foto de portada: Gala Abramovich
Lxs trabajadores recuerdan tandas: la de marzo, la de abril, la de junio y la de septiembre. “Casi todos los meses hubo despedidos nuevos o caídas de contratos”, dice Paula Donadio, delegada de la junta interna de ATE en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Era difícil saber si eran ataques direccionados o si estaban echando por echar. Pero en junio sí vimos una intencionalidad clara de despedir a aquellos trabajadorxs que se vinculaban con los barrios, quienes hablaban con la gente”, agrega. Para lxs trabajadores del Estado y aquellxs que sostienen las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país, este año fue arrollador.
El desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue claro: se desarmó el área de violencia institucional, el Consejo Federal de Dirección Nacional de Formación, la Dirección de Leyes Reparatorias, el Archivo Nacional de la Memoria y la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria, el Centro Cultural Haroldo Conti, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y áreas como coordinación estratégica, con las áreas de comunicación que se encargaban, por ejemplo, de la sistematización digital de la página web de los juicios de Lesa Humanidad. Hubo direcciones enteras que pasaron todo el año sin coordinadorxs. Trabajadores sin jefes sosteniendo la tarea cotidiana: otra forma invisible del vaciamiento y el desgaste.
Del pasado al futuro: el relato
F. trabajó en el Espacio para la Memoria ex CCD Olimpo durante más de diez años. Era parte del área pedagógica, armaba los contenidos y pensaba estrategias de comunicación. Estaba contratada, como la mayoría de lxs trabajadores de los sitios, direcciones y áreas del Ministerio de Justicia, bajo un régimen conocido como “artículo 9”. “Siempre fuimos contratadxs de forma precaria. La gran mayoría éramos monotributistas. Fuimos trabajadores precarixs bajo todos los colores políticos. En 2014 pasamos al Estado Nacional como ‘artículo 9’; una forma de contrato anual que es un poquito menos precario que ser monotributista. Pero siempre, con cada cambio de gestión, nos preguntamos si iba a haber continuidad laboral o no. Y, ahora, esos contratos anuales son contratos trimestrales; te preocupás cada tres meses si vas a ser contratadx o despedidx”, dice.
Pero el contrato de F. venció y, a diferencia de algunxs de sus compañeros que fueron reincorporadxs, todavía sigue sin trabajo. “Al ver quiénes quedamos afuera, no cierra que, con tantos años de antigüedad no me hayan reincorporado”, agrega.
El Olimpo es uno de los nueve Espacios de Memoria que gestiona la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Fue un Centro Clandestino de Detención que funcionó en el predio de la División de Automotores de la Policía Federal en Floresta y donde hubo más de 700 personas detenidas desaparecidas. Desde 2004 es un espacio de Memoria donde, además de visitas guiadas y propuestas pedagógicas para las escuelas, funcionan talleres gratuitos para el barrio; una murga, un grupo de sikuris y hasta una huerta.
—Trabajamos allí desde que esos lugares se recuperaron; hace diez, quince, veinte años, producto de años de pelea en los barrios, junto a los organismos, a los familiares.
Como F., la mayoría de los trabajadores de los espacios de memoria de Buenos Aires vieron nacer esos lugares, los construyeron. “Trabajar en los sitios de memoria es trabajar con cuidado con los familiares y víctimas. Es atesorar recuerdos que a las personas les cuesta mucho transmitir, para transformarla en un relato histórico para hablar con las nuevas generaciones, con pibes que nacieron en 2010”, dice. También es reconstruir lo que sucedió durante la última dictadura cívico militar: “Es poder recorrer un sitio con el acompañamiento de alguien que hace conservación y que, aunque esté completamente cambiado, reconocer detalles. Es preservar la prueba judicial, el lugar y sus trabajadorxs. Es dimensionar que un centro clandestino es el último eslabón de una cadena de violencias que sirve para pensar el presente. Es pensar en cómo transmitir y construir memoria, hacer pedagogía comunitaria”, agrega.
Evidencias actuales de otro tiempo
En la otra punta de Ciudad de Buenos Aires, pero integrando el mismo circuito represivo que Olimpo y el Banco, funciona el que ahora es el Espacio para la memoria ex CCDTyE “Club Atlético”. Cuando se construyó la autopista 25 de mayo, una de las que bordea la Ciudad, la sede del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la Policía Federal fue demolido. En el sótano de ese edificio de tres pisos funcionó un Centro Clandestino de Detención y hubo cerca de 1500 personas secuestradas, detenidas desaparecidas. Por eso el Atlético es un sitio arqueológico y, también por eso, en el terraplén de tierra al lado de los pilares de hormigón de la bajada de la autopista, se ven los nombres de las personas que fueron identificadas. Abajo del relleno de sedimento que le dio estructura a la autopista todavía hay marcas, objetos, estructuras: evidencias.
—Estamos excavando y vamos a seguir excavando. Pero solo dos días a la semana, en vez de cuatro como el año pasado
Quien lo afirma es Laura Duguinees, la Coordinadora del Sitio de Memoria Atlético, que además detalla, que uno de esos días de excavación es con practicantes de una materia de arqueología de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Cuenta, también, que durante el 2024 no tuvieron al equipo de cooperativas con el que trabajaban el año pasado, bajo un convenio con el Ministerio de Obras Públicas que les permitía tener cuatro días de excavación de continuado además de las prácticas. “Este año, para poder sostener esa actividad de excavación tuvimos que salir a tocar otras puertas. Todos los recursos que no salieron por la Secretaría de Derechos Humanos, como el retiro de sedimentos y volquetes o herramientas, las tuvimos que conseguir por otro lado”.
La Unidad Especial de Investigación (UEI) de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado había sido creada en 2004, para garantizar el cumplimiento de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, en lo referente al derecho a la identidad. El decreto 727/2024 derogó su existencia.
Arqueólogxs, restauradores. técnicxs especializadxs, personas de mantenimiento. Una lista interminable. “Los despidos implican desmantelar áreas de arqueología. Son lxs compañerxs que hicieron las primeras excavaciones, lxs que encontraron materialidades que los sobrevivientes declararon en los juicios; lxs que encontraron las marcas de los nombres en las paredes de la ESMA”, dice F. Y agrega a la lista: docentes, pedagogxs, comunicadores, divulgadores: “Hay compañerxs que ayudaron en la recuperación de Espacios de Memoria en el resto del país y en el mundo, que se especializaron en la transmisión de la memoria, en aprender a trabajar con las nuevas generaciones, en aprender a contar. Un trabajo específico que es muy reconocido a nivel mundial”.
Laura dice que frente a los despidos hay una doble complejidad. Que por un lado está la que tenemos todxs; la de la vida, la de preguntarse cómo pagar los gastos, el alquiler, la obra social: “Soy paciente oncológica desde hace ocho años. Derivo aportes a mi obra social para poder atenderme donde me atiendo. Mi primera preocupación fue: ¿y la obra social? ¿Cuánto me sale sin los aportes del trabajo? No me puedo cambiar de obra social”, reflexiona. Pero también está la complejidad laboral: “Tenemos compromisos con personas, con instituciones, con grupos donde se arma la pregunta en torno a si se sostiene o no un vínculo. Un proceso pedagógico o un proyecto que involucra a las universidades no se puede dejar por la mitad. No puedo decir ‘la semana que viene lo hacemos si tengo contrato, y si no tengo contrato no lo hacemos’”, dice.
A principio de año, cuando se planificó la agenda de actividades del Atlético, se pensó para que la desarrollaran cuatro personas, Laura señala que hoy la tienen que llevar a cabo sólo dos. “Desde el 2009, fue un sitio en expansión, siempre se sumaron más actividades. Hoy se están suspendiendo visitas y talleres. Es algo que nunca sucedió”, dice.
Los métodos de vaciamiento se replican en distintas partes: en Corrientes despidieron a las dos únicas personas que estaban a cargo del Espacio para la Memoria RI9 y en Córdoba, en el Espacio para la Memoria ex CCDTyE La Perla, quedaron diez trabajadores. Mientras desde esos espacios luchan por las reincorporaciones, hace unas semanas se conoció una noticia y una lista: la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) habilitaba a “disponer, enajenar y/o transferir los inmuebles del Estado”. Eran 309. En la lista había al menos cuatro Sitios y espacios de Memoria. Entre ellos: el RI9 y la Perla Chica. Además, figuraban: La Huerta, en Tandil y Puerta 8, en Campo de Mayo, en el borde del conurbano bonaerense.
Cuando se difundió la noticia, hubo movimientos dentro de los juzgados federales. Alicia Vence, jueza federal de San Martín notificó que Puerta 8 está protegido por una medida cautelar y que, como podría ser una zona de enterramiento de cuerpos, no se puede tocar. En Córdoba el juzgado de Alejandro Sánchez Freytes también dictó una medida de no innovar. En el litoral, la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes también presentó un amparo contra la venta.
Por ahora los planes de venta tendrían que detenerse.
Desguazar el tiempo presente
El desmantelamiento no se dio sólo en el Ministerio de Justicia. También fueron afectados el Ministerio de Defensa y en el de Seguridad. Todos los movimientos son pistas de una agenda común, un plan de gobierno en torno a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
“En Argentina nos encontramos en un momento crucial; atravesamos una crisis económica sin precedentes, heredamos una situación económica y social devastadora. En este proceso de reorganización y de respeto a todos los argentinos, el Ministerio de Defensa tomó las decisiones que nos cuestionan”, dijo hace pocas semanas Juan Battaneme, Secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, en la Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 191 período de sesiones. Estaba tratando de dar explicaciones frente a los cuestionamientos que las organizaciones de la sociedad civil le hacían al Estado y que los habían llevado hasta Washington. Argentina era uno de los países de América latina que fue citado. En particular, Battaneme hablaba de la disolución del Equipo de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas que había sucedido a mitad de año y dijo: “El personal de este grupo de trabajo, que también trabajaba para organismos de derechos humanos, se presentaba como justicieros pero actuaban como vengadores. La existencia de este grupo de trabajo carecía de total sentido. Que quede claro: sus servicios no resultaban necesarios”.
“Trabajar en los sitios de memoria es trabajar con cuidado con los familiares y víctimas. Es atesorar recuerdos que a las personas les cuesta mucho transmitir, para transformarla en un relato histórico para hablar con las nuevas generaciones, con pibes que nacieron en 2010”, dice F. , que trabajó en el Espacio para la Memoria ex CCD Olimpo durante más de diez años.
Los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) investigan los crímenes de la dictadura en el Ministerio de Defensa. Esos equipos desclasificaron documentos y analizaron más de 17 mil legajos de integrantes de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Pudieron encontrar archivos de inteligencia, las responsabilidades de los militares durante la dictadura en todo el país. Hasta este año. “Toda la información de los militares se encuentra ahora clasificada como reservada. Ya no se ocultan las cosas; ya no se responde al juez amigo, se responde a todos los argentinos”, agregó el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños en la audiencia.
Battaneme también dijo que no se podían permitir “bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca”, al hacer referencia a los pedidos de informes que la CONADI hacía en relación a los legajos de militares e integrantes de las Fuerzas Armadas. La Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad usaba esa información para acompañar expedientes de búsquedas de personas desaparecidas o apropiadas. “Nuestra carta magna protege el derecho a la intimidad de los ciudadanos”, reforzó Battaneme y dijo que, si se necesitaban esos archivos, que se pidieran a través del Ministerio Público Fiscal o la Justicia.
La Unidad Especial de Investigación (UEI) de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado había sido creada en 2004, para garantizar el cumplimiento de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, en lo referente al derecho a la identidad. El decreto 727/2024 derogó su existencia. Esa unidad era la que podía pedir asistencia al Banco Nacional de Datos Genéticos, recibir información confidencial de quienes tengan datos de apropiaciones de personas e indagar en archivos oficiales. “Excursiones de pesca”, dirán algunos.
“Contamos con alrededor de siete mil denuncias de posibles hijos e hijas de personas desaparecidas. Sin la existencia de la UEI, mañana deberíamos presentarnos ante los Tribunales Federales o a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE) con las 7000 denuncias, algo absolutamente ineficaz e inviable”, dijo la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado que sacaron en junio. “Esta Unidad asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad”, remarcaron. La Unidad dejó de existir en agosto, cuando salió publicado el decreto en el Boletín Oficial.
Tiempo en suspenso
Pese a que en la web del Ministerio de Seguridad dicen que están “actualizando los contenidos del sitio en el marco de la implementación del Decreto 8/2023”, que se enviaron oficios desde varias fiscalías y que el fiscal de la Procuración General también se pronunció al respecto, lo cierto es que se dejaron caer las recompensas para encontrar a los represores prófugos de la Justicia. Hasta el 24 de marzo de este año el Estado ofrecía 5 millones de pesos por encontrar a 22 personas prófugas por delitos de Lesa Humanidad. El mismo día en que se cumplieron 48 años de la dictadura, sus pedidos de captura y recompensas dejaron de estar visibles.
Desde el año pasado el ritmo de los juicios de Lesa Humanidad bajó considerablemente. Muchas de las audiencias dejaron de ser semanales y comenzaron a ampliar su frecuencia a diez o quince días. Las indagatorias no se resuelven, las causas en instrucción se acumulan pero tardan en llegar a los debates orales. Mientras, el tiempo pasa tanto para las víctimas como para los genocidas. El juicio de 1 y 60-Comisaría 8va, por ejemplo, que se está llevando a cabo en La Plata, tardó ocho años en empezar. Era un juicio que tenía 34 imputados: el año pasado, cuando arrancó el debate oral, habían muerto 15 imputados y 2 se declararon incapaces.
Por eso, organismos de derechos humanos, abogadxs, sobrevivientes, ex hijxs de genocidas y familiares de víctimas le pidieron al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que vuelva a convocar a la Comisión Interpoderes para agilizar las investigaciones e impulsar las causas en los Tribunales Federales. Porque mientras que en 2022 hubo 22 sentencias, empezaron 18 juicios, terminaron 11, se condenaron a 58 represores y absolvieron a 7 genocidas; este año hay 15 debates abiertos -que vienen de 2023-, y hubo sólo ocho veredictos donde, además, los condenados cumplen prisión domiciliaria.
Mientras tanto, se sostienen los debates, los testimonios, las transmisiones en vivo de los medios cooperativos y comunitarios.
El tiempo de la audiencia
La audiencia ante la CIDH en Washington fue el jueves 14 de noviembre y la de evaluación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina fue la tercera de la tarde: antes había sido el turno del impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular en Argentina y la que evaluaba las políticas de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en nuestro país. En las tres hubo representantes de la sociedad civil y comisionados de la CIDH. En las tres estuvo el ex juez Alberto Baños, que está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto a diferentes representantes del Estado nacional.
“La oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativas, de política y de institucionalidad del proceso de memoria, verdad y justicia”, dijo el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CIDH), Jan Jarab cuando intervino en la audiencia de la CIDH a través de una videollamada y agregó: “La existencia de una crisis económica no debería que perjudicar las políticas de vital importancia para los procesos de justicia transicional” y se mostró preocupado por los “riesgos” que esto podría implicar para los derechos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
Destacó que el Juicio a las Juntas, y los juicios por los delitos de lesa humanidad, el trabajo de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en la búsqueda de personas desaparecidas, los Sitios y Espacios de Memoria (como la ESMA, que es patrimonio mundial de la UNESCO) han sido reconocidos mundialmente. Sin embargo, dijo Jarab: “Las recientes medidas adoptadas por el gobierno podrían afectar estos procesos a través de la reducción de los recursos humanos y financieros”. También dijo que Argentina era referencia internacional en la investigación en búsqueda de niños y niñas. Por eso, mostró su preocupación por la derogación del decreto 715/2004, sobre la eliminación de la unidad especial de investigación de desaparición de niños de la CONADI.
Jarab citó el artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, dijo que la impunidad puede ser un elemento importante que contribuya a la repetición de las violaciones a los derechos humanos y que a la ONU le inquietaban algunas actitudes: “Preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían relativizar o banalizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto revictimizante y afecta el derecho a la memoria de la sociedad en su conjunto”.
Mientras el Comisionado Carlos Bernal Pulido despedía la comunicación con Jarab, Baños explotó:
–Perdón la interrupción, señor Presidente, una moción de orden. El Estado argentino ve con absoluta sorpresa y estupor la participación de este señor. ¿Con qué derecho viene a cuestionar las políticas públicas de la República Argentina dando por sentado que se abandona la protección del Archivo Nacional de la Memoria?
–Señor Presidente, – intenta intervenir Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, una de las organizaciones de la sociedad civil.
–A mí no me tienen que responder, yo quiero que la Comisión me responda– insiste Baños.
–Está usando el tiempo de la audiencia, – insiste el CELS.
–Este es un tema absolutamente distinto a lo que venía planteando. No estoy usando el tiempo, el tiempo me lo usó un relator, un señor que vino acá a esta audiencia y que no está avisado por nadie. Yo no puedo pasar por alto que el señor cuestiona el presupuesto, la visión de los peticionarios, las medidas de memoria, verdad y justicia, cree que…
–Disculpen colegas, ¿pueden poner el cronómetro para reducir el tiempo del Estado?
–No, no me van a reducir el tiempo a mí porque yo estoy contestando esto y no las preguntas que puedan hacerse. Dejo planteada expresamente la disconformidad del Estado argentino con este proceder, esto es vulnerar las garantías que al Estado nacional también le corresponden. El Estado nacional acá no está enjuiciado para que este señor venga y exprese de la manera que lo hace.
–Es cierto que el Estado está enjuiciado en una audiencia de diálogo entre la sociedad civil y el Estado argentino, – finaliza Litvachky. En la pantalla, la cámara muestra a las personas que se quedaron en Argentina y están participando de la audiencia desde la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo en el Espacio para la Memoria ex ESMA. Estela de Carlotto se tapa la cara, la gente se acomoda en las sillas: hay incomodidad, estupor y mucha vergüenza.
“En nombre de todas las Madres, le pedimos a la Comisión que por favor nos escuche, como ya lo han hecho tantas otras veces a lo largo de nuestra historia. Les pedimos, por favor, que vengan a escucharnos a nuestro país para que puedan comprobar, en persona, todo lo que hemos dicho”, finalizó Taty Almeida.
Lo colectivo: el presente
La organización frente al avance negacionista fue inmediata y federal. Se armaron asambleas, se organizaron actividades y marchas. “Nos dimos cuenta quiénes éramos en todo el país; nos dio mucho aire tomar decisiones en conjunto. Somos un sector que se moviliza. El lunes siguiente a los despidos de junio organizamos un acto en la Legislatura con un salón lleno, multitudinario; con diputados, sobrevivientes, trabajadores, decanos de facultades, organismos. Somos una muestra de lo que implica el avasallamiento y la violencia por parte del Estado. Creo que actuamos rápido y producto de la pelea que dimos, logramos revertir casi la totalidad de los despidos en un mes”, dice Laura.
“Los despidos implican desmantelar áreas de arqueología. Son lxs compañerxs que hicieron las primeras excavaciones, lxs que encontraron materialidades que los sobrevivientes declararon en los juicios; lxs que encontraron las marcas de los nombres en las paredes de la ESMA”, dice F.
Además de los abrazos a los Sitios y Espacios de Memoria y las actividades durante los fines de semana, lxs trabajadores sostuvieron las comisiones de las asambleas; algunxs se ocuparon de hablar con los medios, otrxs con los diputados, otros recaudaron fondos o juntaron cosas para rifar, otrxs hicieron redes. “Salieron todos los resortes que teníamos. Esa solidaridad surge cuando hay espacios donde encontrarse con otrxs. Salimos a buscar a la gente, y la gente vino rápidamente. Pudimos pensar las cosas de manera colectiva, generar un fondo de lucha para, en los meses que se venían por delante, sostener una pelea y bancar a lxs compañerxs. Sin ese fondo, a las dos semanas teníamos que buscar un trabajo nuevo porque si no, no íbamos a tener con qué comer. Y lo hicimos nosotrxs; porque las conducciones sindicales no tienen los mismos tiempos que lxs trabajadorxs”, cuenta F.
El año no terminó. Como en muchas otras dependencias del Estado, en las áreas del Ministerio de Justicia de la Nación todo puede volver a empezar: hay cerca de 2500 contratos que se podrían caer el 31 de diciembre.
Sin embargo, F. está segurx de algo: “Podemos dar esta pelea porque, en Argentina, es una bandera que no se olvida ni se baja”.
