Por: Fotos: Mariana Leder Kremer Hernández

La megacausa Operativo Independencia juzga las desapariciones de al menos trece mujeres embarazadas al momento de su secuestro, de las cuales ocho continúan desaparecidas. Además, hay más de 45 imputaciones por delitos sexuales.

Cientos de personas se concentraron hoy en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, en una de las esquinas del microcentro de San Miguel de Tucumán. Hace semanas que la fecha está marcada en el calendario: es el día del veredicto del Operativo Independencia.

El tribunal indicó las responsabilidades penales para los 17 imputados. La resolución dejó poco sabor a justicia por las siete absoluciones por delitos que las querellas consideraban probados. Mientras lxs familiares salen de la sala, entre abrazos y lágrimas, comenzó a encolumnarse una marcha hacia la plaza Independencia.

La sentencia condenó a perpetua a Roberto “El Tuerto” Albornoz, Luis De Cándido, Ricardo Oscar Sánchez, Miguel Moreno, Enrique del Pino y Jorge Omar Lazarte. Para Manuel Rubén Vila, ex oficial ayudante del D2, la pena es de 10 años de prisión, para Néstor Castelli, de 18 años, para Jorge Capitán, de 16 años y para Pedro López, cuatro años.

Una espera de 42 años

En el aire de la sala tucumana se respiró tensión. El Operativo Independencia es conocido por ser la antesala de la última dictadura cívico militar argentina. Se inició el 5 de febrero de 1975, durante un gobierno formalmente democrático, cuando Isabel Martínez de Perón firmó el decreto que autorizaba en Tucumán las operaciones que dieron lugar a los delitos juzgados durante las 88 jornadas de audiencias. El debate se extendió a lo largo de un año y cinco meses e incluyó las declaraciones de 455 testigos y nueve visitas a los lugares donde se cometieron los crímenes.

La tensión no es en vano. Las resoluciones de las cortes pueden convertirse fácilmente en herramientas de presión para lxs actores sociales y políticos. Hace apenas un poco más de un año que quienes estaban siendo juzgados por delitos de lesa humanidad durante el Operativo Independencia desfilaron por las calles de Tucumán en los festejos del Bicentenario. En estos días, el gobierno nacional consolida un modelo regresivo en derechos humanos y el bussismo se posiciona como tercera fuerza en la provincia.

En Tucumán, además, la causa moviliza porque este es “el juicio para estos H.I.J.O.S.”, como lo nombra Carolina Frangoulis en una charla con LATFEM. Lo primero que dice es que se siente “como el faro de La Habana frente al huracán Irma”. Para ella, que milita en H.I.J.O.S. hace casi once años y hace tres es Escribiente Auxiliar de la Fiscalía Federal nº2 —encargada de la megacausa— la expectativa porque este juicio se concrete siempre fue muy grande. Le cuesta encontrar el optimismo en esta instancia de espera por una sentencia que involucra la persecución a militantes sindicales y obreros, y la participación cómplice de al menos 19 empresas, lo que revela el objetivo central del terrorismo de Estado en la Argentina a partir de 1975: desmantelar el movimiento obrero.

—El miedo que atraviesa la sentencia es porque en estos casos la justicia se desdobla entre la legal y la poética. El viernes se acaba la justicia poética y yo me pregunto: ¿Esto va a estar a la altura de los 41 años? ¿Otra vez vamos a tener que hacernos trampa para rozar la justicia poética que ya está?

Es que la poética en este caso es performance: por fin sentaron a los responsables en el banco de los acusados y fueron juzgados. Tiene un efecto visual y dramático, un mensaje para los empresarios y los actores sociales que fueron cómplices de la dictadura.

María Coronel esperó a LATFEM en su oficina de la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán. Ella perteneció a la organización H.I.J.O.S. desde sus orígenes en Tucumán y hasta 2010. Ahora es la Directora del único Espacio de memoria con el que cuenta Tucumán, la Escuelita de Famaillá. El movimiento de sus manos cuando habla acompaña el ritmo de sus palabras: son movimientos enfáticos y pedagógicos, mientras se adentra en la historia de la causa.

—Creíamos que no iba a llegar nunca, y nos atravesaba porque los viejos de la mayoría de los compañeros y compañeras han caído durante el Operativo Independencia. Son las víctimas. Con el tiempo, entendimos que en esta causa rescatábamos no solo las historias personales de nuestros compañeros y compañeras, sino también la de esta provincia.

Estar de vuelta y ver el sol

De las más de dos mil personas que pasaron por “la Escuelita”, el primer centro clandestino de detención del país y epicentro de la represión durante el Operativo, solo 136 forman parte de esta causa. El sitio comenzó a funcionar como Espacio de Memoria a principios de diciembre de 2015 y perdió a su Directora con los despidos de los primeros tiempos de la gestión macrista. Más tarde fue reincorporada, cuando el predio pasó a ser de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.

—Nos ha pasado mucho en este juicio. Por ejemplo que en algún momento después de declarar muchas de las víctimas volvieron a este espacio y hoy se convierte en un lugar de contención. Hoy hay sobrevivientes que nos acompañan en las visitas guiadas, en los talleres recreativos o cuando vamos a otras escuelas. Por eso para nosotras, las que trabajamos ahí —casi todas mujeres—, contar con este espacio durante el juicio tiene una significancia extra. Como lo dijo una de las víctimas que pasó por acá: “Estoy de vuelta, pero ahora puedo salir al patio y ver el sol”.

Las mujeres de las causas

María tiene una teoría que ha comprobado de manera empírica: los lugares más duros siempre son sostenidos por mujeres.

—Lo he visto desde mi infancia, en la ronda de los jueves en Ledesma (Jujuy) con mi abuela y el resto de las madres, a las que yo veía gigantes, aunque midieran un metro veinte cada una. Eran mi prototipo de fortaleza cuando le gritaban al policía que custodiaba la Municipalidad o arengaban a la gente que no cruzaba por la plaza cuando estaban ellas. Más allá de su estructura conservadora y tradicional, no se daban cuenta de que siempre iban para adelante, un paso al frente. Luego, las crisis de H.I.J.O.S., las mujeres de los barrios en 2001, todo esto lo han sostenido las mujeres.

Por eso, para ella es lógico trabajar de esta manera en un espacio armado en un contexto político adverso, con muy pocos recursos materiales y casi nada de presupuesto. A María ya nada le parece casual.

—La presencia femenina es muy marcada. En la Escuelita la violencia sexual estuvo muy presente y especialmente encarnizada contra los cuerpos de las mujeres. Para nosotras es una reivindicación que seamos las que hoy sostenemos este espacio, en el que se quiso desdibujar los cuerpos de las mujeres.

La megacausa Operativo Independencia juzga las desapariciones de al menos trece mujeres embarazadas al momento de su secuestro, de las cuales ocho continúan desaparecidas. Además, hay más de 45 imputaciones por delitos sexuales.

Carolina, quien reconoce que el cruce entre la militante y la integrante de la Fiscalía aún le es costoso, se refiere al protocolo para tomar declaraciones a personas que habrían sido víctimas de delitos sexuales en el marco de juicios de lesa humanidad, dictado en 2012 en este mismo recinto de Tucumán.

 

—Se usó mucho más en causas anteriores. En este, muchos de los testigos no declararon en la sala lo mismo que en la etapa previa de requerimiento, sobre todo en lo vinculado con los delitos sexuales, y es entendible. Están sentados en un lugar extraño, con la tensión que significa tener a los jueces enfrente y aunque en el expediente sus testimonios registren en detalle el dolor y el desgarro físico y emocional deciden no volver a exponerse o revivir otra vez la experiencia. También hemos tenido casos como el de Margarita Cruz, a quien nombro como víctima de delitos sexuales porque ella misma lo hace. Ella pidió que no se desaloje la sala cuando dio su testimonio porque quería que todo el mundo la escuchara. Por supuesto que es una militante de años, con una formación y unas herramientas increíbles para poder hacerlo.

Las condenas de hoy por delitos sexuales durante el terrorismo de Estado se suman a las que se produjeron en otros juicios. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, hasta marzo hubo 19 sentencias con condenas para 79 imputados por estos crímenes.