#AbortoLegalYa: “Mendoza vive bajo una dictadura clerical”

Noelia Barbeito, dirigente mendocina del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) expuso ante la plenaria de comisiones que debe definir el proyecto de ley sobre interrupción del embarazo que se someterá a votación en la Cámara de diputados, allí denunció al poder clerical y expresó que “necesitamos urgente la legalización del aborto porque su prohibición no evita los abortos”.

Entendemos que el debate no es si estamos a favor o en contra del aborto. No, lo que este Congreso debiera debatir, es lo que se habla desde semanas en escuelas, hospitales, mesas de familia, lugares de trabajo. Esto es: si el aborto debe seguir siendo clandestino o será legal. Si el Estado, su sistema de Salud se hace cargo de una realidad, o sólo expulsa a miles de mujeres a la clandestinidad, donde son muchas del pueblo trabajador las que terminan muertas o presas del dedo acusador del propio estado

Son 8 provincias donde ni siquiera está establecido el protocolo del aborto no punible y 8 lo hacen con muchísimas limitaciones.
Mendoza, mi provincia, es una de ellas. El gobernador Alfredo Cornejo se había comprometido durante la campaña electoral a aplicar el protocolo. La legislatura provincial no lo quiere debatir. Mendoza, al igual que otras provincias, vive bajo una verdadera dictadura clerical donde ni siquiera sus niñas y niños están a salvo de las oscuras imposiciones de las jerarquías eclesiásticas.
Allí hemos sufrido con los aberrantes casos de niñas embarazadas como producto de violaciones a las que el Estado provincial condenó a sobrellevar embarazos forzados.
Quería mencionar algunos casos emblemáticos:
Ana Gazzoli tuvo que enfrentar en 2006 estas trabas cuando la Justicia concedió la intervención quirúrgica a su hija discapacitada, cuyo embarazo había sido producto de una violación. La decisión se demoró por la presión de los grupos autodenominados provida.
En septiembre de 2008, otra vez este grupo irrumpió en la habitación del Hospital de niños, donde se encontraba una niña de 12 años repito: 12 años embarazada por una violación. Su madre había pedido a la Justicia la interrupción de la gestación. En ese momento, le mostraron panfletos con fetos mutilados para que desistiera de la intervención.
No olvidamos que Mauricio Macri vetó en el 2012 la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires a la Guía Técnica del ILE. En sintonía con el Senado de la Provincia de Mendoza, dominado en ese momento por el oficialismo del Frente Para la Victoria-PJ, que envió al archivo la media sanción de Diputados.

Es que allí como aquí la jerarquía eclesiástica se inmiscuye e impone sus creencias en materia de salud pública.
Es esta misma jerarquía eclesiástica la que busca impunidad para los curas y monjas abusadores de decenas de niños y niñas del Instituto Provolo de Mendoza, el internado para chicos hipoacúsicos dependiente del Arzobispado que funcionaba como un centro sistemático de abusos, violaciones, torturas y tormentos bajo el amparo del Vaticano y la total ausencia de investigación estatal. Aún hoy acompañamos todos los meses en las calles a los valientes sobrevivientes de estos abusos y sus familias que luchan por verdad y justicia.
Agrupaciones como el Verbo Encarnado presionan en San Rafael para que no se realice siquiera una charla de Educación sexual. Indigna que encima esta institución se pretenda la garante de la moral cuando el párroco Jorge Gómez de Malargüe, en Mendoza en el año 2011, dijo en la radio: “Violar la fe es 10 mil veces más grave que violar menores o una hija”.
Estos grupos son financiados con nuestro dinero por medio de una serie de subsidios y diferentes prebendas que les otorga el Estado vía decretos vigentes de la última dictadura. Exigimos la separación efectiva de la Iglesia del Estado.

La hipocresía alcanza a otros sectores, muchos de ellos dicen promover la maternidad, los patrones que no solo no respetan los mínimos derechos de las trabajadoras rurales, sino que en muchos casos promueven el trabajo esclavo. En la agroindustria hace poco en el portón de la empresa La Campagnola estaba este cartel: “todas las mujeres suspendidas”. Las trabajadoras precarizadas esconden sus embarazos y van a trabajar luego de dos días de parir para que no las despidan. Las maestras si faltan para cuidar a sus hijos, les descuentan el nefasto ítem aula. Pero son ellas las primeras que se movilizan para buscar a las chicas desaparecidas, como las valientes maestras de Lavalle que buscan a Johana Chacón y Soledad Olivera.
Porque no es todo conservador en mi provincia. Somos miles las que desde hace años nos venimos movilizando.
Pedimos, exigimos que se aplique la Guía Técnica de Interrupción Legal del Embarazo, la Ley de Educación Sexual Integral. Pero también decimos que no alcanza, necesitamos urgente la legalización del aborto porque su prohibición no evita los abortos, sino que arroja a miles a la clandestinidad y son las jóvenes más pobres del pueblo trabajador las que mueren.
Desde Pan y Rosas, PTS- Frente de Izquierda sabemos que nuestra fuerza está en las calles, en organizarnos en cada lugar de estudio y trabajo, porque no dejamos nuestras vidas en manos de quienes responden a intereses de la jerarquía eclesiástica o a patronales que niegan derechos elementales a las mujeres trabajadoras, la mayoría de ellas madres.
En todo el país presenciamos con entusiasmo a una nueva generación de jóvenes que salen a las calles por sus derechos, las vimos el 8 de marzo cuando miles salieron a exigir educación sexual, anticoncepción y aborto legal y terminar con las cadenas que oprimen a las mujeres.
Nosotras somos feministas socialistas, feministas de la clase trabajadora y no nos confundimos. No nos identificamos con mujeres empresarias o presidentas imperialistas. Incluso contamos con la experiencia de haber tenido una mujer presidenta y no haber obtenido la IVE. Sabemos que el patriarcado se va a caer cuando terminemos con este régimen social capitalista que necesita jerarquías, desigualdades, opresión y explotación para subsistir.
Hoy pedimos, exigimos, necesitamos: Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir.