siguen separando de la Ciudad de México no sólo 200 kilómetros de autopista por donde viajan quienes quieren abortar de manera segura, sino 14 años en legislación de derechos (no) reproductivos.

“En los últimos 14 años creció mucho el trabajo de las redes de acompañamientos, la ilegalidad ha hecho también que las mujeres se organicen, protesten y  hagan cada vez más fuerte esta demanda”, relató Natali Hernández. “Salir a la calle, marchar con un pañuelo verde exigiendo al unísono… eso no lo imaginábamos en Puebla”, dijo.

Durante el último día del Parlamento, colectivas feministas se manifestaron mediante redes sociales exigiendo al Congreso del Estado discutir en Pleno la despenalización del aborto. “El aborto es una práctica ancestral propia de las mujeres y personas gestantes, no podemos deshacernos de él, pero sí podemos dejar de criminalizar a quienes deciden sobre su cuerpo. ¡Exigimos Ya #AbortoLegalPuebla y discusión pronto en pleno! Urge que dejen de atravesar nuestros derechos con opiniones y morales coloniales, racistas y clasistas que están alejadas de las realidades de nuestros cuerpo y vidas. ¡ABORTO LEGAL JUSTICIA SOCIAL!”, fue uno de los mensajes que se replicaron durante toda la jornada.