Mi nombre es Celeste Alarcón Loizaga, me formé como médica generalista en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Pública. Desde hace 9 años ejerzo mi profesión. Actualmente, trabajo en un Centro de Atención Primaria municipal del barrio “El Mangrullo”, ubicado de la periferia de la ciudad de Rosario. También integro el cuerpo docente de la materia “El aborto como problema de salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, y soy parte de la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Por otro lado, desempeño mi profesión en un consultorio particular ubicado en el centro de la ciudad de Rosario; allí llegan mujeres que pueden pagar su consulta.
Cabe señalar que, tanto en mi consultorio privado del centro como en el Centro de salud Municipal del barrio, cotidianamente recibo mujeres que solicitan acompañamiento para interrumpir sus embarazos.
Las opciones terapéuticas para realizar una interrupción dependen de la edad gestacional, el deseo de la mujer y las posibilidades técnicas de la institución donde se atiende.
Desde la atención primaria y gracias a la política publica que lleva adelante la municipalidad de Rosario desde el 2007, ofrecemos tratamiento de evacuación uterina medicamentoso y ambulatorio. Es decir, un aborto con pastillas.
Es importante destacar que la medicación de elección recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el misoprostol combinado con mifepristona, ambos forman parte, desde el 2005, del listado de medicamentos esenciales por haberse demostrado su eficacia y perfil de seguridad para el tratamiento del aborto seguro. Esta información está certificada por organismos internacionales tales como la OMS, la FLAGSO, y la FIGO.
En nuestro país la mifepristona no se encuentra disponible ya que la ANMAT no la ha registrado en sus nóminas. En cuanto al misoprostol, la ANMAT aún no ha avalado las indicaciones, por las cuales es parte de la lista de medicamentos esenciales, para el tratamiento del aborto incompleto y el aborto espontáneo, la maduración cervical, la inducción del aborto en primer y segundo trimestre, la prevención y profilaxis de la hemorragia post parto y aborto incompleto.
De este modo, estamos obligados a utilizar el oxaprost, un medicamento compuesto por misoptrostol y diclofenac cuya indicación, como dice el prospecto, es la gastropatía por AINES; para utilizarlo adecuadamente debemos manipular el comprimido y quitar el diclofenac del mismo. Además, para llegar a las dosis de misoprostol del esquema recomendado por la OMS cada mujer debe utilizarse 12 pastillas: tres dosis de 4 comprimidos cada 3 horas.
En Argentina y como consecuencia de la legislación vigente, que consideramos precaria y restrictiva, no existe producción pública de misoprostol, favoreciendo así la comercialización monopolizada de empresas farmacológicas. Hoy, interrumpir un embarazo con misoprostol tiene un costo de entre 2500 a 3000 pesos.
Se estima que la tasa de éxito utilizando misoprostol es cercana al 90% en el primer trimestre, es decir, que sólo un 10% de mujeres quedarían expuestas a intervenciones médicas como la Aspiración Manual Endouterina (AMEU).
Un dato por demás de contundente para contemplar dentro de la ley que hoy estamos discutiendo que se garantice la producción publica de esta droga.
En los 7 años que llevo acompañando mujeres a interrumpir sus embarazos, nunca he registrados complicaciones graves. De hecho, en Rosario desde el año 2012 no se registran muertes maternas por causa de aborto, contribuyendo así a disminuir las internaciones por aborto y la mortalidad materna en nuestra ciudad.
En la mayor parte del territorio argentino, a pesar de existir desde el año 2015, un documento diseñado por el Ministerio de Salud de la Nación: “Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, son sólo 8 las provincias que suscriben a lo dispuesto. Además, presentan muchas dificultades en la provisión del medicamento y la capacitación adecuada de los y las profesionales. Claramente, estamos diciendo que con este escenario el Estado no está garantizando que en los Servicios de Salud Públicos exista pleno acceso de las mujeres al ILE, generando así una significativa desigualdad, no garantizando el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos.
En Argentina el aborto inseguro continúa siendo la principal causa de muerte en personas con capacidad de gestar. Aproximadamente 50 mujeres mueren por año y otras tantas sufren complicaciones tales como histerectomías, incontinencia urinaria, fistulas y otras que limitan su capacidad reproductiva, su sexualidad, su producción subjetiva, su desarrollo laboral, es decir todo lo que concierne a la calidad de vida de un ser humano.
Es por esto que necesitamos una ley superadora acorde a los estándares internacionales, que pueda garantizar el acceso a todas las mujeres a un aborto seguro. Una ley que contemple la autonomía sobre nuestros cuerpos, con interrupción voluntaria hasta las 14 semanas, pero al mismo tiempo es necesario considerar despenalizar el aborto por causales mas allá de las 14 semanas, dado que las mujeres más vulnerables muchas veces no acceden a tiempo o en caso de las malformaciones fetales incompatible con la vida. No considerar la posibilidad de interrupción en el segundo trimestre es perpetuar la expulsión de las mujeres del sistema de salud, obligándolas a la clandestinidad, sosteniendo las desigualdades entre quienes pueden pagar y quienes no.
Por último, es mi propia experiencia la que me ubica en este lugar, apoyando una ley a favor de aborto legal, seguro y gratuito.
Son 7 años garantizando interrupciones legales del embarazo, son más de 300 mujeres acompañadas, las mismas a las que también atendemos para que puedan elegir su método anticonceptivo, para planificar y proyectar cuando desean sus embarazos, las que luego se hacen cargo del cuidado de sus hijos e hijas, las que sufren situaciones de violencia, las que atraviesan sus puerperios, las que se enfrentan a un cáncer de mama; son todas las mismas mujeres, las que abortaron, las que abortan y las que lo seguirán haciendo
Hoy es su responsabilidad, diputados y diputadas, legislar para todas ellas, para todas nosotras. Es su responsabilidad apoyar una ley que garantice el ejercicio de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.
