Belén entró acompañada de su mamá a la guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda, en el barrio Villa Urquiza, a cinco kilómetros del centro de San Miguel de Tucumán. La madrugada del 21 de marzo de 2014 fue a pedir ayuda por un dolor de panza y salió de ahí con custodia policial. Aunque tuvo un aborto espontáneo, lxs profesionales de la salud del hospital (al menos dos médicos y una partera) la acusaron sin pruebas de haber parido “un bebé de 32 semanas de gestación” y de haber cortado el cordón umbilical y tirado el feto al inodoro. El castigo para Belén por no llevar a término un embarazo –que ella no sabía que existía– fue un encierro de dos años, cuatro meses y veintitrés días. Casi un año antes, a más de 1.200 kilómetros de Tucumán, una mujer de 28 años llegó al Hospital Fernández en el barrio porteño de Palermo con un aborto en curso. Las médicas diagnosticaron la muerte fetal y finalizaron la interrupción del embarazo. Con el cambio de guardia, una médica decidió denunciar a la paciente. La mujer estuvo 10 horas presa en una comisaría y sometida a un proceso judicial de un mes hasta que fue sobreseída. Cinco años después de la historia de Belén, una niña de once años estuvo casi un mes encerrada en el Hospital del Este. Aunque fue víctima de violación y tenía derecho a abortar, le negaron este derecho y la judicialización.
En 2018, en pleno debate por el aborto en el Congreso, la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación publicó el informe Causas penales por aborto propio en Argentina, donde solicitó al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal de cada provincia y de la jurisdicción nacional con competencia penal en la Ciudad de Buenos Aires, que informaran las causas iniciadas desde el 1° de marzo de 2011 hasta el 29 de febrero de 2016. Se trata de un informe parcial: las provincias de Salta, San Juan y Tucumán no contestaron a los pedidos de información. Mientras que Buenos Aires, Jujuy y La Pampa solo informaron cantidad de causas iniciadas. En ese período de 5 años se iniciaron 167 causas contra mujeres por aborto propio en todo el país. Los números muestran la desigualdad geográfica cuando se aborda la criminalización: mientras que en la provincia de Mendoza hubo 59 causas penales (un 35 por ciento del total); en Neuquén no hubo ninguna.
A su vez, las cifras que arroja este informe resaltan el contraste entre los números que difundió el Ministerio de Salud de la Nación sobre aborto: se estima que en el período de cinco años que se analiza se realizaron 1.850.000 a 2.600.000 abortos. En ese confrontación de datos resulta mínima la cantidad de causas penales por aborto pero la amenaza punitiva existe y se vuelve un fantasma que persigue a quienes no quieren continuar sus embarazados pero no tienen el dinero suficiente para pagar un aborto clandestino seguro o no llegan a las redes de organizaciones feministas que garantizan abortos autogestionados seguros.
Entonces, ¿El sistema penal castiga y tolera al mismo tiempo al aborto? ¿Por qué en Neuquén no se abrió ninguna causa penal por aborto y en otras provincias los números dan cuenta de una persecución penal injusta y excesiva? La socióloga Emilia Alfieri y el abogado Santiago Nabaes intentan responder a estos interrogantes en el libro Clandestinidad y tolerancia. El lugar del aborto en la justicia penal, publicado por la Editorial La Cebra. Es una apuesta a pensar en este tema desde una mirada interseccional y situada: lxs investigadorxs indagaron sobre las valoraciones, los conocimientos y las prácticas judiciales en torno a este tema en la ciudad de Neuquén. ¿Qué piensan lxs funcionarixs judiciales sobre la despenalización? ¿Qué criterios toman para los abortos no punibles? ¿Conocen el fallo F.A.L.? ¿Creen que el aborto es un fenómeno generalizado? Estos fueron algunos de los interrogantes que empujaron la investigación.
Lxs autorxs del libro, ambxs Magister en Criminología por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), realizaron 34 entrevistas a funcionarixs y magistradxs, entre agosto de 2017 y marzo de 2018, previo al debate en las dos cámaras del Congreso sobre el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Entrevistaron a más de la mitad de lxs funcionarixs del fuero penal de la Primera Circunscripción judicial de la provincia de Neuquén: 14 mujeres y 20 hombres en total.
El 64% de lxs jueces se manifestó a favor de la despenalización de la práctica y el 91% dijo conocer el fallo F.A.L. de la Corte Suprema sobre los abortos legales. Lxs defensores fueron quienes se posicionaron a favor de la interrupción voluntaria del embarazo: no hubo opiniones en contra. Y un 67% valoró el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo.
El 64% de lxs jueces se manifestó a favor de la despenalización de la práctica y el 91% dijo conocer el fallo F.A.L. de la Corte Suprema sobre los abortos legales. Lxs defensores fueron quienes se posicionaron a favor de la interrupción voluntaria del embarazo: no hubo opiniones en contra. Y un 67% valoró el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo.
Los abortos de los varones trans estuvieron ausentes en los discursos de lxs funcionarixs judiciales. En el país que supo aprobar una Ley de Identidad de Género pionera, todavía estos derechos adquiridos no lograr colarse en determinados nichos patriarcales.
Lxs investigadores se encontraron con que, al menos desde 2014, no hay una decisión del Ministerio Público Fiscal local de investigar causas por aborto. Sin embargo, en las entrevistas lxs fiscales son los que más se expresaron en contra de la despenalización -un 36%- y tuvieron un 43% de respuestas evasivas. Son quienes menos conocen el fallo FAL: 71% frente al 89% de lxs defensores.
La importancia del activismo feminista
El aporte del libro es fundamental, también, para reflexionar sobre cómo cercan las redes de acompañamientos seguros a la posibilidad de criminalización. En la pulseada entre la clandestinidad y la tolerancia en Neuquén, una provincia que vio surgir a la Socorristas en Red, gana la tolerancia. Lxs autores hablan de cómo los factores extrajurídicos inciden en las decisiones judiciales y mencionan “la cultura de la protesta neuquina” como una suerte de “fertilidad conflictual”
Clandestinidad y tolerancia. El lugar del aborto en la justicia penal es un aporte clave para el corpus de argumentos que circula entre el activismo feminista porque no existen investigaciones integrales. Los números oficiales escasean y no llegan a dar cuenta del problema. Además del informe de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación; de acuerdo con información del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre 2007 y 2016, 63 personas fueron condenadas por distintos tipos de delitos relacionados con el aborto, como aborto con o sin consentimiento; aborto de la mujer, propio o consentido; aborto seguido de muerte, entre otros.
Otro informe que suele citarse es Cuando el aborto es un crimen: la amenaza para mujeres vulnerables en América latina, realizado pro IPAS, reporta 234 condenas por el delito de aborto entre 1996 y 2008 en Argentina
Durante el debate parlamentario en su exposición en el Congreso el 10 de abril de 2018, la abogada y doctora en Derecho Paola Bergallo dijo que entre 1990 y 2009 solo hubo 447 procesos en Ciudad de Buenos Aires. Y entre 2002 y 2008, apenas 22 mujeres en todo el país fueron condenadas por abortar. Ni un solo médico fue sancionado. Entre 2006 y 2012 hubo 445 denuncias: 14 fueron elevadas a juicio y solo 2 lograron condenas.
Las presas y condenadas por abortar no son mayoría en las cárceles argentinas pero no hay dudas de que los centros de salud y hospitales públicos se convierten en las locaciones de una crónica policial casi cinematográfica cuando los y las profesionales de salud deciden denunciar a las mujeres y personas gestantes que abortan o tienen complicaciones obstétricas en sus embarazos. Si el aborto no se persigue, como evidencia este libro, pero sigue acompañado de la prohibición pareciera que su función es reforzar las desigualdades, plantean como hipótesis lxs autores.
Conocer qué piensan, cuánto saben y cómo actúan lxs efectores judicial es un imperativo para profundizar sobre los obstáculos que se interponen entre las niñas, adolescentes, mujeres cis y varones trans ante su derecho a decir que no.
