Perú: un lunes para no olvidar

Esta es la tercera vez -y la vencida- que el Poder Legislativo intenta sacar al presidente peruano de su cargo a través de la figura de vacancia. Estamos ante un golpe de Estado en la región que, como en otros países, toma una nueva forma respecto de los golpes militares en la década de 1970. El resultado inmediato en Perú es el nombramiento por parte del Poder Legislativo de un nuevo presidente, en medio de masivas protestas a nivel nacional marcadas por una fuerte represión policial en las calles. Gran parte de les peruanes comenzó a proclamar consignas en defensa de la institucionalidad democrática: #InvestigaciónSíVacanciaNo. Sin embargo, todavía esa demanda no fue escuchada en el Congreso.

La noche del lunes 9 de noviembre nos tomó por sorpresa: el Congreso del Perú aprobó de forma ilegal e inesperada destituir al presidente Martín Vizcarra, a través de una moción de vacancia. Por sorpresa, porque ya había sucedido un intento en septiembre y ahora, hasta donde se sabía, no se contaban con los votos necesarios (87 de 130). Sin embargo, el lunes se consiguieron 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones.

Pero, ¿acaso no iba todo más o menos bien en Perú?

Una denuncia periodística sobre un hecho de corrupción en el que estaría envuelto Vizcarra cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014) y que ha motivado una investigación que se halla todavía en etapa preliminar, ha sido argumento suficiente para asumir que existe una “permanente incapacidad moral”, por la cual el presidente no podría continuar en su cargo.

Esta es la tercera vez que vemos como desde el Poder Legislativo intentan sacar a este presidente a través de la figura de vacancia, que ya había sido impulsada por motivos diversos desde que él asumiera en marzo de 2018, luego de que su antecesor fuera obligado a renunciar por el propio Legislativo. Por su parte, en 2019 el presidente Vizcarra disolvió el Congreso y llamó a elecciones de congresistas luego de varios meses de un bloqueo prácticamente total del Legislativo a todas las propuestas de reforma y el trabajo desde el Ejecutivo.

En medio del fuego cruzado de lo que parece ser una guerra entre poderes del Estado (el Poder Judicial se encuentra en un proceso de reforma luego de escándalos de corrupción que involucraron, entre otres, a varios fiscales y jueces, algunos de los cuales se encuentran prófugos), nos encontramos entrampados una vez más los y las peruanas. A raíz de lo que sucedió este lunes, desde gran parte de la sociedad comenzamos a proclamar consignas no en defensa de Vizcarra, sino en defensa de la institucionalidad democrática: #InvestigaciónSíVacanciaNo. Sin embargo eso no fue escuchado por el Congreso.

A falta de solo cinco meses para las elecciones generales del 2021, en medio de una pandemia que ha golpeado al Perú como a pocos países en el mundo, se llega al momento más profundo de una crisis política que podría decirse que ya lleva dos décadas, luego del final de la dictadura fujimontesinista en el año 2001.

Tal como fue reconocido por diversos actores nacionales e internacionales, estamos ante un golpe de estado. El resultado inmediato de esta destitución del Jefe de Estado es que el Legislativo apunta a un nuevo presidente, y éste a un nuevo gabinete de ministros, en medio de masivas protestas a nivel nacional marcadas por una fuerte represión policial en las calles. Ahora, sin ninguna separación clara entre poderes del Estado, un Congreso fuertemente deslegitimado carece de límites para interpretar la Constitución a su antojo.

En los últimos años vimos cómo en los países de la región los golpes toman esta forma. Está claro que las clásicas tomas de poder a través de asaltos a la casa de gobierno y el despliegue de las fuerzas armadas han quedado atrás, o al menos en suspenso. Si bien los procesos de cambio político que vienen atravesando los países de Sudamérica han tomado formas muy distintas y eluden una fácil comparación, las similitudes aparecen y se nos hace imposible no recordar la destitución de Dilma Rousseff por vías supuestamente institucionales en Brasil. Pero también nos resuena el descontento generalizado devenido en una lucha de la mayor parte de la ciudadanía en Chile (otro país modelo en el que andaba “todo bien”), y las deudas históricas en cuanto a los derechos de los pueblos originarios y a la soberanía de la tierra, que están en tensión en Bolivia, Ecuador y Argentina.

El Perú ha sido señalado muchas veces como un estado ejemplar haciéndose referencia a su estabilidad macroeconómica aún frente a los vaivenes y fuertes crisis globales en lo que va del siglo XXI. Desde conversaciones coloquiales hasta discursos políticos estructurados, la idea de la prosperidad de un país reflejada en el crecimiento de su PBI parecía ser lo suficientemente robusta como para arrasar cualquier intento de análisis un poco más detenido. No obstante, los años del “milagro peruano” han estado marcados por una distribución profundamente desigual de la riqueza, una altísima conflictividad socioambiental con graves saldos para comunidades enteras, y escándalos de corrupción que resultaron ser la punta del iceberg de una trama tan compleja que involucra a cada nivel de la infraestructura del país, y que provocó que casi en simultáneo todos los expresidentes del Perú estén presos o prófugos de la justicia. Ante cada uno de estos problemas, mantener el orden a cualquier costo para no espantar a las inversiones extranjeras fue repetido como un mantra, que resultó ser un consenso en toda la clase política. Lo que está ocurriendo ahora es la demostración de que tal pacto no sólo es inútil, sino perverso.

La situación de desigualdad viene de la mano de una crisis de representación que hace que vuelvan los políticos de siempre, a veces con nombres distintos, pero que en esencia son los mismos que responden a sus intereses particulares. Solo hay que ver qué partidos estuvieron detrás de la votación por la vacancia: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos Perú, Frepap, Fuerza Popular, Unión por el Perú, inclusive sectores de izquierda como el Frente Amplio. El nuevo jefe del gabinete de ministros también es un viejo conocido, que vimos renunciar a su cargo de Ministro de Defensa el año 2009 tras la masacre de 34 personas en el marco de un conflicto con pueblos indígenas.

Con la disolución del Congreso el 2019 y las nuevas elecciones en enero de este año, en lugar de habilitarse una oportunidad para el recambio político que como sociedad esperábamos, seguimos en una especie de bucle. Sigue estando la misma casta política vetusta, corrupta y machista, que sólo busca blindarse entre la mayoría de sus miembros. De hecho, 68 de los actuales congresistas tienen investigaciones en curso por varios tipos de delitos. 

Contramarea, la sociedad civil estuvo y está presente llevando adelante, a veces de manera espontánea, otras de manera más organizada, intentos de lucha contra la impunidad. Vemos cómo el espacio público cada tanto pasa a ser un lugar necesario de resistencia, como cuando se brindó el indulto a Fujimori (2017), cuando se ventilaron una serie de audios evidenciando el nivel de corrupción en el Poder Judicial (2018), cuando se acompañó la decisión del Ejecutivo de disolver el Congreso tras un intento de designación de integrantes del Tribunal Constitucional (2018), y finalmente, como si fuera la gota que rebalsó el vaso, durante este golpe de estado. Estos hitos son sólo algunos y no deben leerse aisladamente, ni por separado de todas las movilizaciones a nivel local en todo el país. En todos y cada uno de ellos la sociedad salió a ocupar las calles, a pesar de la respuesta desmesuradamente represiva por parte de la fuerza policial, en un país donde la protesta está criminalizada de hecho.

Hoy no es la excepción. Pese a esta oscura realidad vemos con algo de esperanza cómo un amplio arco de actores de la sociedad civil, agrupados y no agrupados, están saliendo a las calles manifestando su enojo, su hartazgo y exigiendo una transformación profunda en el país. Y es que las cosas en peligro son muchas y los riesgos de no responder ante esta situación son muy grandes: A corto y mediano plazo, está en juego el aplazamiento de las próximas elecciones; la designación arbitraria de cargos en el Tribunal Constitucional y de los miembros del Ministerio Público que investigan corrupción; el sostenimiento del blindaje a congresistas con sentencias; y que se posterguen y se reviertan reformas urgentes contra las que una y otra vez se han manifestado quienes ahora ostentan el poder en el gobierno.

La memoria vuelve a ocupar un lugar central. Es importante no olvidar todo eso que está en juego, porque el desenlace de esta crisis tiene que retomar los procesos de cambio por los que la población viene luchando en muchos niveles y hace mucho tiempo. El gobierno usurpador quizás no logre perpetrarse, pero la naturaleza reaccionaria del golpe de estado y todos los cambios que se están apresurando en implementar podría darle forma al futuro del Perú en las próximas décadas.

A pocos meses de celebrar el bicentenario de la independencia, la democracia se encuentra en las calles.