Muchas gracias, señoras Diputadas, señores Diputados, por darme la oportunidad de contribuir a este debate tan importante para nuestra democracia.
Vengo a hablar como profesora de Derecho, pero también vengo a hablar como mujer y como feminista. Hablar como feminista implica reconocer que las voces, las experiencias de las mujeres viviendo en una sociedad que prohíbe el aborto son elementos tan importantes como los jurídicos, médicos o de otras disciplinas profesionales a tener en cuenta en el debate.
Yo decidí ser abogada cuando me enteré de que en este país el aborto estaba prohibido. Me pareció que tenía que luchar contra una ley que chocaba tan profundamente con mi percepción acerca de mí misma. Me parecía que era una ley muy injusta y yo quería aprender para poder combatirla.
En la adolescencia, mi papá me dijo que para poder disfrutar plenamente de mi sexualidad tenía que asegurarme de no tener consecuencias no deseadas y entonces, que tenía que elegir anticonceptivos. Pero esta experiencia que tuve yo en mi familia, contrastó fuertemente con la que vi de mis amigas del colegio, que festejaban cada mes cuando se indisponían. Y festejaban porque sabían que no estaban embarazadas. Entonces decidí preguntarles ¿Por qué no se cuidan? Y ellas me dijeron que sus novios no querían usar preservativo porque eso disminuía su placer sexual y porque si sus padres se enteraban de que ellas tenían relaciones, iban a tener problemas.
En ese momento, me di cuenta, tuve mi primera intuición feminista, acerca de que la sexualidad femenina está atrapada en fuertes estructuras de género, de hombres que subordinan nuestro placer al de ellos y en familias, sociedades que aún siguen negando la sexualidad femenina. Entonces, las mujeres que vivimos en una sociedad que prohíbe el aborto vivimos con miedo de ser forzadas a la maternidad, vivimos con miedo de tener que enfrentar un aborto inseguro, clandestino, vivimos con miedo de perder la libertad, de ir presas por abortar.
Llegó el momento de ir a la Facultad. Y en la Facultad encontré un debate donde se trataba el aborto como un tema de política criminal y se debatía en torno a derechos abstractos: la vida, la libertad. Eso me parecía completamente distinto a mi percepción de lo que significaba la prohibición del aborto para mi, como mujer. Entonces encontré, luego, el marco jurídico correcto para debatir el aborto, que es el marco de los derechos humanos. Los derechos humanos imponen contextualizar la discusión. Ver cuáles son las consecuencias materiales y simbólicas de la prohibición, de la penalización.
En este sentido, quiero solamente puntualizar un argumento jurídico, porque se han dicho muchos y muy valiosos. Solamente quiero enfatizar uno que me parece decisivo.
Las convenciones sobre derechos humanos que hemos ratificado tienen jerarquía constitucional y rigen en las condiciones de su vigencia, según el artículo 75 inciso 22 de la Constitución. Las condiciones de vigencia introducen en nuestro sistema jurídico, en nuestra Constitución un elemento dinámico, que sujeta la evolución de la interpretación de nuestra Constitución a lo que se dice en los organismos internacionales que están a cargo de la interpretación y el control del cumplimiento de esas convenciones. Por otro lado, Argentina incurre en responsabilidad internacional si no cumple con estas obligaciones internacionales. Por lo tanto, hay argumentos de derecho interno y de derecho internacional que hacen que nosotros tengamos que cumplir con lo que se está diciendo en los organismos de derechos humanos.
Las convenciones sobre derechos humanos que hemos ratificado tienen jerarquía constitucional y rigen en las condiciones de su vigencia, según el artículo 75 inciso 22 de la Constitución. Las condiciones de vigencia introducen en nuestro sistema jurídico, en nuestra Constitución un elemento dinámico, que sujeta la evolución de la interpretación de nuestra Constitución a lo que se dice en los organismos internacionales que están a cargo de la interpretación y el control del cumplimiento de esas convenciones. Por otro lado, Argentina incurre en responsabilidad internacional si no cumple con estas obligaciones internacionales. Por lo tanto, hay argumentos de derecho interno y de derecho internacional que hacen que nosotros tengamos que cumplir con lo que se está diciendo en los organismos de derechos humanos.
En ese sentido, quiero recordar dos desarrollos muy recientes que se han dado en los comités de la ONU. En primer lugar, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General n° 22, del año 2016, dijo que la criminalización del aborto y la obstaculización a los abortos seguros son violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que atentan contra la vida, contra la seguridad, que son medidas discriminatorias y que atentan contra la vida de las mujeres. Por otro lado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, Comité CEDAW, en 2017, en su Observación General n° 35, dijo que la criminalización de las mujeres y la obstaculización de abortos seguros constituyen formas de violencia contra las mujeres que pueden incluso llegar a ser un tratos crueles, inhumanos o degradantes, o pueden incluso constituir tortura.
Por lo tanto, teniendo en cuenta estos estándares recientes, debo decir que he seguido estos debates y he escuchado a muchos juristas que han disfrazado sus valores morales de conocimientos jurídicos. Yo respeto sus valores morales, pero sea por el desconocimiento de estos últimos desarrollos, o sea por una grave falta ética en el ejercicio de su profesión, han venido a mentir al Congreso. Hoy por hoy ya no hay un margen de apreciación. Hoy por hoy, el Congreso cumple con su obligación al legalizar el aborto.
Las mujeres tenemos derecho a la legalización del aborto. Tenemos derecho a abortar de manera segura. Lo digo como jurista, pero también lo digo como mujer.
Muchas gracias.
