La última vez que Valeria Sainz Moreno fue a buscar a su hijo Jano al jardín, en Lomas del Mirador, la directora la recibió a los gritos: “se lo llevaron, se lo llevaron”, recuerda Valeria. Con un operativo policial y judicial a cargo de María Petrona Martínez, titular del Juzgado de Familia 5 de La Matanza, sacaron de la salita roja al nene, que entonces tenía 5 años. Fue el último 10 de mayo. El objetivo era vincularlo de forma forzada con la abuela paterna, pero esa noche el nene terminó internado en el Hospital Italiano con un shock nervioso. Cuando Valeria fue al lugar para ver a su hijo internado, la jueza misma se lo impidió con maltratos. Desde ese día ella reclama volver a estar con Jano, el próximo miércoles 9 de agosto se vence la cautelar que la aleja de su hijo. La semana pasada encabezó una conferencia de prensa frente al Municipio de La Matanza.
Sobre Valeria pesa una especie de condena por denunciar, un castigo que incluye una reversión de tenencia que la aleja de su hijo. Detrás de cada mujer que rompe con el círculo de la violencia machista hay una maquinaria de artilugios para buscar la impunidad: las denuncias cruzadas. Una vez que son denunciados, cada vez más agresores devuelven la denuncia a las víctimas para entrampar la situación judicial. Es en este contexto que la jueza Martínez dictó un impedimento de contacto que pesa tanto para el padre como para la madre de Jano. El nudo que tejió la denuncia cruzada del padre terminó de anudarse aquel 10 de mayo en que a Jano lo sacaron del jardín de manera sorpresiva.
El escudo de la jueza es el SAP (Síndrome de Alienación Parental). Se trata de una teoría según la cual lxs chicxs desprecian a su padre o madre por influencia del otrx. Lxs propulsores de esta teoría recomiendan cortar el vínculo de inmediato y totalmente, y así se revierten las tenencias. Sin embargo, no existe en la comunidad científica un reconocimiento hacia esta teoría. “En la historia clínica del nene con fecha 10 de mayo la jueza manifiesta que ella aduce que se trata de una situación de SAP”, dijo a LatFem el abogado Fabio Sánchez, que representa a Valeria.
Para él, “la jueza está ejerciendo abuso de poder y está actuando bajo el viejo paradigma del patronato. No está teniendo en cuenta al nene como sujeto de derecho, ni su voluntad. Las veces que Jano habló a través del equipo técnico dijo que no quería tener contacto ni con el padre ni con la abuela. Él le tiene miedo al hombre que le dislocó el hombro”.
Jano nació signado por la violencia de su padre, Javier Otranto. Valeria tuvo un parto prematuro porque el hombre le pegó una piña en la panza; cuando Jano tenía 11 meses, su papá le quiso pegar a Valeria y terminó rompiéndole una paleta el bebé. Después de esta serie de agresiones físicas y psicológicas que fueron in crescendo, el 8 de octubre de 2012 Valeria hizo la primera denuncia contra él. Ya suma 42 denuncias en sede policial y judicial, la mayoría por “lesiones leves agravadas” y varias “desobediencias judiciales”. Alrededor del caso se abrieron causas tanto en lo penal como en el Juzgado de Familia. En marzo de 2013 el hombre pidió un impedimento de contacto contra Valeria. La historia se fue complejizando hasta el 10 de mayo, que Jano fue forzado a vivir con su abuela paterna.
“Se llevaron a mi hijo como si fuera un delincuente”, dijo Valeria a LatFem. El operativo que se montó alrededor del jardín fue desmedido: los patrulleros rodearon la manzana, mientras la jueza y el auxiliar letrado dirigían la escena. “Por favor, llévenme con mi mamá”, gritaba Jano cuando lo llevaban. Desde ese entonces ella tiene un impedimento de contacto con el nene y su hermana -tía del chico- también. Se trata de una cautelar provisoria de tres meses que vence el próximo 9 de agosto. En este tiempo el único contacto que tuvo Valeria con su hijo fue por teléfono: hablaron 15 minutos el 12 de junio. Ese día el nene cumplió 6 años.
Valeria va reuniendo pedacitos de historias que le cuentan las madres de otrxs chicxs del jardín. Le contaron que le pide comida a las maestras porque la abuela paterna a veces no le da de comer. “Estoy sufriendo doblemente. No puedo ayudar a mi hijo y está a una cuadra y media el jardín”, dice con la voz quebrada.
“La única comunicación que tiene con el nene es telefónica y la jueza dispuso que el padre tenga una comunicación fluida con él”, contó el abogado de Valeria. Contra la jueza presentaron una recusación ante la Cámara de Apelación en lo Civil y lo Comercial. Ella tiene 5 días para presentar su descargo. A su vez, el abogado junto a Valeria empujan un pedido de juicio político ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.
El Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) se presentó en la causa solicitando explicaciones a la jueza. La semana pasada Valeria se manifestó frente a la Municipalidad de San Justo junto a la Campaña Contra el Abuso Sexual Infantil. Exigieron la destitución de la jueza junto a Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo línea fundadora; Pablo Pimentel de la APDH Matanza y Nora Schulman, Directora del comité de aplicación y seguimiento de los derechos del niñx.
