El viernes 3 de septiembre los grupos de Whatsapp amanecieron estallados en Argentina: estaban llevando detenida a una médica residente por acompañar a una joven en la interrupción legal de su embarazo (ILE). La imagen de una profesional de la salud presa por garantizar un derecho que tiene exactamente 100 años -porque está en el Código Penal desde 1921- emitía un mensaje de alerta a todo el país. Como todos los días, Miranda Ruiz fue a su lugar de trabajo, en donde hace su residencia, el Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta, pero salió esposada. Ni siquiera con un caso de mala praxis el sistema de administración de justicia actúa con tanta celeridad para detener a profesionales de la salud investigadxs. Ella pasó siete horas privada de su libertad porque los reflejos feministas están intactos: las redes se activaron rápido, en la virtualidad con acciones y comunicados y en la presencialidad con pañuelazos al Hospital y el Ministerio Público Fiscal que avaló la detención. El objetivo era que la liberen y señalar lo injusto, desproporcionado y desmedido de la detención. Rápidamente se logró. Las organizaciones también emitieron un comunicado alertando de la gravedad de la situación.
Sin embargo, los días pasan y -además de continuar imputada- la historia continúa en los medios y en las redes porque los grupos antiderechos decidieron ir a fondo con este caso como laboratorio de prueba, sin importar que en el medio hay una joven en una situación vulnerable que necesita acompañamiento. La defensa del feto está, para ellos, por encima de la situación de una chica pobre que creció marcada por el abandono. Desde los feminismos el apoyo y abrazo a la médica fue inmediato, aunque también es la joven quien necesita solidaridad y acompañamiento. Desde el Estado, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un comunicado en apoyo a la médica al día siguiente de la detención. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, mutis por el foro.
No hay casualidades cuando se trata de este tipo de casos que escalan rápidamente en los medios. Los hilos de los actores antiderechos como artífices de esta acción están a la vista:
1- ¿Quién es la médica denunciada y quienes la denuncian?
La médica detenida es la única no objetora de Tartagal. Se trata de una médica residente del hospital, es decir que su trabajo es supervisado. La denuncia contra Ruiz la presentó la tía de la joven cuyo abogado es Andrés Rambert Ríos, quien también representa como defensor a un médico ginecólogo y objetor acusado por abuso. Según explicaron desde la Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir la médica fue quien denunció de oficio al ginecólogo.
2-La filtración de la historia clínica que nunca tendría que haber ocurrido
La práctica en cuestión había sido pedida por la paciente, que tiene 21 años y cursaba un embarazo de 22 semanas. Para hacerlo, viajó más de 53 kilómetros en un colectivo hasta el Hospital. En su acompañamiento participaron la médica residente, una trabajadora social y una psicóloga. El jefe de servicio también estaba al tanto y dio su aprobación de la interrupción legal bajo la causal salud. Todo quedó registrado en su historia clínica. Sin embargo, un médico varón dentro del Hospital vulneró la confidencialidad de la historia clínica de la joven y dio a conocer que había pedido un aborto. Esa filtración fue el punto de partida de un caso que ya se constituyó como paradigmático. Así fue que el tío de la chica se enteró y quiso impedirlo. De esta manera la historia de una joven que viajó más de una hora para abortar en tranquilidad escaló a los medios nacionales.
3-La activación de la narrativa antiderechos: terror y mentiras
El 24 de agosto se hizo la interrupción del embarazo en el Hospital y algunos días después, Claudia Subelza, concejal y responsable de Acción Social y Familia de Salvador Mazza fue la encargada de llevar a los medios el caso con el objetivo de desinformar sobre la historia de la joven. La maquinaria antiderechos activó su narrativa de terrorización y mentiras: entre otras cosas, hablaron de quirófanos, cuando este tratamiento -como la mayoría- había sido con pastillas y ambulatorio. El relato gore y ficcional de un bebé llorando llegó a medios y chats. La campaña de desinformación era imparable. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta pidió que se sancione a la concejala.
4- ¿Quién dio la orden de detención?
La orden de detención de la médica la dio el juez de Garantías 2 de Tartagal, Héctor Fernando Mariscal Astigueta, a pedido del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega. El apellido Astigueta resuena en la memoria feminista porque sobre ese juez pesó, hace unos años, un pedido de juicio político por su actuación en la historia de la niña wichi conocida como Juana, una nena de 12 años que quedó embarazada después de una violación colectiva en 2015 y recién en el sexto mes de embarazo le permitieron interumpir el embarazo porque llevaba en su vientre un feto anencefálico. Astigueta fue uno de los actores que pusieron obstáculos para que la niña acceda a su derecho.
5- ¿Por qué Salta es el laboratorio antiderechos en Argentina?
Salta fue la primera provincia en la que los sectores antiderechos presentaron amparos para frenar la ley que supimos conseguir en el Congreso, la 27.610, que despenalizó y legalizó el aborto en Argentina. La aprobación fue el último día de 2020 y en enero estos actores opositores ya estaban en los tribunales federales salteños planteando su inconstitucionalidad. A pesar de que en estos meses ya fueron rechazados 22 de los 35 planteos similares presentados por distintas personas a lo largo y a lo ancho del país, en Salta es la única provincia en donde la causa no se tumbó. Detrás de esta acción está la ex senadora nacional Cristina Fiore Viñuales, que en 2018, protagonizó desde su banca del Partido Renovador la oposición más fuerte al aborto legal en Senado. Hoy es diputada provincial y junto al ex ministro de la Corte Suprema Rodolfo Barra (conocido por haber perdido la denominada “cláusula Barra” que planteaba la “protección de la vida desde la concepción” en la reforma de la Constitución de 1994) y el constitucionalista antiderechos Alberto Bianchi (doctor en Derecho y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires) hicieron la presentación para pedir la inconstitucionalidad de la ley. En primera instancia, el Juzgado Federal 1 de Salta la había desestimado por considerarla improcedente. Sin embargo, el 27 de agosto la Cámara Federal de Apelaciones le dio lugar a su pedido de apelación.
Habrá que seguir de cerca el derrotero judicial de este caso que se vuelve un poco laboratorio del accionar en tándem de los grupos antidemocráticos que no aceptan que el aborto, una de las normas más discutidas de la democracia, es ley.
