La verdad es que estoy honrado en tener la oportunidad de poder exponer hoy. Fundamentalmente lo que yo quiero presentar en esta exposición, que trataré de hacerla lo más breve posible –hablábamos de eso con el senador Fiad–, tiene mucho que ver con una primera parte, que va a ser la presentación de datos. Realmente, yo quisiera revisar y repasar algunas de las estadísticas.
Algunas de ellas yo las presenté ya en mi exposición en Diputados. En tal sentido, quisiera solo decirles que por mis antecedentes –yo vengo de la investigación– he tenido siempre un respeto enorme por los datos y por la rigurosidad de los datos; y los datos que yo dé son datos que han sido chequeados, validados, son sólidos y son robustos. Son datos oficiales del Ministerio de Salud que se han venido recogiendo con la misma metodología en las últimas décadas; y las estimaciones van a ser estimaciones basadas en esos datos y en las mejores evidencias científicas, también lo más sólidas y rigurosas posibles. Entiendo que muchas veces los datos y las evidencias pueden ser más o menos cómodos para cada uno de ustedes; pero la realidad es que el objetivo es que la decisión que se tome –cual fuere– esté informada por la mejor evidencia posible y por la mejor calidad de los datos; y ese es el objetivo.
Entonces, en esta primera parte voy a hacer esa presentación y, luego, sí vamos a hablar de algunas de las inquietudes y preocupaciones que tuvieron ustedes y que han surgido mucho en el debate en el Senado y en los medios, que tienen que ver con el costo incremental que puede tener la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina. Entonces, básicamente yo lo que quisiera es en la primera parte, rápidamente, revisar las estadísticas del ministerio respecto de los embarazos, la muerte materna y por aborto en las mujeres en edad reproductiva; qué sucede con las muertes por aborto y el número de abortos en los países en donde el aborto se ha legalizado –y esta es evidencia recogida fundamentalmente de fuentes la relacionadas con la Organización Mundial de la Salud–; y cuáles son los que costos y recursos que el sistema de Salud necesita para cumplir con la ley de IVE, si esta fuera sancionada. Estos son datos que provienen de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio, de la Dirección de Economía de Salud del Ministerio y de todas las direcciones técnicas que colaboraron en esta evaluación, como la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva o la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia.
Entonces, vamos a la primera pregunta sobre cuáles son las estadísticas. Déjenme darles las estadísticas que tenemos. Las estadísticas que tenemos en el Ministerio son las de hospitalizaciones por aborto complicado en la Argentina. Estas cifras en el año 2014, que es la última base de datos procesada –ahora ya estamos terminando de procesar 2015 y 2016–, indican que son 47.063 abortos en los últimos cinco años –entre 44.000 y 53.000 egresos–, de los cuales el 70 por ciento es aborto en condiciones inseguras. Ahora ustedes van a ver esto con mayor grado de detalle. El problema que tenemos ahí es que existen brechas de información.
Estas brechas de información tienen que ver con que en cada uno de esos abortos complicados que fueron hospitalizados, en algunos casos fatales y en otros casos casi fatales, que terminaron en terapias intensivas o con cirugías mayores o con desgarros o con otro tipo de complicaciones, no conocemos a ciencia cierta la proporción de mujeres que tuvieron complicaciones graves, particularmente en el mediano y largo plazo, después de la internación; ni tampoco sabemos cuáles fueron las consecuencias sociales.
Recientemente el Ministerio de Salud condujo un estudio sobre las causas ocultas de mortalidad materna. Allí vimos una muestra aleatoria de todas las muertes de mujeres en edad reproductiva; y, revisando las historias clínicas, lo que evaluamos es que el 17 por ciento de las muertes maternas no tenían registrado aborto como causa primaria. Es decir, esto es lo que se llama 17 por ciento de subregistro del aborto, lo cual no llama la atención en una condición que es ilegal. Esto es para que ustedes vean que la realidad también es que las internaciones hospitalarias por aborto se han reducido en los últimos diez años; y eso es muy bueno.
Si ustedes ven lo que ha ocurrido desde el año 2005-2006 en adelante, claramente se observa una tendencia declinante que tiene mucho que ver con las políticas de salud sexual y reproductiva que se han implementado en los últimos diez años, que entrañan desde la anticoncepción responsable y el mejor y mayor acceso a los anticonceptivos, hasta también el uso más extendido del tratamiento farmacológico del aborto, como el misoprostol. Ustedes pueden eso en la pantalla. También pueden ver la curva de egresos hospitalarios totales. “Estos” son los egresos hospitalarios por causa. “Estos” son los egresos hospitalarios por aborto inducido, que es la que guarda total correlación con esta curva.
Fíjense que las otras causas de internaciones por aborto –en algunos casos aborto espontáneo o aborto por otras causas– no ha mostrado modificaciones en los últimos diez años. Esto es bueno. También, ustedes pueden ver que las muertes maternas y por aborto han disminuido en los últimos diez años.
Ustedes tienen aquí, en el primer cuadro, las defunciones maternas desde los años noventa; es decir, en los últimos veinticinco años. Y fíjense que arriba ustedes pueden ver cuáles son las defunciones maternas y fíjense que tiene una correlación también con las defunciones por aborto. Y si de nuevo analizan las defunciones por aborto de acuerdo a la causa del aborto, pueden ver también que la primera causa, por lejos, son los abortos ilegales.
Por ejemplo, si uno ve la foto de 2016, que es la última foto que tenemos, tenemos 245 muertes maternas y 43 por aborto, de las cuales 31 son por aborto inducido –estos son datos que yo mostré en la presentación en Diputados; pero sabemos por este subregistro que hay 7 casos más de muertes maternas ocultas. Esta es la realidad que hemos tenido en 2016.
¿Qué sucedió con las mueres por aborto en los países donde se legalizó?
Este es el mapa que yo también mostré en la presentación en Diputados. Ustedes pueden ver que los países en verde son aquellos países que tienen legalizado el aborto. El único cambio que ustedes pueden ver ahora respecto del año pasado tiene que ver con Irlanda, que ahí figura en rojo. Como ustedes saben, ahora se ha revocado la enmienda constitucional y se está discutiendo en el Parlamento la legalización del aborto, en un país muy católico, con 70 por ciento a favor. Y también está el caso de Chile, que pasó de un aborto prácticamente solo admitido en condiciones de riesgo inminente de vida para la mujer a causales como las que tiene nuestra legislación actual.
Claramente, si ustedes ven las muertes atribuidas a un aborto inseguro, de acuerdo a los marcos legales, podemos ver que existe también una correlación, una relación inversamente proporcional, entre el marco menos restrictivo y la reducción de la mortalidad materna. Ustedes pueden ver que cada punto es un país en el que existe una relación inversamente proporcional. Y finalmente, en el número de abortos, lo que se puede ver es que en los países que tienen aborto legal, entre 1990 y 2014 –en estas últimas décadas– ha habido una disminución del número de abortos cada mil mujeres en edad reproductiva, lo que no se ha producido en los países que tienen marcos legales más restrictivos.
¿Cuáles son los costos y recursos que el sistema de salud necesita para cumplir con la ley de IVE, si esta fuera sancionada con las características con las que ha salido de Diputados?
Nosotros lo que hicimos fue una comparación de dos escenarios: un escenario actual y un escenario de legalización de IVE, y el objetivo específico fue estimar y comparar ambos escenarios en cuanto a la probabilidad de complicaciones. Esto es complicaciones menores, mayores, hospitalizaciones, muertes y los costos de cada alternativa; y el financiamiento necesario del sistema de salud y para cada subsector, tanto en el sector público nacional, provincial o en la seguridad social. Esto es lo que se llama árbol de decisiones. Esto es como se modela la evaluación económica.
Ustedes pueden ver que en el escenario actual, tal como está hoy la reglamentación, nosotros tenemos que aun así casi el 70 por ciento son abortos medicamentosos. Lo que sucede es que el acceso a la medicación abortiva, por ejemplo el misoprostol, se consigue a través del mercado secundario a precios exorbitantes, como ustedes ya conocen. Luego, tenemos un 22 por ciento de abortos instrumentados por profesionales, habitualmente en consultorios clandestinos. Y finalmente tenemos casi un 10 por ciento que es evacuación uterina informal; este es el aborto hecho en condiciones de extrema precariedad, el aborto muy inseguro.
Pueden ver que las tasas de complicaciones varían enormemente en cada uno de los escenarios. En el caso de que la ley de IVE fuera sancionada, en realidad, el aborto sería en el 90 por ciento de los casos aborto farmacológico, que por supuesto tendría diferencias en las dosis que se dan de misoprostol y de mifepristona, que es una droga que hoy no está probado en la Argentina, que cambia de acuerdo a la semana de gestación de la mujer. Pero, lo mismo, ustedes pueden ver en el árbol que todos los desenlaces se van produciendo, y en cada desenlace evaluamos la probabilidad, los resultados sanitarios y los costos atribuibles. Por supuesto que en el caso anterior lo que varía es la tasa de complicaciones que terminan en internaciones, muchas de ellas graves. Estos son los costos unitarios de las prestaciones.
Ahí están todos los costos unitarios de las prestaciones e insumos. Estos son todos los costos atribuibles a la interrupción del embarazo, como el de los fármacos que se consiguen en el mercado secundario. Por ejemplo, el misoprostol hoy se consigue en MercadoLibre –si ustedes googlean– a un precio que varía entre 3.000 y 5.000 pesos. Ahí pusimos nosotros 3.3000, que es el oxaprost, que tiene dieciséis comprimidos. Y cuánto se conseguiría el misoprostol, como estamos haciendo nosotros en licitaciones públicas, por ejemplo, con el Fondo de Población de Naciones Unidas. Ustedes pueden ver que el costo es treinta veces menor. Lo mismo para el caso de un laboratorio público –creo que ha sido LIF– quien ha propuesto la producción del misoprostol para el mercado local. Lo mismo pueden ver con la evacuación uterina, sobre todo con lo que es el aborto ilegal e instrumentado en fin.
Estos son todos los valores y ahí están todas las fuentes de donde hemos obtenido los datos. Muchos de ellos tienen que ver con las licitaciones públicas que hoy el Ministerio de Salud está llevando a cabo. Muchos datos tienen que ver con la opinión de expertos, fundamentalmente para saber cuáles eran las alternativas, sobre todo en el escenario ilegal. Estos son los costos. El costo por aborto –y ahora vamos a verlo discriminado por ítem– en el escenario que hoy tenemos es de 11.500 –esta es la estimación con su intervalo de confianza– y 1.914, que es la estimación en el escenario si estuviera sancionada la ley de IVE. Esta diferencia tiene que ver con la reducción muy dramática de la tasa de complicaciones en el caso de que el aborto se realice en un entorno legal. Justamente, porque es un aborto sobre todo farmacológico y gratuito, en el sentido de que la medicación va a ser proporcionada por el Estado. De esa manera se va a permitir el acceso a los servicios de salud y la supervisión médica. Estos son los determinantes del costo por aborto en ambos escenarios –lo que se llaman cost drivers–, y ustedes pueden ver que la diferencia fundamental entre los dos escenarios –el actual y si se sancionara la ley de IVE– tiene que ver fundamentalmente con la reducción de internaciones. La reducciones de internaciones, que es la fuerte de costos más alta, y que son costos que hoy están enfrentando el sistema de salud –solo que no lo sabe–, es la gran diferencia que existe entre ambos escenarios. Y en el caso del costo anual, si nosotros multiplicamos…
Este es el número de abortos estimados por año. Esta es una estimación de donde salen estos 354.000 abortos por año, que son los números que también presenté en Diputados. Lo que redujimos fue el rango. Tenemos estimaciones mucho más precisas de la Dirección de Estadística de la Salud –como no se conoce el número de abortos, este es un dato estimativo que obviamente no está registrado en ningún lado–, a las que arribamos en base a los egresos hospitalarios, al número de los recién nacidos vivos –que ha venido reduciéndose en la Argentina en los últimos años, y este año también se ha reducido de manera notable– y a las tasas de fecundidad.
De esa manera se puede extrapolar cuál es número estimado de abortos totales en la Argentina, y esta es la diferencia que implicaría en los recursos del sistema de salud. Y si lo vemos por financiador, en el escenario actual es todo gasto de bolsillo. Dos terceras partes es gasto de bolsillo, sea por la compra de la medicación, que obviamente no está cubierta, sea por la evacuación uterina que se hace en consultorios ilegales y que forman parte de este negocio del aborto que todos conocemos que existe. En el caso de la legalización, lo que baja de manera dramática son los costos atribuibles a las complicaciones. Y el costo de la medicación va a ser absorbido por el Estado Nacional a través de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, que ya hoy está entregando anticonceptivos e insumos para la planificación familiar. Esto es lo mismo. Estos son los costos separados en lo que sería el sector público nacional y el sector público provincial. Habría una importante disminución de los costos, debido fundamentalmente a la reducción de la tasa de complicaciones.
Y a punto tal que considerando todo el sistema de salud, en las hospitalizaciones que hoy tenemos en el sector público, sobre todo en las provincias –porque ustedes saben que la salud se entrega, se brinda, se presta en las provincias y en el caso de algunas de ellas en los municipios– y si le sumamos a la seguridad social y la fuente entre el sector público y la seguridad social y los datos los tomamos de la proporción de nacimientos en la Argentina que nacen en maternidades públicas y en maternidades privadas, que es un buen subrogante para poder estimar el número de abortos en el sector de la seguridad social y privado –porque también lo desconocemos porque no se registra–, aproximadamente tenemos estos setenta mil y pico de internaciones por aborto. Y de nuevo, dada la notable reducción que existiría de la tasa de complicaciones –que es dramática y que esto ha ocurrido en todos los países donde el aborto se ha legalizado– hay un 98 por ciento menos de internaciones, lo cual es brutal. Y esto también se correlaciona con la reducción de muertes. Acá viene el punto de decir –porque también lo he visto en parte de la discusión–: “¿Cuánto representa esto de las muertes de mujeres en edad reproductiva?”.
Ahora, el punto no es ese. Cualquier muerte evitable en una mujer es algo que nos debe preocupar. Pero, además, la muerte es el último emergente de una realidad sanitaria y social muchísimo más amplia. Y estamos viendo que hay 70.000 internacional en la Argentina que hoy mismo existen, que están en el sector público de las provincias, que están en las obras sociales, pero que desconocemos. Pero que está. En definitiva, el aborto es un problema de salud pública, porque produce preponderantemente muertes y morbilidad evitable, sobre todo en mujeres jóvenes, en mujeres sanas y preponderantemente con alta vulnerabilidad social. Los países que tienen marcos legales restrictivos no reducen el número de abortos, sino que aumentan la proporción de abortos inseguros. Y con respecto a la legalización del aborto, los datos son muy contundentes: reduce la mortalidad y las hospitalizaciones por complicaciones sin implicar mayores costos para el sistema de salud. Esta es mi presentación.
Antes de dar lugar a las preguntas de los señores senadores, quisiera hacer una mínima aclaración. Fundamentalmente, lo quería aclarar porque han salido cosas y la verdad es que he tenido algunas difamaciones, calumnias, etcétera. Primero, yo vengo de la investigación. Como vengo de la investigación, he sido investigador muchísimos años de mi vida. Soy investigador del Conicet. Dirigí una institución académica del Conicet y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Fui director hasta que entré a la función pública y por supuesto tengo muchas publicaciones. Digo esto porque algunas de las cosas que yo recibí tenían que ver con el The Lancet. La revista The Lancet es la revista científica más prestigiosa de la literatura médica, y publicar en The Lancet es un honor para cualquier médico, para cualquier sanitarista, para cualquier investigador clínico. Entonces, la revista The Lancet sacó una serie que tiene que ver con derechos en salud sexual y reproductiva que fue presentada en la Argentina y de la cual participé honrado.
Pero eso a mí no me hace… Porque se han dicho una serie de barbaridades que la verdad es que no estoy dispuesto a aceptar. No conozco la Planned Parenthood Federation. La conocí ahora en las últimas semanas porque salió a la luz en las discusiones. No tengo absolutamente nada que ver. Pero, cuando googleo, veo con es una organización no gubernamental que está presente en muchos países del mundo y que trabaja con organismos internacionales. Dicho esto yo en lo personal jamás tuve que ver, ni la institución de la cual formé parte hasta hace un año y medio. Muchas gracias.
