Agradezco a lxs legisladores la invitación a participar de este encuentro. Me gustaría hacer una aclaración, actualmente utilizamos el término “personas con capacidad gestante” para incluir también a las lesbianas y a los varones trans, sin intenciones de invisibilizar el colectivo de identidades disidentes (del cual formo parte), voy a focalizarme en esta disertación en las mujeres.
Cuando pensamos en debatir sobre la problemática de aborto siempre aparece una misma dinámica: “Aborto-Sí-vs-Aborto-No” discusión que por lo menos hasta ahora siempre termina con un final abierto. Como si la humanidad fuera a empezar mañana y las mujeres se encontraran a la espera de la resolución de ese debate moral. Pero quienes trabajamos en los efectores de salud observamos una realidad concreta: las mujeres abortan, y persiste en el tiempo una misma escena: aquellas que pueden pagarlo acceden a una experiencia de aborto clandestino dentro del sistema privado, que si bien cumple con las algunas condiciones sanitarias, no brinda una atención integral, sólo persigue un fin lucrativo. Por otro lado se criminaliza a las mujeres con menores recursos económicos, empujándolas a prácticas inseguras en las que pueden perder su salud o incluso encontrar la muerte.
Dentro de todas las aristas que se han abordado considero fundamental analizar el efecto que tienen las organizaciones que se autodenominan “pro-vida” en el ámbito de la salud.
Estas organizaciones, que proclaman los valores morales religiosos mayoritariamente de la iglesia católica, no sólo se han posicionado en el año 2006 en contra del Derecho de las infancias y adolescencias a acceder a una educación sexual integral (“educación sexual para decidir”), previamente, en el año 2003, ya se habían opuesto al pleno goce de los Derechos que emanan del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (“anticonceptivos para no abortar”). Es por esto que a los grupos que se autodenominan “pro-vida” se los suele mencionar como como anti-derechos.
Estas organizaciones, que proclaman los valores morales religiosos mayoritariamente de la iglesia católica, no sólo se han posicionado en el año 2006 en contra del Derecho de las infancias y adolescencias a acceder a una educación sexual integral (“educación sexual para decidir”), previamente, en el año 2003, ya se habían opuesto al pleno goce de los Derechos que emanan del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (“anticonceptivos para no abortar”). Es por esto que a los grupos que se autodenominan “pro-vida” se los suele mencionar como como anti-derechos.
En lo referido al tema que nos convoca estos grupos se oponen a los causales de aborto no punible, intentando obstaculizar las interrupciones legales del embarazo (ILE). Y en su cruzada por defender la vida del embrión, luego feto, arremeten contra el territorio en dónde se halla ese proceso de gestación: el cuerpo de las mujeres.
Utilizan los comités de bioética dentro de los efectores de salud, cuya importancia es indiscutible, pero en lo referido este tema, son usados para el sostén de una moral religiosa, como ejemplo tenemos el caso que culminó con el fallecimiento en el 2007 de nuestra santafesina Ana María Acevedo, joven de 19 años, que solicitaba la ILE por un cáncer de mandíbula. Asimismo recurren a la objeción de conciencia, que más que un derecho individual termina siendo una estrategia colectiva para imponer su conciencia particular a terceros.
Estas organizaciones se valían de ardides legales judicializando las solicitudes y asumiendo la defensa del proceso de gestación. Nos encontramos entonces en el 2010 con A.G, una joven chubutense de 15 años que acompañada por su madre solicitaba una ILE por causal violación, y que debió soportar la violencia de los obstáculos antes mencionados. Por este caso La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina expidió en el año 2012 lo que conocemos como “el fallo Fal” (al que también se oponen), en dónde analiza los alcances del artículo 86 del código penal, y recordó que las solicitudes no deben judicializarse.
La Corte solicitó que se crearan guías de atención para el ámbito de la salud. En nuestro país sólo 8 provincias poseen protocolos que se corresponden con este fallo. Las organizaciones anti-derechos en provincias como Córdoba, han judicializado el último protocolo del Ministerio de Salud de la Nación del año 2015 impidiendo su implementación.
Incluso presionan y criminalizan a lxs profesionales que intentamos garantizar las ILEs (un ejemplo es lo que le sucedió a una colega del Hospital de El Maitén, en Chubut el año pasado, donde además hicieron circular rumores infundados sobre la peligrosidad del misoprostol.
Pero su estrategia no se limita únicamente a la criminalización, también recurren a la patologización: haciendo circular el mito del “síndrome post-aborto” patología inexistente, no reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que vendría a representar un estado traumático con secuelas psicológicas posteriores a la interrupción de un embarazo. Cabe destacar que de existir estas experiencias son más bien el resultado de la estigmatización social y vivencia de la clandestinidad, y no el producto de la práctica en sí. Paradójicamente las organizaciones que sostienen la existencia de este síndrome son en parte el origen de aquello que pretenden describir.
Todas estas estrategias de los grupos anti-derechos han propiciado el desconocimiento (e incluso la ignorancia) del tema por parte de lxs profesionales de salud en dónde la formación en torno a la temática es fragmentaria o nula. Cuando el año pasado íbamos a comenzar el cursado de la materia electiva “El aborto como problema de salud” en la Universidad Nacional de Rosario, grupos antiderechos se opusieron a esta experiencia pedagógica, arremetiendo contra la autonomía universitaria, ya que la materia contaba con la aprobación unánime del concejo universitario.
Quienes formamos parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir trabajamos a conciencia, no se la objetamos a nadie, acompañamos a las mujeres a lo largo de toda su vida en un vasto abanico de situaciones, también cuando solicitan una ILE. Consideramos que forzar a una mujer a llevar adelante un embarazo que pone en riesgo su salud integral, es tener para con ella un trato instrumental, cruel e inhumano. Tenemos el compromiso de respetar y acompañar la autonomía de cada mujer, y no queremos ni deberíamos tener que tutelar sus solicitudes reconociéndoles o no un causal de no punibilidad.
La pregunta a responder no es sí hay o no hay vida. La cuestión central aquí es aceptar que está en manos de las mujeres decidir sin van a albergar o no un proceso de gestación que se halla dentro de sus cuerpos, vitalmente unido a ellas, y si van a constituirlo como persona a través de su deseo. Cuesta aceptar que así como una mujer puede decidir maternar, también puede escoger abortar y que incluso para ella esta última opción también represente un futuro. Nos cuesta aceptar que las mujeres tengan ese poder, y esto genera una profunda herida epistemológica. Superar esa herida va a permitirnos romper el estigma, redimensionar la maternidad como elección, y alcanzar una sociedad más justa.
Voy finalizando. De ser un tabú, hoy el aborto es un tema que está circulando ampliamente. Sea cual fuere el desenlace de este debate la sociedad Argentina ya no será la misma, el movimiento de mujeres ha logrado generar la agitación para un cambio cultural del cual ya no hay vuelta atrás. Está en sus manos la chance de sacar al aborto del closet de la hipocresía, porque quienes voten a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo estarán bregando por la salud, el bienestar y la vida de las mujeres, quienes se opongan, estarán bregando, en un estado que debería ser laico, por los intereses de una institución religiosa.
Diputadxs antes les dije que el debate moral terminaba siempre con un final abierto. Se encuentran ustedes hoy frente al desafío de cerrar de una vez por todas ese final, de resolver esto que nunca debió ser una lucha. Las mujeres van a seguir haciendo uso de la autonomía para decidir sobre sus cuerpos, tienen ustedes la posibilidad de materializar un instrumento legal, el devenir lógico de la ley 26.485 “de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, que reconozca ese derecho y garantice su pleno acceso a la salud.
¡Gracias por escucharme!
