Rumania: la educación sexual puede prohibirse por el lobby religioso

Puede parecer lejana la posibilidad de perder derechos como la ley de Educación Sexual Integral o el cierre de diplomaturas y maestrías en Estudios de Género. Pero, si sucediera, ¿cómo nos organizaríamos? Hoy, Rumania lucha contra un lobby ultraconservador que busca prohibir las “opiniones de género” en las escuelas y universidades. Organizaciones sociales, de derechos humanos e intelectuales se movilizan.

El martes 16 de junio de 2020, el Senado rumano aprobó la Ley 87/2020, que modifica y complementa la Ley Nacional de Educación (LEN). El artículo 7º prohíbe las “Actividades destinadas a difundir la teoría u opinión de la identidad de género, entendida como un concepto diferente del sexo biológico y que los dos no siempre son idénticos” en todas “las unidades, instituciones educativas y en todos los espacios destinados a la educación y la formación profesional, incluidas las unidades que ofrecen educación fuera de la escuela”.

La votación finalizó con 81 votos a favor, 22 en contra y 27 abstenciones. Para que entre en vigencia debe ser promulgada por el presidente de centroderecha Klaus Iohannis. Sin embargo, si esto sucede, implicaría violar la Constitución del país y la Convención de Estambul que, a pesar de la oposición conservadora, Rumania firmó y ratificó.

“La razón detrás de la enmienda es detener una ideología marxista que es tóxica para el desarrollo de los niños” dijo el patrocinador del proyecto, el senador Vasile Lungu, graduado del Seminario Teológico Ortodoxo y de la Universidad Loyola, una universidad católica de investigación con sede en Chicago, Illinois.

El sector conservador de una iglesia cristiana vuelve a aparecer, para decidir sobre nuestra educación y nuestros cuerpos.

Desde hace años, Rumania es terreno fértil para el avance de los movimientos ultraconservadores. La Iglesia Ortodoxa Rumana, de la que el 81% de la población es miembro, lleva años haciendo declaraciones contra la “ideología de género“. Incluso se opuso a que Rumania ratifique la Convención de Estambul, el primer tratado internacional que definió el género como una categoría “establecida socialmente que asigna a las mujeres y los hombres funciones y comportamientos particulares”.

Distintas organizaciones feministas rumanas llevan años trabajando para detener el lobby de la iglesia ortodoxa contra el Estado laico. En algunos casos lograron desarmar las redes antiabortistas infiltradas en los hospitales y denunciar las consejerías matrimoniales religiosas que presionan a las mujeres para que permanezcan en matrimonios violentos y retiren los cargos contra sus agresores. La coronación de estos avances es que figuras religiosas hayan encontrado lugar en el ámbito político y ocupen posiciones influyentes, como en el Senado.

Rechazo de estudiantes y movimientos LGBTIQA+

Varias instituciones de educación superior rumana condenaron la legislación. La Universidad de Bucarest sostuvo que la modificación de la LEN “contradice los derechos fundamentales garantizados por la Constitución de Rumanía y las convenciones internacionales de las que Rumanía es parte (…) El texto de la ley no tiene una base científica y es un claro ejemplo de interferencia en la educación y la libre expresión”.

La Alianza Nacional de Organizaciones de Estudiantes y el Consejo Nacional de Estudiantes lanzaron una petición para instar a Iohannis a rechazar la ley, con el argumento de que “enviaría la educación en Rumanía a la Edad Media” y agregaron que consideran “que esta ley es un ataque directo contra la comunidad transgénero, con la cual nos solidarizamos”. Rumanía, junto con Polonia, registró en 2019 la mayor violencia física y sexual contra las personas LGBTIQA+ en Europa.

Más de 50 eurodiputadxs pidieron a Iohannis que no implemente la reforma, ya que “pondría en peligro la vida de hombres, mujeres y niñas, personas transgénero o no binarias”.

La organización de derechos LGBTIQA+, MozaiQ, se promulgó a través de comunicados y publicaron una petición online para juntar firmas contra la actualización de la LEN.

La equidad de géneros en Rumania

ILGA Europa clasificó a Rumania en el puesto 38 (de 49) por sus leyes y políticas de igualdad. El país despenalizó la homosexualidad en 2001, pero no se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo (excepto en matrimonios extranjeros). Aunque es legal el cambio de identidad de género, el proceso se volvió cada vez más complicado. Con la modificación de la LEN, ni siquiera podrá hablarse del tema en establecimientos educativos. En 2018 se llamó a un referéndum que, de haber tenido éxito, habría redefinido la palabra “familia” en la constitución rumana como “un hombre y una mujer”. Se decretó inválido por la participación de tan solo el 20% del electorado.

La ola conservadora transhomofobica avanza en Europa del Este. Los derechos de las personas trans están restringidos en Polonia y el presidente Andrzej Duda durante su campaña de reelección, este mismo año, prometió prohibir el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas gais y la educación LGBT+ en las escuelas. En 2018, Hungría prohibió los estudios de género y, el mes pasado, puso fin al reconocimiento legal para las personas transgénero e intersexuales.

Hoy, los feminismos se enfrentan a un ultraconservadurismo organizado transnacionalmente que avanza y permea los parlamentos y legisla en contra de derechos igualitarios. Es necesario comprender la magnitud del opresor para avanzar con eficacia, conocer las estrategias de sus contragolpes (“backlashes”) tras cada conquista que dignifica a las mujeres y a la comunidad LGBTIQA+. Lo vemos hoy en Rumania. Nuestro desafío desde América Latina es permanecer organizades y volvernos parte de la gran ola, como dijo Virginie Despentes: “Supongo y espero que lo que llega hoy en día sea más un tsunami internacional que otra ola más. Y lo espero porque, si se tratara solamente de una ola, el backlash será fatal, mientras que un tsunami no dejaría nada de las viejas creencias, imposibilitando la venganza”.